Alberto Alonso Gomez
Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto Alonso Gomez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de agosto de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el veintiocho de julio de la presente anualidad, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de catorce de julio de este año, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción II, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de catorce de julio del presente año que a la letra dice: En atención a la certificación que antecede, se advierte que el trece de julio del año en curso, feneció el plazo de cinco días concedido a la parte promovente, para que cumpliera con la prevención efectuada por acuerdo de veintisiete de junio del año en curso, sin que la desahogara dentro del plazo conferido para ello, en la medida que no existe en el libro de oficialía de partes de este juzgado promoción alguna dirigida al presente juicio pendiente de acordar relacionada con la prevención de referencia; en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del arábigo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el treinta de junio de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve de diciembre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-50). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veinte de diciembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito a este juzgado y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 111-115). Se agregaron a los autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 145-146, 173-174, 208-211 y 212-213). Por auto de dos de septiembre de dos mil veinte, se acordó: continuar la tramitación del presente juicio de amparo, luego de que se habían suspendido en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del citado año, con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (foja 148). El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se acordó: requerir a las autoridades responsables remitieran copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado en el presente asunto (fojas 241); por lo que luego de múltiples requerimientos, se agregaron y tuvieron por rendidas las aludidas constancias (fojas 393-462). Integrado el asunto, se fijó fecha y hora la audiencia constitucional (foja 388) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas, impugnables en amparo indirecto, conforme al numeral 107, fracción II, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar la demanda de amparo y la ampliación de la misma, se aprecia que los actos reclamados consisten en: La orden y/o negativa de reactivar al quejoso al servicio de la Policía Federal del que fue suspendido, cesado y/o removido como policía tercero; contenida en el oficio PF/DGAJ/DGAAC/DAC/150/2019, de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Director General Adjunto, Inspector General de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México (Oficio que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento del mismo, el veintisiete de noviembre del citado año). Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables 1. Comisionado General, 6. Director de la Dirección General adjunta de Enlace Jurídico de la Dirección de Atención a Asuntos Ministeriales y Jurisdiccionales de la División de Fuerzas Federales y, 10. Director de la Dirección General Adjunta de Amparos y de lo Contencioso, todos de la extinta Policía Federal. Lo anterior porque así lo comunicó, en representación de dichas autoridades, el Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 145-146 y 212-213). Tampoco es cierto el acto reclamado atribuido al 8. Titular del Órgano Interno de Control en la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Función Pública, en la Ciudad de México, dado que así lo comunicó dicha autoridad al rendir su informe justificado (fojas 173-174). En consecuencia, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las aludidas autoridades responsables en la emisión, ejecución o participación en los actos que se les atribuyen, lo que le correspondía realizar en razón de la carga de la prueba; con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo por cuanto hace a los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades 2. Directora de la División de Fuerzas Federales, de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata de la Dirección General de Seguridad Física de la Dirección de Supervisión y Evaluación; 3. Director de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección de Relaciones Laborales y Organización, de la Coordinación de Servicios Generales de la Secretaría General; 4. Consejero Federal de Desarrollo Policial de la Dirección General Adjunta del Órgano Auxiliar del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial como órgano auxiliar de la Secretaría General de la Policía Federal; 5. Director de la Dirección General adjunta de Amparos y de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal; 7. Director de la Dirección General adjunta de Enlace Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos de la Subdirección de Relaciones Laborales y Procedimientos Administrativos y, 9. Director de la Dirección General de Servicio Profesional de Carrera y Régimen Disciplinario, todos en la Ciudad de México. Lo anterior porque así lo reconoció, en su representación, el Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (fojas 208-211). Máxime que dichas autoridades remitieron copia certificada del oficio combatido (fojas 460-461) la cual adquiere valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En la especie, se estima se concreta el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, al no acudir previo a la promoción del juicio constitucional, a combatir los actos reclamados en el presente juicio de amparo, a través del juicio contencioso administrativo federal, como