Alberto Cuenca Gallegos
Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Cuenca Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través del cual acusa recibo del diverso ...de este juzgado, por el que se devolvió el original del toca penal ******************** y testimonio del expediente ******************** CÚMPLASE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta, de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca, por el que devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************; asimismo, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión.. Ahora, de dicha ejecutoria, se advierte que la superioridad confirmó la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; acúsese recibo. Glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de la fecha de su envío, para evitar la voluminosidad de este asunto y para su mejor manejo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, no habiendo documento originales que devolver a las partes, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, se considera que es CONSERVABLE, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción III, del numeral 17 del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la transferencia de este expediente al depósito documental que para tal efecto designe la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control respectivos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, devuélvase a la responsable los autos del toca ********************, y testimonio del expediente ********************que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ********************, parte tercera interesada; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, expídase a su costa copia certificada de las constancias que menciona; por conducto de las personas que para ello autoriza, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos, y conforme a las labores del juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.
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MESA III ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 993/2022 promovido por ALBERTO CUENCA GALLEGOS, contra actos del Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, seguido ante autoridades, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: La resolución de trece de julio de dos mil veintidós, dictada en el Toca Civil 45/2022, deducido del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 147/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, promovido por el menor I.G.L.1 a través de sus tutores. Resolución que declaró improcedente la excepción de incompetencia opuesta por la ahora parte quejosa, en tanto que dicho bien se considera no se ha excluido de bienes de naturaleza agraria. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ACEPTÓ la existencia del acto reclamado y, efectivamente, de las constancias que ésta autoridad remitió como justificación a su informe, se corrobora su existencia Constancias que, por su carácter de documental pública, adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES 1.- De la lectura de las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe, se desprende que en el juzgado Segundo de lo Civil del Distrito judicial del centro se encuentra radicado el expediente 147/2021, formado con motivo de la demanda entablada por MARÍA MAGDALENA LÁZARO PACHECO y ELÍAS ALFREDO GASPAR RAMÍREZ, como representantes legítimos del menor I.G.L., en contra de ALBERTO CUENCA GALLEGOS., en que, en la vía ordinaria civil, demandan: La reivindicación y entrega material del lote de terreno con construcción (casa habitación), ubicado en el lote siete, segunda privada de José Martí de la primera ampliación, actualmente, colonia Primera Ampliación en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, cuyas medidas y colindancias son: Al Norte mide diez metros y colinda con la segunda Privada de José Martí, al Sur mide diez metros y colinda con la fracción "A"; al oriente mide veinte metros y colinda con el lote ocho y al Poniente mide veinte metros y colinda el lote seis, propiedad de Andrés Luis Ramírez Luis y María Celia Candelaria Sorroza Bolaños. También su entrega material, el pago de daños y perjuicios y los gastos y costas del juicio. 2.- En auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, previo desahogo de una prevención, se admitió a trámite la demanda, admitieron pruebas y ordenó el emplazamiento al demandado. 3.- Verificado el emplazamiento a la parte demandada, ésta, mediante escrito de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dio contestación a la demanda, lo que fue proveído en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, y, en vista de que entre las excepciones, se opuso la de incompetencia, en el propio auto se ordenó formar testimonio para remitirse a la Sala Civil en turno que correspondiera conocer de ella. 4.