Alberto Cortes Mendoza

Expediente 523/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
523/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Alberto Cortes Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el sobre que devuelve el servicio de mensajería acelerada Estafeta, el cual contiene: El oficio 16968/2023, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. El cual fue devuelto por no especificar la materia. En consecuencia se determina reexpedirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Escrito del quejoso. Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso; precisando lo siguiente: - La causa penal ******************** se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León, actualmente, cuenta con un expediente de ejecución ********************, del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. - No señala como autoridad responsable al juez ante quien se tramitó la causa penal ******************** toda vez que no dirigió su petición a ese Juzgado. - Su petición fue dirigida al Juez de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el expediente o cuaderno de ejecución ********************, ante quien solicitó: Copias de la causa penal ******************** que se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León. El informe del Plan de Actividades, de conducta y sanciones disciplinarias que tuvo cuando se encontraba privado de la libertad en Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se encuentra actualmente cerrado. En atención a lo anterior al respecto se provee: Incompetencia. Visto el estado de los autos y la promoción de cuenta, se advierte, el quejoso ********************, reclama en esencia lo siguiente: La petición formulada ante el Juez de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el expediente o cuaderno de ejecución ********************, enviada por medio de Correos de México, en la que solicitó: 1) copias de la causa penal ******************** que se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León; 2) el informe del Plan de Actividades, de conducta y sanciones disciplinarias que tuvo cuando se encontraba privado de la libertad en Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se encuentra actualmente cerrado. En el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". [Lo resaltado es propio].". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, que son: a) Cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) En el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) Cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Ahora bien, de la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se deduce que la competencia para conocer de una demanda de amparo puede darse en dos vertientes: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse. 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está llevando a cabo por lo que la autoridad ejecutora tiene participación en el curso del juicio. Al respecto debemos mencionar que: El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. Así, en el supuesto de competencia invocado el elemento fundamental que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, que en el caso es un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno. Esto, porque los efectos y consecuencias del acto reclamado, implican que su ejecución se verifique en Monterrey, Nuevo León, teniendo como punto de partida que el expediente de ejecución que se tramita respecto del quejoso, se encuentra radicado en un juez que tiene jurisdicción en aquella localidad, de ahí que se actualice el supuesto de competencia invocado. Lo anterior es así, dado que no se atribuye una ejecución material a alguna autoridad circunscrita en la jurisdicción de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, en donde si bien se encuentra recluido el quejoso, esto en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sin embargo, lo que reclama en esta instancia, es lo siguiente: La petición formulada ante el Juez de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el expediente o cuaderno de ejecución ********************, enviada por medio de Correos de México, en la que solicitó: 1) copias de la causa penal ******************** que se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León; 2) el informe del Plan de Actividades, de conducta y sanciones disciplinarias que tuvo cuando se encontraba privado de la libertad en Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se encuentra actualmente cerrado. Conforme a ello, se tiene que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como se evidencia con la parte conducente, que prevé lo siguiente: "[...] IV. CUARTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que conforma el territorio de la propia entidad federativa. [.]" De ahí que, al permanecer el quejoso a disposición del juez de ejecución, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, quien resulta competente; esto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que les presta auxilio. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. Asimismo, solicítese al Juzgado Federal que se avoque al conocimiento del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Y A SU DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA LICENCIADA NORMA JIMÉNEZ GONZÁLEZ, DEFENSORA PUBLICA FEDERAL.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Escrito del quejoso. Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de uno de junio del año en curso; precisando lo siguiente: - La causa penal ******************** se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León, actualmente, cuenta con un expediente de ejecución ********************, del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. - No señala como autoridad responsable al juez ante quien se tramitó la causa penal ******************** toda vez que no dirigió su petición a ese Juzgado. - Su petición fue dirigida al Juez de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el expediente o cuaderno de ejecución ********************, ante quien solicitó: Copias de la causa penal ******************** que se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León. El informe del Plan de Actividades, de conducta y sanciones disciplinarias que tuvo cuando se encontraba privado de la libertad en Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se encuentra actualmente cerrado. En atención a lo anterior al respecto se provee: Incompetencia. Visto el estado de los autos y la promoción de cuenta, se advierte, el quejoso ********************, reclama en esencia lo siguiente: La petición formulada ante el Juez de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el expediente o cuaderno de ejecución ********************, enviada por medio de Correos de México, en la que solicitó: 1) copias de la causa penal ******************** que se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León; 2) el informe del Plan de Actividades, de conducta y sanciones disciplinarias que tuvo cuando se encontraba privado de la libertad en Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se encuentra actualmente cerrado. En el caso, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". [Lo resaltado es propio].". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los Jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, que son: a) Cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) En el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) Cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Ahora bien, de la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se deduce que la competencia para conocer de una demanda de amparo puede darse en dos vertientes: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse. 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está llevando a cabo por lo que la autoridad ejecutora tiene participación en el curso del juicio. Al respecto debemos mencionar que: El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. Así, en el supuesto de competencia invocado el elemento fundamental que fija la competencia para conocer del presente asunto, resulta ser el lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, que en el caso es un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno. Esto, porque los efectos y consecuencias del acto reclamado, implican que su ejecución se verifique en Monterrey, Nuevo León, teniendo como punto de partida que el expediente de ejecución que se tramita respecto del quejoso, se encuentra radicado en un juez que tiene jurisdicción en aquella localidad, de ahí que se actualice el supuesto de competencia invocado. Lo anterior es así, dado que no se atribuye una ejecución material a alguna autoridad circunscrita en la jurisdicción de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, en donde si bien se encuentra recluido el quejoso, esto en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sin embargo, lo que reclama en esta instancia, es lo siguiente: La petición formulada ante el Juez de Ejecución de Sentencias del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en el expediente o cuaderno de ejecución ********************, enviada por medio de Correos de México, en la que solicitó: 1) copias de la causa penal ******************** que se tramitó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Monterrey Nuevo León; 2) el informe del Plan de Actividades, de conducta y sanciones disciplinarias que tuvo cuando se encontraba privado de la libertad en Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se encuentra actualmente cerrado. Conforme a ello, se tiene que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como se evidencia con la parte conducente, que prevé lo siguiente: "[...] IV. CUARTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que conforma el territorio de la propia entidad federativa. [.]" De ahí que, al permanecer el quejoso a disposición del juez de ejecución, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en turno, quien resulta competente; esto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que les presta auxilio. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. Asimismo, solicítese al Juzgado Federal que se avoque al conocimiento del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Y A SU DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, con sede en esta población; en atención a su contenido, téngasele informando que el quince de junio del año en curso, se comunicó vía correo electrónico a la Defensora Pública Federal ********************, y como tal del quejoso ********************, el contenido del auto de nueve de junio del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano