Alberto Aguilar Tapia
Expediente 433/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Aguilar Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho se negó el amparo y protección de la justicia federal dentro del presente asunto, y de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el fallo emitido; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó la protección de la Justicia Federal. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Puruándiro, Michoacán, las documentales que allegó al presente juicio por ser innecesaria su permanencia en el mismo, consistentes en copia certificada del proceso penal 70/2018. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/1814/2018, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos, los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 433/2017, promovido por Alberto Aguilar Tapia, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, Alberto Aguilar Tapia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde se admitió mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se registró con el número 433/2017, se solicitaron los informes justificados, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en Materia de Amparos. Con posterioridad se ordenó emplazar al ofendido José Ignacio Hernández García, y al representante social adscrito al Juzgado responsable en su carácter de tercero interesado; y finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado es un auto de término constitucional emitido por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta entidad federativa, donde este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción territorial. Segundo. Precisión del acto reclamado. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. Al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad es: La resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, dictada en el toca número I-32/2017, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión pronunciado en el proceso penal 70/2008, instruido en contra de Alberto Aguilar Tapia, por el delito de violación, en agravio de Jos, aspi como del toca penal ncia en Materia Penal de Purunal de Justicia del estado con residencia en esta ciudad vigente, actué Ignacio Hernández García. 2. Al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán: La ejecución de la anterior resolución. Tal precisión se obtiene de la demanda de amparo, informe justificado y las constancias que en su apoyo anexó la autoridad jurisdiccional. Es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del toca penal I-32/2017, así como el duplicado de la causa penal 70/2008, mismas que tienen valor pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Respecto al valor acreditativo de los documentos públicos es ilustrativa la Jurisprudencia doscientos veintiséis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Dicha jurisprudencia es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que el quejoso es el inculpado en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, a quien se le dictó auto de formal prisión, resolución que fue confirmada y que constituye la materia en este juicio constitucional, lo que evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que no se hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinto. Conceptos de violación. El quejoso expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, a través de la cual se confirmó el auto de formal prisión no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En principio, debe decirse que devienen inatendibles todos aquellos motivos de inconformidad, tendentes a atacar lo resuelto por el Juez de Primera Instancia, al resolver el auto de formal prisión de quince de diciembre de dos mil dieciséis; en virtud de que ésta fue sustituida por la de segunda instancia y que constituye el acto reclamado. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/4, visible en la página 121, del Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia". Ahora bien, debe decirse que este Órgano Constitucional abordará el análisis de la resolución reclamada, a la luz de las consideraciones ahí expuestas, así como de las constancias que obran en autos y en forma parcial de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo, en razón de que éstos en su mayoría son incongruentes, pues se refieren a situaciones y hechos que no corresponden a los datos que arroja el proceso penal de donde deriva la resolución tildada de inconstitucional. Se dice de este modo, toda vez que mientras en el asunto de que se trata, se imputa al quejoso su probable participación en la comisión del ilícito de violación previsto en el segundo párrafo del artículo 240 del Código Penal del Estado, Vigente al momento del hecho imputado -dieciocho de agosto de dos mil ocho- cuyos elementos consisten en 1). La existencia de cópula; y, 2) Que la conducta ilícita recaiga sobre una persona que por cualquier causa no está en posibilidades de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. Del contenido de los motivos de disenso se observa que en el primer párrafo de la foja seis, en una parte señala que