a continuación se verá. Marco legal El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se puede advertir, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en el caso de excepción. Además, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el procedimiento y los recursos ordinarios de defensa que, de ser el caso, estén previstos en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Orienta esto la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que, como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Hasta aquí el anterior marco legal. Subsunción En el caso, se tiene que el solicitante del amparo reclama en el presente asunto: la orden y/o negativa de reactivarlo al servicio de la Policía Federal del que fue suspendido, cesado y/o removido como policía tercero, contenida en el oficio PF/DGAJ/DGAAC/DAC/150/2019, de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Director General Adjunto, Inspector General de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México (fojas 65-66). Impuesto el suscrito juzgador del aludido oficio, se advierte que el quejoso dirigió escrito a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal y/o Jefe de Personal de la División de Fuerzas Federales y/o Encargado de la División de Fuerzas Federales y/o a quien (es) corresponda, donde el cinco de noviembre de dos mil dieciocho solicitó: a) su reactivación en el puesto, funciones y pago, o en su caso, b) se le otorgue la indemnización constitucional que conforme a derecho corresponda. No obstante, se observa que la autoridad responsable comunicó al quejoso sobre la imposibilidad de atender favorablemente sus peticiones, con base en las siguientes razones: La primera, porque que conforme a lo informado por el Director de Relaciones Laborales dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de esa institución: ".el C. RUEDA BENÍTEZ DIEGO, cuenta con baja por Consentimiento Tácito por Abandono de Servicio.". La segunda, porque se solicitó a la entonces Directora de Relaciones Laborales y Organización, se le aplicara la preventiva de pago, debido a que el elemento faltó a sus labores los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de julio de dos mil trece, sin justificación alguna. Razones por las que -sostuvo la autoridad- al no presentarse el solicitante y abandonar su servicio como policía federal, sin causa justificada, desde el diecisiete de julio de dos mil trece, dejó de generar el derecho a percibir una contraprestación económica por parte de la institución policial (como fue asentado en el acto reclamado). Hasta aquí las consideraciones de la autoridad. En el caso concreto, se cumplen los requisitos para que se concrete el motivo de improcedencia invocado, como a continuación se verá. Respecto al PRIMER requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el oficio reclamado que contiene la comunicación al quejoso sobre la imposibilidad de: a) reactivarlo en el puesto, funciones y pago como policía tercero de la Policía Federal, así como de b) obtener la indemnización regulada en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal; fue emitido por servidores públicos adscritos a la Policía Federal; autoridades evidentemente distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra el acto impugnado proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza, ya que el acto que en este juicio se reclama y que se precisó en este apartado, puede ser analizados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la promoción del juicio contencioso administrativo federal. Lo anterior se deriva de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: ".Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." De igual modo, la fracción XVI del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; (.)". De lo anterior se desprende que contra el oficio reclamado que contiene la negativa de las autoridades responsables de reactivarlo en el puesto, funciones y pago como policía tercero de la Policía Federal, así como de otorgarle la indemnización regulada en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; medio ordinario de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar dichos actos. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, porque el oficio reclamado, conforme a las razones que expuso la autoridad responsable al emitirlo, se traduce en una resolución definitiva por la que se le impuso la sanción administrativa de darlo de baja de la institución policial por abandono del servicio; hipótesis de procedencia que como se vio, se contempla en la citada fracción XVI del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por identidad de razón, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.209 A (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se lee: "SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS ELEMENTOS DE LA EXTINTA POLICÍA FEDERAL DECRETADA FUERA DE PROCEDIMIENTO. PUEDE IMPUGNARSE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL A PARTIR DE QUE DEJAN DE RECIBIR SUS EMOLUMENTOS. Hechos: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución que decretó la separación del cargo de un elemento de la extinta Policía Federal, porque las autoridades demandadas omitieron agotar el procedimiento previsto en la ley de dicha institución, pues la causal de baja por abandono del servicio en la que se sustentó, corresponde a un requisito de permanencia que exige el desahogo de aquél, sin que pudiera considerarse actualizada, entre otras, la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativa al consentimiento del acto impugnado, porque de las constancias que obran en autos no se advirtió que se haya notificado debidamente al actor la resolución impugnada; de ahí que "no puede consentirse un hecho que no se conoce" y, en consecuencia, no es posible afirmar que aquél estuvo en aptitud de defender sus derechos