Alan Steven Tapia Chavira
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alan Steven Tapia Chavira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Agréguese el comunicado de la Sala responsable, mediante el cual informa lo actuado en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita una prórroga; en atención a ello, se le concede el plazo de cinco días más, legalmente computado, a fin de que acate el fallo protector, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó. Por otro lado, en atención a su solicitud de información; se le hace de su conocimiento que en el diverso juicio de amparo 405/2023, el cuatro de octubre de este año se dictó sentencia definitiva en la cual el titular de este órgano jurisdiccional negó el amparo y protección de la justicia al quejoso ..., quien interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. El veintiocho de noviembre de este año, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito informó que admitió el medio de impugnación mencionado. Lo que se informa para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se impugnara; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE CAUSÓ EJECUTORIA. Con apoyo en el ordinal 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto informe sobre el cumplimiento que dé a la resolución de referencia, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas con las que lo acredite, en las que se advierta el nombre y firma de los servidores públicos que intervinieron en su emisión, así como el sello de publicación debidamente requisitado, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. De no acatar lo señalado, se procederá en términos del artículo 192 párrafo segundo del ordenamiento legal citado. Por otro lado, tomando en consideración que la sala responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional:https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL TREINTA DE OCTUBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 439/2023, promovido por *****, por conducto de su apoderada ..., contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. Resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el toca ... de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de divorcio necesario ... por el Juez Séptimo Familiar de esta ciudad, y condenó al deudor alimentario a pagar $3´316,864.47 (tres millones trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 47/100 moneda nacional) por concepto de pensiones alimenticias no pagadas. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El dieciséis de enero de dos mil ocho, en el juicio de divorcio necesario promovido por ... contra ..., se fijó como pensión alimenticia provisional el veinte por ciento de los ingresos de ..., ordinarios y extraordinarios. II. El trece de noviembre de dos mil nueve, se dictó sentencia definitiva, donde, entre otras cuestiones, se condenó a ... al pago de una pensión alimenticia a favor de su hijo por el equivalente al veinte por ciento de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. III. Sentencia que fue modificada en segunda instancia el veintiséis de octubre de dos mil diez, respecto de la pensión fijada, para en su lugar, determinar que era procedente el treinta y dos por ciento de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. IV. El seis de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el incidente de pago de pensiones caídas y/o no pagadas, promovido por ...z en representación de su hijo contra .... V. Seguido que fue el proceso el dos de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la incidencia en comento, donde se condenó a pagar al demandado la cantidad de $4´058,303.05 (cuatro millones cincuenta y ocho mil trescientos tres pesos 05/100 moneda nacional), por concepto de pensiones vencidas. VI. Las partes inconformes interpusieron recursos de apelación, del cual tocó conocer a la Sala responsable y el trece de marzo de dos mil veintitrés, determinó procedente modificar la interlocutoria aludida, para en su lugar, condenar al demandado al pago de $3´316,864.47 (tres millones trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 47/100 moneda nacional). Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. La autoridad se extralimitó en sus funciones, pues suplió la deficiencia de la queja a favor del deudor alimentario, proponiendo argumentos que nunca propuso el demandado incidentista, como es que los viáticos, gastos y automóvil no forman parte del salario integrado. a.1. Lo cual no fue materia de la controversia ni mucho menos formó parte de la sentencia dictada en primera instancia ni del recurso de apelación. a.2. Si bien en materia de alimentos rige la suplencia de la quejosa, ésta solo opera en favor de acreedor alimentario no así del deudor, como lo establece la tesis aislada (VIII Región) 2o.4 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. RIGE EN TODOS LOS CASOS RELACIONADOS CON ACREEDORES ALIMENTARIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).". a.3. La fijación de la pensión provisional y definitiva se decretó sobre el total de las percepciones ordinarias y extraordinarias del deudor alimentario en su centro de trabajo, previas deducciones de ley y no sobre el salario integrado del tercero interesado, por lo que la Sala se encontraba