Alan Omar Pascual Ventura
Expediente 712/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alan Omar Pascual Ventura
- Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Penitenciario Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, residente en Aquiles Serdán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
SENTENCIA********************Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ******************** promovido por ********************a favor de ****************************************RESULTANDO********************PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************a favor de ********************, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad y otras autoridades.********************SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, párrafo primero, tercero y quinto 4º, 9º, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, 35, fracción V y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo ******************** el veinte de julio siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.********************Asimismo, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable denominada Titular de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud, Encargado en los Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.********************De igual forma, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia.********************CONSIDERANDO********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se efectuó en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción. Haya ********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, y General de División Ricardo Fernández Acosta Titular de la Dirección de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), residentes en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3; Comandante Encargado de la Seguridad y Custodia Penitenciaria y Responsable del Servicio Médico de dicho centro penitenciario, en esta ciudad, lo siguiente:********************La falta de atención médica a su padecimiento (********************).********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad, y Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Penitenciario Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, en Aquiles Serdán, Chihuahua al rendir informe justificado, manifestaron que no era cierto el acto reclamado; adjuntando para tal efecto diversas constancias relativas a la atención medica brindada al quejoso en dicha institución penitenciaria. ********************Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo.********************Sin embargo, tanto de las manifestaciones expuestas por las responsables como de las constancias que obran en autos, se advierte que hasta el momento de la promoción del presente juicio de amparo, esto es, el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, no se había brindado la atención medica relativa al padecimiento referido por el directamente agraviado; por tanto, se desvirtúa la negativa de las responsables y se tiene por cierta omisión reclamada. ********************CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. ********************Al respecto es oportuno precisar que el Pleno de este Decimoséptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2019, consideró lo siguiente:******************** "51. Como ya se destacó, el derecho a la salud se encuentra regulado tanto en el ámbito constitucional como convencional. La atención médica de las personas privadas de la libertad como parte integrante constituye un derecho humano que debe ser protegido de forma eficaz.********************52. A primera vista se pudiera pensar en la procedencia del juicio de amparo contra cualquier omisión o negativa de proporcionar atención médica a las personas recluidas, por considerar que el derecho a la salud constituye una violación directa a la Constitución. Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que no es dable generalizar los supuestos de un acceso directo al amparo. Sino exclusivamente cuando la atención médica solicitada tenga correspondencia con alguna lesión o padecimiento que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento, como un acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Se explica.********************53. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", impuso como regla general agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo, cuando una persona privada de su libertad reclama omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Entendido por este cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social. Por ejemplo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación.********************54. Asimismo, estableció que este mecanismo consiste en una petición sin mayor formalismo ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo y constituye un procedimiento sencillo, rápido y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, incluso, de carácter urgente. Supuesto en el cual el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto motivo de la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. Además, dicho mecanismo prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad judicial sea impugnables mediante los recursos de revocación y apelación.********************55. La propia Sala, al fallar la diversa contradicción de tesis 42/2018, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", determinó que la omisión de las autoridades penitenciaras de proporcionar atención médica puede entenderse como un tormento, en la medida que afecte gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.********************56. Estimó que no toda omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas.********************57. Sin embargo, sostuvo no desconocer que la atención médica requerida puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Todo lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.********************58. Concluyó corresponder al Juez de amparo, a partir de un ejercicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, determinar si la falta de atención médica encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento.********************59. No se inadvierte que dicha contradicción resuelve sobre la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo, pero no sobre la procedencia del juicio constitucional. Sin embargo, subyace un acto con la misma naturaleza de los reclamados en los casos donde surgió la referida contradicción (falta de atención médica equiparable a un tormento).********************60. De un ejercicio interpretativo de ambos criterios, este Pleno de Circuito concluye que la procedencia del juicio de amparo contra la omisión o negativa de la autoridad penitenciaria de prestar atención médica a las personas privadas de su libertad, está sujeta a un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados durante el procedimiento.********************61. El juzgador de amparo debe ponderar si la atención solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida. Lo cual comprometa gravemente su dignidad e integridad personal al grado de equipararse a una situación de tormento. Entendido éste como el sufrimiento físico o mental que requiera ser atendido de forma inmediata a fin de evitar un daño permanente en la función orgánica o la pérdida de la vida.