Alberto Cortés Mendoza

Expediente 272/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
272/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Alberto Cortés Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 272/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Encargado de la Dirección General; Encargado del Área Técnica; Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; y Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución; que hizo consistir en: "V. ACTO RECLAMADO: De las tres primeras autoridades responsables reclamo la omisión para que me valore el traumatólogo, por sus problemas graves de salud y de su lumbalgia crónica. De la cuarta autoridad el no dar trámite a la controversía que interpuse en el mes de noviembre de dos mil veintiuno, por la omisión de brindarle atención médica por el traumatólogo." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 17, 18, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. La citada demanda fue turnada inicialmente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien en catorce de febrero de dos mil veintidós, la admitió a trámite y por acuerdo de ocho de marzo del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, y remitió la demanda con sus anexos a este Juzgado, al haber prevenido en el conocimiento del asunto en el diverso juicio de amparo 82/2022. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, aceptó la competencia planteada, radicando el asunto con el número de expediente 272/2022; se avocó al conocimiento del mismo, declaró válido todo lo actuado en el juicio de amparo 167/2022 del índice del Juez declinante, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Ampliación de demanda. En el citado proveído de once de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ampliando su demanda por la autoridad responsable Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por lo que se le solicitó su informe justificado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: -Del Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, y la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, reclama: La omisión de contestar una controversia judicial interpuesta en el mes de noviembre de dos mil veintiuno, en contra de las autoridades penitenciaras del Centro Federal de Readaptación Social número 13"CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, relacionada con su derecho a la salud, específicamente respecto al otorgamiento del servicio médico por el traumatólogo. -Del Encargado de la Dirección General; Encargado del Área Técnica; Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; les reclama: La omisión de atención médica por parte del traumatólogo, debido a los dolores de clavícula derecha y de la lumbalgia que padece. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto omisivo reclamado. En el caso, es relevante establecer que, considerando que el acto reclamado por el quejoso es uno de naturaleza omisiva, ya precisado en el apartado que antecede; por tanto, corresponde a la autoridad responsable la carga de demostrar que no incurrió en dicha omisión. En ese sentido, si bien, la autoridad responsable no ofreció medio de convicción alguno en virtud del cual sustente de manera probatoria la negativa que expresó en su informe justificado; lo cierto es que del análisis del contenido de dicho informe se advierte que la autoridad en cita justificó dicho pronunciamiento. Lo anterior es así, toda vez que la aludida autoridad responsable, manifestó que legalmente no es atribuible a ella la omisión consistente en contestar una controversia judicial interpuesta en el mes de noviembre de dos mil veintiuno, en contra de las autoridades penitenciaras pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, relacionada con su derecho a la salud, específicamente respecto a la atención médica por parte del traumatólogo, debido a los dolores de clavícula derecha y de la lumbalgia que padece. Ya que afirmó que la acción en virtud de la cual se reclama su inacción, le corresponde realizarla a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, a cargo de Gestión Judicial, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Manual Específico de Organización y de Puestos de los Centros de Justicia Penal Federal; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar que regula los Centros de Justicia Penal Federal y reforma disposiciones de diversos acuerdos generales, en relación con la administración de estos órganos jurisdiccionales. Así, del análisis de dichas legislaciones, como lo afirma la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, la omisión reclamada le corresponde colmarla a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, a cargo de Gestión Judicial, como se muestra a continuación. Como se adelantó, el trámite de las controversias judiciales, dentro del contexto jurídico del proceso ejecución de la administración de justicia penal federal, en lo que aquí nos interesa, esto es, el trámite de dichos procedimientos, y la participación en ellos de la figura de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, se encuentra previsto en los siguientes dispositivos: Ley Nacional de Ejecución Penal "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y . Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; [.] Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. Artículo 123. Auto de inicio. Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Artículo 124. Sustanciación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda." Manual Específico de Organización y de Puestos de los Centros de Justicia Penal Federal "Denominación del puesto específico: ADMINISTRADOR DE CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL. II.2 Funciones: 1. Supervisar las actividades necesarias para la recepción, registro, turno y seguimiento de asuntos y causas; y la distribución óptima de trabajo conforme a los roles y asignación establecida en las disposiciones aplicables. 4. Coordinar la realización de los proyectos de actuaciones que no le competan a los Asistentes de Constancias y Registros, relativos a los asuntos de conocimiento del Centro de Justicia Penal Federal, gestionando el envío para su aprobación al Juzgador que corresponda y, en su caso, autorizar aquellos de mero trámite. 9. Supervisar el registro oportuno y actualización permanente de la información en el sistema de gestión y seguimiento de asuntos y causas o en cualquier otro sistema de información previsto por la normatividad vigente; así como la integración de las constancias y registros correspondientes." Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar que regula los Centros de Justicia Penal Federal y reforma disposiciones de diversos acuerdos generales, en relación con la administración de estos órganos jurisdiccionales. "Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: . II. Administrador: Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, funcionario que lleva a cabo las atribuciones previstas en el presente Acuerdo; . Artículo 6. Cada Centro contará con una Administración, a cargo de un Administrador, que tendrá el nivel que fije el Manual de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal. El Administrador se auxiliará para el ejercicio de sus atribuciones del personal y de las áreas especializadas que señalan los Manuales de Organización y Puestos; y de Procesos y Procedimientos Administrativos del Centro de Justicia Penal. El Administrador será el responsable de la administración del Centro. Artículo 11. Corresponde al Administrador: I. Coordinar y supervisar las acciones de soporte jurídico y los procesos complementarios siguientes: . c) Recepción, registro y turno de correspondencia y asuntos; [.]" De las citadas disposiciones se advierte que al funcionario que ostenta el cargo de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, le corresponde en esencia la recepción, registro y turno de los asuntos relativos a las causas de las controversias judiciales que se encuentran reguladas en la Ley Nacional de Ejecución penal, respecto a las condiciones de internamiento, específicamente, en la fase de ejecución del proceso jurisdiccional penal, como es el caso que nos ocupa. Y si bien es cierto que de conformidad con los artículos 116 y 123 de la Ley Nacional de Ejecución, el Juez de Ejecución, es la autoridad competente para conocer de dichas controversias judiciales, y a su vez, dictar la decisión jurisdiccional respecto al trámite de dichos procesos, esto es, admitir, prevenir o desechar el escrito que contiene la solicitud de inicio de la controversia. También es cierto, que la autoridad responsable Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, al rendir su informe justificado, expuso que de la búsqueda de los registros con los que cuenta, no localizó registro alguno de que se haya recibido solicitud del quejoso de atención médica en la especialidad de traumatología para tratar sus padecimientos de dolor de clavícula derecha. Luego, si en el caso, de conformidad con la legislación aplicable, le corresponde la recepción, registro y turno de los asuntos relativos a las causas de las controversias judiciales (motivo de la omisión reclamada), a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, a cargo de Gestión Judicial, la cual en este juicio de amparo, se encuentra señalada como autoridad responsable; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, por inexistencia de la omisión reclamada a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte, la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en su informe relativo negó el acto reclamado que se le atribuye, consistente en la omisión de contestar una controversia judicial interpuesta en el mes de noviembre de dos mil veintiuno, en contra de las autoridades penitenciaras del Centro Federal de Readaptación Social número 13"CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, relacionada con el derecho a la salud del quejoso, específicamente respecto al otorgamiento del servicio médico por el traumatólogo. Lo que así se corrobora, con las documentales que remitió en apoyo al mismo, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte en dos de febrero de dos mil veintidós, se pronunció sobre la petición del quejoso, ordenando formar expediente de procedimiento de ejecución de controversia (PEC) ********************, conforme al artículo 115, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Acuerdo que en esencia consistió en la remisión del escrito original del quejoso ********************, al Centro Federal de Readaptación Social número 13"CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, a fin de que inmediatamente le diera el trámite previsto en el artículo 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; respondiera la petición de atención médica formulada por el quejoso; e informara dicha respuesta. Lo antes expuesto hace palpable que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, a saber, el catorce de febrero de dos mil veintidós, la omisión aquí reclamada no existía, toda vez que la autoridad responsable desde el dos de febrero de dos mil veintidós, se pronunció respecto a la omisión reclamada por el quejoso. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis en materia común IV.3o.72 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII, enero de 1994, página 254, registro 213793, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que manifiestan que el quejoso les ha solicitado se le brinde atención médica en la especialidad de traumatología y ortopedia. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional estima que, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de atención médica por parte del traumatólogo, debido a los dolores de clavícula derecha y de la lumbalgia que padece, atribuible a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Establecido lo anterior, la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, al acto reclamado le resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así los artículos 9, 107 a 115, 131 y 132 de la citada legislación, disponen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad". Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a la alimentación nutritiva; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, tomando en consideración que en el caso la parte quejosa reclama esencialmente: la omisión de no ser valorado por el traumatólogo, debido a los dolores de clavícula derecha y de la lumbalgia que padece, es evidente que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. En tales condiciones, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, lo que conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página: 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 272/2022, promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, atribuidos al Encargado de la Dirección General; Encargado del Área Técnica; Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución y Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO, Y TAMBIÉN POR CONDUCTO DE SU DEFENSORA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexos de la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado respecto a la ampliación de demanda promovida por el quejoso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan a su informe, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. En atención a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, remite el informe justificado y anexo del Director Administrativo en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que anexa a su informe, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla de ella en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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