impedida para deducir las cantidades a que fue condenado, ocupando para ello la figura de la suplencia de la queja. d. La Sala responsable sin fundamento alguno ni motivación pretende dar una traducción a las palabras "car allowance", perdiendo de vista que la legislación civil es clara en establecer que las promociones y actuaciones deben ser en idioma español, para el caso de escribirse en diferente idioma, deberán adjuntarse la traducción respectiva efectuada por el perito en la materia. d.1. Situación que no aconteció en el caso, ya que el tribunal responsable de mutuo propio consideró darle una traducción o significado a tales palabras, como que se trata de un "apoyo de vehículo", sin que para ello exista un dictamen con la traducción respectiva, perdiendo de vista que puede tener un diverso sentido como lo es "bono extra que se otorga a ciertos empleados para mantener un vehículo" o bien "monto otorgado al empleado vía nomina derivado de la monetización del esquema de vehículo ejecutivo a consecuencia de uso y desgaste de un vehículo personal". d.2. Los rubros de "car allowance", fondo de ahorro, de excedente gravable, retroactivo y gastos de viaje exentos, deben formar parte del deudor alimentario para efectos de la aplicación del descuento, así como las percepciones del demandado obtenga por conceptos de ayuda de renta, despensas, apoyo de vehículo, fondo de ahorro, gastos de viaje, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que recibió el demandado por su trabajo en la empresa donde laboraba, ya que deben entenderse como percepciones ordinarias y extraordinarias todas aquellas gratificaciones o cantidades que se entreguen al trabajador. c. Se considera incorrecta la cuantificación realizada por la Sala responsable correspondientes a los años dos mil ocho (donde se condenó a $43,825.30 cuarenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos 30/100 moneda nacional) y dos mil nueve (el cual se cuantificó en $52,010.00 cincuenta y dos mil diez pesos 00/100 moneda nacional). c.1. Respecto el primero, porque del periodo de tiempo la autoridad indicó que debía de iniciar a partir de febrero a diciembre de dos mil ocho (334 días), cuando lo correcto era del diecisiete de enero de ese año, tomando como base la data donde se decretó la pensión provisional -dieciséis de enero de esa anualidad-, siendo un total de 349 días, más quince días de aguinaldo, prima vacacional menos los once meses pagados por el deudor de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) da un total de $52,108.23 (cincuenta y dos mil ciento ocho pesos 23/100 moneda nacional) y no de $43,825.30 (cuarenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos 30/100 moneda nacional), como lo cuantificó la Sala. c.2. Con relación a la segunda anualidad, porque no se sumó el pago de los quince días de aguinaldo que ascienden a $20,550.00 (veinte mil quinientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) y prima vacacional de $2,740.00 (dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) menos los doce meses pagados por el deudor de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) lo que da un total de $56,668.00 (cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y no de $52,010.00 (cincuenta y dos mil diez pesos 00/100 moneda nacional), como lo definió la Sala. Los conceptos de violación descritos en los incisos a. al a.3., son infundados, en razón de que la suplencia de la queja también es a favor del deudor alimentario, como se explicara a continuación. Sobre este tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la suplencia de la queja, opera, entre otros casos, cuando la materia sustancial de la litis entraña una decisión en la que se vean trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia, o cuando estén en juego instituciones jurídicas de orden público; y busca la protección de la familia como grupo, en las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Asimismo, definió que los alimentos constituyen una institución de orden público, en el orden jurídico de la familia, dados los derechos fundamentales involucrados en ellos (la vida, la subsistencia, el nivel de vida digno y adecuado); de modo que es una institución caracterizada no sólo por permitir sino también por exigir una intervención eficaz del Estado, a través de los juzgadores, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento, se haga con apego a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales que la rigen; finalidad de interés general que amerita la posibilidad de intervención oficiosa del juzgador, mediante la suplencia de la queja, que le permita superar cualquier obstáculo derivado de la deficiencia de la impugnación de quien acude a juicio para controvertir una determinación en esa materia, o de quien acude a los recursos dentro del mismo. Por lo que concluyó que no debe estimarse como un obstáculo para aplicar la suplencia de la queja bajo el supuesto de afectación al orden y desarrollo de la familia en favor del deudor alimentario, así como la posibilidad de que coexista también la obligación de suplencia en favor del acreedor, ya sea bajo la diversa hipótesis de protección a los menores de edad (o a hijos mayores de edad cuyos alimentos subsistan por situación excepcional), o a personas mayores de