Alberto Carlos Cardona

Expediente 613/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
613/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Carlos Cardona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio signado por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 613/2022-3, e informa que se avoca al conocimiento del mismo, radicando dicho expediente bajo el número de amparo directo 823/2022. En ese contexto, remítase el presente expediente, al archivo de este juzgado, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con los artículos 20, inciso a), 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además de que a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual trascribe el proveído de dieciséis de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto *****************/2021, de su índice, promovido por ******************, mediante el cual informa que se puso a disposición de este juzgado el acceso y consulta de dicho expediente electrónico a través del SISE; por tanto, relaciónese el referido expediente con el presente asunto. Así, de la consulta que se realizó al expediente electrónico del juicio amparo 842/2021 de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que en el presente juicio de amparo y el diverso *****/2021 del referido juzgado federal, guardan relación con el juicio laboral **************** del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de donde derivan los actos reclamados; se provee lo siguiente: Incompetencia por conocimiento previo. Esta juzgadora considera carecer de competencia legal para conocer el presente asunto, y quien debe conocer del juicio en que se actúa es el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por ser quien tiene el último antecedente, en atención a las razones que enseguida se exponen: De la consulta realizada al expediente electrónico ******************/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el juicio de amparo en mención, fue promovido por Alberto Carlos Cardona, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el que hizo consistir esencialmente en: Señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 01/155/21-III. Y en dicho juicio de amparo al rendir su informe justificado la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, aceptó el acto que se le atribuye; remitiendo copia certificada de algunas actuaciones del citado expediente, que corroboraron su existencia dentro del juicio laboral **********************. En tanto que, en este juicio de amparo 613/2022 en el que se actúa, el peticionario de amparo A***************, reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; en esencia, el siguiente acto de molestia: La dilación procesal y denegación de justicia en el juicio laboral ***, al no dictar el acuerdo en el que se pronuncie respecto a las pruebas ofertadas por las partes, así como su desahogo. Aunado a lo que antecede, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, refirió: "es cierto el acto reclamado." Por tanto, este juzgado federal considera que no es competente para conocer el presente asunto, toda vez que los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversos disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintidós, prevén, en lo que interesa, la forma relacionada en que los asuntos se turnaran mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial. Conforme a lo expuesto, se estima que el presente juicio de amparo indirecto encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, para regir su turno por el sistema de asuntos relacionados, dado que dicho acuerdo prevé el sistema de turno por relación, con base a que el juicio de amparo indirecto sea promovido contra un acto reclamado relacionado con otro juicio del que previamente haya conocido diverso órgano jurisdiccional de amparo. Es necesario precisar que el espíritu del conocimiento previo sigue presente en el actual acuerdo sólo que bajo un aspecto más amplio, en la medida que ya no exige propiamente el aprovechamiento del estudio de fondo y por tanto, el conocimiento de los hechos y temas jurídicos involucrados, sino que basta, en descanso del principio de seguridad jurídica para los justiciables, en la hipótesis que ocupa, que el juicio de amparo indirecto, sea promovido contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional, aunque las partes no sean las mismas, que previamente haya conocido una autoridad de amparo -que tenga como último antecedente del asunto-. Ahora, en el caso, la demanda que dio origen al juicio de amparo *******/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Alberto Carlos Cardona, contra actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a saber el señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ************, fue recibida por dicho órgano jurisdiccional el ocho de julio de dos mil veintiuno. Mientras que la demanda de amparo, origen del presente asunto, promovida por Alberto Carlos Cardona, mediante la cual reclama, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la dilación procesal y denegación de justicia en el juicio laboral 01/155/21-III, al no dictar el acuerdo en el que se pronuncie respecto a las pruebas ofertadas por las partes, sí como su desahogo, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete de abril de dos mil veintidós. En ese sentido, este juzgado Federal se declara legalmente incompetente, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el presente asunto y declina competencia al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. En las relatadas condiciones, se dejan sin efecto las medidas y determinaciones decretadas en este expediente, así como la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y