Alberto Amaya Barron
Expediente 1008/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Alberto Amaya Barron
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho proveído. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por consiguiente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido Manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida vía electrónica por ***, quien se ostenta como apoderada legal del quejoso ***, contra actos de la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1008/2020. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En el caso que nos ocupa, la demanda de cuenta no se encuentra firmada electrónicamente por el quejoso *** o, en su caso, por quien promueve en su nombre y que se ostenta su representante legal ***, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita electrónicamente por el interesado, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda que nos ocupa. No pasa a la consideración del suscrito juzgador que en el caso en concreto, del escrito inicial de demanda se desprende la firma digitalizada de la promovente; sin embargo, al haber optado por la promoción de ésta, en la vía electrónica, la falta de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) , en su caso, la e.firma (antes denominada FIEL), no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, acorde con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación.
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