********************62. Es este juicio valorativo que permitirá al juzgador decidir, caso por caso, si se está ante una excepción al principio de definitividad que autorice al interno acudir directamente el juicio de amparo. De ahí que, su procedencia no puede ser generalizada aun tratándose de una violación directa al derecho a la salud. Considerarlo así es permitir el acceso directo al amparo respecto de cualquier malestar físico, atención médica preventiva o de rutina, lo cual implícitamente proscribe la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.). Debido a que esta delimita, a través de una ponderación, si la falta de atención médica pueda comprometer gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.********************63. Ciertamente, la regla general para reclamar omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, consiste en agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución, éste con plenas facultades de control constitucional y convencional. Sin embargo, cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica, de advertirse una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el amparo resulta procedente de manera excepcional por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************64. Por tanto, aun cuando el mecanismo de control ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución resulte eficaz, sencillo y rápido para resolver las omisiones relativas a las condiciones de internamiento, es rigorista exigir a la persona privada de su libertad agotarlo previo a acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, si un interno promueve la acción constitucional contra el acto singular analizado se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo."********************En el caso, de autos se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, ********************acudió a esta instancia reclamado a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, y General de División Ricardo Fernández Acosta Titular de la Dirección de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), residentes en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3; Comandante Encargado de la Seguridad y Custodia Penitenciaria y Responsable del Servicio Médico de dicho centro penitenciario, en esta ciudad, lo siguiente: ********************"LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE ALAN OMAR PASCUAL VENTURA, CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 1° PÁRRAFO PRIMERO, TERCERO Y QUINTO, 4°, 9° PÁRRAFO SEGUNDO, 17 PÁRRAFO SEGUNDO, 35 FRACCIÓN V Y 133 DE NUESTRA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS QUE MENCIONARE EN LAS GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS VIOLADOS."********************Ahora, como ya se destacó, el derecho a la salud se encuentra regulado tanto en el ámbito constitucional como convencional; y la atención médica de las personas privadas de la libertad como parte integrante constituye un derecho humano que debe ser protegido de forma eficaz.********************En esas condiciones, la suscrita al ponderar la atención solicitada advierte que tiene correspondencia con el padecimiento consistente en ********************; mismo que requiere atención de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida. Lo cual compromete gravemente su integridad personal al grado de equipararse a una situación de tormento. Entendido éste como el sufrimiento físico requiere ser atendido de forma inmediata a fin de evitar un daño permanente en la función orgánica o la pérdida de la vida.********************En el caso, se está ante una excepción al principio de definitividad que autoriza al interno acudir directamente el juicio de amparo. ********************En efecto, la regla general para reclamar omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, consiste en agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución, éste con plenas facultades de control constitucional y convencional. ********************Sin embargo, cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica, de advertirse una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el amparo resulta procedente de manera excepcional por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************Por ende, aun cuando el mecanismo de control ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución resulte eficaz, sencillo y rápido para resolver las omisiones relativas a las condiciones de internamiento, es rigorista exigir a la persona privada de su libertad agotarlo previo a acudir al juicio de amparo.********************En esas condiciones, al advertirse una situación que compromete gravemente la integridad personal de ******************** al grado de equipararse a un tormento; el juicio de amparo resulta procedente de manera excepcional sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************Ahora, al no existir causa de improcedencia cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, o que haya sido alegada por las partes, se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo.********************QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en el escrito de la demanda de amparo. ********************En interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción no impide a la suscrita cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, el motivo de disenso se tiene por reproducido en este apartado. ********************Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."********************SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado consistente en la falta de atención médica. La parte quejosa señala que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados por los artículos 6º, 15, 17, 10, y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en forma destacada su derecho a la salud consagrado en el artículo 4º, Constitucional.********************Los motivos de disenso relatados son fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado.********************Establecido lo anterior, sobre el derecho fundamental en controversia, el cuarto párrafo del artículo 4 de la Ley Fundamental establece:********************"Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social."********************Del anterior dispositivo se desprende que toda persona tiene derecho a que se proteja su salud y que la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general.********************A la luz de dicha disposición constitucional, los servicios de salud deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y las modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado, siendo incluso compartida dicha responsabilidad con tales sectores (sociedad e interesados) al establecerse cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud; sin embargo, es al Estado a quien incumben los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a tal derecho fundamental.********************En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 136/2008, visible en la foja 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes:********************"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso."********************Así como la tesis P. XVI/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dice:********************"DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud".********************Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (i) la reducción de la mortandad y el sano desarrollo de los niños; (ii) el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y (iv) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.