no se encuentra acreditado el cuerpo del ilícito de violación y en otra, hace alusión al ilícito de abuso sexual pues señala que: ".Lo anterior, por tener acreditada la probabilidad el cuerpo del delito de violación en agravio de José Ignacio Hernández García al tener supuestamente comprobada plenamente la responsabilidad penal de mi defenso ante el antisocial ante (sic) citado. Circunstancias anteriores que causan importante agravio a mi patrocinado, ya que de las constancias que integran la presente causa penal NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADO EL DELITO DE ABUSO SEXUAL ni mucho menos la probable responsabilidad de mi patrocinado ALBERTO AGUILAR TAPIA, veamos porque:." Asimismo, más adelante esgrime que los medios de prueba que obran en el sumario son insuficientes para acreditar los elementos del delito de violación; sin embargo hace alusión a unos distintos a aquéllos que integran el delito por el que se le dictó el auto de bien preso -segundo párrafo del artículo 240- pues dice que consistían en: 1) Que alguien tenga cópula con una persona cualquiera que sea el sexo; 2) Que dicha cópula sea impuesta por medio de la violencia física o moral; y, 3) La ausencia de voluntad de la ofendida, es decir, la falta de consentimiento de la agraviada para el ayuntamiento carnal. También menciona que el quejoso cuestiona la validez del dictamen pericial, bajo la perspectiva de la inexistencia de la violencia física, lo que como se observa en líneas precedentes, no forma parte de los elementos del ilícito que nos ocupa. Pero además, a lo largo de los conceptos de violación se refiere a la víctima como "ofendida", cuando en el caso de que se trata es una persona del sexo masculino; incluso cuestiona la validez del dictamen médico, haciendo alusión a aspectos que no coinciden con las características del ofendido del sexto masculino, sino que corresponden al aparato reproductor femenino -vulva, vagina-, pues manifiesta: " .porque el perito señaló que el eritema que presentó la menor pasivo en la vulva pudo haber sido producido por diferentes causas robusteciéndolo en sus análisis en donde determina que dicho eritema pudo haber sido en respuesta de un agente físico, químico o biológico -sin precisar cual agente lo provocó- y que además no se puede catalogar como una lesión. Dicho de otra manera, no dictaminó que el eritema vulvar que observó en la menor ofendida, hubieren sido provocados por manipulación o agente físico, sino que dio la pauta a otros factores que lo hubiesen haber provocado, lo que genera incertidumbre o duda en relación a cuál fue el factor o agente que provocó el eritema en la integridad de la pasivo; pero además, porque tal conclusión no corrobora las versiones de los atestes, sobre todo lo vertido por la madre de la pasivo quien en todo momento indica que fue producto al tocamiento vaginal que realizó el activo sobre el cuerpo de la víctima."(foja 14 del juicio de amparo). Además, más adelante arguye que el dictamen le genera inseguridad jurídica, porque no corrobora los hechos imputados, al existir "otros factores que pudieran haber provocado el enrojecimiento de la vulva vaginal de la menor"; cuando se insiste, en la especie el ofendido en una persona del sexo masculino, y sus alegaciones se refieren a un dictamen practicado en una persona del sexo femenino. De igual manera, en el párrafo segundo de la página 11 del juicio de amparo, aduce que no existen elementos de convicción idóneos y suficientes para acreditar que el peticionario de amparo desplegó actos eróticos sexuales en la "ofendida"; cuando en el asunto de que se trata, nunca se adujo de la existencia de tales actos. En consecuencia, como se precisó en líneas precedentes, ante lo incongruente de tales conceptos de violación, este juzgado abordará el análisis de la resolución reclamada al tenor de sus consideraciones, las constancias de autos y de manera parcial de los motivos de disenso. Una vez precisado lo anterior se tiene, que de la simple lectura de la resolución reclamada se advierte que contrario a lo que afirma el quejoso, la sala responsable valoró adecuadamente los elementos de convicción que integran el expediente 70/2008, con los que se comprueba la materialidad del delito cuya comisión se imputa al quejoso, de conformidad con las reglas de comprobación que contiene el capítulo V, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Cuerpo del delito. En efecto, el delito de violación, se encuentra previsto y sancionado en el artículo 240, párrafo segundo, del Código Penal Vigente al momento del hecho imputado -dieciocho de agosto de dos mil ocho- del Código Penal del Estado, cuyos elementos consisten en: 1). La existencia de cópula; y, 2) Que la conducta ilícita recaiga sobre una persona que por cualquier causa no está en posibilidades de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa. El ad quem en forma correcta determinó que el activo el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho impuso cópula vía anal a José Ignacio Hernández García, quien presentó alteración mental, y que, acorde con el estudio