Alan Zaragoza Saldaña
Expediente 634/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alan Zaragoza Saldaña
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que este órgano jurisdiccional le remitió los autos originales del juicio de amparo 634/2018-IV-A; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada, registrando el asunto bajo el número de amparo 1020/2018-H, de su estadística. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran seis meses, procédase a su destrucción.
- Principal
MESA IV.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal de autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al promovente de amparo para que desahogara la prevención formulada en proveído de veintitrés de julio del año en curso, feneció sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional acuerda: COMPETENCIA Resulta necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de territorio de este juzgado, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Al respecto, es necesario puntualizar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda planteada, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, en su orden establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, página 88, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. Sobre esa base, tomando como punto de partida el análisis efectuado al escrito de demanda, se conoce que el quejoso Alan Zaragoza Saldaña, reclama: La orden de aprehensión. Atribuido al Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México. Su ejecución. Atribuido al Coordinador de Presentaciones y Mandamientos Judiciales en Neza-Amecameca, Estado de México. De igual manera, en el capítulo de hechos el promovente de la demanda de amparo refiere: ".en diferentes ocasiones me fue comunicado por mi familia que insistentemente me buscaban unas personas al parecer elementos de la Policía Ministerial. .Es el caso que el día 5 de Julio del año en curso se presentaron de nueva cuenta en mi domicilio, unas personas que dijeron ser elementos Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al parecer del grupo de aprehensiones sin poder localizarme, ya que el suscrito quejoso me encontraba realizando funciones propias de mi trabajo, ignorando los motivos por los cuales era buscada por dichos elementos, por lo que desde esa fecha de manera constante han estado en mi domicilio diferentes personas tratándose de Policías Ministeriales, pretendiendo privarme de mi libertad puesto que así se lo manifestaron a mi familia." Bajo esa perspectiva, resulta incuestionable que el acto reclamado tendrá ejecución en el Estado de México, lugar en donde radica la autoridad señalada como responsable ejecutora, quien tiene competencia en dicha entidad para ejecutarlo; por tanto, el supuesto de competencia planteado en el inciso 1) se surte a favor del Juzgado Federal que ejerce jurisdicción dentro del territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Sin que obste el hecho de que el quejoso no haya señalado domicilio donde pretendió ejecutarse la orden de aprehensión, habida cuenta que tal aspecto no propicia la competencia de este órgano jurisdiccional, ya que equivaldría a dejar al arbitrio del solicitante de amparo la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 383, Décima Época, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por lo anterior, este órgano jurisdiccional está impedido para conocer del presente asunto, ya que no existe evidencia en autos que se hubiere ordenado la ejecución del acto reclamado a alguna autoridad que resida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgado, máxime que este órgano jurisdiccional requirió al quejoso para que señalara a autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, sin que lo hubiere hecho; más cuando el tema de la competencia se erige como una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto. Al caso por las razones que en ella se contienen, es pertinente atender al contenido de la jurisprudencia I.2o.P. J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Página: 36, Octava Época, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo; por tal motivo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase este juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno; solicitando al órgano de control constitucional que conozca, el acuse de recibo correspondiente y la comunicación de la resolución que se pronuncie al respecto.
- Principal
MESA IV. Vista la demanda de amparo presentada por Alan Zaragoza Saldaña, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 634/2018-IV-A. PREVENCIÓN A efecto de proveer lo conducente al escrito de demanda, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ... En consecuencia, procede conforme al mencionado artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA" requerir al parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad haga lo siguiente: Señale a autoridad ejecutora con residencia en esta Ciudad. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no señalar a autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, se proveerá lo conducente únicamente en cuanto a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. *** DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional, por señalar los estrados. *** Ahora bien, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Celestino Galindo Moreno y Alejandra Esther Beltrán Constantino, en virtud que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema descrito en la certificación secretarial y para oír y recibir notificaciones en términos del párrafo segundo, del numeral 24 de la Ley de Amparo a Cristian Cheren Rueda Sánchez y Alexis Mauricio López García, por no contar con dicho registro, así como a Javier Cruz Castillo, por así señalarlo. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciados en Derecho o Abogados, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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