- En auto de seis de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio enviado por el a quo y se dio inicio a la sustanciación de la excepción de incompetencia, bajo el número de toca 45/2022, ordenándose dar vista a las partes y requiriéndolas para que ofrecieran pruebas. 5.- En acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el Presidente de la Sala del conocimiento acordó un escrito del demandado, y, atento a lo solicitado por éste, le tuvo por ofrecidas pruebas, a saber: a).- La documental pública consistente en la copia certificada de la Resolución Presidencial Acta de Ejecución y Plano General de la Comunidad de Santa cruz Xoxocotlán, Oaxaca. b).- Copia certificada del acta de la historia traslativa de dominio de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, c). La pericial topográfica, en que designó como perito de su parte a Máximo Orta Longinos. En este punto, el Tribunal del conocimiento ordenó girar oficio al Director de periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para la designación de perito que fungiera como tercero en discordia. d).- La instrumental de actuaciones y la Presuncional legal y humana. Por otro lado, la parte actora ofreció como pruebas: 1.- La documental consistente en copia certificada del acta de deslinde de la superficie reconocida en la resolución presidencial de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y cuatro y publicada el veinticinco de febrero del mismo año en el diario Oficial de la Federación. 2.- La documental consistente en el informe que rinda el titular o encargado de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional. 3.- La de informes que rinda el titular o encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. 4.- La de informes que rinda el Presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán. 5.- La presuncional legal y humana y la de actuaciones judiciales. Desahogados que fueron los medios de prueba, entre ellos los peritajes de los expertos nombrados tanto por la parte demandada y la actora, como el perito tercero en discordia, mediante resolución de trece de julio de dos mil veintidós, la Sala responsable emitió la resolución respectiva. Resolución que declaró improcedente la excepción de incompetencia opuesta por la ahora parte quejosa, en tanto que dicho bien se considera no se ha excluido de bienes de naturaleza agraria. Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACION. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone que el acto reclamado es atentatorio de sus derechos humanos, al señalar lo siguiente: 1.- En la página once de la resolución que se combate, la responsable, en el párrafo segundo asentó que era importante señalar que existe discrepancia entre el inmueble que se demanda y el que describe la constancia de posesión exhibida por mi parte y el segundo párrafo de la página doce de la sentencia, asentó que resulta irrelevante porque no existen datos para establecer que el bien reclamado sea del orden comunal. Al momento de valorar las pruebas la responsable en la página trece expresó que la resolución presidencial de los bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, quedó parcialmente insubsistente por ejecutorias de amparo promovidas por propietarios de inmuebles que se encuentran inmersos al interior. Por ello existe la presunción que al interior de los bienes comunales se encuentran enclavadas propiedades privadas. Que ese argumento es incorrecto. Que es así porque de la resolución presidencial no se observa en ninguna de sus partes que durante los trabajos llevados a cabo por la entonces secretaría de la Reforma Agraria, se hayan localizado propiedades particulares diferentes a las que excluye la propia resolución presidencial, que son las veintiún hectáreas que conforman el rastro municipal y las colonias "tres de mayo", "Valle Santa Elena", y "Damnificados". 2.- Que señala que el acto es violatorio de sus derechos, porque no obran en el caudal probatorio las reseñadas ejecutorias de amparo, pues no se saben los efectos, ni en que partes quedó insubsistente la resolución presidencial. 3.- Señala el quejoso que de la redacción de la documental que amparan los bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, se demuestra que existen presuntas propiedades que se localizaron al momento de su ejecución; pero, esa presunción a que se refiere el actor del juicio reivindicatorio se ve desvirtuada, porque conforme a los trabajos técnicos informativos sólo se localizaron las propiedades que fueron excluidas, como así expresamente consta en la resolución presidencial, a saber, el rastro municipal y las colonias que señala. 4.