********************Del precepto convencional referido se advierte que el derecho a la salud impone deberes positivos a los Estados parte, de los que se destacan la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.********************Pues, se ha enfatizado que la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud siempre debe estar garantizada, lo cual requiere de personal médico capacitado, así como de condiciones sanitarias adecuadas.********************De lo anterior, se colige que la Suprema Corte ha determinado que, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, en el marco de la salud, los Estados deben crear un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios médicos, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones.********************Expuesto de otro modo, los Estados tienen la obligación de regular, permanentemente, la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de los servicios de salud públicos de calidad, asegurando que los profesionales reúnan las condiciones necesarias para su ejercicio, de tal manera que se disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud.********************Así, puede decirse que los Estados tienen, en materia de salud, las obligaciones siguientes:********************De supervisión: analizar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo.********************De disponibilidad y accesibilidad: lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, tengan acceso a las instituciones de salud; cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde el tratamiento o el medicamente necesario en todo momento. ********************De calidad en el servicio: que las condiciones sanitarias y el personal de las instituciones de la salud sean los adecuados, que estén debidamente calificados o capacitados y que se mantengan aptos para ejercer la profesión. ********************De lo expuesto se tiene que el estado mexicano se encuentra obligado a adoptar las medidas positivas que resulten necesarias, dentro de sus límites económicos, para lograr la plena efectividad del derecho humano a la salud.********************A nivel reglamentario de la Constitución, es la Ley General de Salud el ordenamiento que regula las medidas y procedimientos que el Estado deberá llevar a cabo para la protección del citado derecho humano. Dicha norma establece que el derecho a la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, los cuales se entienden como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. ********************Asimismo, señala que son servicios básicos de salud, entre otros, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud, según los artículos 1°, 1°bis, 2°, 5°, 6°, fracción I, 23 a 27, 32, 33, 34 y 37 de la Ley General de Salud, que disponen lo siguiente:********************Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. ********************Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ********************Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:******************** I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; ********************II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; ********************III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;******************** IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; ********************V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.********************Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; ********************VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; ********************VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y ********************VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. ********************Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. ********************Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: ********************I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; ********************Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. ********************Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:******************** I. De atención médica; ********************II. De salud pública, y******************** III. De asistencia social. ********************Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social. ********************Artículo 26.- Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales. ********************Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:******************** I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; ********************II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindemias y de los accidentes; ********************III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. ********************Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. ********************En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; ********************IV. La atención materno-infantil; ********************V. La salud sexual y reproductiva; ******************** VI. La salud mental; ********************VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales; ********************VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;******************** IX. La promoción de un estilo de vida saludable; ********************X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y ********************XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica. ********************Artículo 33. Las actividades de atención médica son:******************** I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; ********************II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; ********************III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y ********************IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. ********************Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: ********************I. Servicios públicos a la población en general; ********************II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; ********************III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y******************** IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.********************Artículo 37.- Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios. ********************Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, en sus respectivos ámbitos de aplicación. Tratándose de las instituciones de seguridad social de la Administración Pública Federal, éstas deberán, por cuanto hace a la prestación de servicios de salud, mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Salud, a efecto de implementar de manera efectiva la política nacional a que hace referencia la fracción I del artículo 7o. de esta Ley. ********************Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles, sindemias y accidentes. ********************De los artículos transcritos se concluye lo siguiente:********************La Ley General de Salud es reglamentaria del derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades.********************Las finalidades del derecho a la protección de la salud son, entre otras, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.********************El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud.********************El Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo primario proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad.********************Los servicios de salud son aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.********************Los servicios de salud se clasifican en: de atención médica, de salud pública y de asistencia social.