Alberto Antele Polito
Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto Antele Polito
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el ocho de junio pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de veinticinco de mayo actual que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica a la parte quejosa el acuerdO de veinticinco de de mayo de dos mil veintitrés que a la letra dice lo siguiente. Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Antele Polito (Titular), Andrés Velasco Fiscal (Titular) y Enrique Minquiz Chapol (Suplente), por su propio derecho, y en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado "Ranchoapan Segundo", del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, personalidad que acreditan con base en la copia certificada del acta de asamblea general de ejidatarios llevada a cabo el uno de marzo de dos mil veintidós, lo anterior con fundamento en el artículo 6º de la Ley de Amparo, pasada ante la fe de la Notaría Pública número Seis, de la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz; contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número de juicio de amparo 438/2023, y provéase lo conducente. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto y constancias, el suscrito provee: De la certificación que antecede, y en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el incide estadístico de este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 437/2022 promovido por Alberto Antele Polito, Andrés Velasco Fiscal y Enrique Minquiz Chapol, en representación de la Asamblea General de Ejidatarios del Poblado "Ranchoapan Segundo", municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. En dicho juicio de amparo, los aquí también promoventes señalaron como acto reclamado el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitido en autos del expediente ******************** del índice del tribunal agrario responsable, en el cual acordó que tenía a la autoridad condenada dando cumplimiento al primer pago por la cantidad de $******************** (********************pesos********************moneda nacional) omitiendo así, atender a lo resuelto en la sentencia de origen, donde no se determinó que el pago de la condena se hiciera en parcialidades. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia de treinta y uno de enero de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la justicia a los quejosos, con la finalidad de dejar insubsistente el acuerdo reclamado y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva de manera fundada y motivada. Dicha sentencia de amparo causó ejecutoria mediante proveído de siete de marzo siguiente, y se requirió al tribunal responsable su cumplimiento; el cual, a la fecha se encuentra sección de ejecución. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte promovente reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el auto de quince de mayo de la presente anualidad emitido en autos del expediente ******************** de la estadística del Tribunal responsable, por medio del cual se tuvo por recibida copia simple del billete de depósito S ******************** por la cantidad de $******************** (********************pesos********************moneda nacional) remitido por el Director de Ejecutoriad de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, ello en vías de cumplimiento a la resolución interlocutoria de veintisiete de octubre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, este juzgador con apego en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede a desechar de plano la demanda que se provee, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional consiste en el auto de quince de mayo de la presente anualidad emitido en autos del expediente ******************** de la estadística del Tribunal responsable, por medio del cual se tuvo por recibida copia simple del billete de depósito S ******************** por la cantidad de $******************** (********************pesos********************moneda nacional) exhibida por el aquí tercero interesado. Ahora, si bien es cierto que los promoventes señalan que en el acuerdo que se reclama el tribunal agrario omitió ordenar la entrega del billete de depósito antes descrito, lo cierto es que en dicho acuerdo (anexo al escrito de demanda) se advierte que únicamente fue exhibida copia simple escaneada del mencionado billete y que, una vez que se recibiera en original, se proveería lo que en derecho corresponda. En ese sentido, se advierte que el auto que se pretende combatir en esta instancia fue emitido durante la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen en la que se advierte que no ha sido emitida la última resolución en dicha fase ejecutiva, ya que la autoridad responsable no ha aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declaró su imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenó el archivo definitivo del expediente. Lo anterior es así, pues como se advierte de los autos del juicio de amparo 437/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional, el tribunal agrario se encuentra en vías de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada emitida en dicho juicio de amparo, el cual se relaciona con la sección de ejecución del juicio natural. Lo anterior, pone de manifiesto que el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, que pretende combatir en esta instancia la quejosa, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de un auto en el que se agrega copia simple del billete de depósito exhibido por la autoridad condenada en el juicio de origen. Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado final. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado final, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener un fallo favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber aclarado o corregido el nombre de la parte actora del juicio de origen. En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracción fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se tienen como autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita en su demanda de amparo, por tratarse de un asunto de índole agrario en el que no se requiere verificar que los autorizados sean licenciados en derecho. Asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Sin que haya necesidad de requerir a la parte quejosa, para que manifieste si es su deseo se realice la publicación de sus datos personales, dado que se trata de persona moral y de conformidad con el artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 5°, 6°, y 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace alusión únicamente a las personas físicas, así conforme a la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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