Alba Teri Ruz Villafaña

Expediente 413/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
413/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Alba Teri Ruz Villafaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 413/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el oficio sin número registrado bajo el número 10944, signado por el Titular de Enlace Jurídico de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, respecto del cual se ordena proveer lo conducente en la etapa respectiva. Asimismo, se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán [fojas 18 a 25 y 30 a 53]. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento 179/2019 presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como con los formulados por el Titular de Enlace Jurídico de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos contenidos en el pedimento de la Fiscal de la Federación y en el oficio de la Universidad aquí tercera interesada; por lo que se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Alba Teri Ruiz Villafaña, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, que estimó violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por la promovente, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se reconoció carácter de tercera interesada a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, en cuanto parte demandada en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento [foja 62]; y finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que la parte quejosa reclama a la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, consiste en: El auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio 5B-268/2016, que en la vía ordinaria laboral promovió la aquí quejosa contra la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En dicho auto la autoridad responsable determinó que con la cantidad exhibida por la Universidad demandada, se dio cumplimiento total al convenio celebrado entre las partes del juicio de origen, y por lo anterior, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [foja 17]. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad responsable, consistentes en copia autorizada de las constancias relativas al juicio ordinario laboral 5B268/2016 [fojas 18 a 25 y 30 a 53]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, pues refiere que la quejosa, contra el mismo acto reclamado en esta instancia constitucional, interpuso recurso de revisión dentro del expediente natural, dentro del cual se celebró la correspondiente audiencia de pruebas y alegatos el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, para lo cual anexa una copia de dicha actuación. Al efecto, se corrige la cita del precepto invocado por la parte tercera interesada, pues este juzgador advierte que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que dentro del juicio de origen está pendiente por resolver un recurso de revisión de actos contra lo determinado por la Presidenta de la Junta responsable en el referido proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, que constituye el acto aquí reclamado. Se explica. En el artículo 61, fracciones I a XXIII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Luego, el artículo 61, en su fracción XIX de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]". Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió recurso de revisión contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, concretamente, contra el proveído de fecha veinticinco de marzo de la propia anualidad, en el que se ordenó el archivo definitivo del juicio, virtud a un convenio de pago de laudo. Dicho medio de impugnación fue admitido en auto del uno de abril siguiente, de lo que se sigue que la firmeza y subsistencia del proveído combatido se encuentra sujeta a la resolución que recaiga al referido recurso ordinario, pues en dicha hipótesis opera el principio de definitividad y en esa virtud, el juicio de amparo será procedente hasta que la resolución que resuelva el aludido recurso adquiera firmeza procesal. Como se advierte, lo anterior resulta acorde con la causa de improcedencia que se analiza, pues establece que el juicio de amparo será improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto; por tanto, al haber interpuesto el propio quejoso un recurso ordinario establecido en la ley, contra el mismo proveído del que se duele en esta instancia constitucional, dicha parte promovente deberá esperar a que el mismo se resuelva, de acuerdo con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo contenido en la fracción XIX de la Ley de Amparo en cita, el cual no permite que subsista de forma paralela el juicio de amparo y un medio ordinario de defensa. Lo expuesto, permite advertir con toda claridad que el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, es el medio de impugnación idóneo para combatir el acto aquí reclamado y con el cual puede tener como resultado que se revoque, modifique o anule el auto que considera violatorio de sus derechos. Luego, si con motivo de la interposición del recurso interpuesto puede modificarse o quedar insubsistente el proveído reclamado, este Juzgador debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos dentro del medio de impugnación que hicieron valer, lo que se encuentra acreditado con las constancias remitidas por la autoridad responsable de las que se aprecia que a la fecha no ha sido resuelto el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, con motivo del cual, puede modificar o quedar insubsistente el acto reclamado, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Sin que sea obstáculo que el criterio antes indicado interprete el artículo 73, fracción XIV, de la anterior Ley de Amparo, pues su contenido es el mismo del diverso 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Lo anterior, no causa alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708; cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alba Teri Ruiz Villafaña, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, y por los motivos que quedaron precisados en la cuarta consideración de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que aún no obra el emplazamiento de la parte tercera interesada, en el cual se ordenó en auto de veintisiete de mayo del año en curso. En esa virtud, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista el estado que guardan los autos, se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, es la parte demandada dentro del juicio laboral de origen 5B-268/2016. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter, en virtud de tener intereses contrarios a los de la parte quejosa. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada en el domicilio ubicado en ******************** ******************** por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar al tercero interesado o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, las diez horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalen domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señalen domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se les harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágasele saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano