Agustin Vite Martínez y Otros.

Expediente 65/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
65/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Agustin Vite Martínez
  • Agustin Vite Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se advierte que las partes legitimas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18 fracción I, inciso a), del precitado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, debiendo conservarse las determinaciones donde se concedió la medida cautelar, el proveído donde se ordena su archivo y los demás documentos que este órgano de control constitucional considere necesarios. 3. Destruir el duplicado del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del precitado Acuerdo General; lo anterior, una vez transcurridos seis meses, contado a partir del archivo de este asunto. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Finalmente, toda vez que se considera innecesario conservar el disco versátil digital que anexó a su informe justificado la autoridad responsable, devuélvasele aquél, para los efectos legales que haya lugar.

  2. Principal

    ...See advierte que la parte quejosa no amplió la demanda de amparo en el término concedido en el proveído de once de septiembre del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en aquél auto, esto es, se tiene por desinteresada a la parte quejosa en ampliar la demanda; por lo que se continuará la tramitación de este juicio solo respecto de las autoridades y los actos señalados en el escrito inicial.

  3. Principal

    Notificación vía electrónica a la parte quejosa.- Se agrega a los autos el escrito electrónico firmado electrónicamente por Aminadab López Antonio autorizado en amplios términos de los quejosos Agustín ***** y Mayra *******, mediante el cual pretenden ampliar la demanda de amparo por cuanto hace al acto reclamado. CUESTIONES PREVIAS. Previo al pronunciamiento de fondo sobre la ampliación propuesta, este juzgado estima necesario precisar la procedencia de la institución jurídica de la ampliación de la demanda de amparo, y para ello, en atención al artículo 113 en relación al artículo 111 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de la ampliación de demanda, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche. DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En el caso concreto se estima, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley. Se afirma lo anterior, porque la demanda presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación fue firmada electrónicamente por Aminadab López Antonio -tal como se advierte de la evidencia criptográfica correspondiente-, no así por los quejosos Agustín ****** y Mayra ********* quienes promovieron por propio derecho, sin que en el caso se esté en la hipótesis de excepción prevista en la parte final del artículo 3, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, porque lo que se reclama en vía de ampliación es la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada en el expediente 03/2020; en la que se resolvió ampliar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el plazo de dos meses. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" Por su parte, los artículos 3 y 6 de la ley de la materia disponen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Razón por la cual se emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que en su artículo 2, fracción XVI, establece: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (.) XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico (.)". Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la ampliación demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, pero sin la firma electrónica de los quejosos Agustín **** y Mayra *********. Por lo que, es inconcuso que si el escrito de ampliación de demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de los quejosos, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica); lo que traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar la ampliación de demanda, dada la ausencia de voluntad de los promoventes. Es aplicable la jurisprudencia P./J.8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, con número de registro digital 2019715 de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señala que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Por consiguiente, toda vez que el escrito de ampliación de demanda de amparo indirecto presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de las quejosos Agustín ******** y Mayra **********, sin que se configure el caso de excepción previsto en la parte final del artículo 3 de la Ley de Amparo; se desecha la ampliación de demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley. Ahora, toda vez que aún no fenece el término concedido a la parte quejosa para ampliar su demanda, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese personalmente (vía electrónica) a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Notificación vía electrónica...Se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido en proveído de once de septiembre del año en curso, respecto del informe rendido por la autoridad responsable Jueza de Enjuiciamiento Comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Tercer Distrito Judicial, solicitado con motivo a la posible violación a la suspensión definitiva que se le atribuyó, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna. En tal virtud, de oficio esta juzgadora advierte que mediante resolución interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil veinte se concedió la suspensión definitiva para que los aquí quejosos Agustín ******** y Mayra ****** quedaran a disposición de este juzgado en el lugar en el que se encuentran recluidos en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad que conoce el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En ese sentido, de la lectura íntegra de las documentales allegadas por la autoridad responsable se desprende que la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se realizó con motivo de la solicitud realizada mediante oficio 2506/2020 por el Fiscal de Distrito y Fiscal Séptimo ambos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Tantoyuca, Veracruz; razón por la cual el juez responsable señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva en la que una vez escuchadas las partes se resolvió sobre tal petición, lo que desde luego no implica el incumplimiento de la suspensión definitiva concedida en esta incidencia, pues tal actuación se realizó para dar continuidad al procedimiento penal, ya que la suspensión aquí concedida no tiene el alcance de impedir la prosecución legal del procedimiento. Máxime que, contra dicha determinación se ordenó dar vista a la parte quejosa en el expediente principal, para que de estimarlo procedente, ampliara su demanda de amparo inicial. Consecuentemente, al no advertir exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida el veintiuno de julio de dos mil diecinueve, se estima improcedente la denuncia de violación a la suspensión formulada por Aminadab Lopez Antonio.

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