Alberto Aguirre Hernández

Expediente 569/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
569/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Alberto Aguirre Hernández
  • Alberto Aguirre Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de quince de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal a *******. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, glósese el original del incidente de suspensión; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral y acuerdo general antes invocados, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión provisional solicitada. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo, transcurridos seis meses destrúyase. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter confidencial, según los numerales 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete que dice:SENTENCIAVistos para resolver el juicio de amparo 569/2017-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado a este Juzgado, ese mismo día, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por auto de diez de julio del año en curso, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como 569/2017, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente, se solicitaron a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda y ampliación de la misma, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y su ampliación, así como de las demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", Administrador General de Auditaría de Comercio Exterior y Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal "2", lo siguiente: a) El embargo del bien inmueble localizado en *******, en esta ciudad. b) La diligencia de requerimiento de pago realizada dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución derivado de los créditos fiscales H-577420 y H-577421, determinados por la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior y controlados por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", residente en esta ciudad, de la cual derivó el citado embargo. 2. Al Notificador, Verificador y Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, lo siguiente: La ejecución del embargo reclamado. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado. El Administrador General de Auditoria de Comercio Exterior, con residencia en Ciudad de México, y el Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal "2", al rendir informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la diligencia de pago y embargo del bien inmueble localizado en *******, en esta ciudad, realizada dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución derivado de los créditos fiscales ******* y *******. (foja 139) Por tanto, al no haber aportado la parte quejosa pruebas para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia del acto reclamado.- Las autoridades responsables Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", Notificador, Verificador y Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el informe con justificación que rindieron, señalaron que son ciertos los actos que se les atribuyen. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que anexas a sus informes, remitieron las citadas autoridades responsables.(fojas 18-22 y 25-88, ) Documentos cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Por cuestión técnica se procede al análisis del acto reclamado consistente en la diligencia de requerimiento de pago realizada dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución derivado de los créditos fiscales ******* y *******, determinados por la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior y controlados por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", residente en esta ciudad, de la cual derivó el embargo del bien inmueble localizado en la *******, en esta ciudad, del que se duele el quejoso, ostentándose como tercero extraño por equiparación, pues aduce su desconocimiento. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005 . Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Párrafo reformado DOF 15-09-2017 . Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que el acto que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca su existencia y dejarlo en aptitud de oponer defensas. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, del tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En tal virtud, resulta conveniente indicar que las irregularidades alegadas por la parte quejosa en cuanto a que desconoce el procedimiento administrativo de ejecución generador del acto reclamado, obligan a este juzgador de amparo a analizar primeramente si la diligencia de requerimiento de pago fue practicada de manera legal. En este sentido, es importante destacar el contenido de los artículos 145, 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación, que establecen lo siguiente: Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. . Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: . Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el lugar donde se encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones en este Código. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y se notificará al propietario de los bienes embargados a través del buzón tributario. . De la interpretación armónica de los preceptos legales en cita, se advierte que las autoridades fiscales están facultadas para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución, a través del cual requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes o negociaciones, pero para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago, se imponen al diligenciario las siguientes obligaciones:  Haber sido designado por el jefe de la oficina exactora;  Constituirse en el lugar donde se encuentren los bienes propiedad del deudor;  Identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes;  Cumplir con las formalidades que se señalan para las notificaciones la codificación de la materia; y,  Levantar acta circunstanciada de la diligencia, de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma; y Como se ha indicado, los requisitos fundamentales del procedimiento no pueden satisfacerse plenamente si la diligencia de requerimiento de pago, no se lleva a cabo conforme a las reglas establecidas por el legislador para tal efecto, ya que dicha diligencia constituye la formalidad más importante, al dar inicio al procedimiento administrativo de ejecución, bridando al contribuyente la oportunidad de probar la erogación realizada, o en su caso, efectuar el pago de lo requerido, evitando el embargo de bienes de su patrimonio. En el presente caso, de la diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuada, relativa al procedimiento administrativo de ejecución, derivado de los créditos fiscales ******* y *******, determinados por la cantidad de $*******, tildada de ilegal, se observa que la Ejecutora, previamente designada por Administrador Desconcentrado "2", el nueve de diciembre de dos mil quince, se constituyó en el domicilio fiscal ubicado en ******* en esta ciudad, y al encontrar presente a quien dijo llamarse *******, mismo que se identificó con pasaporte mexicano número *******, expedido el once de julio de dos mil doce, por la Secretaria de Relaciones Exteriores, vigente hasta el once de julio de dos mil dieciocho; previo a identificarse plenamente, la ejecutora le requirió el pago bajo el apercibimiento que de no haberlo efectuado se le embargarían bienes suficientes para cubrir el importe del crédito y accesorios legales; y ante tal requerimiento la persona con quien entendió la diligencia manifestó lo siguiente: "por el momento no cuenta con el pago por lo que el suscrito verificador notificador y ejecutor procederá a trabar el embargo", acto continuo la diligenciaria, procedió a levantar el acta correspondiente, y entregar un tanto al contribuyente, quien se reservó su derecho a firmar dicha constancia. Diligencia que a consideración del suscrito se estima legal, al haberse realizado personalmente con el hoy quejoso, por tanto, resulta suficiente para