- Aduce también el quejoso, que la presunción de la propiedad particular se extingue a partir de la historia traslativa de dominio que fue ofrecida como prueba en el incidente, pues en efecto, el primer registro real y oponible a terceros es de fecha veinte de septiembre de dos mil uno, día en que se inscribió con el carácter de definitivo el instrumento que corresponde al primer precedente de propiedad del presunto propietario. Sin que deba perderse de vista que cuando el contrato que ampara el instrumento notarial es de trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, le fue negada su inscripción por el principio de tracto SUCESIVO. Sin que sea óbice a lo anterior, el que el primer asiento registral sea el registro nueve del tomo A792, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, porque dicho registro es preventivo y veintiún años tres meses posterior a la publicación de la solicitud de reconocimiento de bienes comunales, de lo que se sigue que su causante escrituró sobre bienes comunales y por ende su escritura es inexistente por mandato de la ley y por ende la propiedad que persigue es de naturaleza comunal. 5.- Señala también, que si bien hubo personas que promovieron amparo en contra de la resolución presidencial o de su ejecución, hecho que aduce se ignora, debió ser para efecto de que se respetara su garantía de audiencia y se estudiaran por parte de la responsable los títulos de propiedad, para saber si eran susceptibles de exclusión o no, de acuerdo con la legislación de la materia. Así, sigue diciendo, es evidente que los juzgadores de amparo, no tienen facultad de excluir una pequeña propiedad de una resolución presidencial de una resolución de bienes comunales; que en todo caso el amparo fue para efectos de que la autoridad competente resuelva con base en su marco legal, con respecto a la garantía de audiencia y debido proceso. 6.- Con respecto a la valoración de la responsable de la prueba pericial topográfica y que es visible en la página dieciséis y siguientes, también es incorrecta porque destaca que el perito es un auxiliar técnico del juzgador y su opinión es ilustrativa, sin embargo ello no vincula a éste. Pero, es el caso, que al final, en la ponderación probatoria se vincula a la opinión de los peritos que la superficie reclamada en reivindicación corresponde a propiedad privada, determinación que no le corresponde decir al perito, pues ello es propio del juzgador, que aquí en esta parte, la resolución carece de congruencia interna. Que el acto no es constitucional, porque el peritaje del perito designado por su parte, fue valorado de manera dogmática, cuando que los tres expertos coincidieron en que la superficie que ampara la escritura del actor principal se encuentra inmersa en el plano de los bienes comunales de Santa Cru Xoxocotlán. La diferencia estriba en que al emitir los peritos del actor y el oficial, sus dictámenes, coinciden que la superficie reclamada corresponde al polígono treinta y cinco que se identificó durante la ejecución de la resolución presidencial. Sigue diciendo que la valoración de la prueba por parte de la sala es tendenciosa, porque dijo que el predio en litigio es el mismo del polígono treinta y cinco; sin embargo, ello no es posible porque el referido polígono es mucho mayor. 7.- Aduce también que en el incidente quedó demostrada la existencia de bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán. Que las propiedades de sus bienes tienen una regulación especial. Que la resolución de la Sala responsable se finca, fundamentalmente, en el acta de ejecución de la resolución presidencial, pero incurre en el error de no valorar en su contexto lo que señala la documental pública destacando que las resoluciones presidenciales son inmodificables en principio y solo por sentencia ejecutoria puede un n bien sujeto al régimen comunal acceder a su exclusión, siempre que cumpla con las exigencias de la ley. Resalta que lo que el acta de ejecución menciona es que el personal que ejecutó la resolución presidencial, identificó e ilustró en el plano, polígonos de diversos propietarios, pero eso no significa que los hayan excluido porque legalmente no estaban facultados para ello. Abunda, que si la identificación e ilustración dentro del plano definitivo tuvo como génesis una ejecutoria de amparo, es indiscutible que debe conocerse para que efectos se concedió la protección constitucional, pero que desde luego no se refiere a excluir de los bienes comunales esas propiedades porque no es esa la naturaleza del juicio de amparo. Y de haber sido así, debió inscribirse la sentencia de amparo en el Registro Agrario Nacional, pero no corresponde al juez de Distrito pronunciarse sobre el fondo de la exclusión, en tanto el juicio versa sobre violaciones procesales o derecho de audiencia. Dice también que en la página treinta y uno de la resolución reclamada, la responsable al valorar el informe del juzgado primero