psicológico que le fue practicado, "no presenta la capacidad de querer, entender y conducirse por si mismo, por lo que se recomienda sea supervisado en sus actividades cotidianas"; concluyó que, en términos del ilícito imputado, no está en posibilidad de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales. Lo anterior lo advirtió de la denuncia del ofendido José Ignacio Hernández de diecinueve de agosto de 2008 (foja 14 del tomo de pruebas); con las declaraciones de Ma. Del Carmen García Saldaña (foja 3 del tomo de pruebas), de Ofelia García Saldaña (foja 17 del tomo de pruebas), y Urbano Hernández Mdrigal (foja --)l certificado médico andrológico suscrito por médico forense (foja 11-12 del cuaderno de pruebas) practicado por perito en la materia de la dirección de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 32 del tomo de pruebas); inspección ocular en el lugar de los hechos (foja 21 del tomo de pruebas) a los que se les otorgó valor probatorio de conformidad con los artículos 289, 302, 303, 334 y 335 del Código de Procedimientos Penales del Estado -y no del Código Federal de Procedimientos Penales como lo señala el quejoso-, de las que derivó que: El dieciocho de agosto de dos mil ocho, alrededor de las nueve horas treinta minutos, José Ignacio Hernández García, que padece alteración mental, salió de su domicilio en la calle cerrada de Nicolás Bravo, número cuatro, de la Población de San Martín, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, con la finalidad e recoger leña, dirigiéndose al lugar conocido como "la zona", cerca de la escuela primaria de esa población. Alrededor de las trece horas, cuando José Ignacio regresaba de ese lugar por una brecha, por donde está un canal de aguas negras y al lado una parcela de maíz, se encontró por el camino a Alberto Aguilar Tapia, que cuidaba sus chivas y quien llamó a José Ignacio; éste se acercó, ya que lo conocía por ser vecino de esa población. En ese momento, Alberto tomó con fuerza a José Ignacio, lo volteó de espaldas y le puso los brazos hacia atrás, lastimándoselos; en el forcejeo, el imputado lo sostuvo con la mano izquierda, mientras con la derecha le bajó los pantalones y calzoncillos e hizo lo mismo con los suyos, sacó su pene y con un movimiento brusco le introdujo su miembro viril vía anal. Probable responsabilidad. Luego, en lo concerniente a la probable responsabilidad del aquí quejoso en el delito de violación, el magistrado responsable de manera acertada lo tuvo por acreditado con lo expuesto por el ofendido José Ignacio Hernández García, quien lo identificó y reconoció como la persona que le impuso la cópula anal. Lo que relacionó con el dictamen médico, del que derivaban actos compatibles con ese acto -desfloración anal- así como con el estudio psicológico del mismo en el que describió los hechos en la entrevista que le fue realizada por profesionista en psicología para emitir su dictamen, en términos similares a los expuestos en su declaración ante el ministerio público. También lo relacionó con el dicho de la madre de la víctima, Ma. Carmen García Saldaña, así como de los testigos Ofelia García Saldaña y Urbano Hernández Madrigal, tíos del agraviado, quienes refirieron tener conocimiento del hecho, la primera, por parte de su hijo, el ofendido, quien a su vez, hizo del conocimiento del hecho a su hermana Ofelia, para lo cual acudió a su casa, por lo que Urbano el esposo de ésta última, también se percató del hecho. Es por ello, que como bien lo señaló la responsable, existen pruebas que acreditan la probable participación del aquí quejoso, en la comisión del delito de violación, en razón de que fue quien le impuso cópula anal al ofendido y sin que se advierta la existencia de alguna causa excluyente de incriminación. Por tanto, se puede apreciar y contrario a lo que afirma el impetrante de la tutela constitucional, el tribunal de alzada, actuó legalmente al considerar que, en la especie, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Carta Magna, existían suficientes datos de prueba para establecer que probablemente Alberto Aguilar Tapia, es responsable del delito de violación. Además, se expresaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la comisión del ilícito de que se trata; también se fundamentó en artículo 240, párrafo segundo, del Código Penal Vigente al momento del hecho imputado -dieciocho de agosto de dos mil ocho- del Código Penal del Estado, y se expresaron los motivos y circunstancias que lo llevaron a arribar a la conclusión que en la especie se encontraba acreditado el cuerpo del delito de violación y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Sin que asista razón al quejoso, en el sentido que no existe un certificado de lesiones que demuestre que para imponerle la cópula al pasivo, el activo lo sujeto de los brazos y se los puso hacia atrás, toda vez que, en primer lugar, en el ilícito que nos ocupa no es necesario que se demuestre que la cópula fue impuesta por medio de la violencia física; y en segundo, si bien el pasivo refirió que lo tomó con fuerza de las muñecas, ello no quiere decir que al cometer