Alberto Abraham Askenazi Mohana
Expediente 151/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 06/07/2022
Partes del expediente
- Alberto Abraham Askenazi Mohana
- Congreso Constitucional del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo haciendo uso de ese derecho la parte quejosa mediante escrito registrado con folio 9937. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que, por una parte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Alberto Abraham Askenazi Mohana, para el efecto que la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, realizara lo siguiente: ".DÉCIMO PRIMERO. Efectos de la concesión del amparo. Se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Alberto Abraham Askenazi Mohana; si bien la protección federal se concede en contra las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó el impuesto, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para el quejoso, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente tesis sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haber acreditado el quejoso el pago del impuesto predial respecto de la clave catastral número KA-951-001, a nombre de Alberto Abraham Askenazi Mohana, y derivado de ello el pago de los impuestos relativos al fomento deportivo y educacional, así como el turístico y desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, la concesión del amparo se traduce en lo siguiente: 1. La autoridad exactora Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, deberá desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la norma combatida y devolverle en una sola exhibición la cantidad que resulte de la diferencia existente entre el monto pagado por virtud del impuesto predial respecto del bien inmueble identificado con clave catastral KA-951-001, a nombre de Alberto Abraham Askenazi Mohana, enterado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno y lo que debió pagar como propietario de un predio con base a la tasa general de 3.30 al millar, que establece el artículo 4 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Se invoca como apoyo de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad expone: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria." 2. No aplicará a la parte quejosa el contenido de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; por ello, la autoridad que recaudó el impuesto para el fomento deportivo y educacional, así como el turístico y desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, deberá devolver las cantidades pagadas por esos conceptos (proporcionales y relativas a dos mil dieciséis), contenidas en el recibo de pago de impuesto con clave catastral número KA-951-001, a nombre de Alberto Abraham Askenazi Mohana, enterado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno." II. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, quedó firme la concesión, y se requirió a la responsable para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. III. El tres de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio sin número proveniente de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual adjuntaron copia certificada del recibo de pago del impuesto predial respecto de la clave catastral KA-951-001 y el cálculo correspondiente para la devolución de lo que debió pagar como propietario de un predio con base a la tasa general de 3.30 al millar, así como las cantidades erogadas en relación a las sobretasas en apoyo al fomento deportivo y educacional; al fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, con la cual se dio vista a la parte quejosa. IV. El tres de marzo de dos mil veintidós, se recibió el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifestó su conformidad con el cálculo del pago de impuesto predial del inmueble con clave catastral KA-951-001, efectuado por la responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. V. Por oficio registrado con el número de folio 4855 recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, informó que el apoderado legal del quejoso Alberto Abraham Askenazi Mohana, compareció ante sus instalaciones y recogió el título de crédito 0222690 que amparaba el monto de $17,892.00 (diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos moneda nacional) por concepto de la devolución del cobro respecto de los folios precisados en la ejecutoria de amparo. VI. En proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se requirió al Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, a efecto que remitiera copia certificada de las constancias con las que acreditará que devolvió al quejoso la cantidad correspondiente a la diferencia al pago que realizo por el impuesto predial dos mil dieciséis y el que debió pagar, descontando lo pagado al quejoso mediante cheque 0222690; lo anterior, toda vez que la cantidad que amparaba el cheque 0222690 valioso por la cantidad de $17,892.00 (diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos moneda nacional); no concordaba con el desglose de los cálculos realizados respecto del bien inmueble identificado con clave catastral KA-951-001, tal como se advertía de uno de los anexos de la diversa misiva con registro 1053, ya que el desglose fue por la cantidad de $19,216.99 (diecinueve mil doscientos dieciséis pesos 99/100 moneda nacional). VII. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio remitido por la delegada de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por medio del cual informó que expidió el cheque 0226420 por la cantidad de $1,324.99 (mil trescientos veinticuatro pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional), que amparaba el monto por concepto de la devolución a la diferencia al pago que realizo por el impuesto predial dos mil dieciséis y el que debió pagar, descontando lo pagado al quejoso mediante cheque 0222690. VIII. En el mismo orden de ideas, por oficio y anexos registrados con el número de folio 8759 la delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, informó que el apoderado legal del quejoso Alberto Abraham Askenazi Mohana, compareció ante sus instalaciones y recogió el título de crédito 0226420, por lo que se dio vista en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, a la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público, en ejercicio de sus atribuciones legales. