Alberto Argumaníz Saucedo

Expediente 1400/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1400/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Alberto Argumaníz Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos se advierte que las autoridades responsables Agente Investigador del Ministerio Público Encargado de la Mesa Única de Cuencamé, Durango, así como el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO en la Ciudad de México, no han dado cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, relativo al acatamiento de la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades para que informen sobre el cumplimiento ordenado en el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Se apercibe a las autoridades responsables que de incumplir con el requerimiento, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se les apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Además, conforme a los artículo 195 y 197 de la ley de la materia, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Por último, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "El auto de vinculación a proceso de dos mayo de dos mil veintidós, por el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto en el numeral 177, fracción II, en relación con el 180, fracción XIV, del Código Penal del Estado, en perjuicio de la menor ..." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "...... Lo anterior, en la inteligencia que, la infracción que ha quedado relatada en esta sentencia, no tiene por efecto anular actuaciones anteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, como es, la audiencia de formulación de la imputación ni constituye un pronunciamiento de fondo, sino que el efecto del amparo, consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción, y únicamente dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en sentido diverso, con lo cual quede cumplido el amparo" Dicho fallo causó ejecutoria el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio 1266/2022 de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, signado por el Juez Segundo en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del índice cronológico de la audiencia de esa misma fecha, así como el disco digital versátil que contiene la resolución de no vinculación a proceso a favor de *****, así como copia certificada de dicha determinación de manera escrita; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, al dejar sin efectos el auto de vinculación que constituyó el acto reclamado y resolvió nuevamente la situación jurídica del quejoso, y con libertad de jurisdicción; empero, al analizar los datos de prueba aportados por la representación social, determinó que no eran suficientes para establecer el hecho materia de la imputación es decir, la introducción de un dedo en el ano de la menor víctima, cuando se encontraba en la casa de su abuela, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinte. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido del oficio como de sus anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, se estima es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

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