Alberto Álvarez Novoa

Expediente 948/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
948/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Alberto Álvarez Novoa
  • Alberto Álvarez Novoa y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 654/2019-P.2 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta en seis fojas útiles el testimonio de la resolución dictada en el toca 12/2019 de su índice, formado con motivo del conflicto competencial planteado por este Juzgado Federal, al haber declarado que carecía de competencia legal para conocer del presente asunto, de la cual se advierte que dicha superioridad declaró que este juzgado de distrito es legalmente competente por territorio para conocer de la demanda de amparo, de la cual derivó el presente conflicto competencial y remite los autos originales de este juicio de amparo 948/2019-I. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y gírese oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para los efectos legales conducentes. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario, únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De donde se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En ese sentido, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos l, fracción l del mismo ordenamiento y 103, fracción l Constitucional, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Así es, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente Alberto Álvarez Novoa señala como autoridades responsables al Cónsul General de Colombia y al Consejero de Relaciones Exteriores de Colombia, por lo que el juicio de amparo promovido no es procedente, dado que se intenta contra autoridades extranjeras, respecto de las cuales, los tribunales federales de los Estados Unidos Mexicanos no tienen ninguna jurisdicción, de ahi que los actos u omisiones que de ellas se reclamen no pueden ser analizados a través de la referida vía constitucional, pues las circunstancias jurídicas en las que estos están inmersos se circunscriben a leyes emanadas de distinta potestad, más no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de las leyes que de ésta derivan. En efecto, no es posible examinar la legalidad de los actos u omisiones atribuidos a autoridades extranjeras, ya que no podría sostenerse que uno u otro, realizado conforme a la ley de su país, resulta violatorio de una norma constitucional mexicana, pues el juicio de amparo es un medio de control constitucional creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la misma Constitución Federal, sean de la Federación, los Estados de la República, el Distrito Federal hoy Ciudad de México o los Municipios y demás autoridades que tengan su fuente en la Constitución o en la ley, que violen derechos fundamentales, pero no contra autoridades extranjeras. Lo anterior se sostiene, ya que, de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I constitucional y el similar 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es un procedimiento especial que se inicia con el ejercicio de una pretensión consistente en hacer que se respete la norma constitucional por parte de una autoridad en relación con los derechos fundamentales de los gobernados, sean estos personas físicas, morales y aún oficiales (cuando actúen en un plano de coordinación). Por tanto, es claro que las autoridades a las que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, son aquellas que emanan, como ya se anticipó, de la propia Constitución Federal y las leyes que de ésta derivan, pues al ser creadas por éstas, están obligadas en el ámbito de sus respectivas competencias, a cumplir lo que la propia Carta Magna mandata y, de no hacerlo asi, el gobernado tendrá el derecho de promover, entre otros medios de defensa, ei juicio de amparo contra tales autoridades, ya sean, federales, estatales o municipales, con la finalidad de hacer respetar los derechos fundamentales que estime transgredidos en su perjuicio. Lo que no es posible en relación con autoridades extranjeras, pues con independencia de que tengan o no facultades para ejercer su jurisdicción en este país, ya sea de acuerdo a las leyes que les rigen o conforme a tratados internacionales de los que formen parte, lo verdaderamente relevante es que son autoridades emanadas de un orden jurídico distinto al que rige en los Estados Unidos Mexicanos y por ello, su actuación se tutela por lo dispuesto en aquél, de manera tal que al no emanar de la Constitución Federal no están sujetas a la obligación impuesta por su artículo 1, consistente en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo no es la vía para pretender reparar las violaciones que el quejoso estima cometidas en su perjuicio, con motivo de actos u omisiones de autoridades extranjeras, pues aun ante una eventual concesión de la protección de la Justicia de la Unión, no podría exigirseles su cumplimiento, al no tener los Tribunales de la Federación jurisdicción sobre éstas. Además, esto último prevalece a pesar de que las autoridades a quienes se atribuye el carácter de responsables tengan residencia en territorio mexicano, porque, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, específicamente en sus artículos 1, 21 y 22, los inmuebles en que aquéllas se encuentren se consideran una extensión de su territorio nacional, es decir, territorio extranjero; por consiguiente, no es factible que se requiera a autoridades de otro país un informe con justificación en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Amparo y menos aún decretar apercibimiento alguno en caso de omisión, debido a que, ante la falta de jurisdicción sobre ellas, los Tribunales de la Federación no las pueden someter a las disposiciones de las leyes mexicanas. Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque, al tratarse las señaladas como responsables de autoridades extranjeras, no pueden ser consideradas como tales para efectos del juicio de amparo en atención a lo previamente explicado. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, abril 2018, tomo III, página 1901, con registro 2016714, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. EL JUEZ DE AMPARO NO ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIRLES INFORMES JUSTIFICADOS CON LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY, NI EXIGIRLES EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA PROTECTORA. El juzgador de amparo no está facultado para requerir informes justificados con los apercibimientos de ley a las autoridades extranjeras, ni podría exigirles el cumplimiento de una ejecutoria, en el caso de que la protección de la Justicia Federal llegara a concederse. Lo que es comprensible, porque ningún país puede ejercer potestad sobre otro y, de hacerlo, se contravendrían los principios del derecho internacional público de libre autodeterminación de los pueblos y de no intervención." Igualmente se invoca la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, abril 2018, tomo III, página 1901, con el registro 2016715, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO TENGAN SU RESIDENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. Acorde con los artículos 1o., 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y los órganos federales están constreñidos a resolver las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen precisamente esos derechos; por lo que la titularidad de esas prerrogativas corresponde a todo sujeto que pueda considerarse, en un momento específico, gobernado por las autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos y, en ese entendido, los Jueces de amparo se encuentran imposibilitados para admitir una demanda cuando los actos reclamados no provengan de una autoridad para efectos del juicio constitucional, porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país, por ende, las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal; sin que obste para ello que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia en este país, toda vez que, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los espacios físicos que ocupan se considerarán territorio extranjero." En esa tesitura, dada la actualización de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Por último, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO QUEJOS ,...Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 654/2019-P.2 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta en seis fojas útiles el testimonio de la resolución dictada en el toca 12/2019 de su índice, formado con motivo del conflicto competencial planteado por este Juzgado Federal, al haber declarado que carecía de competencia legal para conocer del presente asunto, de la cual se advierte que dicha superioridad declaró que este juzgado de distrito es legalmente competente por territorio para conocer de la demanda de amparo, de la cual derivó el presente conflicto competencial y remite los autos originales de este juicio de amparo 948/2019-I. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y gírese oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para los efectos legales conducentes. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario, únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del recurso de revisión en cita. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De donde se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por "manifiesto", según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En ese sentido, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos l, fracción l del mismo ordenamiento y 103, fracción l Constitucional, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Así es, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente Alberto Álvarez Novoa señala como autoridades responsables al Cónsul General de Colombia y al Consejero de Relaciones Exteriores de Colombia, por lo que el juicio de amparo promovido no es procedente, dado que se intenta contra autoridades extranjeras, respecto de las cuales, los tribunales federales de los Estados Unidos Mexicanos no tienen ninguna jurisdicción, de ahi que los actos u omisiones que de ellas se reclamen no pueden ser analizados a través de la referida vía constitucional, pues las circunstancias jurídicas en las que estos están inmersos se circunscriben a leyes emanadas de distinta potestad, más no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni de las leyes que de ésta derivan. En efecto, no es posible examinar la legalidad de los actos u omisiones atribuidos a autoridades extranjeras, ya que no podría sostenerse que uno u otro, realizado conforme a la ley de su país, resulta violatorio de una norma constitucional mexicana, pues el juicio de amparo es un medio de control constitucional creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la misma Constitución Federal, sean de la Federación, los Estados de la República, el Distrito Federal hoy Ciudad de México o los Municipios y demás autoridades que tengan su fuente en la Constitución o en la ley, que violen derechos fundamentales, pero no contra autoridades extranjeras. Lo anterior se sostiene, ya que, de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I constitucional y el similar 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es un procedimiento especial que se inicia con el ejercicio de una pretensión consistente en hacer que se respete la norma constitucional por parte de una autoridad en relación con los derechos fundamentales de los gobernados, sean estos personas físicas, morales y aún oficiales (cuando actúen en un plano de coordinación). Por tanto, es claro que las autoridades a las