esa acción necesariamente le hubiese ocasionado una lesión que fuera susceptible de ser apreciada por el médico que realizó el dictamen; de ahí que cuando se le practicó no haya referido una lesión física externa; sino únicamente la que describe y que es compatible con el acto que se le impuso -desfloración anal-. En otro orden, argumenta el peticionario de amparo, que si los hechos se hubiesen desarrollado como lo precisó el ofendido, el quejoso tendría alguna lesión con motivo de la resistencia física que hubiera opuesto éste; además aduce que la mecánica no era creíble, toda vez que era imposible que una persona logre someter a otra pudiendo realizar varias manipulaciones a la vez, como bajarse el pantalón, calzoncillos del pasivo y agresor. Además para recolectar leña se necesita de un instrumento y/o arma cortante, misma que pudo haber utilizado la víctima para repelar la supuesta agresión. Argumentos que resultan infundados, pues además que dichas consideraciones son apreciaciones meramente subjetivas; debe tomarse en cuenta, que de las experticias desahogadas en autos deriva, que el pasivo tiene una deficiencia mental y sus funciones psicomotrices no son acordes a la edad cronológica que representa, lo que podría llevar al convencimiento de que el ofendido no podía resistir la conducta del activo y que por ello no le ocasionara al activo alguna lesión, atento a la resistencia que opuso. Por otro lado, en diversos motivos de disenso, el peticionario de amparo se duele del valor otorgado al dictamen pericial en psicología y al certificado médico en andrología, substancialmente porque: No se encuentran ratificados. Porque los funcionarios que lo practicaron no son los indicados para hacerlo. No reúnen los requisitos que deben contener, dado que no precisan con claridad los estudios practicados y las conclusiones a las que arribaron. Que se basan en una entrevista realizada con el ofendido lo que genera incertidumbre jurídica. Argumentos que resultan infundados. Para establecer lo anterior, es conveniente traer a glosa el contenido de los artículos 289, 302 y 303 del Código Penal del Estado de Michoacán, del tenor literal siguiente: "Artículo 289.- Intervención de peritos, siempre que para el examen de personas animales, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales de determinadas ciencias o artes, se procederá con intervención de peritos. En el transcurso de la integración de la indagatoria, la pericia estará a cargo de personas que laboren en el área de Servicios Periciales de la procuraduría General de Justicia del Estado. Con independencia de lo anotado en el párrafo precedente, la defensa y el Ministerio Público tendrán derecho a proponer hasta dos peritos en el proceso para que dictaminen sobre cada punto que amerite intervención pericial, y el inculpado y el defensor podrán proponer peritos no oficiales. El servicio pericial es obligatorio". "Artículo 302.- Fundamentación de los dictámenes.- Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte le sugiera, y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen". "Artículo 303.- Forma y notificación del peritaje. Los peritos emitirán su dictamen por escrito, y lo ratificarán ante el juez de proceso cuando éste lo estime pertinente". De los citados preceptos legales deriva -en lo que interesa- que en el transcurso de la indagatoria, la pericia estará a cargo de las personas que laboren en el área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado; los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte sugiera, expresando los hechos y circunstancias que sirvan de fundamentación al mismo; y finalmente, que los peritos emitirán su dictamen por escrito, y lo ratificarán ante el juez del proceso cuando el juez lo estime pertinente. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que, en la averiguación previa que dio origen al proceso penal de donde emana el acto reclamado, en acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil ocho, el Agente del Ministerio Público Judicial de Puruándiro, Michoacán, solicitó al médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, el certificado médico del ofendido (foja 6-7), el cual fue rendido en esa misma data por el Perito Médico Forense Dr. Juan Antonio David Olivares Flores. Asimismo, mediante oficio de diecinueve de agosto de dos mil ocho, solicitó un estudio psicológico del ofendido, el cual fue rendido al día siguiente, por la psicóloga Susana Ramírez Ledesma. Bajo la óptica jurídica anterior se observa que opuesto a lo alegado por el impetrante, los dictámenes rendidos en autos sí tienen valor probatorio al estar emitidos por personas indicadas para ello, puesto que tal y como lo exige el precepto 289 del Código de procedimientos Civiles del Estado, ambos laboraban en el área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin que deba ordenarse su ratificación al tenor del contenido de las tesis aisladas sustentadas por la Primera Sala de Justicia de la Nación, números 1ª.LXIV/2015 (10ª) y 1ª. XXXIV/2016, de los rubros "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL." Y "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE.", respectivamente. En las que se determinó -en la primera- que al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; y -en la segunda- que dicha desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello, en virtud que dichos criterios se originaron atento a la desigualdad procesal establecida en el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que exime a los peritos oficiales a ratificar los dictámenes y obliga a los de las demás partes en el juicio a hacerlo; lo que no acontece en la especie, en razón que el precepto 303 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, no da lugar a dicha desigualdad, sino que sólo establece una facultad potestativa al juez, para que ordene su ratificación únicamente cuando lo estime pertinente, sin hacer distinción en los dictámenes oficiales o particulares; por tanto, contrario a lo argumentado por el quejoso, la falta de ratificación de la experticia rendida en autos por su emisor, es insuficiente para restarle valor u ordenar su ratificación. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia PC.X. J/7 P (10ª.), consultable en la página 927, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, Materia Penal de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Plenos de Circuito, Registro 2016022, que señala: "DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL. LA FALTA DE RATIFICACIÓN POR SU EMISOR ES INSUFICIENTE PARA RESTARLES VALOR PROBATORIO O INVALIDARLOS, EN VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO ABROGADO, NO PREVÉ ESE REQUISITO [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)]. La legislación referida no impone la obligación de ratificar los dictámenes periciales, sean oficiales o particulares; de ahí que, atento al principio de derecho que establece que donde el legislador no distingue, el intérprete no debe hacerlo, si en el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco abrogado no se destacó esa circunstancia, entonces la autoridad ministerial o los tribunales que apliquen la legislación instrumental de la materia y fuero no deben exigir ese requisito que resultaría extralegal. Por tanto, la falta de ratificación del dictamen pericial por su emisor es insuficiente para restarle valor probatorio o invalidarlo, habida cuenta que los artículos 108 y 109, fracción III, del código mencionado prevén la valoración libre y razonada de la prueba pericial; por ello, es inaplicable la tesis aislada 1a. XXXIV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 673, con el título y subtítulo: "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE.", en la que se analizó el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, ya que éste sí ordena la ratificación de los dictámenes rendidos solamente por peritos no oficiales, creando con ello una desigualdad procesal que no se actualiza en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco abrogado." Asimismo, contrario a lo que afirma el quejoso, las experticias sí contienen los estudios que fueron practicados y las conclusiones a las que arribaron. Esto, porque del certificado médico andrológico se observa, que se realizó una exploración física de la que concluyó: "C O N C L U S I O N E S: PRIMERA: Ignacio Hernández García tiene una edad clínica mayor de 16 años y menor de 18 años de edad. SEGUNDO. Ignacio Hernández García en el momento actual sí presenta datos de alteración mental. TERCERO. Ignacio Hernández García no es púber. CUARTA. Ignacio Hernández García sí presenta desfloración anal. QUINTA. Ignacio Hernández García no presenta huellas de violencia física externas de reciente producción. SEXTA. No se tomó muestra de exudado anal por no considerarse necesario." Por lo que toca al estudio en psicología se señaló la metodología aplicada, a saber, entrevista abierta y directa con la persona motivo de estudio; aplicación de las pruebas psicológicas; evaluación de las pruebas aplicadas; interpretación, análisis e integración, de la entrevista y de las pruebas psicológicas, y se concluyó que: "CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El examinado; José Ignacio Hernández García, presenta daño orgánico en estos momentos presenta un coeficiente intelectual menor a la edad cronológica que presenta con retraso mental leve. El examinado no presenta la capacidad de querer, entender y conducirse por sí mismo, por lo que se recomienda sea supervisado en sus actividades cotidianas. 