edad con discapacidad; pues tratándose de la decisión sobre los alimentos, estos se rigen por diversos principios que garantizan su satisfacción en forma adecuada y justa; lo que debe imperar es una intervención oficiosa del juzgador que dilucide el derecho y la correlativa obligación, con apego al marco normativo que rige esa relación jurídica; y para ello, la suplencia debe operar para cualquiera de las partes en la contienda. Consideraciones que se plasmaron en la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." En el caso, como se da cuenta en los antecedentes de esta sentencia la acción que motivó el proceso incidental fue la demanda de pago de una cantidad líquida por concepto de alimentos, derecho al cual se le añadió la calificativa de ser adeudados porque no fueron pagados en la temporalidad en que el demandado incidentista debió de haberlo hecho, no obstante ser objeto de obligación previamente determinada y a cargo del tercero interesado. Esto, porque de las constancias que integran el juicio de origen, se aprecia que la autoridad fijó como pensión alimenticia provisional a favor del hijo de las partes el veinte por ciento de los ingresos del progenitor, la cual fue sustituida de forma definitiva por el treinta y dos por ciento de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Incumplimiento de dicha obligación que fue reclamada por ... por propio derecho y en representación de su hijo, al plantear el incidente de pensiones alimenticias no pagadas; procedimiento que fue seguido por sus trámites y el dos de diciembre de dos mil veintidós se resolvió; no obstante, ante la inconformidad del tercero interesado, interpuso recurso de apelación, en el cual la Sala responsable determinó modificar la interlocutoria aludida. De lo anterior se advierte que, contrario a lo que indica la parte quejosa, fue constitucional que la autoridad supliera la deficiencia de la queja a favor del demandado incidentista, pues el asunto de origen se trata de alimentos donde debe imperar una intervención oficiosa de la autoridad que dilucide el derecho y la correlativa obligación, y para ello, la suplencia debe operar para cualquiera de las partes en la contienda. Esto, porque la suplencia de la queja deficiente en favor de cualquiera de las partes intervinientes en un procedimiento donde se diluciden alimentos, es acorde con la intención que persigue la ley al establecer el orden y el desarrollo de la familia, pues de ese modo se logra un equilibrio entre las partes; ya que, se otorga tanto al acreedor como al deudor alimentario mecanismos jurídicos, para integrar una defensa adecuada a sus intereses y ejercer plenamente sus derechos. Y es que un trato distinto al deudor alimentario cuando concurre a un proceso no se justifica, pues forma parte de la familia misma, y al Estado le interesa salvaguardarla mediante los mecanismos jurídicos que no están a su alcance para integrar una defensa adecuada y ejercer plenamente los derechos humanos que le asisten en su carácter de integrante de la familia; razón por la que el órgano jurisdiccional debe realizar la ponderación necesaria y suplir la deficiencia de la queja no en beneficio del deudor, sino de la familia misma, analizando aquellos aspectos que, de oficio, advierta resultan violatorios de derechos humanos para alguna de las partes. Sin que sea impedimento para analizar este tema que en el criterio 1a./J. 24/2020 (10a.) se interpretara lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que conforme el precepto 217 de la legislación en comento, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, por lo que la Sala responsable debía acatarla en sus términos. Razones por las cuales también resulta inaplicable la tesis aislada que cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/29 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE OMITA OBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE RESULTE DE APLICACIÓN EXACTA AL CASO CONCRETO, POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY, QUE DEJE SIN DEFENSA AL JUSTICIABLE, CONFORME A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 217 de la Ley de Amparo establece un sistema de observancia obligatoria de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando tanto en Pleno como en Salas. Por lo que todos los juzgadores resultan vinculados con los criterios interpretativos del Máximo Tribunal del País, pues tienen la obligación ineludible de acatarlos a partir del día hábil siguiente a aquel en que son publicados en el Semanario Judicial de la Federación, debiendo hacerlo en todas las resoluciones que dicten en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, cuando se advierta la falta de observancia e inaplicación de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulten ser conducentes al caso concreto, ya sea porque definan o resuelvan el punto medular sometido a la competencia de los tribunales, ese proceder constituye una violación manifiesta de la ley, que deja sin defensa al justiciable, cuando se comete en la emisión de la resolución revisada. Por lo que, en ese supuesto, procede suplir la queja deficiente, conforme a la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo." En diverso aspecto, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa descritos en los incisos