mediante el juicio contencioso administrativo federal desde que dejó de percibir sus emolumentos, aun cuando hubieran transcurrido varios años de ello. El titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interpuso el recurso de revisión fiscal contra esa sentencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la separación del cargo de los elementos de la extinta Policía Federal decretada fuera de procedimiento, puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo federal a partir de que dejan de recibir sus emolumentos, al ser la fecha en que éstos conocieron los efectos de su separación material de la extinta corporación. Justificación: La fracción IV del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la causal de improcedencia por consentimiento del acto impugnado en los casos en que el juicio contencioso administrativo se promueva fuera de los plazos previstos legalmente para ello. Por su parte, el artículo 148 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal dispone que las contraprestaciones económicas se cubren a su personal en función de los servicios efectivamente prestados. Así, de la interpretación en sentido contrario de esta última disposición, se colige que una causa para dejar de percibir esos emolumentos por un elemento de la extinta Policía Federal, consiste en haber dejado de prestar los servicios correspondientes, lo que equivale a su separación material de dicha corporación." Aquí cabe abundar que a pesar de que el acto reclamado pudiera tener una ejecución de imposible reparación, en modo alguno genera una hipótesis de excepción al principio de definitividad; máxime que en el propio artículo 107 Constitucional, se prevé como condición para combatir vía el juicio de amparo los actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido que sean de imposible reparación una vez agotados los recursos que en su caso procedan, de ahí la obligatoriedad del afectado de agotar el mencionado principio que rige al juicio de amparo; como se establece en la ya citada jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.) de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción de este juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En relación con el TERCER requisito, también se satisface. En efecto, en la demanda de amparo que nos ocupa, no se reclamaron actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige exija mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para suspender su ejecución, pues de un análisis comparativo entre ambas legislaciones se advierte que los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado son en esencia iguales. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 27/2016 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Así, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio constitucional contra los referidos actos reclamados, debió promover el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Enseguida, se verificará si se concreta excepción al principio de definitividad, distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio, esto es, lo relativo al CUARTO requisito en mención. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, la parte quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Este aspecto está relacionado a que el acto reclamado adolezca de vicios de inconstitucionalidad directa y no derivada. En efecto, en el caso a estudio, la parte quejosa hace derivar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de lo que estima como vicios, cuya naturaleza son de mera legalidad haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior porque sostiene que las autoridades responsables no respetaron las formalidades esenciales del procedimiento previo a su baja de la institución policial. Y si bien se observa de la demanda de amparo que el quejoso también se duele de la violación al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, lo cierto es que como se vio, su reclamo no se apoya exclusivamente en una violación directa a la constitución, sino que implica una cuestión de legalidad al referir que no se respetaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento. 3. Los que carecen de fundamentación. A simple vista, se advierte que el oficio PF/DGAJ/DGAAC/DAC/150/2019, de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Director General Adjunto, Inspector General de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México (fojas 65-66) se aprecia que cuenta con los fundamentos legales que lo respaldan, pues en éste se citaron los artículos: 8°, 13 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal; así como 44, fracciones I y VIII, 92 y 148 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Lo anterior pone de manifiesto que los actos reclamados no carecen de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para combatirlos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado es propio) 4. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio contencioso administrativo federal se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no en reglamento alguno. Conclusión En consecuencia, dado que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes de acudir a la instancia constitucional. Es por ello que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ahora ante esta instancia constitucional, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional, pues una vez agotado el contencioso administrativo aludido, procedería el juicio de amparo. En ese contexto, es posible considerar que, si la parte quejosa omitió agotar el medio de impugnación ordinario ya aludido y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta evidente la actualización del motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diego Rueda Benítez, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
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