considerar que el directamente agraviado, tuvo conocimiento directamente del procedimiento administrativo ejecutado en su contra. Pues como nuestro Alto Tribunal lo ha reiterado en asuntos similares, basta que durante el juicio se hubiere practicado directamente con el interesado una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que esté en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Sin que sea óbice a lo anterior, la falta de firma del demandado, quejoso en esta instancia, en el acta de la citada diligencia de requerimiento de pago, en virtud de que ello no implica una diligencia ilegal, pues el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, establece que si la persona con quien se practica la diligencia, se niega a firmar, el notificador hará constar esta circunstancia. Corrobora lo antes expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 60/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 329, cuyo rubro es el siguiente: EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO SI EN EL ACTA DE LA DILIGENCIA EL NOTIFICADOR HACE CONSTAR LA CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO OBRE LA FIRMA DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICÓ Y SÓLO APAREZCA LA SUYA EN SU CARÁCTER DE PARTE DEL ÓRGANO JUDICIAL. Asimismo, es aplicable, en lo conducente, a lo antes expuesto, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con número de registro 228411, visible en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 325, cuyo tenor literal es el siguiente: EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL, SI SE ENTIENDE PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO. Basta con que la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, a quien se le corre traslado con las copias de la demanda y del acuerdo en que se señala fecha de celebración de la audiencia correspondiente, para que deba de considerarse que tiene conocimiento del juicio instaurado en su contra; sin que pueda estimarse ilegal el emplazamiento porque en el acta correspondiente no se asienta cómo el funcionario que la practicó se percata que en el lugar de donde practica la diligencia habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el garante, es evidente que no puede atribuírsele el carácter de persona extraña con el que se ostentó en el presente asunto, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. En efecto, si al quejoso personalmente le requirieron el pago de los aludidos créditos fiscales fincados, es claro que no le asiste el carácter de persona extraña al mismo, pues tal actuación le permitió tener conocimiento del procedimiento administrativo de ejecución seguido en su contra, y a su vez, estar en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial, es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento del procedimiento, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), con número de registro 2004274, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 729, la cual es del texto literal siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. (Lo subrayado es propio) Conforme a lo anteriormente expuesto, al resultar legal la diligencia de requerimiento de pago realizada el nueve de diciembre de dos mil quince, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación a dicho acto. Determinado lo anterior, se procede a analizar el resto de los actos reclamados, en el entendido de que, al haber resultado legal la diligencia de requerimiento de pago practicada al quejoso en el referido procedimiento administrativo, no es tercero extraño en el mismo. SEXTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, procede, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito determina que respecto de los actos que reclama el quejoso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que reza lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por el cardinal 17 del cuerpo normativo en cita. A su vez, el referido arábigo 17 de la Ley de Amparo estatuye: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Y por su parte, el numeral 18 de la ley de la materia, a la letra dice: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de garantías, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 30/2007, vía contradicción, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. Ahora, para evidenciar la causal de improcedencia a que se alude, este juzgador invoca la diligencia de requerimiento de pago, analizada en el considerando que antecede, relativa al procedimiento administrativo de ejecución, derivado de los créditos fiscales ******* y *******, de la cual se advierte que la Ejecutora, previamente designada por Administrador Desconcentrado "2", el nueve de diciembre de dos mil quince, se constituyó en el domicilio fiscal ubicado en la calle Cedros número 4984, de la colonia Jardines de San José en esta ciudad, y al encontrar presente a quien dijo llamarse *******, mismo que se identificó con pasaporte mexicano número *******, expedido el once de julio de dos mil doce, por la Secretaria de Relaciones Exteriores, vigente hasta el once de julio de dos mil dieciocho; previo a identificarse plenamente, la ejecutora le requirió el pago bajo el apercibimiento que de no haberlo efectuado se le embargarían bienes suficientes para cubrir el importe del crédito y accesorios legales; y ante tal requerimiento la persona con quien entendió la diligencia manifestó lo siguiente: "por el momento no cuenta con el pago por lo que el suscrito verificador notificador y ejecutor procederá a trabar el embargo", acto continuo la diligenciaria, procedió a levantar el acta correspondiente, y entregar un tanto al contribuyente, quien se reservó su derecho a firmar dicha constancia; es decir, el plazo de quince días a que alude la Ley de Amparo, transcurrió del diez al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, según lo estipulado por el artículo 18 de la ley de la materia. Expuesto lo anterior, como se ha precisado, se estima que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, el que se refiere a la circunstancia que el quejoso haya interpuesto la demanda de amparo después de quince días de haber tenido conocimiento del acto reclamado, pues en el caso ésta se presentó el ocho de agosto del dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua. Apoya tal determinación la Jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en comento, en relación al embargo reclamado, lo procedente es sobreseer el presente juicio respecto al referido acto reclamado, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Notificador, Verificador y Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" y Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios. Cobra vigencia la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, página 286, cuyo tenor literal es el siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 73, 74, 77, 79, fracción VI, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO -. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *******, por las razones expuestas en el quinto considerando de la presente. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo por los motivos y fundamentos expuestos en el tercero y sexto considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese únicamente como antecedente el informe previo del que remite la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "2", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador General de Auditoria de Comercio Exterior, residente en la Ciudad de México, toda vez que en veintidós de junio del año en curso, se resolvió respecto a dicha autoridad. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*cnv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado que remite la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "2", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador General de Auditoria de Comercio Exterior, residente en la Ciudad de México; y como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe. *cnv

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