Alberto Armendáriz Villanueva

Expediente 733/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 49 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
733/2022
Año
2022
Actuaciones
49
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Alberto Armendáriz Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó en su totalidad, de conformidad con lo establecido en la fracción I), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ** Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 733/2022-IV, promovido por *******, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, se recibió en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por *******, cuya Oficina de Correspondencia Común la turnó a este Juzgado el mismo día; tal demanda, se promovió contra actos de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derecho vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 733/2022-IV, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. la que, previo emplazamiento de las terceras interesadas ******* y *******, y las gestiones relativas a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado *******, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se indica que el quejoso reclamó de la Titular de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, a quien reclamó la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida en el Toca *******, relativa a la oposición de la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de cuantía que el quejoso planteó ante el Juez a quo, en el expediente *******. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley de la Segunda Sala Civil Regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado en el Toca *******, de donde se desprende la resolución reclamada; constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un fedatario público, como lo es el Secretario adscrito a la Sala responsable, quien estampó su firma y el sello oficial, originales, en la leyenda relativa. Así pues, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de la resolución reclamada. Cuarto. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, de autos se advierte que se giraron los despachos ******* y *******, a fin de emplazar al tercero interesado *******, sin que se haya logrado; asimismo, se advierte que posteriormente, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se requirió al quejoso un domicilio donde dicho tercero interesado pudiera ser emplazado, el cual le fue notificado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, previo citatorio, mediante lista, sin que haya dado cumplimiento a dicho requerimiento. Por lo anterior, en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó la investigación del domicilio de dicho tercero interesado, sin que se hubiere logrado obtener domicilio alguno; en consecuencia, en auto de diez de julio de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado de mérito, por edictos, para lo cual se otorgó a la parte quejosa un término de veinte días, a fin de que se presentara a este Juzgado a recoger el edicto de emplazamiento, o bien, a informar sobre la imposibilidad económica que tenía para realizar las publicaciones correspondientes. El mencionado auto de diez de julio de dos mil veintitrés, fue notificado a la parte quejosa, el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante lista, previo citatorio; de manera que, el término de veinte días con que contaba para a recoger el edicto de emplazamiento, o bien, para informar sobre la imposibilidad económica que tenía para realizar las publicaciones correspondientes, transcurrió del diecinueve de julio al quince de agosto de dos mil veintitrés, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio, ni cinco, seis, doce y trece de agosto, por ser inhábiles; esto, de conformidad con los artículos 19 y 22 Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiera comparecido a este Juzgado a recoger tal edicto o realizar la manifestación indicada. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia. Para robustecer lo anterior, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 186587, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es menester indicar que no se actualiza el supuesto de excepción que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 108/2010, derivada de la solicitud de modificación de la citada jurisprudencia 64/2002, criterio que se encuentra publicado en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, materia común, Novena Época y número de registro 164074, y que fue invocado en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno; criterio que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Además, en el referido acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, también se invocó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 266, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 161091, del contenido: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, pues como se indicó, el quejoso no manifestó, dentro del aludido periodo de veinte días, que tuviera imposibilidad económica para sufragar tales edictos para así ordenar su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En apoyo a lo antes expuesto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época y número de registro 184572, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que para el día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional en el presente asunto. Sin embargo, también se advierte que en auto de diez de julio del año en curso se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado ********************, a costa de la parte quejosa, otorgándole un plazo de veinte días para recoger los edictos, pagar su publicación, y en su debida oportunidad exhibirlos ante esta autoridad, proveído que no le ha sido notificado a la parte quejosa. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notificación a autoridades responsables Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.YMR/LRV

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil veintitrés. No se localizó domicilios de tercero Del estado de autos se advierte que en auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó investigar, en diversas dependencias, un domicilio del tercero interesado **********, a fin de emplazarlo a este juicio de amparo, sin que se hubiere obtenido dato alguno al respecto. Además, se advierte, de la certificación de cuenta, que el término de tres días que se otorgó a la parte quejosa, en auto de dieciocho de abril del año en curso, transcurrió sin que proporcionara domicilio alguno para tal efecto; para lo cual se ordenó la investigación de dicho domicilio, en el referido auto de tres de mayo. Ordena emplazamiento por edictos Por tanto, lo procedente es ordenar el emplazamiento del tercero interesado **********, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. Haciéndole saber a la tercero interesada que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, fijándose además en la puerta de este juzgado una copia íntegra de este proveído por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndola de que si pasado ese término no comparece a este juzgado, las ulteriores notificaciones se le harán por medio de lista, que se fijará en las puertas de este juzgado. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el Artículo 27, fracción III, b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley. En tal virtud hágasele entrega de los citados edictos a la parte quejosa para los efectos de su publicación. Se apercibe a la parte quejosa, que de no recoger los edictos, pagar su publicación y en su debida oportunidad exhibirlos ante esta autoridad dentro del plazo de veinte días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición de la quejosa, ello dará lugar al sobreseimiento en el presente juicio de amparo; de ahí que en el plazo referido, ésta debe: a) recogerlos, b) entregarlos para su publicación, c) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), d) o bien, aluda a la incapacidad económica que tenga para tal efecto. Lo anterior de conformidad con dispuesto en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 266, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 161091, del contenido: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. El subrayado es nuestro. Además, de conformidad con dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 164074, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. El subrayado es nuestro. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Décima Época y número de registro 2009915, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. El subrayado es nuestro. Se precisa a la parte quejosa que el término de veinte días aludido anteriormente, comenzará a contar a partir de que surta efectos la notificación de este auto y en caso de que esto ocurra antes del siete de noviembre de dos mil veintidós, entonces comenzará a contar precisamente a partir del siete de noviembre de este año, pues conforme al Acuerdo General Del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal que Abroga Los Acuerdos Generales Contingencia Y Establece Soluciones Digitales, a partir del siete de noviembre del año en curso, el ingreso al público será libre. Notifíquese en lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.MARC/LRV

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