Alberto Antonio Yair Vila Cime
Expediente 177/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alberto Antonio Yair Vila Cime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de auto de once de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO POR LISTA QUEJOSO...Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad responsable en los presentes autos; autoridad responsable en los presentes autos, al que anexa diversas constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta y anexo, así como los diversos oficios remitidos por las autoridades responsables que ya obran en autos, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, hágase del conocimiento del Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, que deberá entregar a la parte quejosa copia autorizada de las documentales anexadas al referido oficio con el que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, debiendo asentar en la razón actuarial que se entrega la referida documentación completa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintiuno Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al que acompaña diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62, de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de continuar con el procedimiento. Sin embargo, de la lectura de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe, a las que este Órgano de Control Constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dicha responsable dio contestación a las peticiones formuladas por la parte quejosa en diversos escritos presentados ante su potestad, en autos del expediente **** relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el aquí quejoso en contra de ****; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el dos de febrero del presente año, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.
- Principal
aviso.... Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintiuno Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto Oral Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, al que acompaña diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62, de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de continuar con el procedimiento. Sin embargo, de la lectura de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe, a las que este Órgano de Control Constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dicha responsable dio contestación a las peticiones formuladas por la parte quejosa en diversos escritos presentados ante su potestad, en autos del expediente **** relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el aquí quejoso en contra de ****; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el dos de febrero del presente año, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Alba Leticia Gómez Ek1932/2022
- Alba Sugell Cepeda Cab2140/2022
- Albert Antonio Cen Cen y Otros.1702/2021
- Alberta Chan Chí217/2019
- Alberta Cupul Mukul306/2018
- Alberto Álvarez Novoa948/2019
- Alberto Armando Fajardo Lara1657/2023
- Alberto Berzunza Bates1751/2021
- Alberto Canche López2172/2022
- Alberto César González376/2019
- Alberto Cortés Velázquez1091/2021
- Alberto Enrique Pacheco Sabido1001/2019