********************La atención médica integral, como servicio básico de salud, comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como de atención de urgencias.********************La atención médica integral de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo, y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.********************La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud constituye un servicio básico de salud.********************La atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.********************Los servicios de salud se clasifican en servicios públicos a la población en general, servicios a derecho habientes de instituciones públicas de seguridad social, y servicios sociales y privados.********************Los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social son prestados por éstas a las personas que cotizan o hubieren cotizado conforme a sus leyes y a sus beneficiarios.********************Este tipo de servicios de salud comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional, y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes.********************En relación con el deber de adoptar medidas para lograr la plena efectividad del derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Estado Mexicano tiene, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que el hecho de que no se adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado, constituye una violación a éste.********************En este orden, el derecho a la salud comprende, entre otros elementos: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos, equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas; además, se dispone que el derecho a la salud debe garantizar la no discriminación en el trato del paciente.********************En el caso, como se precisó, el quejoso reclama la falta de atención médica a su padecimiento, consistentes en ********************. ********************Al respecto, mediante el oficio 5363/2023 de dos de noviembre de dos mil veintitrés, el Encargado de Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, remitió a este juzgado, el informe médico signado por la Doctora Claudia Ivette Vaca Rivera, del cual se desprende la recomendación de complementar la tomografía de cráneo con una resonancia magnética de cráneo, y una cita con neurología, así como el diagnóstico y tratamiento siguientes:********************************************************************************TRATAMIENTO:********************OXCARBAZEPINA 600 MG CADA 24 HRS********************IMIPRAMINA 25 MG CADA 24 HRS.********************PAROXETINA 10 MG CADA 24 HRS.********************MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS********************SE SUGIERE VALORACIÓN PSICOLÓGICA ********************CITA ABIERTA. ********************Sin embargo, de las constancias que obran en autos no se desprende el suministro del medicamento recetado (********************, ni la realización del estudio recomendado, así como tampoco la valoración psicológica prescrita por la Doctora adscrita al Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad. ********************Derivado de lo anterior, se considera que las autoridades responsables no ha demostrado que hayan realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos técnicos que están a su disposición, para lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto posible de salud de la parte quejosa; lo anterior con independencia de que diagnosticaran y prescribieran el tratamiento adecuado; pues ello no es suficiente, para salvaguardar que dicha atención sea integral, es decir, que efectivamente se proporcione al derechohabiente el nivel más alto de salud posible.********************Pues, ello resulta insuficiente para considerar que se ha brindado a la parte quejosa una atención médica integral, dado que de autos no se advierte el suministro de la totalidad medicamentos recetados, ni la práctica del estudio de cráneo recomendado, así como tampoco la valoración psicológica prescrita por la médico en turno del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad; lo que evidentemente constituye una violación al derecho humano a la salud.********************Entonces, si la autoridad perteneciente al Estado Mexicano debe establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud en el plazo más breve posible, se configura una violación directa a las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte todas "las medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental", dentro de las que se encuentra el dar un tratamiento integral o completo, al padecimiento de los solicitantes de amparo, lo que consiste en otorgar de manera oportuna la atención médica especializada que requiere.********************En esa lógica, en la especie se encuentra acreditada la transgresión a las obligaciones previstas en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************Por tal motivo, ante la incertidumbre de la atención medica brindada al quejoso, se concluye que debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable tome en cuenta todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho fundamental al nivel más alto posible de salud del quejoso, ya que dejar de proporcionarlo atentaría contra el derecho a la salud del impetrante.********************Apoya lo anterior en lo conducente, el criterio 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 969, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2010420, que dice:********************"DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes."********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada: P. XVIII/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo XXXIV, Agosto del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161330, cuyo rubro y texto: ********************"DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad."********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al haberse concedido el amparo solicitado por la parte quejosa, las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, consideren qué medida es más conveniente para brindar al quejoso ********************, el trato médico apropiado a sus padecimientos y, atento a su resultado, suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso.******************** Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, las autoridades responsables deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento.********************Ilustra lo antes expuesto la jurisprudencia VII.2o.P. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 1966, que establece lo siguiente:********************DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 77 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE:********************Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión que reclama de las autoridades responsables, por los motivos, fundamentos y para los efectos establecidos en la parte final del último considerando de esta sentencia. ********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes.********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: SENTENCIA********************Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ******************** promovido por ********************a favor de ****************************************RESULTANDO********************PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************a favor de ********************, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad y otras autoridades.