Alberto Aviles Garduño
Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Aviles Garduño
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, atento a su contenido y como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele copias certificadas de la resolución a que hace alusión y autoriza para recibirlas al licenciado que menciona; para lo cual deberá generar su respectivo código QR, a fin de que se agende una hora y fecha de cita para ello, a la que deberá acudir puntualmente y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Por otra parte, de conformidad con el dispositivo 4 del mismo ordenamiento, se requiere al promovente para que en caso de que la persona que acuda por dichas constancias, sea vulnerable frente al Covid-19 o con discapacidad, lo haga del conocimiento de este juzgado, a fin de prestarle la atención respectiva en los espacios accesibles establecidos por la administración del edificio sede en que se ubica este órgano jurisdiccional.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de veintisiete de febrero pasado, en que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por -, le transcurrió del seis de marzo del año en curso al doce siguiente; por lo tanto ha fenecido, sin que haya interpuesto recurso alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica, promovida por el quejoso en cita, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-735/2020-C. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado ".IV. ACTO RECLAMADO. Se reclama de la Autoridad mencionada como Responsable, el auto de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2020 dos mil veinte, dictado dentro del expediente número -relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil y que sobre Pago de Pesos se sigue en mi contra por el -, específicamente por haber declarado inadmisible la Prueba Pericial en la especialidad de Documentoscopía ofrecida en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el artículo 1401 del Código de Comercio, localizable en la parte inferior de la foja 3 tres del auto aquí mencionado, y marcada por esa autoridad con e número 2; la cual me fue debidamente notificada por conducto de mi representante legal el día miércoles 28 veintiocho de octubre del año 2020 dos mil veinte." Respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por otra parte, el artículo 107 fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso reclama el acuerdo de veintisiete de octubre del presente año, dictado dentro del expediente - por el Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el cual determinó no admitir la prueba pericial en Documentoscopía presentada por él; actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y no se advierte que sea definitivo para los efectos del amparo indirecto, en virtud de que, sería hasta que se dictara la sentencia respectiva, cuando podría darse el perjuicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 538, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". De lo expuesto se obtiene que en el particular, el proveído donde se le dijo al quejoso que no había lugar a admitir la prueba pericial en documentoscopía, dictado dentro del expediente número -, no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, sino que afecta derechos procesales y los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrán desaparecer si el afectado obtiene una sentencia favorable en la sección correspondiente del juicio de origen. De ahí el hecho de que el juez responsable, haya determinado todo lo anterior, constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso; empero, no se considera como una violación que cause perjuicios irreparables, ya que es susceptible de subsanarse en la sentencia definitiva, si es que se emite favorablemente a los intereses del ahora quejoso, pero de no ser así, podrá hacer valer esa violación al momento de reclamar la sentencia definitiva, mediante el juicio de amparo directo, conforme a las reglas previstas en el artículo 174 de la Ley de la Materia. De lo expuesto se deriva un elemento toral para considerar que en el particular el acuerdo dictado por el Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, el veintisiete de octubre del año que transcurre, no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales por las razones apuntadas. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por lo que, una vez que cause estado la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado -, virtud a que se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva ante los Juzgados Federales. Notifíquese personalmente.
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