tres minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, por tanto, remítase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, el presente expediente, y solicítese informe si acepta o no la competencia planteada. Asimismo, con copia de la demanda de amparo y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, sin que haya realizado manifestación alguna, como se destaca de la constancia de cuenta; no obstante ello, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse al respecto con base en las actuaciones que obran en autos. En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió la protección de la Justicia de la Unión a la persona moral denominada Plásticos Euzkaro, sociedad anónima de capital variable, para efecto de que se le devolviera la cantidad enterada por concepto de derecho de alumbrado público, respecto del aviso recibo del servicio 344 110 451 611, correspondiente al periodo de consumo comprendido del treinta de abril de dos mil veintiuno al treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Inconforme con la anterior determinación, el tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, interpuso recurso de revisión, mismo que por turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual, en sesión de diez de marzo de dos mil veintidós confirmó la sentencia recurrida. Por tanto, en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito recibió los autos y requirió el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, el Tesorero municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante oficio recibido por este juzgado el diez de mayo del año en curso y registrado con folio 8533, remitió copia certificada de la transferencia electrónica SPEI de tres de mayo de dos mil veintidós, a nombre de la persona moral denominada Plásticos Euzkaro, sociedad anónima de capital variable, con número de referencia 030522, por la cantidad de cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos con cincuenta y un centavos ($5,867.51); transferencia mediante la cual se devolvió a la quejosa la cantidad pagada por el concepto precisado anteriormente debidamente actualizada. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, ya que, como se apuntó, se restituyó a la parte quejosa Plásticos Euzkaro, sociedad anónima de capital variable, en el pleno goce de sus derechos violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3°, fracciones VII, XIV y XX, 12, 14, 18, fracción I, b), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de depuración. Asimismo, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de 9 a 13:45 horas. En el entendido que, ante la actual pandemia, dicha entrega se realizará en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales" y la presentación del código QR respectivo. De igual forma, hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con el artículo 7° del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas de aquellos que se encuentra probada su efectividad [KN95 o en su caso tricapa], en todo momento. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la resolución de seis de junio de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1474/2019. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el veintiocho de octubre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Jueza Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial y [2] Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, ambas del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: IV. ACTOS RECLAMADOS. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los actos reclamados que constituyen el fundamento de los conceptos de violación son: I.- Del C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, se reclama: a) La falta de emplazamiento al juicio ORDINARIO CIVIL en el expediente número ***** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. b) Los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias dictadas dentro del expediente relativo al juicio ORDINARIO CIVIL *****, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, por ser frutos viciados de la violación a mis derechos humanos, concretamente de mis garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. II.- Del C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, se reclama: a) La falta de emplazamiento al ORDINARIO CIVIL **** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Soberano Estado de Morelos. b) La ejecución de los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias dictadas dentro del expediente relativo al juicio ORDINARIO CIVIL ***** del Juzgado de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Soberano Estado de Morelos. 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, este juzgado desechó la demanda por cuanto a los actos reclamados al Secretario de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, por no ser autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que su función se constriñe a dar fe de los actos del Juez responsable y, admitió a trámite la demanda de amparo respecto de las restantes autoridades responsables, a las cuales pidió su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar como tercera interesada a ******, quien se apersonó a juicio mediante escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, así como al diverso tercero interesado a *****, de quien en autos de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y seis de enero de dos mil veinte, ordenó de nueva cuenta su emplazamiento en diverso domicilio proporcionado por la quejosa, siendo emplazado el veinticuatro de enero siguiente, quien se apersonó a juicio el veinticuatro de febrero de dos mil veinte y formuló alegatos. Asimismo, este juzgado hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, manifestado únicamente el tercero interesado *****, su oposición a la publicación de sus datos personales, por así convenir a sus intereses (fojas 136 a 139 del amparo indirecto); y, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiséis de febrero de dos mil veinte. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de las labores de este juzgado emitió sentencia definitiva en el presente juicio, en la cual concedió a la quejosa ******, el amparo y protección de la justicia federal, al considerar que le surtía el carácter de tercera extraña por equiparación en el juicio ordinario civil de origen y para el efecto de que las autoridades responsables dejaran insubsistentes el emplazamiento efectuado a la quejosa, así como los actos posteriores y repusieran el procedimiento para llamarla a juicio conforme a la legislación aplicable (fojas 145 a 159 del amparo indirecto). Inconforme con esa determinación, mediante escrito recibido el doce de noviembre de dos mil veinte fojas 180 a 210 del amparo indirecto), el tercero interesado ****, por conducto de su autorizada legal en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión, el cual mediante auto de trece de noviembre de dos mil veinte se tuvo por interpuesto; asimismo, el diecinueve de noviembre siguiente, el tercero interesado de referencia, por conducto de sus autorizados legales en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, amplió el recurso de revisión interpuesto, por lo que mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, este juzgado ordenó remitir los autos del juicio de amparo junto con el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado correspondiente. Por oficio 247, recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, remitió el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en primer término, con el número de amparo en revisión ***** y desechó respecto de la ampliación de tal medio de impugnación, por haberse interpuesto fuera del plazo legal. A través del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo saber a las partes que, por oficio ***** de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del mismo año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. Por otro lado, respecto al recurso de revisión ****, interpuesto por el tercero interesado *****, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintidós, determinó recovar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo, a efecto de que se requiriera al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para que enviara el soporte documental que justificara la anotación marginal a foja 000006, inscrita el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en la cual se asentó que la quejosa aceptaba y reconocía la anotación por orden judicial de treinta de noviembre de dos mil quince, que obra a foja 000011 de folio electrónico inmobiliario *****, a efecto de corroborar si efectivamente la quejosa externó esa manifestación, o bien, le informara ante quien se realizó dicha aceptación para que, a su vez, se requiera a la institución o instancia ante la cual se efectuó tal manifestación, para corroborarla o descartarla. En cumplimiento a la ejecutoria anterior, mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, este juzgado requirió al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de dicho proveído, enviara el soporte documental que justificara la anotación marginal inscrita el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (foja 000006), en la cual ****** -aquí quejosa-, acepta y reconoce la anotación por orden judicial de treinta de noviembre de dos mil quince (foja 00011), con folio electrónico *****, o en su defecto informara ante quien se realizó dicha aceptación para que, a su vez, se requiriera a la institución o instancia ante la cual se efectuó tal manifestación. Mediante oficio ******, recibido el ocho de marzo de dos mil veintidós, la Encargada de Despacho de la Dirección Jurídica del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, remitió copia certificada del soporte documental de la anotación marginal solicitada, por lo que en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a dicho instituto registral dando cumplimiento al requerimiento formulado y remitiendo las constancias correspondientes, por lo que con su contenido se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; y, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta de antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son el emplazamiento de la quejosa al juicio ordinario civil de origen, atribuido a autoridades civiles, con ejecución en la circunscripción de este Juzgado de Distrito que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: De la [1] Jueza Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos y [2] Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos: ? El emplazamiento al juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por *****, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *****, en contra de ***** -aquí quejosa- y otras personas más; y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dicho juicio (incluida la sentencia definitiva), al ostentarse la quejosa como tercera extraña a juicio por equiparación. lll. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la [1] Jueza Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos y [2] Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues la primera los aceptó al rendir su informe justificado y la segunda se adhirió a lo manifestado en dicho informe por la Jueza responsable. Además, la primera autoridad señalada, remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil *****, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes1. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo2, toda vez que no se satisface el supuesto de procedencia del juicio de amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Lo anterior, pues como se advierte de la demanda de amparo, la quejosa se ostentó como tercera extraña por equiparación al juicio ordinario civil *****, instaurado en su contra por *******, albacea de la sucesión a bienes de ******, mientras que de las constancias allegadas al juicio de amparo se desprende que no tiene ese carácter, pues tuvo conocimiento del juicio de origen con anterioridad a que se emitiera la sentencia definitiva en éste, por las razones que más adelante se explican. En ese sentido, debe destacarse que, para los efectos del juicio de amparo -en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia-, una persona se considera como tercera extraña a un procedimiento cuando no es parte en éste y sufre un perjuicio dentro de dicha contienda o en la etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. El aludido concepto también incluye a los individuos que siendo parte formal en la controversia de origen, alegan que no fueron emplazados o fueron ilegalmente llamados al procedimiento, esto es, las referidas personas tendrán el carácter de terceros extraños por equiparación, en la medida de que les asiste dicha calidad de parte y resientan una afectación en su esfera jurídica con motivo de la tramitación de la contienda, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas ni vencidas en juicio, al no haber sido emplazadas en el procedimiento primigenio o no ser llamadas conforme a las formalidades legales correspondientes. Por lo tanto, es factible sostener que la figura del tercero extraño por equiparación, para efectos del juicio de amparo, se actualiza cuando una persona, siendo parte en un procedimiento, no fue legalmente emplazada o llamada a éste para ejercer su defensa, por tal motivo, no le fue posible apersonarse en tiempo y forma3. Además, para considerar que una persona no tuvo la oportunidad de ser oída en su defensa por ignorar las actuaciones relativas, es necesario que ese desconocimiento se prolongue hasta después de dictada la sentencia definitiva, aunque ésta no haya alcanzado firmeza legal; pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de 3 Sirve de aplicación por analogía, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 196932, Materia(s): Común, Tomo VII, Enero de 1998, Página: 56, de rubro y texto siguientes: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. rubro: EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Sin embargo, la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte, sea que comparezca a dicho proceso judicial o tenga conocimiento del juicio natural por cualquier medio, a pesar de no haber sido emplazado y antes de que se dicte sentencia, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Es decir, queda en posibilidad de defenderse dentro del contencioso, porque el hecho de que el quejoso se ostente como tercero extraño, no provoca que quede al margen del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, porque si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente, porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento, promueva el juicio de amparo antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que 4 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Época: Décima Época, Registro: 2000348, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 1/2012 (10a.). Página: 5. seguiría actualizándose la diversa causal de que no es tercero extraño al procedimiento de origen. Lo anterior, tal como se establece en las jurisprudencias P./J. 39/2001 y 1a./J. 9/2012 (10a.), con registro digital 189916 y 2000619, respectivamente, emitidas la citada en primer lugar, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mencionada en segundo término, por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubros y textos siguientes: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY., la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA; en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origenalegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Ahora, la quejosa se ostenta en esta vía como persona extraña al juicio ordinario civil ****, instaurado en su contra por *****, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *****, pues aduce que se vulnera su derecho fundamental de audiencia al no haber sido emplazada conforme a las formalidades legales, ya que no tuvo conocimiento del procedimiento, sino que se enteró de éste por virtud de que el siete de octubre de dos mil diecinueve, a primera hora acudió al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, radicado en Xochitepec, y al preguntar en los estrados del juzgado y buscar en las listas que le indicó el personal como boletín judicial, apareció su nombre en una lista, con el número de expediente *****, por lo que al preguntar al personal del juzgado de qué se trataba, le respondieron que existía un juicio ordinario civil en su contra, como parte actora *******, en el cual ya se habían llevado todas las etapas del procedimiento, porque ya existía sentencia, enterándose en ese momento que se le había notificado a través de edictos. Por otro lado, de las constancias del juicio de origen se advierte que mediante escrito presentado en la oficialía de partes común del Juzgado Civil de Xochitepec, Morelos, el ocho de junio de dos mil quince (fojas 1 a 10 del anexo III), *****, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de *****, presentó demanda en la vía ordinaria civil en contra de ***** -aquí quejosa-, la cual con posterioridad amplió respecto