********************SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, párrafo primero, tercero y quinto 4º, 9º, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, 35, fracción V y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo ******************** el veinte de julio siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.********************Asimismo, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable denominada Titular de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud, Encargado en los Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.********************De igual forma, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia.********************CONSIDERANDO********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se efectuó en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción. Haya ********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, y General de División Ricardo Fernández Acosta Titular de la Dirección de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), residentes en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3; Comandante Encargado de la Seguridad y Custodia Penitenciaria y Responsable del Servicio Médico de dicho centro penitenciario, en esta ciudad, lo siguiente:********************La falta de atención médica a su padecimiento (********************).********************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad, y Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Penitenciario Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, en Aquiles Serdán, Chihuahua al rendir informe justificado, manifestaron que no era cierto el acto reclamado; adjuntando para tal efecto diversas constancias relativas a la atención medica brindada al quejoso en dicha institución penitenciaria. ********************Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo.********************Sin embargo, tanto de las manifestaciones expuestas por las responsables como de las constancias que obran en autos, se advierte que hasta el momento de la promoción del presente juicio de amparo, esto es, el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, no se había brindado la atención medica relativa al padecimiento referido por el directamente agraviado; por tanto, se desvirtúa la negativa de las responsables y se tiene por cierta omisión reclamada. ********************CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. ********************Al respecto es oportuno precisar que el Pleno de este Decimoséptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2019, consideró lo siguiente:******************** "51. Como ya se destacó, el derecho a la salud se encuentra regulado tanto en el ámbito constitucional como convencional. La atención médica de las personas privadas de la libertad como parte integrante constituye un derecho humano que debe ser protegido de forma eficaz.********************52. A primera vista se pudiera pensar en la procedencia del juicio de amparo contra cualquier omisión o negativa de proporcionar atención médica a las personas recluidas, por considerar que el derecho a la salud constituye una violación directa a la Constitución. Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que no es dable generalizar los supuestos de un acceso directo al amparo. Sino exclusivamente cuando la atención médica solicitada tenga correspondencia con alguna lesión o padecimiento que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento, como un acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Se explica.********************53. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", impuso como regla general agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de acudir al juicio de amparo, cuando una persona privada de su libertad reclama omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Entendido por este cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social. Por ejemplo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación.********************54. Asimismo, estableció que este mecanismo consiste en una petición sin mayor formalismo ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo y constituye un procedimiento sencillo, rápido y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, incluso, de carácter urgente. Supuesto en el cual el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto motivo de la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. Además, dicho mecanismo prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad judicial sea impugnables mediante los recursos de revocación y apelación.********************55. La propia Sala, al fallar la diversa contradicción de tesis 42/2018, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", determinó que la omisión de las autoridades penitenciaras de proporcionar atención médica puede entenderse como un tormento, en la medida que afecte gravemente a la dignidad e integridad personales, como pueden ser, por mencionar algunos ejemplos, los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.********************56. Estimó que no toda omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas.********************57. Sin embargo, sostuvo no desconocer que la atención médica requerida puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Todo lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.********************58. Concluyó corresponder al Juez de amparo, a partir de un ejercicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, determinar si la falta de atención médica encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento.********************59. No se inadvierte que dicha contradicción resuelve sobre la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo, pero no sobre la procedencia del juicio constitucional. Sin embargo, subyace un acto con la misma naturaleza de los reclamados en los casos donde surgió la referida contradicción (falta de atención médica equiparable a un tormento).********************60. De un ejercicio interpretativo de ambos criterios, este Pleno de Circuito concluye que la procedencia del juicio de amparo contra la omisión o negativa de la autoridad penitenciaria de prestar atención médica a las personas privadas de su libertad, está sujeta a un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados durante el procedimiento.********************61. El juzgador de amparo debe ponderar si la atención solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida. Lo cual comprometa gravemente su dignidad e integridad personal al grado de equipararse a una situación de tormento. Entendido éste como el sufrimiento físico o mental que requiera ser atendido de forma inmediata a fin de evitar un daño permanente en la función orgánica o la pérdida de la vida.********************62. Es este juicio valorativo que permitirá al juzgador decidir, caso por caso, si se está ante una excepción al principio de definitividad que autorice al interno acudir directamente el juicio de amparo. De ahí que, su procedencia no puede ser generalizada aun tratándose de una violación directa al derecho a la salud. Considerarlo así es permitir el acceso directo al amparo respecto de cualquier malestar físico, atención médica preventiva o de rutina, lo cual implícitamente proscribe la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.). Debido a que esta delimita, a través de una ponderación, si la falta de atención médica pueda comprometer gravemente la dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.