Alba Marina Cabrera Ramírez

Expediente 147/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
147/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Alba Marina Cabrera Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios girados a efecto de notificar a las responsables la sentencia emitida en autos, pues dado el sentido de ésta es claro que en nada les agravia, y la única que pudo inconformarse de ella es la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Sirve de apoyo por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO". En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el Capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo en el que si bien se sobreseyó, también lo es que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, debiendo conservarse la demanda, así como la determinación en el que se decretó la citada suspensión y donde se ordena su archivo, así como los demás documentos que este órgano de control constitucional considere necesarios. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    ...TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a las autoridades responsables indicadas con el números 1 a 3; en virtud de que expresamente en su informe negaron la existencia de ellos, al tenor de las siguientes condiciones: En ese orden de ideas, por cuanto hace a la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Veracruz y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz, se hace necesario analizar el presente asunto a la luz del artículo 8º Constitucional, el cual establece lo siguiente: "Artículo 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la interpretación del precepto legal citado, se desprende que para estimar satisfecho el derecho de petición a que se alude en el mismo, se deben actualizar los siguientes supuestos: a) La petición debe constar por escrito de manera pacífica y respetuosa; b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito de manera congruente; y, c) Dicho acuerdo deberá hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. El artículo constitucional transcrito establece como prerrogativa fundamental, el llamado "derecho de petición", que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades de manera pacífica y respetuosa con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud que formula y que ésta le será notificada en breve término. Por lo anterior, cabe señalar que el derecho de petición, debe ser respetado siempre y cuando se reúnan las exigencias previstas en el artículo 8º, con relación al numeral 1º, en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En este sentido, es preciso señalar que, en el caso, correspondía a la parte quejosa desvirtuar la negativa de la citada autoridad responsable, pues fue omisa en ofrecer pruebas que acrediten haber realizado algún tipo de solicitud ante ésta a efecto de que emitiera una respuesta en relación a las peticiones de resguardo por contingencia al considerar encontrarse en los supuestos previsto para catalogarse como persona vulnerable, para con ello desvirtuar su negativa, pues en el caso, se estima que el acto reclamado requiere de una solicitud o una petición. Por lo que, si la parte quejosa no allegó ningún medio de prueba con el que acredite, siquiera indiciariamente, que haya efectuado las solicitudes de mérito ante la aludida responsable, por lo que, este juzgado estima debe tenerse por inexistente el acto reclamado por cuanto hace a la aludida natural. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a la autoridad responsable en cuestión, procede SOBRESEER en el juicio, respecto del acto atribuido en el presente juicio de control constitucional al Secretario de Salud del Estado de Veracruz y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXLI/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197269, de rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." De igual manera, resulta aplicable la siguiente tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXII, Tercera Parte, Sexta Época, con registro 265314, de rubro y texto siguientes: "PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio". Ahora, por cuanto hace a las diversas responsables Director y Encargado de Recursos Humanos, ambos del Hospital General Álamo Temapache, Veracruz, en primer término, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia el acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a las responsables. Asimismo, es pertinente señalar que la determinación de la existencia de los actos atribuidos a la autoridad responsable atañe a cuestiones fácticas, esto es, a la comprobación en autos, con cualquiera de los medios legales, de la realización de esos actos por tal autoridad, o sea, si han efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión. En ese sentido, las citadas autoridades, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reprochan en esta instancia constitucional, toda vez que mediante "MINUTA DE REUNIÓN PARA RESGUARDO DOMICILIARIO POR CONTINGENCIA COVI-2019 EN EL MES DE JUNIO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL ALAMO", de ocho de junio de dos mil veinte, celebrada por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene integrada por el Director del Hospital, Subdirector Médico, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y el Líder Sindical del SNTSA Sección 26 Subsección Álamo Temapache, Veracruz, se resolvió otorgar resguardo domiciliario a la aquí quejosa Alba Marina *********, del nueve de junio al treinta de junio de dos mil veinte, determinación que fue hecha del conocimiento de la interesada por oficio de ocho de junio del año en curso, con acuse de recibo en la misma fecha, de lo que es posible concluir que la omisión reclamada por la parte quejosa, resulta inexistente. Constancias remitidas por las responsables las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, primera parte, materia común, página 153, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO".1 En efecto, de lo anteriormente narrado, se observa que el ocho de junio de la presente anualidad, las autoridades responsables Director y Encargado de Recursos Humanos, ambos del Hospital General Álamo Temapache, Veracruz, otorgaron el resguardo domiciliario de la impetrante de garantías mediante solicitado mediante peticiones de cuatro de mayo y dos de junio del año en curso. Jurisprudencia del Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 153, tomo VI, primera parte, materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995 Luego, si la demanda de amparo fue presentada el nueve de junio pasado, según se advierte del sello emitido por la Oficialía de partes de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ya no existía el acto tildado de inconstitucional. Ello es así, ya que la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda, de manera que en el caso la omisión combatida, fue subsanada con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo; es inconcuso que resulta inexistente al momento de la presentación de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VII, Junio de 1998, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 196072, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." En consecuencia, al resultar inexistente el acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio por cuanto hace a las autoridades responsables Director y Encargado de Recursos Humanos, ambos del Hospital General Álamo Temapache, Veracruz, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 227634, de contenido que se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Máxime que se dio oportunidad a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el oficio sin número de ocho de junio, suscrito por el Director del Hospital General de Álamo, Veracruz, mediante el cual dio contestación a las peticiones formuladas por la hoy quejosa, de ahí que se insista que en el caso se sobresee el juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, Enero de 1999, página 113, con registro digital 194684, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE 2 Emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627. LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento" CUARTO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado de conformidad con los artículos 65, 73, 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alba Marina ***********, con base en los razonamientos expuestos en el tercer considerando de la presente determinación. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.

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