Alberta Cazarez Morales
Expediente 237/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alberta Cazarez Morales
- Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente y la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informan el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa y del tercero interesado por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifiesten o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente y la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remiten copia certificada del laudo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita: Copia certificada de las constancias de notificación personal realizadas a las partes, respecto del laudo dictado el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 01/64/16, de su estadística. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita: Copia certificada del laudo que emita en el juicio laboral 01/64/2016; y, Las constancias de notificación personal realizadas a las partes, respecto del laudo pronunciado. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/211/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó la reubicación del Juez Benito Eliseo García Zamudio, a este juzgado de Distrito, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con once minutos del día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, abierta la audiencia pública Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mi diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 237/2018, promovido por Alberta Cazares Morales; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que las partes no los formularon, por lo que se procede a cerrar este periodo, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 237/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda.- Mediante escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Alberta Cazares Morales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE * Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. "IV.- ACTO RECLAMADO: La violación total y flagrante a mis garantías individuales y derechos humanos por parte de la autoridad responsable, en virtud de que esta última ha sido omisa y se niega rotundamente a emitir el laudo correspondiente al procedimiento laboral que nos ocupa, no obstante, de transcurrir con exceso el término establecido por el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dejando de impartir una justicia pronta y expedita." SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman vulnerados.- La parte impetrante del amparo invocó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio.- Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 237/2018, por acuerdo de doce de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. Asimismo, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales números 3/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; tomando en cuenta que el acto reclamado deriva de un procedimiento en materia del trabajo, tramitado ante una autoridad laboral en el Estado, con residencia en esta ciudad, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado.- Del análisis integral de la demanda de garantías, atento a lo indicado en la fracción I, del artículo 74 y 76 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 207, Tomo I, Constitucional, Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: * En la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/64/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado.- Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, a través de su presidenta, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Ausencia de transcripción de conceptos de violación.- Dado que en la especie las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del acto de molestia sin necesidad de transcribir los conceptos de violación, dado que no es obligación pues no existe precepto legal que así lo imponga, ni lo ordena así el artículo 74 de la Ley de Amparo; además, dicha circunstancia no deja al inconforme en estado de indefensión. Sobre el particular, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sustentado en la jurisprudencia número VI.2o. J/129, visible en la página quinientos noventa y nueve, tomo VII de abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Análisis de los conceptos de violación.- Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, pues efectivamente, la responsable no ha cumplido con el principio de prontitud y expeditez, respecto al expediente del juicio laboral 01/1178/16. En efecto, la parte quejosa aduce esencialmente que el acto reclamado emitido por la responsable, viola en su perjuicio la garantía individual consagrada por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar el laudo correspondiente dentro del expediente del juicio laboral 01/1178/16. La autoridad responsable por su parte, mediante oficio TECyA/001840/2018, rindió su informe justificado aceptando el acto reclamado y remitió copia certificada del acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral burocrático número 01/1178/16, a través del cual se declaró cerrada la instrucción; documento al que se otorga eficacia demostrativa acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. Ahora, el imperativo contenido en el precepto 17 Constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se administre justicia de manera pronta y expedita, en los términos que fijen las leyes. Precepto, que la responsable no ha observado, ya que desde el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho en que declaró cerrada la instrucción, al día en que se resuelve el presente juicio, ha transcurrido más de un mes sin que haya acreditado el dictado del laudo correspondiente, por lo cual, se considera violentada en perjuicio de la quejosa la garantía contenida en el numeral 17 de la Carta Magna, dado que no se advierte que hubiere dictado el laudo respectivo. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado procede otorgar a la parte quejosa la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable, proceda al dictado del laudo, mismo que deberá hacer del conocimiento de las partes, dentro de los parámetros que se dispone en la Ley de la materia. Apoya en lo conducente la consideración expuesta la tesis 1a. LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 438 del Tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Constitucional, que literalmente dice: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." De igual manera sirve de apoyo a lo antes expuesto la 1a. LIII/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 513 del Tomo XIX, Mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Constitucional, del rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos -adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Alberta Cazares Morales, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mi diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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