d. a d.2., son fundados, suplidos en su deficiencia, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el suscrito advierte que existe una violación manifiesta al principio de legalidad en perjuicio de la hoy quejosa. Es preciso destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los derechos humanos que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. A este respecto, cabe destacar el contenido del artículo 16 constitucional, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Así cabe decir, que el contenido formal del derecho humano de legalidad previsto en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y de legalidad. En el entendido que, conforme a los reiterados criterios jurídicos, por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. Por otra parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Con lo anterior, se evidencia que, para respetar la garantía de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar con toda precisión el precepto o los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además de exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión, ya que únicamente de esta manera el interesado tendrá las bases para fijar su defensa. En el caso, la Sala responsable al momento de resolver sobre las pensiones vencidas consideró: "(.) ..., en su carácter de representante legal de las empresas denominadas .... y .... quien refirió que el demandado incidentista ... laboró para la primera mencionada durante el periodo comprendido del primero de abril de dos mil diez al dos mil diecisiete, y, por cuanto hace a la segunda mencionada refirió del primero de enero al treinta y uno de marzo de dos mil diez, remitiendo los ingresos de forma anual obtenidos por el apelante en tablas que desglosan los rubros de aguinaldo, car allowance (apoyo de vehículo), comisiones, fondo de ahorro, sueldo vales de despensa, vales de restaurante, prima seguro de vida (sic), prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores, bono spiff, seguro de vida, PTU y viáticos, el cual no fue objetado por ninguna de las partes. Ahora, en virtud de que no deben ser considerados los rubros de "car allowance" (apoyo de vehículo), fondo de ahorro, fondo de ahorro excedente, retroactivo fondo de ahorro, viáticos y gastos de viaje exentos, como parte del salario del deudor alimentario para efectos de la aplicación del descuento, las tablas de ingreso correspondientes a los años dos mil diez a dos mil diecisiete, reportaban los siguientes ingresos: (.)" En ese orden, del estudio de la resolución combatida, se advierte que la responsable al momento de emitir el acto reclamado vulneró la garantía de legalidad; porque, como lo aduce el quejoso, no fundamentó ni motivó porqué los rubros de "car allowance" (apoyo de vehículo), fondo de ahorro, fondo de ahorro excedente, retroactivo fondo de ahorro, viáticos y gastos de viaje exento, no deben considerarse como parte de las precepciones ordinarias y extraordinarias contempladas para el cobro de la pensión que se fijó al demandado. Se afirma lo anterior, pues la responsable de manera dogmática refirió que los rubros aludidos no podían considerarse como parte del salario del deudor alimentario para efectos de la aplicación del descuento que por concepto de pensión se fijó y únicamente procedió a enlistar cuáles, a su consideración, sí eran los que debían tomarse en cuenta; a modo de ejemplo se inserta la tabla que realizó por lo que hace al año dos mil diez: Ejercicio 2010 Concepto de Precepciones Importe Anual 2010 Aguinaldo exento 1,723.80 2010 Aguinaldo Gravable 80,776.20 2010 Comisiones 582,151.83 2010 Sueldo 742,500.00 2010 Vales de despensa Exento 15,723.00 2010 Vales de despensa Gravable 6,777.00 2010 Vales Restaurante 12,150.00 PERCEPCIÓN TOTAL $1,441,801.83 Lo anterior, permite concluir que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, pues por una parte sí consideró como precepciones del deudor las correspondientes a Aguinaldo exento, Aguinaldo Gravable, Comisiones, Sueldo, Vales de despensa Exento, Vales de despensa Gravable y Vales Restaurante, pero se abstuvo dar las razones y fundamentos de porqué no era procedente considerar parte de ellos los relativos a "car allowance" (apoyo de vehículo), fondo de ahorro, fondo de ahorro excedente, retroactivo fondo de ahorro, viáticos y gastos de viaje exentos, en razón de que, como se indicó, se limitó a referir que forma dogmática que no era viable considerarlos, pero sin exponer los argumentos, preceptos o criterios que utilizó para llegar a esa conclusión. Entonces, al no haber cumplido, la responsable, con la obligación constitucional de fundar y motivar el acto reclamado, hace procedente declarar fundados esencialmente los conceptos de violación estudiados, suplidos en su deficiencia y por tanto procedente conceder la protección constitucional al peticionario de amparo. En diverso aspecto, también son fundados los conceptos de violación descritos en los incisos c. a c.2., por los motivos siguientes. Como se indicó, el principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Asimismo, contempla una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, el cual se refleja cuando el órgano resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En el caso, para cuantificar las pensiones