Alberto Arredondo Callejas

Expediente 750/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
750/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Alberto Arredondo Callejas

Actuaciones

  1. Principal

    III.- Visto el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Eduardo Cruz Sánchez, a través del cual aduce interponer recurso de queja, en contra de la sentencia emitida por este Juzgado. agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada, por lo que transcurrido dicho plazo, se enviará el escrito respectivo, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias relativas y las demás que se estimen pertinentes, ello de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo. Una vez que transcurra el plazo otorgado, ríndase el informe con justificación sobre la materia de la queja y remítase el original del recurso de queja de que se trata, así como una copia simple de éste al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación correspondiente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Alberto Arredondo Callejas, por propio derecho mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 750/2017. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La notificación que le fuera realizada en el amparo directo 669/2016, promovido por Porfirio Callejas Hernández, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, respecto del auto inicial en el que se le previno, se desechó la demanda y/o se tuvo por no presentada; actos que atribuye en su carácter de autoridades ordenadoras a los integrantes de dicho órgano colegiado, así como a la notificadora y/o actuaria adscrita a éste. Hecha tal precisión, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario citar el contenido del referido artículo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;" Luego, cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante el juicio de amparo. De ese modo, cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Lo anterior, ya que dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su artículo 61, las llamadas "causas de improcedencia", dentro de las cuales se encuentran aquéllas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción VI, del citado precepto legal 61, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. No pasa desapercibido que si bien el quejoso hace consistir su reclamo en la notificación que le fuera realizada en el amparo directo 669/2016, promovido por Porfirio Callejas Hernández, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, respecto del auto inicial en el que se le previno, se desechó la demanda y/o se tuvo por no presentada; actos que atribuye en su carácter de autoridades ordenadoras a los integrantes de dicho órgano colegiado, así como a la notificadora y/o actuaria adscrita a éste; ello evidencia que al reclamar una conducta desplegada por un Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto es improcedente. De igual forma, debe decirse que la citada causa de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Además, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la tesis IX.1o.29 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 544, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 194669, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." De igual forma, sirve de apoyo por las razones que la contienen la tesis IV.1o. A.37 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de mayo de dos mil dieciséis , Décima Época, con número de registro 2011670, de rubro y texto siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia de que sean positivos, negativos u omisivos; por tanto, si se reclaman abstenciones y resoluciones que se imputan al Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deviene notoriamente improcedente. Sin que lo anterior desatienda la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.), emitida por el Máximo Tribunal del País, de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", toda vez que en dicho criterio se interpretó el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, empero, ya existe disposición expresa en la nueva Ley de Amparo, en la que el legislador precisó que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal." No pasa desapercibo para quien esto provee, el hecho de que el peticionario de la protección constitucional haya señalado como autoridad responsable al Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; ello en virtud de que lo señaló en su carácter de autoridad ejecutora, por lo cual es evidente que le sigue la suerte de aquéllas a quienes se les atribuye la emisión de los actos reclamados en su calidad de ordenadoras, ello es así, pues la referida en primer término (autoridad ejecutora), es aquélla que lleva a cabo el mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o decisoria, hasta sus últimas consecuencias porque es la que tiene el carácter de subalterna que ejecuta o trata de ejecutar o ya ejecutó el acto que se tilda de inconstitucionalidad; máxime que de la demanda no se advierte que el quejoso le atribuya actos por vicios propios; de ahí que subsista la causa de improcedencia en los términos analizados. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alberto Arredondo Callejas, contra actos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, toda vez que en la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estrados no están contemplados como domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Frank Saenz Colín, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que se mencionan en la demanda de cuenta, por no contar con registro en dicho sistema. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones del impetrante de amparo la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria, Azucena Lazalde Iñiguez, quien da fe. Doy fe.

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