********************63. Ciertamente, la regla general para reclamar omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, consiste en agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución, éste con plenas facultades de control constitucional y convencional. Sin embargo, cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica, de advertirse una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el amparo resulta procedente de manera excepcional por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************64. Por tanto, aun cuando el mecanismo de control ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución resulte eficaz, sencillo y rápido para resolver las omisiones relativas a las condiciones de internamiento, es rigorista exigir a la persona privada de su libertad agotarlo previo a acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, si un interno promueve la acción constitucional contra el acto singular analizado se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo."********************En el caso, de autos se advierte que el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, ********************acudió a esta instancia reclamado a la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, y General de División Ricardo Fernández Acosta Titular de la Dirección de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), residentes en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 3; Comandante Encargado de la Seguridad y Custodia Penitenciaria y Responsable del Servicio Médico de dicho centro penitenciario, en esta ciudad, lo siguiente: ********************"LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE ALAN OMAR PASCUAL VENTURA, CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 1° PÁRRAFO PRIMERO, TERCERO Y QUINTO, 4°, 9° PÁRRAFO SEGUNDO, 17 PÁRRAFO SEGUNDO, 35 FRACCIÓN V Y 133 DE NUESTRA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEMÁS QUE MENCIONARE EN LAS GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS VIOLADOS."********************Ahora, como ya se destacó, el derecho a la salud se encuentra regulado tanto en el ámbito constitucional como convencional; y la atención médica de las personas privadas de la libertad como parte integrante constituye un derecho humano que debe ser protegido de forma eficaz.********************En esas condiciones, la suscrita al ponderar la atención solicitada advierte que tiene correspondencia con el padecimiento consistente en ********************; mismo que requiere atención de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida. Lo cual compromete gravemente su integridad personal al grado de equipararse a una situación de tormento. Entendido éste como el sufrimiento físico requiere ser atendido de forma inmediata a fin de evitar un daño permanente en la función orgánica o la pérdida de la vida.********************En el caso, se está ante una excepción al principio de definitividad que autoriza al interno acudir directamente el juicio de amparo. ********************En efecto, la regla general para reclamar omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, consiste en agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución, éste con plenas facultades de control constitucional y convencional. ********************Sin embargo, cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica, de advertirse una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el amparo resulta procedente de manera excepcional por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************Por ende, aun cuando el mecanismo de control ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución resulte eficaz, sencillo y rápido para resolver las omisiones relativas a las condiciones de internamiento, es rigorista exigir a la persona privada de su libertad agotarlo previo a acudir al juicio de amparo.********************En esas condiciones, al advertirse una situación que compromete gravemente la integridad personal de ******************** al grado de equipararse a un tormento; el juicio de amparo resulta procedente de manera excepcional sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************Ahora, al no existir causa de improcedencia cuyo estudio se estime necesario en forma oficiosa, o que haya sido alegada por las partes, se analizarán los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda de amparo.********************QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en el escrito de la demanda de amparo. ********************En interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción no impide a la suscrita cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia, el motivo de disenso se tiene por reproducido en este apartado. ********************Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."********************SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado consistente en la falta de atención médica. La parte quejosa señala que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados por los artículos 6º, 15, 17, 10, y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en forma destacada su derecho a la salud consagrado en el artículo 4º, Constitucional.********************Los motivos de disenso relatados son fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado.********************Establecido lo anterior, sobre el derecho fundamental en controversia, el cuarto párrafo del artículo 4 de la Ley Fundamental establece:********************"Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social."********************Del anterior dispositivo se desprende que toda persona tiene derecho a que se proteja su salud y que la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general.********************A la luz de dicha disposición constitucional, los servicios de salud deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y las modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado, siendo incluso compartida dicha responsabilidad con tales sectores (sociedad e interesados) al establecerse cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud; sin embargo, es al Estado a quien incumben los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a tal derecho fundamental.********************En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 136/2008, visible en la foja 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes:********************"SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso."********************Así como la tesis P. XVI/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dice:********************"DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud".********************Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (i) la reducción de la mortandad y el sano desarrollo de los niños; (ii) el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y (iv) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.********************Del precepto convencional referido se advierte que el derecho a la salud impone deberes positivos a los Estados parte, de los que se destacan la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.********************Pues, se ha enfatizado que la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud siempre debe estar garantizada, lo cual requiere de personal médico capacitado, así como de condiciones sanitarias adecuadas.