de Distrito en el Estado, en su párrafo segundo apuntó: "no aporta un solo dato que coadyuve al esclarecimiento del hecho que sustenta la incompetencia que nos ocupa, en virtud de que la autoridad informante declaró que en sus archivos no encontró los juicios de amparo."circunstancia que es incongruente con su fallo porque apuntó que en nada favorece a su oferente, pero el oferente fue su contraparte, quien sostiene que el predio es propiedad privada. Que de los enunciados juicios de amparo, el único relevante es el expediente 400/74, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, que se formó con la acumulación de varios juicios, pero que el oferente de la prueba y la sala responsable no solicitaron obtener copia de la ejecutoria que en suma es la base toral de su argumento. Por cuanto hace al informe del Registro Agrario Nacional, tampoco resulta suficiente para tener por cierto el régimen de propiedad de la superficie reclamada, porque es dogmático al mencionar que la superficie es del régimen de propiedad privada, pero no informa con base en qué sentencia o resolución de autoridad competente adquirió ese régimen que originalmente era propiedad comunal. 8.- Señala que el argumento final de la responsable se encuentra en la página treinta y dos, ahí señaló que con el acta de deslinde o ejecución de la resolución presidencial y la constancia de la historia registral se probó que el predio en litigio fue reconocido originalmente dentro de la comunidad de Santa Cruz Xoxocotlán, pero que con motivo del juicio de amparo 400/74 y sus acumulados, promovido por presuntos propietarios quedó parcialmente insubsistente la resolución presidencial con respecto al polígono treinta y cinco, estableciéndose que aun cuando dicho polígono se encuentra inmerso en la superficie de los bienes comunales de la referida comunidad, no pertenece a dicho régimen; sin embargo, ello es violatorio de sus derechos porque no puede saberse para qué efectos se concedió la protección constitucional, lo cual es contrario a las constancias de autos porque la ejecución de la resolución presidencial no pude ir más allá de lo ordenado en la resolución. Que en cualquier caso la responsable de oficio debió haber recabado la ejecutoria de amparo ya mencionada. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOILACIÓN. El concepto de violación marcado con el número 1, resulta INFUNDADO. Es así, porque, ciertamente, como lo refiere la parte quejosa, de la resolución presidencial de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, se advierte que conforme a su resolutivo segundo quedan excluidas de la confirmación de bienes comunales veintiuna hectáreas de tierras que ocupan el Rastro Municipal, y las colonias "Tres de Mayo", valle Santa Elena" y Damnificados". Sin embargo, en el acta de deslinde de fecha nueve de abril de dos mil uno, consta la localización de propiedades cuyos propietarios fueron beneficiados con la concesión de los amparos 400/1974, 550/1974, 565/1974, 599/1974, 797/74, 817/74, 949/74, 1027/1974, 1083/74, 1771/74 y 1799/74, del índice de los juzgados primero y segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, pues se les otorgó el amparo y protección de la justicia federal, por lo que la citada resolución presidencial se encuentra insubsistente respecto de dichos propietarios, entre ellos, las propiedades inmersas en el polígono treinta y cinco, en que, según dictámenes periciales de los peritos de la parte actora en el juicio natural -aquí tercero interesada- y el oficial, se encuentra enclavado el inmueble materia de la reivindicación; es decir, fuera de los bienes comunales del poblado de Santa Cruz Xoxocotlán, y que así, consideró con acierto la sala responsable. También es INFUNDADO el concepto de violación número 2, en que la parte quejosa señala que el acto es violatorio de sus derechos, porque no obran en el caudal probatorio las reseñadas ejecutorias de amparo, pues no se saben los efectos, ni en que partes quedó insubsistente la resolución presidencial. Ello, porque si bien no constan en autos las ejecutorias citadas, resulta intrascendente pues en el acta de deslinde de nueve de abril de dos mil uno, consta la inserción de que a virtud de los reseñados juicios de amparo, el polígono treinta y cinco en que se encuentra enclavado el predio materia de reivindicación, motivó la insubsistencia de la resolución presidencial en esa parte, lo que implica por supuesto que dicho bien raíz, quede fuera de los bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán. Como el anterior, también es INFUNDADO lo señalado por el peticionario en el concepto de violación identificado con el número 3, que de la redacción de la documental que amparan los bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, se demuestra que existen presuntas