de otras personas más, en la que demandó como acción principal la nulidad del contrato privado de compraventa de diecinueve de octubre de dos mil cuatro, celebrado entre *****, en su carácter de vendedores y la demandada *****, como parte compradora, así como la nulidad de la escritura derivada de dicho contrato de compraventa, número *******, otorgada ante la fe del Notario Público Número Ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble identificado como lote de terreno *****. La demanda se admitió a trámite el once de junio de dos mil quince (fojas 94 y 95 del anexo III), con el número de expediente *****, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. A solicitud de la parte actora, el entonces Juez de origen, mediante auto de doce de noviembre de dos mil quince (foja 113 del anexo III), ordenó girar oficio al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, a efecto de que hiciera la anotación de que el inmueble en controversia se encontraba sujeto a litigio, la cual se realizó el treinta de noviembre de dos mil quince, como se advierte de la boleta de inscripción correspondiente (foja 121 del anexo III). Asimismo, del citado juicio se advierte que la aquí quejosa fue emplazada a través de edictos y seguido que fue el procedimiento en su rebeldía, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 3 a 41 del anexo II), se emitió sentencia definitiva, en la cual se declaró la inexistencia del contrato privado de compraventa de diecinueve de octubre de dos mil cuatro y, como consecuencia de ello, la nulidad absoluta de dicho contrato, así como de la escritura pública 74,221 (setenta y cuatro mil doscientos veintiuno), de veintiuno de abril de dos mil ocho, otorgada ante la fe del Notario Público número Ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por lo que se determinó que una vez que causara ejecutoria la sentencia, se remitiera copia certificada de ésta al titular de la Notaría señalada, para que realizara la cancelación en su protocolo de la escritura pública. Mediante auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, se determinó por el Juzgado responsable que la citada sentencia definitiva causó ejecutoria, surtiendo efectos de cosa juzgada (foja 59 del anexo II). Sin embargo, en el escrito de alegatos presentado en el juicio de amparo el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el tercero interesado *******, señaló que la quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen con anterioridad a la fecha señalada en la demanda de amparo, pues de la anotación marginal a foja 000006, inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho -en la que se realizó el traslado de dominio de la compraventa contenida en la escritura pública 74,221, con la cual la quejosa se ostenta propietaria del bien inmueble controvertido y que fue materia de nulidad en el juicio de origen-, se asentó que la quejosa aceptaba y reconocía la anotación por orden judicial de treinta de noviembre de dos mil quince, que obra a foja 000011 de folio electrónico inmobiliario 299692 -la cual se advierte corresponde a la anotación marginal de la demanda del juicio ordinario civil *****, ordenada por el titular del Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos-. En ese sentido, de las constancias que fueron requeridas por este juzgado al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión ******, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimoctavo Circuito, se advierte que mediante oficio *******, recibido el ocho de marzo de dos mil veintidós, la Encargada de Despacho de la Dirección Jurídica del citado Instituto, remitió copia certificada del soporte documental de la anotación marginal de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, e informó que en dicha anotación ******** -aquí quejosa-, acepta y reconoce la anotación por orden judicial de treinta de noviembre de dos mil quince, asentada en el folio real electrónico inmobiliario 299692 ID 1, mediante certificación realizada por la titular de la Notaría Pública Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, respecto de la escritura pública ******, pasada ante la fe del Notario Público número Ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos -la cual fue materia de nulidad en el juicio ordinario civil *****-. Así, de las constancias remitidas por el instituto registral se advierte que obra la certificación de la titular de la Notaría Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, dirigida al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, en la que refiere que en auxilio de la señora ****** -aquí quejosa-, para el trámite de inscripción de la escritura pública ******, otorgada ante el Notario Público número Ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado, en virtud de que el notario no concluyó con el trámite de inscripción de dicho instrumento ante tal instituto, solicitaba se tomara nota que el folio registral que corresponde al inmueble lote de terreno ciento dos, casa noventa y ocho fincada en dicho predio, ubicada en ******, es el folio ***** y que la señora ******, procedería a realizar los trámites necesarios para la cancelación de la anotación de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, que obra en el folio antes mencionado: De igual forma, se advierte que a la citada certificación la Notaria Pública adjuntó diversa documentación requerida para la inscripción solicitada, entre ella, el certificado de libertad de gravamen expedido el seis de marzo de dos mil dieciocho, por la Registradora del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del folio real electrónico ******, relativo al bien inmueble mencionado, en el que consta la anotación por orden