********************De lo anterior, se colige que la Suprema Corte ha determinado que, para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal, en el marco de la salud, los Estados deben crear un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios médicos, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones.********************Expuesto de otro modo, los Estados tienen la obligación de regular, permanentemente, la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de los servicios de salud públicos de calidad, asegurando que los profesionales reúnan las condiciones necesarias para su ejercicio, de tal manera que se disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud.********************Así, puede decirse que los Estados tienen, en materia de salud, las obligaciones siguientes:********************De supervisión: analizar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo.********************De disponibilidad y accesibilidad: lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, tengan acceso a las instituciones de salud; cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde el tratamiento o el medicamente necesario en todo momento. ********************De calidad en el servicio: que las condiciones sanitarias y el personal de las instituciones de la salud sean los adecuados, que estén debidamente calificados o capacitados y que se mantengan aptos para ejercer la profesión. ********************De lo expuesto se tiene que el estado mexicano se encuentra obligado a adoptar las medidas positivas que resulten necesarias, dentro de sus límites económicos, para lograr la plena efectividad del derecho humano a la salud.********************A nivel reglamentario de la Constitución, es la Ley General de Salud el ordenamiento que regula las medidas y procedimientos que el Estado deberá llevar a cabo para la protección del citado derecho humano. Dicha norma establece que el derecho a la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, los cuales se entienden como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. ********************Asimismo, señala que son servicios básicos de salud, entre otros, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud, según los artículos 1°, 1°bis, 2°, 5°, 6°, fracción I, 23 a 27, 32, 33, 34 y 37 de la Ley General de Salud, que disponen lo siguiente:********************Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. ********************Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ********************Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:******************** I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; ********************II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; ********************III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;******************** IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; ********************V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.********************Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; ********************VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; ********************VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y ********************VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. ********************Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. ********************Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: ********************I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; ********************Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. ********************Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:******************** I. De atención médica; ********************II. De salud pública, y******************** III. De asistencia social. ********************Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social. ********************Artículo 26.- Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales. ********************Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:******************** I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; ********************II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindemias y de los accidentes; ********************III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. ********************Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. ********************En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; ********************IV. La atención materno-infantil; ********************V. La salud sexual y reproductiva; ******************** VI. La salud mental; ********************VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales; ********************VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;******************** IX. La promoción de un estilo de vida saludable; ********************X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y ********************XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica. ********************Artículo 33. Las actividades de atención médica son:******************** I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica; ********************II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; ********************III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y ********************IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. ********************Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: ********************I. Servicios públicos a la población en general; ********************II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; ********************III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y******************** IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.********************Artículo 37.- Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios. ********************Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, en sus respectivos ámbitos de aplicación. Tratándose de las instituciones de seguridad social de la Administración Pública Federal, éstas deberán, por cuanto hace a la prestación de servicios de salud, mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Salud, a efecto de implementar de manera efectiva la política nacional a que hace referencia la fracción I del artículo 7o. de esta Ley. ********************Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles, sindemias y accidentes. ********************De los artículos transcritos se concluye lo siguiente:********************La Ley General de Salud es reglamentaria del derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades.********************Las finalidades del derecho a la protección de la salud son, entre otras, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.********************El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, así como por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud.********************El Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo primario proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad.********************Los servicios de salud son aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.********************Los servicios de salud se clasifican en: de atención médica, de salud pública y de asistencia social.********************La atención médica integral, como servicio básico de salud, comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como de atención de urgencias.********************La atención médica integral de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo, y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.