Alan Eduardo Palomino Beltrán y Otros.
Expediente 369/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alan Eduardo Palomino Beltrán y Otros.
- Benjamín Villa Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutoria califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del capítulo noveno, del referido Acuerdo General, la versión electrónica del presente juicio de amparo coincide en su totalidad con la impresa en este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada ************ Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil vestidos, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido el dieciséis de abril de dos mil veintidós, por la Secretaria de Guardia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad el mismo nombre, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, a favor de *********************, contra actos del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Célula II-4 Ciudad Juárez del Equipo de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal Chihuahua de la Fiscalía General de la Republica, Agente del Ministerio Público adscrita la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Fiscal de Distrito Zona Norte, y Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos en esta ciudad, así como al Titular de la Agencia Estatal de Investigación, Agente del Ministerio Público del Estado, Titular de la Comisión Estatal de Seguridad y Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, residentes en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a quienes reclamó ataques la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, tortura, y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En la especie, la que suscribe estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, como se precisó, la parte quejosa, en esencia, reclamó ataques la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, tortura, y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende que mediante el oficio *******, el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, informó a este juzgado que en la audiencia celebrada en la causa penal *******, el diecinueve de abril del año en curso, no se calificó de legal la detención de *********************, y se ordenó la inmediata libertad de los directamente agraviados; asimismo, comunicó que el quejoso *******, fue puesto en libertad ante el desistimiento de la audiencia de control de la legalidad de la detención, por parte de la representación social. De manera que, si el diecinueve de abril de dos mil veintidós, *********************, fueron puestos en libertad; es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la parte quejosa en el goce del derecho violado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las autoridades responsables a que ajusten su actuar a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, y cesar la ilegal detención, incomunicación, malos tratos, tortura, y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, en atención a lo proveído en párrafos anteriores, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente deviene innecesario el reenvío de los oficios 9854, 9855, 9856, 9857 y 10768, dirigidos al Titular de la Agencia Estatal de Investigación, Agente del Ministerio Público del Estado, Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación del Distrito Galeana, residentes en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; que devuelve el Servicio Postal Mexicano, bajo la leyenda "Rehusado"; en virtud de lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el informe justificado y el informe sobre la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, que rinde la Comisión Estatal de Seguridad Unidad Jurídica Zona Norte; como dispone el artículo 117 y articulo 15 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el informe justificado y el informe sobre la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, que rinde la Encargada de la Unidad Jurídica de la C.E.S, Zona Norte, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 y articulo 15 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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