Alberto Alcántara Basurto

Expediente 63/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
63/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Alcántara Basurto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y la protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversos legajos de constancias en justificación de sus actos, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública de la sentencia dictada en el presente asunto está disponible en la liga institucional: http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de ..., autorizado por la parte tercera interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales); en atención a su contenido, dígase que el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto, transcurre para la parte quejosa del nueve al veintidós y para la tercera interesada del tres al dieciséis, todas las datas del presente mes y año, como se advierte de la certificación de cuenta. De igual manera se le hace de su conocimiento que una vez que fenezca dicho término se proveerá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 02 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 30 DE MAYO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 63/2022, promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala y Juez Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El treinta y uno de enero posterior, se admitió la demanda; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la tercera interesada; y se fijó hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; la parte tercera interesada fue emplazada, la representación social adscrita no formuló pedimento; y, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador el legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca ..., por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, emitido en la controversia del orden familiar ..., por el Juez Cuarto de la propia especialidad y residencia, donde ordenó el embargo de bienes para garantizar $48,870.07 (cuarenta y ocho mil ochocientos setenta pesos 07/100 moneda nacional), por concepto de alimentos caídos. La ejecución. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, consultable en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia: Común, Quinta Época, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. 1. El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió la acción instada por la ahora tercera interesada en la vía de controversia del orden familiar, la guarda, custodia y pago de una pensión alimentaria; determinación donde se fijó el treinta por ciento de las percepciones del quejoso, diez por ciento para la actora y veinte por ciento para un menor de edad involucrado. 2. El siete de abril de dos mil veintiuno, la tercera interesada informó al juzgador familiar que el quince de mayo de dos mil veinte, recibió un depósito por concepto de "pensión por finiquito", sin volver a recibir cantidad posterior, solicitó indagar la actual fuente de trabajo del deudor alimentario, para obtener el pago por los meses de junio a diciembre de dos mil diecinueve, y enero hasta abril de dos mil veintiuno. Pretensión remitida al auto de siete de abril de la propia anualidad, donde se tomó conocimiento de la empresa donde laboraba el deudor; y requirió la exhibición de una planilla de cuantificación. 3. La enjuiciante presentó la planilla a liquidar el siete de mayo siguiente (foja 315 del tomo de pruebas), donde cuantificó $52,526.25 (cincuenta y dos mil quinientos veintiséis pesos 25/100). Pretensión a la cual recayó el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, donde requirió al demandado para acreditar estar al corriente con el pago de la pensión alimentaria, apercibido con embargo en caso de omisión. 4. En primera instancia se dictó el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que en lo relativo dice: "(...) Por ende al no demostrar fehacientemente el demandado que se encuentra al corriente en el pago de las pensiones alimenticias señaladas en la planilla de cuantificación formulada por la actora en escrito recibido el siete de mayo de este año, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha once de mayo de dos mil veintiuno -foja 251- desde luego descontando el pago del finiquito que recibió la accionante por el importe de tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 18/100 moneda nacional (estado de cuenta anexo al escrito visible a fojas 206), ordenándose el embargo de bienes de su propiedad suficiente para garantizar el adeudo de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 MONEDA NACIONAL). (.)" 5. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación que fue resuelto el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno en el toca ..., en cuyos puntos resolutivos dice: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- se CONFIRMA el auto de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, dictado por la C. JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD. (.)" La última de las decisiones judiciales y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio del fondo procede analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y preferente, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 158, del Tribunal Pleno, consultable en la página 272 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, VIII Parte, 1917-1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La parte tercera interesada invocó la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, porque en su concepto, el quejoso debió impugnar la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno donde se le apercibió con embargo de bienes en caso de no demostrar estar al corriente en el pago de los alimentos, y al no haberlo hecho, el acto reclamado debe considerarse consentido. Es ineficaz la causal opuesta porque el apercibimiento y la imposición de la medida reclamada son actos autónomos, de modo que la determinación que apercibió al