propiedades que se localizaron al momento de su ejecución; pero, esa presunción a que se refiere el actor del juicio reivindicatorio se ve desvirtuada, porque conforme a los trabajos técnicos informativos sólo se localizaron las propiedades que fueron excluidas, como así expresamente consta en la resolución presidencial, a saber, el rastro municipal y las colonias que señala. Como ya se dijo, cuando se contestó el concepto de violación marcado con el número 1, aunque en la resolución presidencial de la comunidad de Santa Cruz Xoxocotlán, se excluyeron, ciertamente, del régimen comunal, las tierras donde se encontraba el rastro municipal y los terrenos en que se asientan las colonias "Tres de mayo", "Valle Santa Elena" y "Damnificados"; lo cierto es que conforme al acta de deslinde de nueve de abril de dos mil uno, se excluyeron, por insubsistencia de la resolución presidencial, a virtud de los relatados juicios de amparo, entre otras propiedades, las comprendidas en el polígono 35, que, conforme a los dictámenes periciales, el predio materia de litigio se encuentra enclavado en éste. Con respecto a lo aducido en el concepto de violación marcado con el número 4, éste también resulta INFUNDADO. Lo anterior porque la presunción de que el inmueble materia de reivindicación en autos del juicio natural, es propiedad privada y no comunal, no tiene mayor sustento que el acta de deslinde de los bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, datada el nueve de abril de dos mil uno, en que expresamente aparece excluido el inmueble en litigio del régimen comunal, que conforme a los dictámenes de los peritos de la parte actora y el oficial, están enclavados en el polígono treinta y cinco. De ahí que, como acertadamente así lo valoró la Sala responsable, al concluir que frente a dicha documental, no tiene injerencia la historia traslativa de dominio que fue ofrecida como prueba, en que el demandante del amparo cuestiona que la escrituración del inmueble del que se le demanda la reivindicación, se haya hecho ilegalmente por ser de naturaleza agraria, lo cual, como ya se analizó no es así. En cualquier circunstancia, contra el aducido cuestionamiento, debe decirse, como lo expuso la responsable, la historia traslativa de ese bien, sólo robustece la presunción de ser el bien el cuestionado, del régimen de propiedad privada, pues en dicho historial aparece como propietario de uno de los terrenos enclavados en el polígono número treinta y cinco del acta de deslinde de nueve de abril de dos mil uno, Eduardo Aragón Garnica. En relación al concepto de violación número 5, es INFUNDADO. En efecto, el peticionario señala, que si bien hubo personas que promovieron amparo en contra de la resolución presidencial o de su ejecución, hecho que aduce se ignora, debió ser para efecto de que se respetara su garantía de audiencia y se estudiaran por parte de la responsable los títulos de propiedad, para saber si eran susceptibles de exclusión o no. Que como los juzgadores de amparo, no tienen facultad de excluir una pequeña propiedad de una resolución presidencial de una resolución de bienes comunales, estima que en todo caso el amparo fue para efectos de que la autoridad competente resuelva con base en su marco legal, con respecto a la garantía de audiencia y debido proceso. No obstante lo argüido, debe decirse al impetrante, que la aducida circunstancia de si la concesión que se haya hecho en los juicios de amparo, como aparece marcado en el acta de deslinde de nueve de abril de dos mil uno, fue o no para efectos, ninguna injerencia tiene para beneficiarle, pues lo trascendente es que la inscripción o anotación hecha en la misma, en el sentido de que a virtud de los distintos juicios de amparo que enuncia, motivaron la insubsistencia de la resolución presidencial, en lo que interesa, con respecto al polígono número treinta y cinco en que está inmerso el bien litigiosos en el juicio natural, no revela, por supuesto, sino que el bien inmueble no está sujeto al régimen agrario, lo que debió así ser probado por el demandado, aquí quejoso. El concepto de violación marcado como 6, igualmente, como los anteriores conceptos, es INFUNDADO. Cuestiona el quejoso que la valoración de la responsable de la prueba pericial topográfica y que es visible en la página dieciséis y siguientes, es incorrecta porque destaca que el perito es un auxiliar técnico del juzgador y su opinión es ilustrativa, sin embargo ello no vincula a éste. Pero, es el caso, que al final, en la ponderación probatoria se vincula a la opinión de los peritos que la superficie reclamada en reivindicación corresponde a propiedad privada, determinación que no le corresponde decir al perito, pues ello es propio del juzgador, que aquí en esta parte, la resolución carece de congruencia interna. Que el acto no es