caídas y no pagas correspondientes a los años dos mil ocho y dos mil nueve, se advierte que la autoridad responsable señalizó el cálculo siguiente: "Ahora bien, por cuanto hace a los años dos mil ocho y dos mil nueve, de la impresión de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social que obra en el cuaderno de constancias se advierte que el apelante se encontraba laborando durante ese periodo en la empresa denominada ..., teniendo como salario base los siguientes montos: AÑO SALARIO BASE 2008 $1,314.75 2009 $1,370.00 En ese sentido, y en virtud de que la medida provisional de pago fue fijada el dieciséis de enero de dos mil ocho, es decir, se consideran once meses como se describe en la siguiente tabla: AÑO SALARIO BASE PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2009 (334 DÍAS) DESCUENTO 20% (2 meses) PAGO $4,000.00 MENSUALES (11 meses) ADEUDO 2008 $1,314.75 $439,126.60 $87,823.30 $44,000.00 $43,825.30 ADEUDO 2008 $43,825.30 AÑO SALARIO BASE INGRESO ANUAL (365 DÍAS) DESCUENTO 20% (12 meses) PAGO $4,000.00 MENSUALES (12 meses) ADEUDO 2009 $1,370.00 $500,050.00 $87,823.30 $48,000.00 $52,010.00 ADEUDO 2009 $52,010.00" Sin embargo, esa consideración contiene una incongruencia que se traduce en una transgresión al principio de legalidad, y es así pues la autoridad partió del hecho de que en el año dos mil ocho transcurrieron únicamente once meses, desde la fecha en que se concedió la pensión provisional (dieciséis de enero de esa anualidad) al treinta y uno de diciembre de ese año y sobre esa base procedió a calcular las pensiones vencidas. No obstante, como lo indica la parte impetrante, de las constancias del proceso natural se advierte que el dieciséis de enero de dos mil ocho, se fijó una pensión alimenticia a su cargo, por lo que desde esa data al treinta y uno de diciembre de ese año, se observa transcurrieron once meses quince días, por lo que lo procedente era que la Sala considerara ese plazo para cuantificar lo adeudado y no únicamente once meses como lo realizó. Asimismo, se advierte asiste la razón a la parte quejosa, en el sentido de que no se integraron a la pensión de los años dos mil ocho y dos mil nueve, las percepciones ordinarias y extraordinarias que tuvo el tercero interesado en el proceso natural, puesto que de lo razonado por la autoridad responsable únicamente se advierte realizó el cálculo del adeudo conforme al ingreso anual, no obstante que en la fijación de la pensión se indicó que correspondía a las percepciones en comento, como en su caso sería el aguinaldo, bonos, primas, vales, etcétera, o bien, informar a las partes, de forma fundada y motivada, porque no era procedente que esos rubros formaran parte de lo cuantificado, lo que también se traduce en una incongruencia en lo sentenciado, puesto que, por lo que respecta a otros años sí los incluyó como parte para la cuantificación. Al efecto, se cita por sus consideraciones la tesis XI.2o.32 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SENTENCIA INCONGRUENTE. Cuando de la lectura de la sentencia se advierte que no existe continuidad en las consideraciones que esgrimió la autoridad responsable, la misma carece de congruencia en su redacción, por lo que el Tribunal Colegiado no está en condiciones de analizar su legalidad por carecer de la debida fundamentación y motivación." Es así, pues evidentemente ello incide directamente en lo resuelto en el acto reclamado, pues debe ser cuantificada la temporalidad completa que no fue pagada la pensión a que fue requerido el demandado, para lo cual deben considerarse también todas las precepciones ordinarias y extraordinarias que se obtuvo durante ese plazo, conforme lo establecido en los autos del proceso de origen; ya que solo de esta forma se es congruente con lo establecido como pensión alimenticia y lo solicitado por la parte quejosa en la incidencia de origen. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/296 de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." En estas condiciones, al ser fundados los conceptos de violación, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional a la parte peticionaria de amparo, para que la Sala responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Dicte otra donde reitere lo que no es materia de concesión y con plenitud de jurisdicción resuelva: 2.1. Atendiendo a los lineamientos de la presente ejecutoria, de manera fundada y motivada, explique por qué los rubros indicados en este fallo no son procedentes para considerar como parte de las precepciones del deudor alimentario; 2.2. Considere la temporalidad exacta de los meses y días transcurridos respecto del año dos mil ocho; y, 2.3. Explique por qué no se integraron a la pensión de los años dos mil ocho y dos mil nueve, las percepciones extraordinarias que tuvo el deudor alimentario, conforme lo establecido en este fallo. Sin que pasen inadvertidos los alegatos vertidos por la parte tercera interesada; sin embargo, no se aborda el estudio de sus aseveraciones, ya que no forman parte de la litis en el amparo. Orienta lo expuesto la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a *****, contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 439/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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