********************La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud constituye un servicio básico de salud.********************La atención médica es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud.********************Los servicios de salud se clasifican en servicios públicos a la población en general, servicios a derecho habientes de instituciones públicas de seguridad social, y servicios sociales y privados.********************Los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social son prestados por éstas a las personas que cotizan o hubieren cotizado conforme a sus leyes y a sus beneficiarios.********************Este tipo de servicios de salud comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional, y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes.********************En relación con el deber de adoptar medidas para lograr la plena efectividad del derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Estado Mexicano tiene, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que el hecho de que no se adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado, constituye una violación a éste.********************En este orden, el derecho a la salud comprende, entre otros elementos: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos, equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas; además, se dispone que el derecho a la salud debe garantizar la no discriminación en el trato del paciente.********************En el caso, como se precisó, el quejoso reclama la falta de atención médica a su padecimiento, consistentes en ********************. ********************Al respecto, mediante el oficio 5363/2023 de dos de noviembre de dos mil veintitrés, el Encargado de Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, remitió a este juzgado, el informe médico signado por la Doctora Claudia Ivette Vaca Rivera, del cual se desprende la recomendación de complementar la tomografía de cráneo con una resonancia magnética de cráneo, y una cita con neurología, así como el diagnóstico y tratamiento siguientes:********************************************************************************TRATAMIENTO:********************OXCARBAZEPINA 600 MG CADA 24 HRS********************IMIPRAMINA 25 MG CADA 24 HRS.********************PAROXETINA 10 MG CADA 24 HRS.********************MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS********************SE SUGIERE VALORACIÓN PSICOLÓGICA ********************CITA ABIERTA. ********************Sin embargo, de las constancias que obran en autos no se desprende el suministro del medicamento recetado (********************, ni la realización del estudio recomendado, así como tampoco la valoración psicológica prescrita por la Doctora adscrita al Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad. ********************Derivado de lo anterior, se considera que las autoridades responsables no ha demostrado que hayan realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos técnicos que están a su disposición, para lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto posible de salud de la parte quejosa; lo anterior con independencia de que diagnosticaran y prescribieran el tratamiento adecuado; pues ello no es suficiente, para salvaguardar que dicha atención sea integral, es decir, que efectivamente se proporcione al derechohabiente el nivel más alto de salud posible.********************Pues, ello resulta insuficiente para considerar que se ha brindado a la parte quejosa una atención médica integral, dado que de autos no se advierte el suministro de la totalidad medicamentos recetados, ni la práctica del estudio de cráneo recomendado, así como tampoco la valoración psicológica prescrita por la médico en turno del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad; lo que evidentemente constituye una violación al derecho humano a la salud.********************Entonces, si la autoridad perteneciente al Estado Mexicano debe establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud en el plazo más breve posible, se configura una violación directa a las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte todas "las medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental", dentro de las que se encuentra el dar un tratamiento integral o completo, al padecimiento de los solicitantes de amparo, lo que consiste en otorgar de manera oportuna la atención médica especializada que requiere.********************En esa lógica, en la especie se encuentra acreditada la transgresión a las obligaciones previstas en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************Por tal motivo, ante la incertidumbre de la atención medica brindada al quejoso, se concluye que debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable tome en cuenta todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho fundamental al nivel más alto posible de salud del quejoso, ya que dejar de proporcionarlo atentaría contra el derecho a la salud del impetrante.********************Apoya lo anterior en lo conducente, el criterio 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 969, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2010420, que dice:********************"DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes."********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada: P. XVIII/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo XXXIV, Agosto del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161330, cuyo rubro y texto: ********************"DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad."********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al haberse concedido el amparo solicitado por la parte quejosa, las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, consideren qué medida es más conveniente para brindar al quejoso ********************, el trato médico apropiado a sus padecimientos y, atento a su resultado, suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso.******************** Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, las autoridades responsables deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento.********************Ilustra lo antes expuesto la jurisprudencia VII.2o.P. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 1966, que establece lo siguiente:********************DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento.********************Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 77 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE:********************Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión que reclama de las autoridades responsables, por los motivos, fundamentos y para los efectos establecidos en la parte final del último considerando de esta sentencia. ********************Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes.********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito que remite el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre del año en curso, remitiendo copia certificada del informe médico de dos de noviembre del dos mil veintitrés, relativo a la valoración médica del quejoso por la doctora . Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito que remite el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre del año en curso, remitiendo copia certificada del informe médico de dos de noviembre del dos mil veintitrés, relativo a la valoración médica del quejoso por la doctora . Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
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