judicial realizada el treinta de noviembre de dos mil quince, ordenada mediante oficio *******, por el Juez de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, respecto del expediente **********, secretaría tercera, derivado del juicio ordinario civil, promovido por *******, en contra de *********, en la que en el apartado de observaciones se señala: mediante el cual solicita se anote que el inmueble de la inscripción central se encuentra sujeto a litigio y perjudique a cualquier tercero adquirente, como se observa de tal certificado: Asimismo, de las constancias remitidas se advierte la boleta de inscripción de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, del acto traslativo de dominio correspondiente a la escritura *********, otorgada ante el Notario Público número Ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado: Inscripción que corresponde a la boleta de actos traslativos de dominio -foja 000006-, que exhibió el tercero interesado en su escrito de alegatos, con la que se acredita la inscripción del traslado de dominio respecto de la compraventa contenida en la escritura pública 74,221 (setenta y cuatro mil doscientos veintiuno) señalada, en la que se hace constar por el instituto registral: ******* (acepta y reconoce la anotación por orden judicial de fecha 30/11/2015), en la forma siguiente: Entonces, como se advierte de las documentales antes relacionadas, de la certificación presentada el nueve de marzo de dos mil dieciocho, por la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, *********** -aquí quejosa-, aceptó la anotación por orden judicial de treinta de noviembre de dos mil quince, a través de la cual tuvo conocimiento de la existencia del juicio ordinario civil de origen, respecto del que se ostenta en este juicio como tercera extraña. Lo anterior, toda vez que ante la fe de titular de la Notaría Pública de referencia y a través de ésta, la aquí quejosa refirió ante el instituto registral que solicitaba la inscripción de la escritura pública ******* y que procedería a realizar los trámites necesarios para la cancelación de la anotación por orden judicial de treinta de noviembre del año dos mil quince, de la cual como se desprende del certificado de libertad de gravamen que se adjuntó a la certificación notarial, se advierten los datos principales de identificación del juicio de origen y esencialmente que en éste, la impetrante figuraba como parte demandada. En consecuencia, a través de la certificación de nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hizo constar que la quejosa se comprometía a realizar la cancelación de la anotación marginal de la demanda y, en la propia demanda de amparo, la quejosa aceptó el conocimiento de dicho trámite de traslado de dominio ante el instituto registral del Estado de Morelos, pues en los hechos 3 y 11, inciso a), de la demanda de amparo, precisó que acreditaba la propiedad del bien inmueble identificado como lote de terreno ***********, mediante la escritura pública *********, pasada ante la fe del Notario Público número Ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de la cual se realizó el traslado de dominio a favor de la quejosa hasta el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y refirió: testimonio que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en el folio real no. *******, pues además adjuntó el testimonio de dicha escritura y la boleta de inscripción de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho del acto traslativo de dominio de compraventa. Entonces, si mediante la certificación de nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Notaria Pública número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, informó al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, la aceptación de la anotación por orden judicial de treinta de noviembre de dos mil quince, por ******* -aquí quejosa- y, que ésta se comprometía a realizar la cancelación de dicha anotación -relativa a la demanda del juicio ordinario civil ******, del índice del Juzgado responsable-, lo que además se hizo constar en esos términos en la anotación marginal del traslado de dominio de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por el instituto registral; en consecuencia, se acredita que la impetrante conoció de la existencia del juicio cuando aún no había sido resuelto. Es así, porque la certificación de la notario se expidió el nueve de marzo de dos mil dieciocho y el juicio ordinario civil *****, del índice del Juzgado responsable, fue resuelto mediante sentencia definitiva hasta el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 3 a 41 del anexo II), es decir, la quejosa conoció los datos de identificación del juicio y principalmente que en éste tenía el carácter de demandada, con meses de anticipación a que fuera resuelto, por lo que estuvo en condiciones de integrarse a la relación procesal y hacer valer el incidente de nulidad de emplazamiento, a efecto de que le fuera respetado su derecho de audiencia; de allí que no acredita el carácter de tercera extraña por equiparación con el que se ostentó en este juicio. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento 5 Visible con el número de registro digital 2000293, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pág. 1627, Décima Época, Jurisprudencia (Común, Constitucional). del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual forma sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en párrafos precedentes, de rubro: "ERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Lo que además es acorde a lo señalado en los artículos 306, 327 y 348 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del 6 ARTÍCULO 30. PROTECCIÓN REGISTRAL A TERCEROS DE BUENA FE. El Registro protege los derechos adquiridos por terceros de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto cuando la causa de nulidad resulte claramente del mismo registro. Lo dispuesto por este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen en contravención de la Ley. 7 ARTÍCULO 32. CONSTANCIA REGISTRAL DE DERECHOS REALES GRAVÁMENES O LIMITACIONES A ESTOS PARA SURTIR EFECTOS FRENTE A TERCEROS. Los derechos reales y en general cualquier gravamen o limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán constar en el asiento de la finca sobre la cual recaigan, en la forma que determine el Reglamento de esta Ley. 8 ARTÍCULO 34. AVISO PREVENTIVO SOBRE OPERACIONES CON EFECTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD O POSESIÓN DE BIENES INMUEBLES. Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible, el Notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar y obtener del Registro Público de la Propiedad, certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes en relación con la misma. En dicha solicitud, que surtirá efectos de aviso preventivo, se deberá mencionar la operación y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo antecedente o folio registral. El Registrador, con esta solicitud y sin cobro de derechos por éste concepto, practicará inmediatamente la nota de presentación en el folio electrónico o en la parte respectiva del asiento correspondiente, nota que tendrá vigencia por un término de sesenta días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas en el párrafo precedente, el Notario o autoridad ante quien se otorgó, dará aviso preventivo acerca de la operación de que se trate, al Registro Público de la Propiedad dentro de los cinco días hábiles siguientes, el cual contendrá además de los datos mencionados en el párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador, con el aviso citado y sin cobro de derecho alguno, practicará de inmediato la nota de presentación correspondiente, la cual tendrá una vigencia de trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la fecha de presentación del aviso y de manera definitiva cuando se cubran los derechos de registro correspondientes. Si éste se da dentro del plazo de sesenta días a que se contrae el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el mismo párrafo; en caso contrario, sólo surtirá efectos desde la fecha en que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda. Si el testimonio respectivo se presentare al Registro Público de la Propiedad dentro de cualquiera de los plazos que señalan los párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra terceros desde la fecha de presentación del aviso y con arreglo a su número de entrada. Si el documento se presentare fenecidos los referidos plazos, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de presentación. Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo primero de este artículo fuere privado, deberá dar el aviso preventivo, con una vigencia de trescientos sesenta y cinco días, el Comercio del Estado de Morelos, que en lo que interesan prevén que las inscripciones de los actos o contratos en dicho instituto registral tienen efectos frente a terceros, que cuando vaya a otorgarse una escritura en la que se transmita la propiedad de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos, el Notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar y obtener del Registro Público, certificado de existencia o inexistencia de gravámenes en relación con la misma, solicitud que surtirá efectos de aviso preventivo, deberá mencionar la operación y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo antecedente o folio registral. Asimismo, el artículo 38 de la citada legislación9, señala que pueden pedir la inscripción o anotación de los títulos en el registro público de la propiedad, quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o a anotar, o por el fedatario que haya autorizado el instrumento de que se trate, porque no podrá realizarse inscripción alguna de manera oficiosa por los encargados de dicho registro. Por su parte el artículo 7010 de la ley citada, señala que la anotación preventiva perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla, y que salvo los casos en que la anotación cierre el registro, los bienes inmuebles o derechos reales anotados, podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del notario o la Juez Civil de Primera Instancia competente que se haya cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá los mismos efectos que el dado por los notarios cuando se trata de instrumentos públicos. Si el contrato se ratificara ante el registrador, éste deberá practicar de inmediato el aviso preventivo a que este precepto se refiere. El Reglamento de esta Ley establecerá aquellos actos jurídicos en donde podrá exentarse la tramitación del certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, atendiendo a que se trate de primera inscripción y no exista ningún elemento que ponga en riesgo la seguridad y certeza jurídica del acto. 9 ARTÍCULO 38. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN O ANOTACIÓN. La inscripción o anotación de los títulos en el Registro Público de la Propiedad, puede pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o anotar, o por el fedatario que haya autorizado el instrumento de que se trate. No podrá realizarse inscripción alguna de manera oficiosa por los encargados del Registro Público de la Propiedad. 