constitucional, porque el peritaje del experto designado por su parte, fue valorado de manera dogmática, cuando que los tres expertos coincidieron en que la superficie que ampara la escritura del actor principal se encuentra inmersa en el plano de los bienes comunales de Santa Cru Xoxocotlán. La diferencia estriba en que al emitir los peritos del actor y el oficial, sus dictámenes, coinciden que la superficie reclamada corresponde al polígono treinta y cinco que se identificó durante la ejecución de la resolución presidencial. Sigue diciendo que la valoración de la prueba por parte de la sala es tendenciosa, porque dijo que el predio en litigio es el mismo del polígono treinta y cinco; sin embargo, ello no es posible porque el referido polígono es mucho mayor. No es verdad que la valoración probatoria hecha por la Sala del conocimiento, con respecto a la prueba pericial sea incorrecta, pues cada uno de los dictámenes del actor, demandado y el tercero en discordia, fueron valorados en lo individual y, tras ello, calificó que el peritaje de Máximo Orta Longinos, experto del demandado, aquí quejoso, no presenta un análisis detallado para dar respuesta a todos los puntos objeto de la prueba, contra lo expuesto por Raúl Marroquín Peral y Abel López Hernández, en su orden, peritos de la actora y de la Sala, como tercero en discordia, que dan detalle de las técnicas y análisis realizados para arribar a la consideración de que el predio en litigio se encuentra enclavado en el polígono número treinta y cinco, como lo ubican en las placas fotográficas y planos respectivos, mismo que, conforme a lo anotado en el acta de deslinde de nueve de abril de dos mil uno, dicho polígono está excluido, por insubsistencia de la resolución presidencial de veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, con respecto a cincuenta y ocho polígonos que ahí se describen. Por ello, no es cierto lo aducido, en el sentido de que los expertos en sus peritajes, que fueron debidamente valorados, emitieron opinión de que el predio litigioso es propiedad particular, pues ello sólo atañe decirlo al juzgador, lo que en el caso, así fue valorado. De ahí que no resulte factible hacer más consideraciones con respecto a la aducida incongruencia interna. El concepto de violación marcado con el número 7, es INFUNDADO, también. En dicho concepto el quejoso refiere que quedó demostrada la existencia de bienes comunales de Santa Cruz Xoxocotlán. Que las propiedades de sus bienes tienen una regulación especial. Que la resolución de la Sala responsable se finca, fundamentalmente, en el acta de ejecución de la resolución presidencial, pero incurre en el error de no valorar en su contexto lo que señala la documental pública. Destacando que las resoluciones presidenciales son inmodificables en principio y solo por sentencia ejecutoria puede un bien sujeto al régimen comunal acceder a su exclusión, siempre que cumpla con las exigencias de la ley. Resalta que lo que el acta de ejecución menciona es que el personal que ejecutó la resolución presidencial, identificó e ilustró en el plano, polígonos de diversos propietarios, pero eso no significa que los hayan excluido porque legalmente no estaban facultados para ello. Abunda, que si la identificación e ilustración dentro del plano definitivo tuvo como génesis una ejecutoria de amparo, es indiscutible que debe conocerse para que efectos se concedió la protección constitucional, pero que desde luego no se refiere a excluir de los bienes comunales esas propiedades porque no es esa la naturaleza del juicio de amparo. Y de haber sido así, debió inscribirse la sentencia de amparo en el Registro Agrario Nacional, pero no corresponde al juez de Distrito pronunciarse sobre el fondo de la exclusión, en tanto el juicio versa sobre violaciones procesales o derecho de audiencia. Dice también que en la página treinta y uno de la resolución reclamada, la responsable al valorar el informe del juzgado primero de Distrito en el Estado, en su párrafo segundo apuntó: "no aporta un solo dato que coadyuve al esclarecimiento del hecho que sustenta la incompetencia que nos ocupa, en virtud de que la autoridad informante declaró que en sus archivos no encontró los juicios de amparo." circunstancia que es incongruente con su fallo porque apuntó que en nada favorece a su oferente, pero el oferente fue su contraparte, quien sostiene que el predio es propiedad privada. Que de los enunciados juicios de amparo, el único relevante es el expediente 400/74, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, que se formó con la acumulación de varios juicios, pero que el oferente de la prueba y la sala responsable no solicitaron obtener copia de la ejecutoria que en suma es la base toral de su argumento. Por cuanto hace al informe del Registro Agrario Nacional, tampoco resulta