que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, son aquellas que emanan, como ya se anticipó, de la propia Constitución Federal y las leyes que de ésta derivan, pues al ser creadas por éstas, están obligadas en el ámbito de sus respectivas competencias, a cumplir lo que la propia Carta Magna mandata y, de no hacerlo asi, el gobernado tendrá el derecho de promover, entre otros medios de defensa, ei juicio de amparo contra tales autoridades, ya sean, federales, estatales o municipales, con la finalidad de hacer respetar los derechos fundamentales que estime transgredidos en su perjuicio. Lo que no es posible en relación con autoridades extranjeras, pues con independencia de que tengan o no facultades para ejercer su jurisdicción en este país, ya sea de acuerdo a las leyes que les rigen o conforme a tratados internacionales de los que formen parte, lo verdaderamente relevante es que son autoridades emanadas de un orden jurídico distinto al que rige en los Estados Unidos Mexicanos y por ello, su actuación se tutela por lo dispuesto en aquél, de manera tal que al no emanar de la Constitución Federal no están sujetas a la obligación impuesta por su artículo 1, consistente en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo no es la vía para pretender reparar las violaciones que el quejoso estima cometidas en su perjuicio, con motivo de actos u omisiones de autoridades extranjeras, pues aun ante una eventual concesión de la protección de la Justicia de la Unión, no podría exigirseles su cumplimiento, al no tener los Tribunales de la Federación jurisdicción sobre éstas. Además, esto último prevalece a pesar de que las autoridades a quienes se atribuye el carácter de responsables tengan residencia en territorio mexicano, porque, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, específicamente en sus artículos 1, 21 y 22, los inmuebles en que aquéllas se encuentren se consideran una extensión de su territorio nacional, es decir, territorio extranjero; por consiguiente, no es factible que se requiera a autoridades de otro país un informe con justificación en términos de lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Amparo y menos aún decretar apercibimiento alguno en caso de omisión, debido a que, ante la falta de jurisdicción sobre ellas, los Tribunales de la Federación no las pueden someter a las disposiciones de las leyes mexicanas. Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque, al tratarse las señaladas como responsables de autoridades extranjeras, no pueden ser consideradas como tales para efectos del juicio de amparo en atención a lo previamente explicado. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, abril 2018, tomo III, página 1901, con registro 2016714, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. EL JUEZ DE AMPARO NO ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIRLES INFORMES JUSTIFICADOS CON LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY, NI EXIGIRLES EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA PROTECTORA. El juzgador de amparo no está facultado para requerir informes justificados con los apercibimientos de ley a las autoridades extranjeras, ni podría exigirles el cumplimiento de una ejecutoria, en el caso de que la protección de la Justicia Federal llegara a concederse. Lo que es comprensible, porque ningún país puede ejercer potestad sobre otro y, de hacerlo, se contravendrían los principios del derecho internacional público de libre autodeterminación de los pueblos y de no intervención." Igualmente se invoca la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, abril 2018, tomo III, página 1901, con el registro 2016715, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO TENGAN SU RESIDENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. Acorde con los artículos 1o., 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y los órganos federales están constreñidos a resolver las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen precisamente esos derechos; por lo que la titularidad de esas prerrogativas corresponde a todo sujeto que pueda considerarse, en un momento específico, gobernado por las autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos y, en ese entendido, los Jueces de amparo se encuentran imposibilitados para admitir una demanda cuando los actos reclamados no provengan de una autoridad para efectos del juicio constitucional, porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país, por ende, las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal; sin que obste para ello que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia en este país, toda vez que, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los espacios físicos que ocupan se considerarán territorio extranjero." En esa tesitura, dada la actualización de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Por último, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 716/2019-P.3 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta en cuatro fojas útiles el testimonio de la resolución dictada en el toca 191/2019 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Alberto Álvarez Novoa, en contra del proveído de nueve de julio del año en curso, por el que este Juzgado Federal declaró que carecía de competencia legal para conocer del presente asunto, de la cual se advierte que dicha superioridad declaró improcedente el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. Sin que sea el caso ordenar el archivo del presente juicio de amparo, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el conflicto competencial planteado por este Juzgado Federal, que está radicado en el Tribunal antes mencionado con el número de toca 12/2019 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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