Alberto Cortes Mendoza

Expediente 785/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
785/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Alberto Cortes Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. RECURSO DE QUEJA INFUNDADO Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de agosto del año en curso, en el recurso de queja 231/2023, de la que se advierte que SE DECLARÓ INFUNDADO el citado medio de impugnación interpuesto por el quejoso contra el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda origen del presente asunto. ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo vía interconexión y hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NO SE AGREGAN COPIAS CERTIFICADAS Por otra parte, a fin de no duplicar actuaciones, no ha lugar a agregar las constancias que devuelve el Tribunal de alzada, dado que estas fueron deducidas de este juicio de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte promovente para los efectos legales consiguientes. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Ahora bien, se precisa que el presente juicio de amparo, no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción IV del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio desechó la demanda de amparo, este expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. ANOTACIONES Háganse las anotaciones respectivas en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio, con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de cuatro de agosto de esta anualidad, que desechó la demanda de amparo. Asimismo, informa que admitió dicho medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número 231/2023 del índice de esa instancia colegiada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación de once de agosto del año en curso, practicada al quejoso Alberto Cortes Mendoza, se advierte que manifestó: "Interpongo recurso de queja y se supla la deficiencia en la totalidad de los agravios". En consecuencia, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de desechamiento de cuatro de agosto del año en curso. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para su substanciación, manifestándole que es cierta la determinación impugnada. SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal que por turno conozca tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 785/2023. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSA Alberto Cortes Mendoza, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS 1. Coordinador del Órgano Administrativo de Readaptación Social en la Ciudad de México. - No contestar la petición enviada por correo en el mes de junio del año en curso, por la que solicita el plan de actividades y otra información del promovente -que de los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se infiere consiste en la solicitud de estudios de personalidad, así como correctivos disciplinarios, con el fin de obtener un beneficio preliberacional-. 2. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPSOAXACA. 3. Director del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA 4. Coordinador del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPSOAXACA - No darle contestación a la petición formulada el diecisiete de junio del año en curso, para que tramite una hoja de requisición para comprar con recursos propios el medicamento "Clonazepam", indicado por el psiquiatra. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS (.) Artículo 23. En caso de que exista imposibilidad material para la digitalización de determinadas constancias aportadas por las partes, las y los titulares de los órganos jurisdiccionales acordarán lo conducente y valorarán si hacen del conocimiento de las partes tal situación mediante proveído y si las constancias se integran únicamente al expediente físico, o bien, ordenarán la integración de cuadernos auxiliares previstos en el artículo 22, último párrafo de este Acuerdo." Derechos fundamentales contenidos en el artículo 8° Constitucional. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, dado que contra las omisiones reclamadas por el quejoso, previo al juicio de amparo, existe medio ordinario de defensa. La citada causal de improcedencia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". De ahí que el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. Por lo que dicho principio debe ser acatado previamente por el promovente, salvo las excepciones que el precepto invocado establece, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así también, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 1°, fracción II, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de ahí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Por su parte el numeral 2° de dicha legislación, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad, es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad; y en el diverso 9°, se prevén los derechos de tales personas en un centro penitenciario. En ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a las condiciones de internamiento, a las omisiones reclamadas por el quejoso en esta instancia, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. De modo que esas omisiones recaen en la autoridad penitenciaria, al estar dentro de sus atribuciones la administración del centro de reclusión, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta al quejoso. Al respecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez de Ejecución respectivo, las cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Los artículos 30, 31, 32, 33, 37, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor, para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que para el caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Es así, pues la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, ese juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. De ahí que puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos como el que ahora pretende impugnar el quejoso se colman los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; además, la medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de que realice la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar hechos o actos inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, ese mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente o la petición administrativa por caso urgente. Por lo que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar los medios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como lo son la petición administrativa ante las autoridades penitenciarias, y en caso de que la misma no sea atendida, se encuentra en aptitud de formularla ante el Juez de Control, pues con ello podría obtener resolución favorable a sus intereses. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, con número de registro 2018548, de rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el quejoso pretende reclamar condiciones inherentes a su internamiento a través del derecho de petición, ello no lo exime de la obligación de agotar los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos precisados con antelación. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Toda vez que el quejoso Alberto Cortes Mendoza, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", se comisiona al Actuario en turno de este juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro penitenciario, en busca del aludido quejoso, hecho que sea, le notifique el presente proveído, debiendo levantar la razón correspondiente. PETICIÓN A LAS PARTES. En otro aspecto, se exhorta a las partes de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN.

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