Alberto Balderas Navarrete

Expediente 762/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
762/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Alberto Balderas Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 46), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alberto Balderas Navarrete, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de las personas autorizadas para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la ley de la materia, lo cierto es que por auto de dos de junio de dos mil diecisiete (foja 32), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Iñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 10 a 16); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Alberto Balderas Navarrete. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de la materia, lo cierto es que por auto de dos de junio de dos mil diecisiete (foja 32), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Iñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso Juan David Ortiz Hernández, dentro del plazo concedido, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante proveído de dos de junio de dos mil diecisiete, por el que se le requirió para el efecto de aclarar su escrito; mismo que fue presentado el primero de los cursantes en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tiene por no presentado dicho ocurso para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    AUTO DE 23/05/2017 Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Balderas Navarrete, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 762/2017. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones II y V, en relación con el precepto 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Deberá manifestar si los hechos que narra en su demanda y que constituyen los antecedentes del acto reclamado los vierte bajo protesta de decir verdad; lo anterior, en virtud de que la parte quejosa fue omisa al respecto, máxime que la fracción V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, lo establece como un requisito de formalidad que debe contener el escrito de demanda, aunado a que dicha expresión no puede ser sustituida por la expresión final "protesto lo necesario", pues ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas Al caso es aplicable, por haberse interpretado disposición de similar contenido la tesis 347, publicada en la página 293 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, tomo VI, Materia Común, registro 917881, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el peticionario de la protección constitucional haya realizado tal expresión en el apartado correspondiente al señalamiento del tercero interesado, pues aun y cuando manifestó bajo protesta de decir verdad, que no tiene conocimiento de la existencia de alguno, lo cierto es que esa manifestación solo se entiende para dicho capitulo, y no para tener por colmada tal formalidad respecto de la totalidad de los antecedentes que plasmó en su demanda, precisamente, por no haberlo expresado de esa manera. SEGUNDO. Deberá realizar una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen antecedentes del acto que señala como reclamado, particularmente: a) Indique las prestaciones reclamadas, su naturaleza jurídica y, en su caso, la cuantía de la suerte principal reclamada en el procedimiento judicial del cual deriva el acto reclamado. b) Señale con exactitud el estado procesal que actualmente guarda el expediente de donde emana el acto que en esta instancia combate, es decir, si a la fecha ya se dictó sentencia definitiva y, si así fuere, deberá señalar los puntos resolutivos de ésta, o bien exhibir copia simple de ésta. Tal solicitud obedece a que de lo narrado en el escrito de demanda, por el peticionario de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón a que el promovente únicamente se limita a manifestar que el diecinueve de mayo pasado, recibió una llamada telefónica de un familiar, quien le informó que una persona que dijo ser Ejecutora del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, se presentó en el domicilio ubicado en: Domicilio Conocido Rancho Colorado, Municipio de Jiquipilco, Estado de México, y requirió la presencia del peticionario de amparo, y una vez que se le informó que no reside en ese lugar, se retiró dejando citatorio dirigido al citado, ello sin que se adviertan mayores datos respecto del procedimiento de donde deriva el acto reclamado; sin embargo, es evidente que el quejoso se encuentra en aptitud de desahogar los requerimientos que se le formulan, ya que de tales manifestaciones se advierte que el acto reclamado se encuentra dirigido a su persona, por lo que deberá agotar los medios a su alcance con el fin de desahogar la prevención antes precisada. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." TERCERO. Señale el nombre y domicilio de cada una de las partes en el juicio de donde emana el acto reclamado, pues de conformidad con al artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, les asiste el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo; máxime que dicho requisito constituye un elemento formal de la demandada de amparo, pues la carga procesal exige de la parte quejosa que ésta sea quien colme esos requisitos, procure todos los medios y agote las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados y para que este Juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de analizar la procedencia de la acción constitucional. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 538 del Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, con número de registro 211339, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé' diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé' en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." CUARTO. Hecho lo anterior, el peticionario de la protección constitucional deberá manifestar si es su deseo señalar como acto reclamado la resolución y/o determinación que dio origen al citatorio de diecinueve de mayo de este año, que aquí reclama, y de ser así precisar su contenido y la fecha de emisión. Igualmente, resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Cabe acotarse, que en el supuesto de advertirse que el promovente o sus autorizados acudieron a la presente vía constitucional con la intención de obstaculizar el procedimiento de ejecución en el expediente de origen o la legal actuación de la autoridad responsable, se les impondrá, a cada uno de los mencionados, algunas de las sanciones establecidas en el artículo 261, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En este contexto, a fin de que el ocursante esté en condiciones de cumplir con lo anterior y dada su calidad de tercera extraña a juicio por equiparación con la que se ostenta, requiérase al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice las gestiones necesarias, a fin de permitirle a la parte quejosa el acceso y consulta de cualquier expediente de su índice, donde Alberto Balderas Navarrete, figure como parte; asimismo, se requiere a la aludida autoridad para que en el referido plazo de veinticuatro horas, informe el acuerdo que le haya recaído al presente requerimiento, en el entendido que de ser omisa, de conformidad con la fracción IV, del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En este orden de ideas, se apercibe a la quejosa que en caso de no dar cumplimiento en los términos efectuados, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a Eleazar Rodríguez Ocaña, dado que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, tomando en consideración que el domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con apoyo en los ordinales 26, fracción I, inciso c), 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, incluso en días y horas inhábiles tal y como el establece el artículo 21 de la ley de la materia, se constituya en el domicilio ubicado en: Calle Adolfo López Mateos, número ciento veintitrés (123), Colonia La Mora, Atlacomulco, Estado de México, y notifique la presente determinación a la parte quejosa; asimismo, la requiera para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad (Toluca, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fija en lugar visible de este juzgado, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de la autoridad exhortada que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se le faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, siempre que éste se encuentre dentro de su jurisdicción. La autoridad exhortada deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sin que en el caso haya lugar a tener como domicilio procesal los correos electrónicos señalados en su demanda de amparo, pues tal circunstancia no está contemplada en la ley de la materia. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y mediante exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria, Azucena Lazalde Iñiguez, quien da fe. Doy fe. AUTO DE 02/06/2017. Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, mediante el cual remite sin diligenciar el exhorto 446/2017 (orden 470/2017), por el cual se le encomendó notificar el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 10 a 16), al quejoso Alberto Balderas Navarrete; en ese sentido, acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. En esas condiciones, toda vez que la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, asentó la imposibilidad de notificar personalmente al citado quejoso del acuerdo en comento, en atención a que no se logró encontrar el domicilio señalado para tal efecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación, así como la diversa de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 10 a 16) y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se publica en este órgano de control constitucional. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2008, Novena Época, Materia Común, con número de registro 169843, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese; por lista a la parte quejosa la presente determinación y la diversa de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 10 a 16). Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Iñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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