Alberto Cerda Colin
Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Cerda Colin
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la demanda de amparo presentada por ..., contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, y otras autoridades; en ese sentido regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número IV-223/2022-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. A. De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras: a) La emisión de cualquier orden verbal o escrita para trasladarme del Centro de Reinserción Social para delitos de Alto Impacto de Morelia, Michoacán, a alguno de los centros federales y estatales de reinserción social de máxima o mediana seguridad que operan como parte del Sistema Penitenciario en la República Mexicana. b) El pretender privarme de mi derecho fundamental de adecuada defensa, al cancelarme la posibilidad de enfrentar los procesos penales que se instruyen en mi contra, desde un lugar distinto al de la jurisdicción competente. c) El pretender conculcar mi derecho fundamental al debido proceso. B. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras: a. El cumplimiento de las órdenes verbales o escritas giradas por las ordenadoras para trasladarme del Centro de Reinserción Social de Alto Impacto de Morelia, Michoacán, a alguno de los centros federales o estatales de reinserción social de máxima o mediana seguridad que operan como parte del Sistema Penitenciario en la República Mexicana." Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el precepto legal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, según la razones que a continuación se expresan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por su parte, el precepto 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la orden de traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social para Delitos de Alto Impacto de Morelia, Michoacán, a alguno de los centros federales y estatales de reinserción social de máxima o mediana seguridad que operan como parte del Sistema Penitenciario en la República Mexicana. Ahora, los artículos 117 fracción III y 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente..." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: VII. Traslados..." Preceptos legales de los que se desprende que contra la orden de traslado de un cereso a otro se podrá presentar controversia judicial de resultar desfavorable la decisión judicial, se podrá interponer recurso de apelación a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada por un tribunal de alzada. De ahí que antes de acudir el peticionario, debió agotar dichos medios ordinarios de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del expediente .. en sesión celebrada en veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que a la letra reza: "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ANTES DE INTERPONER JUICIO DE AMPARO: PRIMERA SALA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, la Primera Sala determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo." Por lo antes expuesto, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se tiene al quejoso por señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizados para tal efecto con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho ..., quienes cuenta con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrada en el Sistema Electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales... LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Como se desprende de la constancia secretarial que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veinticinco de enero del año en curso, en la que se determinó Amparar y Proteger a..., consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, en términos de los preceptos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que haya tenido para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien veces de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el primero de los preceptos citados. Con relación en lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
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