2. De acuerdo a los hechos ocurridos, se observó daño psicológico a consecuencia de abuso sexual, por lo que se recomienda tratamiento psicológico. Pide que se castigue al señor por lo que hizo. Sin que le genere incertidumbre jurídica al quejoso, que la prueba en psicología se hubiese realizado con una entrevista del ofendido; pues ello forma parte, precisamente de la metodología aplicada. En otra porción de los conceptos de violación, el amparista señala que los testimonios rendidos por la madre del ofendido Ma. Del Carmen García Saldaña, Ofelia García Saldaña y Urbano Hernández Madrigal, carecen de valor probatorio en razón a que son testigos de oídas, argumentos que se estiman infundados. Se dice de este modo, en razón de que atestiguaron sobre hechos que conocieron con proximidad a ocurrido el evento; esto es, que el propio ofendido se lo indicó a su progenitora, y con motivo de ello ésta acudió con su hermana. Y si bien no presenciaron directamente el momento exacto en que ocurrieron los hechos, esto se debe a que en tratándose de la comisión de delitos sexuales, éstos se cometen generalmente con ausencia de testigos, y ante ello es que tienen valor preponderante la declaración del ofendido, lo que aunado a lo relatado por los testigos, y las pruebas periciales en psicología y medicina andrológico es suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. En apoyo a lo anterior, es de invocar la tesis visible en el Tomo X, Octubre de 1992, Materia Penal, visible en la página 312, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DELITOS SEXUALES. VALOR DE LA DECLARACION DE LA OFENDIDA. La declaración de la ofendida, tratándose de delitos sexuales, cometidos casi siempre en ausencia de testigos, tiene valor preponderante." En otro orden, devienen inatendibles los diversos motivos de inconformidad en los que se refiere a la prueba circunstancial, dado que en el asunto que nos ocupa, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso se tuvo por demostrada mediante la prueba directa; entre los que destacan, la imputación del ofendido, el certificado médico, la pericial en psicología. Así pues, hasta este momento procesal (auto de término constitucional), los datos probatorios existentes en el sumario son suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Alberto Aguilar Tapia, en la comisión del ilícito de violación que se le reprocha, pues para ello no le es exigible al juzgador que tenga pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del implicado, máxime si las imputaciones no están desvirtuadas con prueba fehaciente alguna al momento en que se dictó el acto reclamado. Puesto que de autos, tal y como se precisó en párrafos precedentes, se advierte la presencia de condiciones suficientes para iniciar el proceso instruido en contra del quejoso, lo cual se vio colmado con la totalidad de indicios que fueron analizados y valorados por la responsable, otorgándole así seguridad jurídica, pues en la resolución que constituye el acto reclamado se expusieron de manera clara y precisa los motivos y fundamentos legales por los cuales se concluyó que en el caso se acreditó el cuerpo del delito de abuso sexual así como su probable responsabilidad, lo que se traduce en el acatamiento al principio de presunción de inocencia de que goza el amparista. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 400, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aún considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba." Aunado a lo anterior, en el dictado del auto de formal prisión no se exigen ineludiblemente pruebas completamente claras que establezcan la culpabilidad del quejoso, sino únicamente, que los datos que obran en la causa penal y arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del delito en esa etapa procesal, y así también, hagan probable la responsabilidad del inculpado. Es aplicable la jurisprudencia VI.1º.J/49 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la Octava Época visible en la página setenta y seis del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1996, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Consecuentemente, este Juzgado Constitucional advierte verificados los derechos fundamentales del peticionario del amparo, contempladas en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se determina que la resolución reclamada se encuentra apegada a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y adecuada defensa. En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle la protección constitucional que solicita. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Aguilar Tapia, por propio derecho, en contra del acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la resolución dictada el siete de abril de dos mil diecisiete, en el toca penal número I-32/2017, por medio del cual se confirmó el auto de formal prisión de quince de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 70/2008, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en Puruándiro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el diecisiete de enero del año en curso e informa el domicilio donde puede ser emplazado al presente juicio el representante del tercero interesado José Ignacio Hernández García; asimismo remite documentales que así lo acreditan. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento del tercero interesado en cita por conducto de su representante Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, de Puruándiro, Michoacán, por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones se le realizarán por la misma vía. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6704/2017 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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