10 ARTÍCULO 70. EFECTOS DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS. La anotación preventiva perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. En los casos de las fracciones IV y VIII del artículo anterior, podrá producirse el cierre del registro en los términos de la resolución correspondiente. En el caso de la fracción VI del mismo numeral, la anotación no producirá otro efecto que el fijado por el artículo 2309 del Código. En el caso de la fracción VII del artículo anterior, la anotación servirá únicamente para que conste la afectación en el registro del inmueble sobre el que hubiere recaído la declaración, pero bastará la publicación del decreto relativo en el Periódico Oficial del Estado, para que queden sujetos a las resultas del mismo, tanto el propietario o poseedor, como los terceros que intervengan en cualquier acto o contrato posterior a dicha publicación, respecto del inmueble afectado, debiéndose hacer la inscripción definitiva que proceda, hasta que se otorgue la escritura respectiva, salvo el caso expresamente previsto por alguna Ley en que se establezca que no es necesario este requisito. derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. De allí que, los efectos de publicidad de las inscripciones de una demanda ante el registro público de la propiedad, tratándose de la adquisición de bienes inmuebles, acreditan que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial, lo que permite que a su vez se cumplan con los principios que rigen al Registro Público de la Propiedad, como son el de publicidad, conforme al cual el público además de tener acceso a las inscripciones, también tiene derecho a enterarse de su contenido; el de inscripción, por el que los derechos nacidos extraregistralmente pueden ser oponibles a terceros, así como el de consentimiento, en virtud del cual sólo puede modificarse una inscripción, con la voluntad de la persona titular, y el titular del registro debe consentir la modificación de ese asentamiento. Asimismo, por virtud del principio de rogación, se prohíbe al registrador practicar inscripciones motu proprio, pues es necesario para ello que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, debió ser parte en el acto o bien tratarse del notario autorizante de la escritura o el Juez del conocimiento y, el principio de fe pública registral o legitimación registral, cuyo efecto es que se tenga por verdad legal en relación con un derecho real inmobiliario, lo que aparece asentado en dicho registro. Sirve de aplicación la tesis I.3o.C.600 C, con registro digital 172932, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LO RIGEN. El Registro Público de la Propiedad no genera, por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar, a ser "un reflejo" de un derecho nacido extraregistralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o título del derecho generado es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, se declara así para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. Por las razones aludidas, en el Registro Público de la Propiedad existen una serie de principios fundamentales, a saber: El de publicidad, conforme al cual el público además de tener acceso a las inscripciones, también tiene el derecho de enterarse de su contenido; el de inscripción, por el que los derechos nacidos extraregistralmente pueden ser oponibles a terceros; el de especialidad, que exige determinar en forma precisa el bien o derecho de que se trate; el de consentimiento, en virtud del cual sólo puede modificarse una inscripción, con la voluntad de la persona titular, y el titular del registro debe consentir la modificación de ese asentamiento; el de tracto sucesivo, que impide el que un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, a menos que se trate de copropiedad, puesto que toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva; el de rogación, que prohíbe al registrador practicar inscripciones de motu proprio, pues es necesario para ello que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, debió ser parte en el acto o bien tratarse del notario autorizante de la escritura o el Juez del conocimiento; el de propiedad, que es uno de los pilares del registro, y conforme al cual ante la existencia de dos títulos contradictorios, prevalece el primero que se hubiese inscrito; el de legalidad, que impide se inscriban en el registro títulos contrarios a derecho o irregulares y faculta al registrador para calificar estas circunstancias; el de tercero registral, conforme al cual, para efectos del registro, se entiende por tercero a quien sin ser parte en el acto jurídico que originó la inscripción, tiene un derecho real sobre el bien inscrito; y finalmente, el de fe pública registral o legitimación registral, cuyo efecto es que se tenga por verdad legal en relación con un derecho real inmobiliario, lo que aparece asentado en el Registro Público; principios todos ellos que se encuentran contenidos en los artículos 3001, 3003, 3009, 3010, 3013, 3015, 3030, 3031, 3064 del Código Civil para el Distrito Federal. Así, de los antecedentes señalados, se evidencia que la quejosa tuvo conocimiento de los datos de identificación del juicio ordinario civil instaurado en su contra, con anterioridad a que se emitiera la sentencia definitiva, por lo que estuvo en condiciones de reintegrarse a la relación procesal a efecto de hacer valer los medios ordinarios de defensa para que se respetara su derecho de audiencia. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por la parte tercera interesada en vía de alegatos, tales planteamientos fueron tomados en consideración en la presente sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la [2] Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ******, contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el seis de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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