quejoso con el secuestro de bienes, aunque tenga la misma finalidad que el diverso donde se ordenó ejecutar, son distintos para efecto de la procedencia del juicio de amparo. Lo cual se corrobora si se estima que el acuerdo que sanciona al rebelde, en realidad depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado, y la primer determinación se sujeta a la discrecionalidad del juzgador. Sirve de apoyo, bajo los principios que desarrolla, la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de registro digital: 2003086, de la Décima Época, que dice: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." Al no haber más causales de improcedencia, alegadas por las partes o advertidas de oficio, procede el estudio del problema jurídico planteado. Sexto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene las garantías de congruencia, exhaustividad y tutela judicial, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues contrario a lo resuelto, sí fue demostrada la separación de la fuente de trabajo el quince de mayo de dos mil veinte, con lo cual se actualiza el supuesto de la fracción I, del ordinal 320 del Código Civil para la Ciudad de México. Además, la contraparte informó la recepción del finiquito el quince de mayo de dos mil veinte. B) La separación del empleo que provocó dejar de ministrar alimentos por dejar de percibir ingresos, no fue voluntario sino ocasionado por la crisis de salud pública. C) El acto reclamado impone más requisitos de los previstos en la propia norma invocada, porque condiciona a tener una sentencia que declare carecer de recursos. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados porque atañen a temas comunes, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa. El derecho de alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. Los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Tal vínculo tiene como base la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar, exigiéndose entre éstas un deber recíproco de asistencia, tal obligación está provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar al deudor alimentario lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia. En tanto que corresponde al Estado vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Tal deber de solidaridad lo tienen los integrantes del grupo familiar, entendiendo como parte del mismo, principalmente, a los hijos, padres, cónyuges y concubinos y, subsidiariamente, a los ascendientes y descendientes más próximos en grado, así como a los hermanos y parientes colaterales a falta o por imposibilidad de los ascendientes y descendientes. Cobra aplicación por las razones que la sustentan, la tesis aislada 1a. CCCLVI/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, en la Décima Época, de registro 2007724, que dice: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Ahora bien, consta en el acto reclamado que la autoridad responsable se valió de la siguiente argumentación para resolver: - El deudor alimentario no acreditó en la vía y forma correcta carecer de fondos para alimentos, por haber perdido el empleo, en términos de la fracción I del artículo 320 del Código Civil local, y el cumplimiento de ese deber no se puede dejar a la voluntad de las partes. - El inconforme reitera las alegaciones expuestas en primera instancia, sin demostrar la imposibilidad de cumplir con la obligación alimentaria. - Es incorrecto calcular la pensión mensual sobre las percepciones actuales, porque los recibos de nómina presentados por el propio deudor demuestran que mensualmente pagaba $4,567.50 (cuatro mil quinientos sesenta y siete pesos 50/100 moneda nacional). - Aunque la contraria conociera la falta de empleo, al no informarse la imposibilidad de seguir pagando, y tampoco existir una resolución que suspendiere, cesara o disminuyera la pensión, voluntariamente no se puede dejar de ministrar alimentos pues se compromete la subsistencia del acreedor. - Tampoco es procedente recurrir a la proporcionalidad porque se trata de un derecho decretado que se hace exigible, al término de su vencimiento. Conforme a lo resuelto es infundado el concepto de violación donde se alega incongruencia y falta de exhaustividad por falta de motivación y fundamentación, puesto que la autoridad responsable expresó los principios a los cuales recurrió, los hechos que tuvo por demostrados, señaló las actuaciones que le servían como antecedente, de los cuales obtuvo las reglas que estimó aplicables al caso. Aunado a que la sala responsable argumentó cual era la litis a resolver, explicó porque impuso las consecuencias jurídicas, el juicio de valor que orientó el criterio sustentado y desarrolló el iter discursivo conforme al cual concluyó el sentido definitivo del recurso que resolvió; en ese aspecto es infundado el concepto de violación. Ahora, en cuanto al fondo de las alegaciones el planteamiento del quejoso consiste en demostrar una causal de suspensión o cesación del deber alimentario, por haberse modificado las circunstancias calificadas cuando se impuso el deber alimentario, y relevarse de pagar la cantidad generada en el periodo transitorio entre la pérdida de empleo y la contratación en una posterior fuente laboral. Lo cual es incorrecto, porque debe demostrarse ante el juzgador el cambio de posibilidades reales del deudor o las necesidades del acreedor, conforme al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; además, no es equivalente la pérdida de los medios económicos para satisfacer la obligación, que su terminación. En efecto, siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia diaria de los acreedores, es claro, que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades y las necesidades, para lo cual ese cambio en las circunstancias del deudor debe quedar demostrado ante la autoridad judicial, a fin de establecer las nuevas condiciones a las que habrán de sujetarse las partes. Lo cual se justifica porque ante una determinación