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias, en conjunto con la totalidad del presente expediente, se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: 1) La responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, expidió los cheques 0222690, 0226420, al quejoso Alberto Abraham Askenazi Mohana, por las cantidades de $17,892.00 (diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos moneda nacional) y de $1,324.99 (mil trescientos veinticuatro pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional), respectivamente, ello conforme a los cálculos realizados por la autoridad responsable a fin de liberar de la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y respecto de los cuales la parte quejosa no se inconformó. 2) Remitió las constancias con las que acreditó que el quejoso, por conducto de su apoderado legal, recibió dichos títulos de crédito. Con base en lo antes narrado, este órgano jurisdiccional estima colmados los efectos de la sentencia protectora, ya que se advierte que el resultado de la inaplicación de las normas recaudadoras, es precisamente la devolución de las cantidades enteradas en exceso, cuestión que quedó debidamente subsanada y acreditada a partir de la emisión del cheque valioso por la cantidad que resultó de las tasas declaradas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el fallo protector. Declara cumplido fallo protector. En ese sentido, a través de las mencionadas constancias, la autoridad responsable hizo la devolución correspondiente de las cantidades enteradas en exceso; lo que se ajusta al lineamiento propuesto en el fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Manifestaciones. Asimismo, en atención al escrito registrado con el número de folio 9937, se tienen por reproducidas las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que con las documentales allegadas por la responsable, se debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, por lo que debe estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse, por una parte, concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El treinta de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con el escrito registrado con el número de folio 9937. Conste.Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Manifestaciones. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Vicente Nava Martínez, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Informe en vía de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la delegada de la responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través del cual exhibe copia certificada del cheque ********************por la cantidad de ********************que ampara el monto por concepto de la devolución a la diferencia al pago que realizo por el impuesto predial dos mil dieciséis y el que debió pagar, descontando lo pagado al quejoso mediante cheque ******************** Requerimiento a la parte quejosa. En ese sentido, a fin de agilizar el procedimiento requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acuda a la oficinas de la Dirección de Egresos, dependiente de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, a recibir el cheque ********************, y lo haga del conocimiento de este juzgado o bien, dentro del citado plazo manifieste la imposibilidad que tenga para ello; bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) lo cual es relativo a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo Requerimiento a la responsable. Por otra parte, requiérase al Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, para que una vez que la parte quejosa comparezca a recibir el título de crédito antes descrito, de manera inmediata lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, debiendo remitir copia certificada de las constancias relativas. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, visto el estado de autos se advierte que mediante oficio 9762 y 9763, se requirió a las autoridades Tesorero y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, a fin de que remitieran copia certificada de la constancia que acreditara que se emitió el cheque o medio de pago para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, ya que en esta data se tuvieron por recibidas dichas documentales, se cancelan los oficios señalados con anterioridad. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede, con los oficios registrados con los números de folio 8014 y 8039 y anexos que acompañan. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones. Agréguense a los autos los oficios de cuenta que remite el Consejero Jurídico, en representación de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de que su subordinado acate el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Se requiere cumplimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de la constancia que acredita que se emitió el cheque o medio de pago para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento al superior jerárquico de la responsable. De igual forma, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento de esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico de la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que en igual término remita las constancias con las que acredite el requerimiento a su inferior del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo otorgado; o bien, no comuniquen la imposibilidad que para ello tengan, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá a cada una, multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.
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