Alberta Candia Castillo

Expediente 1265/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1265/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Alberta Candia Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el término concedido a las partes para ampliar el cuestionario al tenor del cual se desahogarán las pruebas periciales en caligrafía y grafoscopía ofrecida por los terceros interesados José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte, así como la diversa pericial en caligrafía y grafoscopía que ofreció la quejosa Marina Reynalda Morante Peñaflor, y nombraran perito de su parte, sin que hasta la fecha lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó a las partes y se les tiene por perdido tal derecho, por lo que las citadas pruebas periciales de que se trata se llevarán a cabo únicamente al tenor de los cuestionarios formulados tanto por los terceros interesados como por la quejosa, sin adiciones. Atento a lo anterior, tocante a la pericial en grafoscopía y documentoscopía que ofrecieron los terceros interesados José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte, se tienen como firmas dubitables o cuestionadas, las que se encuentran estampadas en la copia certificada del contrato privado de compraventa de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que plasmaron José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte, y que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, y como firmas indubitables las que aparecen estampadas en sus credenciales para votar a nombre de los terceros interesados José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte (mismas que ya fueron exhibidas por la parte tercero interesada y que obran en autos a foja 350), así como las que estampen en presencia judicial, reservándose señalar día y hora para tal efecto, hasta en tanto los peritos nombrados ya hayan comparecido a aceptar y protestar el cargo conferido. Asimismo, como lo solicitan los citados terceros interesados, requiérase a la quejosa Marina Reynalda Morante Peñaflor, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, exhiba ante este Juzgado de Distrito, el original del instrumento público 31706, de la Notaría Pública Número Uno, del distrito judicial de Huejotzingo, Puebla, que contiene la ratificación del contenido y firma del contrato privado de compraventa de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no comunicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, en relación con la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía que ofreció la quejosa Reynalda Morante Peñaflor, se tienen como firmas dubitables o cuestionadas las que se encuentran estampadas en la copia certificada del contrato privado de compraventa de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, que plasmaron José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte, y como firmas indubitables las que plasmaron los terceros interesados José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte en el escrito que presentaron ante este órgano jurisdiccional el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 68), así como las que estampen en presencia judicial, para lo cual se reserva señalar día y hora, hasta que los peritos nombrados en autos, acepten y protesten el cargo que le fue conferido. De igual forma, se tiene como firma indubitable la que se encuentre estampada por la tercero interesada Amalia Hernández Olarte, en sus anteriores credenciales para votar, para lo cual, gírese oficio al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría Técnica Normativa adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada del archivo histórico de la credencial de elector a nombre de Amalia Hernández Olarte, con número de folio 0000038491057, de la cual se anexa copia simple para su pronta localización, con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no comunicar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá a cada uno una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Consecuentemente, requiérase a la quejosa Marina Reynalda Morante Peñaflor, así como a los terceros interesados José Aureleano Oscar Damián Méndez y Amalia Hernández Olarte, para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, presenten ante este órgano jurisdiccional debidamente identificados a Guillermo Morales Benítez y a Libia Carmen Guevara López, a quienes designan como perito de su parte, respectivamente, para que acepten y protesten el cargo conferido, con el apercibimiento que de no presentar a su perito a aceptar y protestar el cargo que se les confiere, se tendrá por desierta la prueba pericial que ofrecen. De igual forma, requiérase a la perito oficial nombrada en autos Floribel López Salazar, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que dentro del improrrogable término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca ante este juzgado federal a aceptar y protestar el cargo conferido, entregándole copia del cuestionario formulado por la parte tercero interesada, con apercibimiento que de no comparecer en el término indicado se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. En ese tenor, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de veinticuatro horas siguiente al en que se le haga saber el contenido del presente proveído, remita las constancias de notificación de este acuerdo a la perito antes mencionada, a fin de tener conocimiento efectivo de que la misma quedó notificada, con apercibimiento de multa en los mismos términos señalados en el párrafo anterior. Para dar margen a lo anterior, la continuación de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS JOSÉ AURELEANO OSCAR DAMIÁN MÉNDEZ Y AMALIA HERNÁNDEZ OLARTE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que la audiencia constitucional en el presente juicio se celebró a las diez horas del seis de junio de dos mil diecinueve, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en cumplimiento al oficio STCCNO/542/2019 de cinco de agosto de dos mil diecinueve, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, derivado del auxilio en el dictado de sentencias de amparo, por parte del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia Uruapan, Michoacán, se ordena remitir el presente expediente con un anexo a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, de conformidad en lo establecido por dicha Secretaría Técnica en la consulta CAR 109/2019-V de uno de agosto de dos mil diecinueve; expediente que corresponde a la remesa del mes de agosto de dos mil diecinueve, para que por su conducto sea remitido al referido Juzgado de Distrito Auxiliar, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de las constancias correspondientes; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Alberta Candia Castillo, contra actos del Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1265/2019-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Alberta Candia Castillo, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: Narre de forma cronológica los antecedentes de los actos que reclama, dentro de los cuales deberá precisar el estado procesal que guardan las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas bajo el expediente 605/2019 del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México, esto es, si ya se dictó la resolución correspondiente. Ello es así, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la promovente haya realizado diversas manifestaciones a manera de antecedentes, pues las mismas resultan insuficientes para proveer lo relativo a la admisión de la demanda (si en el caso procede), así como lo concerniente a la medida cautelar que solicita. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente la promovente deberá ser en original con siete copias del mismo para correr traslado a las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, de la siguiente manera: una para el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito, tres para las autoridades señaladas como responsables, una para el tercero interesado, y dos más para formar los respectivos cuadernos incidentales. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2001, con número de registro 189977, Novena Época, Instancia Pleno, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Página 79, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte inconforme que de no dar cumplimiento a la presente prevención en los términos indicados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En atención que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en esas condiciones con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII.1o.22 K., visible en la página 1,067, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, Novena Época:, de rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Así mismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Martín Chávez González, debido a que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial." 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo proveyó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del despacho por Ministerio de Ley, por vacaciones del Titular, y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgada en sesión celebrada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/2555/2019 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de dicha Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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