firme, una posterior a futuro que conlleve una modificación debe sujetarse a un litigio, o bien, a que las partes lo pacten, empero, en ambos casos, debe intervenir la autoridad judicial, pues de lo contrario sucedería que las partes voluntariamente tomaran decisiones unilaterales que no necesariamente cumplan con el objeto de los alimentos. Al respecto, se contesta al quejoso que es infundado alegar la imposición de requisitos injustificados para demostrar el cambio de sus posibilidades económicas, al exigir un pronunciamiento judicial para reducir el monto de la pensión o la modificación a la forma de cumplimiento, para demostrar las circunstancias que le impidieron cumplir con el deber de proporcionar alimentos. Es así porque en la pensión provisional fue fijada mediante un pronunciamiento judicial, del cual se deriva una obligación que el juzgador debe vigilar en sus términos, haciendo uso del apremio, no obstante, en la configuración legislativa dispuesta para ajustar los temas inherentes a la familia a la realidad de cada caso, se encuentra una regla práctica bajo la cual se permite a las partes incorporar, reducir o bien cesar los rubros de sus deberes alimentarios sin dejar de garantizarlos, de modo que la intervención del Estado en la familia obedezca a la realidad de las partes. Para alcanzar ese objetivo, es necesario que el deudor demuestre la capacidad financiera y/o el o alcance o monto de sus ingresos, pues no basta adoptar una actitud, voluntaria, de simple negación, sino que tiene el deber de colaborar dentro del proceso, esto es, el quejoso debía demostrar los montos disponibles a partir de perder el empleo que alegó como hecho novedoso, para que el juzgador familiar ajustara la forma de cumplir la obligación alimentaria con audiencia de la contraparte. Bajo tales reglas, como se resolvió en el acto reclamado, la falta de satisfacción de la obligación resulta atribuible en cantidad y temporalidad al deudor, de quien se presume salvo prueba en contrario una conducta omisa ante el deber. Por otra parte, si la pretensión del quejoso y deudor alimentario es armonizar la pensión alimentaria con el principio de proporcionalidad, debió demostrar ante la autoridad judicial que la pérdida del empleo modificó sus circunstancias al grado de impedirle ministrar los alimentos, mediante el pago de un numerario, como fue fijado inicialmente, para determinar la forma de satisfacer a futuro sus compromisos con los acreedores. Entonces, si el impetrante no logró justificar carecer de recursos, aun por medios diversos a los calificados inicialmente, válidamente es de presumirse que voluntariamente dejó de ministrar alimentos, y que es una carga de la cual no se puede desprender el deudor. También es infundado el concepto de violación donde se alega que ante la pérdida del empleo por las circunstancias alegadas, se debe absolver del pago de alimentos caídos hasta la posterior contratación, porque las necesidades alimentarias son perentorias y se consumen y/o continúan necesitando. El concepto de alimentos tiene una connotación mas extensa que el aspecto pecuniario, lo cual permite contestar al quejoso que si sus circunstancias laborales ocurrieron como alega, tuvo al alcance la posibilidad de buscar satisfacer el deber parental de diverso modo, no necesariamente amén de un monto o porcentaje de ingresos. Siendo de esa forma, la pérdida de empleo, únicamente conlleva la modificación a la forma de cumplir el deber no la cesación temporal, tampoco exime de los montos generados en el periodo transitorio entre la falta de cumplimiento y la cuantificación de los alimentos caídos. Lo cual se justifica en los principios que orientan el deber de proporcionar alimentos por causa del vínculo familiar, en la presunción de necesitarse, dado que cuando se dicta una sentencia que al concretar y exteriorizar la función jurisdiccional decreta una condena al pago de alimentos o aprueba un convenio, se crea una situación jurídica concreta a consecuencia de la cual puede constreñirse al obligado al cumplimiento de su deber, hasta la cesación. Ahora, una situación jurídica (sentenciada o pactada) sólo puede ser ajustada, modificada o extinguida, en la medida que así lo permita la legislación conforme a la cual se creó, así como en la forma y términos que en su caso establezca, pues no habría seguridad jurídica ni para el acreedor alimentario ni para el deudor alimentista, si se permitiera que las obligaciones y derechos alimentarios ya constituidos se modificaran o extinguieran, únicamente bajo el imperio de la voluntad de los progenitores. Ese antecedente es relevante para contestar que la demostración del pago del finiquito al acreedor, si bien puede coincidir con la terminación de una relación laboral, en realidad para efectos de los alimentos sólo es apto para la cuantificación de las obligaciones residuales, porque el despido o renuncia no exime de tal deber. De lo contrario, y asumir que el deudor en este caso, puede decidir unilateralmente el periodo en el cual cumplirá, llevaría a estimar incorrectamente que en ese lapso tampoco se necesitaron los alimentos, por lo cual es infundado considerar el hecho invocado por el quejoso como excepción de la obligación, pues en el caso se trata de una modificación en la forma de cumplir y el planteamiento conlleva un supuesto de terminación total del deber. Por lo cual el quejoso debió asumir las cargas probatorias y argumentar los hechos relativos para modificar los términos del deber, de lo contrario es infundado alegar una cesación o extinción del pago. Sustenta lo indicado, la tesis aislada I.3o.C.998 C (9a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Décima Época, de registro 160682, que dice: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos." Ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala y Juez Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia.".

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