Alberto Abundez Olvera
Expediente 1233/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2018
Partes del expediente
- Alberto Abundez Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dieciocho de julio de dos mil dieciocho; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], en el entendido que el presente asunto se tramito sin incidente de suspensión y archívese el presente asunto concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que el quejoso Alberto Abundez Olvera, por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, reclamó del Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla: La omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que solicitó: La suspensión de trámite de escrituración solicitada por Katia Vázquez y Antonio Peña, respecto de los lotes veintidós y veintitrés de la manzana sesenta y nueve, zona uno, ubicados en San Bernabé Temoxtitla, Santa Clara Ocoyucan, Puebla; La expedición de copias certificadas de la documentación exhibida por dichas personas. Una vez precisado lo anterior, debe indicarse que de las constancias que el Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla remitió en apoyo a su informe justificado, se advierte que el cuatro de junio de dos mil dieciocho, se acordó el escrito de mérito y se le hizo saber que para estar en condiciones de determinar la procedencia de su petición de suspensión de trámite de regularización iniciada por Kathia Vázquez Gómez y Antonio Peña Maldonado, era necesario que acreditara su interés jurídico mediante la exhibición de documentos que acrediten la adquisición de los predios de referencia; además, le indicó que carecía de facultades para dirimir controversias entre particulares respecto a la posesión de predios. Asimismo, respecto a su petición de expedición de copias, le indicó que no era procedente, dado que la documentación que solicitó contenía datos personales. Determinación que se le notificó mediante instructivo de seis de julio de dos mil dieciocho. Los documentos referidos adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que mediante oficio 1.8.21/001222/2018 de cuatro de junio de dos mil dieciocho, la responsable acordó el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho ante ésta, por el quejoso Alberto Abundez Olvera; circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por el Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla, con valor probatorio pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible se colige que la autoridad responsable al haber acordado el escrito aludido dentro del juicio natural, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna de dicha afectación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que el quejoso Alberto Abundez Olvera, por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, reclamó del Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla: La omisión de acordar el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que solicitó: La suspensión de trámite de escrituración solicitada por Katia Vázquez y Antonio Peña, respecto de los lotes veintidós y veintitrés de la manzana sesenta y nueve, zona uno, ubicados en San Bernabé Temoxtitla, Santa Clara Ocoyucan, Puebla; La expedición de copias certificadas de la documentación exhibida por dichas personas. Una vez precisado lo anterior, debe indicarse que de las constancias que el Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla remitió en apoyo a su informe justificado, se advierte que el cuatro de junio de dos mil dieciocho, se acordó el escrito de mérito y se le hizo saber que para estar en condiciones de determinar la procedencia de su petición de suspensión de trámite de regularización iniciada por Kathia Vázquez Gómez y Antonio Peña Maldonado, era necesario que acreditara su interés jurídico mediante la exhibición de documentos que acrediten la adquisición de los predios de referencia; además, le indicó que carecía de facultades para dirimir controversias entre particulares respecto a la posesión de predios. Asimismo, respecto a su petición de expedición de copias, le indicó que no era procedente, dado que la documentación que solicitó contenía datos personales. Determinación que se le notificó mediante instructivo de seis de julio de dos mil dieciocho. Los documentos referidos adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que mediante oficio 1.8.21/001222/2018 de cuatro de junio de dos mil dieciocho, la responsable acordó el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho ante ésta, por el quejoso Alberto Abundez Olvera; circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por el Delegado Federal del Insus en el Estado de Puebla, con valor probatorio pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible se colige que la autoridad responsable al haber acordado el escrito aludido dentro del juicio natural, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna de dicha afectación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa Alberto Abundez Olvera, en el que solicita la anotación registral preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, vista la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado es la omisión por parte del Delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de Puebla, de acordar el escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que solicitó se le expida copias certificadas de la documentación exhibida por Katia Vázquez y Antonio Peña, por tanto, dígasele al quejoso que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que lo que reclama el promovente es la violación a un derecho de petición no así la violación a un derecho real.
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