suficiente para tener por cierto el régimen de propiedad de la superficie reclamada, porque es dogmático al mencionar que la superficie es del régimen de propiedad privada, pero no informa con base en qué sentencia o resolución de autoridad competente adquirió ese régimen que originalmente era propiedad comunal. Contra lo reseñado por el peticionario, la sala no incurrió en error al afirmar que el bien en litigo no es de naturaleza agraria, ello con base en el acta de ejecución de la resolución presidencial. Que en este punto es intrascendente lo aducido en el sentido de indicar el amparista, que la resoluciones presidenciales son inmodificables, pues el hecho es, que la sala en mención, no estaba en aptitud de ignorar la exclusión de los cincuenta y ocho polígonos que aparecen en el acta de deslinde de nueve de abril de dos mil uno, sin atentar a las ejecutorias de amparo de las que resultó beneficiario Eduardo Aragón Garnica, una de las personas que aparece en el historial traslativo de dominio del bien que tuvo por demostrado la sala responsable, está enclavado en el polígono número treinta y cinco a que alude la referida acta de deslinde. No es verdad como o señala el quejoso, que fuera el personal que realizó el acta de deslinde, el que excluyó los polígonos que en ella se describen, sino ello obedeció a diversas ejecutorias de amparo, motivo por el cual, esa anotación no podía ser desconocida por la Sala para arribar a la consideración de que el inmueble litigioso, por estar enclavado en el polígono treinta y cinco, que fue excluido del régimen agrario por insubsistencia en esa parte de tierras de la resolución presidencial, obtuvo la presunción de ser propiedad privada. El tercer párrafo de los conceptos de violación tratados en este apartado, quedó contestado al contestar el concepto de violación marcado con el número 2. El cuarto párrafo de los conceptos de inconstitucionalidad, que ahora se tratan, es INFUNDADO, pues el hecho de que no se cuente con las ejecutorias radicadas ya sea en el juzgado primero o segundo de Distrito en el Estado, no marca imposibilidad para que la sala resolviera en el sentido de que lo hizo, pues lo reseñado en el acta de deslinde, con respecto a la exclusión de cincuenta y ocho polígonos, entre ellos el treinta y cinco en que se encuentra enclavado el tanta veces señalado bien en litigio, no desmerecía valor probatorio, más aún cuando la Delegación del Registro Agrario Nacional le externó que, efectivamente, el polígono treinta y cinco fue excluido del régimen comunal, como así se asentó en el acta de deslinde, lo cual fue ponderado apoyada en la tesis 21/2022 de la Segunda Sala consultable en la página 261 del tomo XV, marzo de dos mil dos, Novena Época de l Semanario Judicial de la Federación y se Gaceta, de rubro "REGISTRO AGRARIO NACIONAL, LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ÉL. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DE TENENCIA DE LA TIERRA Y SEGURIDAD DOCUMENTAL, HACEN PRUEBA PLENA". Finalmente, con respecto al concepto de violación marcado como número 8, los argumentos vertidos ya fueron contestados al dar respuesta al concepto de violación marcado como número 2. Aunque resta decir, que en lo que atañe a que la sala debió, de oficio, recabar la ejecutoria de amparo 400/1974 y acumulados, del índice del juzgado segundo de Distrito en el Estado, es INFUNDADO, porque de hacerlo se infringiría el principio de igualdad procesal y se contravendría la normativa en que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones. En ese tenor, ante lo INFUNDADO de los conceptos de violación, y en vista de que la resolución reclamada de fecha trece de julio de dos mil veintidós, por no ser ésta violatoria de los derechos humanos del justiciable, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. OCTAVO. TRANSPARENCIA. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a A..., en los términos del considerando séptimo contra la resolución de trece de julio de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario de Juzgado, con quien actúa de forma legal, dándose por concluida la presente resolución a las quince horas con siete minutos de hoy, catorce de noviembre de dos mil veintidós, y levantándose para constancia esta acta que se firma y autoriza, haciéndose constar que la hora de cierre de la resolución y la que se observará en las evidencias criptográficas correspondientes a las firmas electrónicas, no coinciden debido al tiempo empleado para su almacenamiento en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y el proceso empleado para preautorizar y autorizar todos los archivos generados en esta fecha en este juzgado, en términos del artículo 26 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Doy fe.
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