Alberto Adrian Hinojosa Cruz

Expediente 445/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
445/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Alberto Adrian Hinojosa Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno contra el acuerdo de veinticinco de mayo pasado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tómese conocimiento de la certificación secretarial, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto OCTAVO, del citado Acuerdo General, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales.

  2. Principal

    MESA V.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo signada por ALBERTO ADRIÁN HINOJOSA CRUZ, contra acto reclamado del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 445/2022. DESECHAMIENTO... Bajo ese panorama, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 113, en relación con los diversos artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Asimismo, en términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento a Antonio Reyes Pérez, en virtud de que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito...

  3. Principal

    MESA V Vista la demanda de amparo signada por ALBERTO ADRIÁN HINOJOSA CRUZ, contra acto reclamado del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 445/2022. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora bien, el quejoso reclama "LA PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE FORMULA LA AUTORIDAD RESPONSABLE (.)", en la causa penal 354/2021, mediante la cual "(.) AÚN Y CON LA RECONSIDERACIÓN SE ME HACE LA MISMA PROPUESTA DE 4 AÑOS DOS MESES, Y 10 DÍAS MULTA (.)"; atribuida al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México. En el caso, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en la en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Lo anterior es así, toda vez que la determinación reclamada no puede ser considerada como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que quien lo emitió, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como autoridad responsable. Por lo anterior, conforme a la naturaleza del acto que se atribuye al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México, consistente en "LA PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE FORMULA LA AUTORIDAD RESPONSABLE (.)", en la causa penal 354/2021, mediante la cual "(.) AÚN Y CON LA RECONSIDERACIÓN SE ME HACE LA MISMA PROPUESTA DE 4 AÑOS DOS MESES, Y 10 DÍAS MULTA (.)", se aprecia que ello constituye una decisión emitida conforme a la Institución del Ministerio Público, quien tiene la calidad de parte procesal en la causa instruida al imputado aquí quejoso, en un plano de igualdad; por lo que no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que actuó como parte en el procedimiento penal en términos del artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, pues no obstante que es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad -pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos-, sin embargo, en la fase en la que se emitió la determinación reclamada, el fiscal responsable no actuó como autoridad, ni como una institución independiente del Ministerio Público, sino que su actuación se traduce en una sola institución que se rige por los principios de unidad e indivisibilidad. En efecto, en términos de las diversas disposiciones (artículos 201 al 206) que regulan el procedimiento abreviado establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al agente del Ministerio Público le corresponde solicitar al juez de la causa dicho procedimiento abreviado como lo señala el numeral 202 del precitado código adjetivo; precisándose en el último párrafo de este artículo, que el Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en dicho artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador. Aunado a que, las determinaciones emitidas en torno a las penas no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c), del código procedimental de referencia, tiene la facultad de consentir o no la aplicación del procedimiento abreviado. Por lo que, el acto que le reclama al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello es así, pues el citado funcionario al desplegar su función lo hizo en representación de la institución ministerial, quien tiene el carácter de parte procesal dentro del procedimiento penal instruido al aquí quejoso, pero que carece de imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues la determinación reclamada no es obligatoria ni vinculante para el imputado, por ello no es posible que afecte su esfera jurídica, ya que tiene el derecho de negarse a la aplicación del mencionado procedimiento abreviado, por no convenir a sus intereses, y continuar con el procedimiento respectivo (juicio oral); máxime porque corresponde al juez de control autorizar el procedimiento abreviado. Por ello, en el caso concreto, en la actuación reclamada al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México, señalado como responsable, es posible determinar que no realizó actos obligatorios en su carácter de autoridad, a pesar de que en cierta fase del procedimiento penal actúe como autoridad; empero, en el caso concreto, actuó como parte procesal, incluso, a solicitud del propio imputado -aquí quejoso-, pues refirió en los antecedentes del acto reclamado lo siguiente: "(.) ES EL CASO QUE EL SUSCRITO SOLICITÓ PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EN EL QUE LA AUTORIDAD MINISTERIAL REALIZÓ EL PLANTEAMIENTO DE LO SOLICITADO, POR LO CUAL SE FIJÓ FECHA DE AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, SIENDO ESTO CON FECHA 12 DE ABRIL DE PRESENTE, Y ES EL CASO QUE EN ESTA FECHA SE NOTIFICA LA PROPUESTA POR PARTE DE LA FISCALÍA FEDERAL, TENIENDO EN EL ENTENDIDO QUE POR EL DELITO A QUE FUIMOS VINCULADOS FUE EL DE CONTRA LA SALUD CON FINES DE SUMINISTRO DEL ESTUPEFACIENTE DENOMINADO METANFETAMINA CON FINES DE SUMINISTRO, QUE NOS ESTABLECE UNA PENA MÍNIMA DE 5 AÑOS, ATENDIENDO A LA SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO SE SOLICITÓ DE PROPUESTA, SIENDO QUE ESTA FECHA AL IMPUTADO DE NOMBRE GAMALIEL OLGUÍN SERAFÍN, SE LE PROPONÍA UNA REDUCCIÓN DE PENA DE UNA QUINTA PARTE, ES DECIR SE LE DISMINUIRÍAN 12 MESES, QUEDANDO UNA PENA DE 4 AÑOS DE PRISIÓN, Y 100 DÍAS MULTA (.) AHORA BIEN Y PARA EL SUSCRITO SE LE PROPONE UNA REDUCCIÓN DE UNA SEXTA PARTE DE LA PENA, DANDO COMO RESULTADO UNA PENA DE 4 AÑOS DOS MESES, Y 10 DÍAS MULTA (.)". De manera que, con ello no se genera relación alguna de supra a subordinación, entre la institución ministerial y el peticionario del amparo, sino que, como ya se precisó, esa determinación fue en un plano de igualdad como partes procesales del procedimiento penal instruido al imputado. En esa tesitura, al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula F-II 1 Zona Centro en Ciudad de México, no puede considerársele como autoridad responsable, al no haber realizado acto de autoridad alguno; pues con su actuar no crea, modifica o extingue en forma unilateral, coercitiva y obligatoria, alguna situación jurídica o fáctica del promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia.- Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo". Así como la diversa I.6o.P.134 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1131, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD PARA SOLICITAR SU APERTURA Y LA REDUCCIÓN DE LA PENA ES EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE SI ÉSTE RECHAZÓ LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REDUCIR AÚN MÁS LA PENA MÍNIMA PROPUESTA EN ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONTRA ESA NEGATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el andamiaje constitucional y procesal que rige en el sistema penal acusatorio, la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, tan es así que el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la Representación Social y aceptada por el imputado; de ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. Por tanto, si la autoridad ministerial (fiscal de litigación de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) rechaza la solicitud de aquél de reducir aún más la pena mínima propuesta en esta forma de terminación anticipada, contra esa negativa es improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, relativa a la falta de interés jurídico, ya que el acto reclamado no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues sólo evidencia que las partes no han llegado a un acuerdo y que no existe conciliación, al no aceptar el imputado la pena aprobada para la terminación anticipada del proceso y, ante la falta de arreglo posible, el juicio debe continuar conforme a las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario". Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto el auto inicial por regla general no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, también lo es que existe una salvedad consistente en que se advierta en forma patente y absolutamente clara, teniendo la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; hecho que acontece en la especie. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la tesis III.5o.A. J/6 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 2505, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Tomo IV, Materia Común, Octubre de 2016, del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes". Bajo ese panorama, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 113, en relación con los diversos artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de estas por la secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Asimismo, en términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento a Antonio Reyes Pérez, en virtud de que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". Por otra parte, se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que refiere, por así haberlo solicitado. De igual manera, se tienen los números de teléfono y el correo electrónico que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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