Alan Maya Velázquez
Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial y Estatal de Salina Cruz, Oaxaca,
- Alan Maya Velázquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio número * * * * , enviado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; en su atención, se le tiene informando que se avocó al conocimiento del juicio de amparo número * * * * * del índice de este Juzgado, mismo que le fue remitido por incompetencia planteada, quedando registrado con el número * * * * * de su índice. Solicita vinculación. Por otra parte, dígasele a la autoridad oficiante, que este órgano de control constitucional le autoriza la vinculación electrónica del expediente * * * * * * del índice de este Juzgado, en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), de manera permanente; sin embargo, hágase de su conocimiento que en el expediente se encuentra información confidencial, así como datos sensibles de las partes, de ahí que se solicita a la autoridad referida, para que tome las medidas pertinentes, en aras de proteger la información contenida en ese expediente (* * * * * * ) y se evite su divulgación sin el consentimiento de las partes. Se instruye al oficial judicial "A" (SISE), para que realice la vinculación del expediente 489/2022 del índice del Juzgado Federal de referencia, con este juicio de amparo (* * * * * * ); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Ahora, toda vez que en proveídos de veintisiete y veintiocho de junio último, se reservó proveer respecto a las razones asentadas por el actuario judicial adscrito y del oficio remitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad del Sistema Procesal Inquisitivo Mixto en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, hasta en tanto, se tuviera certeza del Juzgado que le correspondió conocer de la incompetencia planteada en este asunto, lo cual ya aconteció; por lo que, mediante oficio que al efecto se remita, hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Federal oficiante, para que proceda a acordar lo conducente, se ordena remitir el oficio de la representación social citada, vía interconexión. Ahora, al ser aceptada la incompetencia planteada; además, de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, ni obran en este expediente documentos originales, con fundamento en el inciso c), de la fracción I, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes. Por lo que procédase a su destrucción transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese a los autos, el oficio número 176/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad del Sistema Procesal Inquisitivo Mixto en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Razón de inexistencia de autoridad. Vistos los autos, y de la razón asentada por la actuaria judicial adscrita el veintisiete de junio de esta anualidad, se advierte la imposibilidad que tuvo para hacer entrega del oficio número 14413/20222, dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como "DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA VIAL ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE OAXACA EN OAXACA DE JUÁREZ", toda vez que fue informada que dicha autoridad no existe, ya que la denominación no es la correcta. Atento a lo anterior, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, a quien por razón de turno le corresponda conocer de este juicio de amparo, se pronuncie en relación con la incompetencia planteada por este Juzgado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se agrega devolución de exhorto. Incorpórese a los autos, el oficio número 12007/2022, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz; mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 241/2022 (número de origen 114/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, enviado con la finalidad de notificar al quejoso **********, por sí y en representación de su menor hijo, el acuerdo de veinticinco de junio del año en curso; asimismo, certificó sus condiciones físicas visibles. En consecuencia, se ordena dar de baja la aludida comunicación oficial, para lo cual háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a expedir el acuse de recibo respectivo, por haberlo así indicado la autoridad exhortada. Razón de inexistencia de autoridad. Vistos los autos, y de la razón asentada por la actuaria judicial adscrita el veinticinco de junio de esta anualidad, se advierte la imposibilidad que tuvo para hacer entrega del oficio número 14414/20222, dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como Director de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, toda vez que fue informada que dicha autoridad no existe, ya que la denominación no es la correcta; por tanto, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, a quien por razón de turno le corresponda conocer de este juicio de amparo, se pronuncie en relación con la incompetencia planteada por este Juzgado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente electrónico. Con la demanda de amparo recibida a las diecisiete hora con catorce minutos del día de hoy, promovida por *********, en representación del menor de iniciales A.A.M.B., y a ********, contra actos del Juez Primero de lo Familiar con sede en Salina Cruz, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 754/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Incompetencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables: ".III AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo como Autoridad en su carácter Ordenadora el juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de Salina Cruz, Oaxaca y ejecutora al JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL Y ESTATAL, de Salina Cruz, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. AI DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA VIAL ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO, de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y EL ACTUARIO NOTIFICADOR LLEVADOR DEL EXPEDIENTE NÚMERO **** DEL JUZGADO Primero Familiar de Salina Cruz, Oaxaca." Y, señala como actos reclamados: ".IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable en su carácter de Ordenadora, RECLAMO: LA INCOMUNICACIÓN, palos, tormentos, azotes, y demolición del inmueble ubicado en la plaza 18 casa 16, colonia Carlos G. Flores, colonia Petrolera, SALINA Cruz, Oaxaca. QUE ESTÁ ORDENANDO LA AUTORIDAD ORDENADORA EN CONTRA Del MENOR HIJO, y en contra del papá del menor en su PROPIO DOMICILIO Y CON toda LA FUERZA PUBLICA." Así, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. La competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". La interpretación del artículo transcrito, lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, que son: a) Corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces federales ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en esos lugares. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Esas hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Luego, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, pues es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En la especie, atendiendo la naturaleza jurídica de los actos reclamados, se aprecia que el mismo tiene su ejecución en Salina Cruz, Oaxaca -incluso la autoridad ordenadora también tiene su residencia en dicho lugar-, es decir, en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Lo anterior conforme con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "(.) XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. (Lo resaltado es propio). Por tanto, como este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de este juicio de amparo, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca), a fin de que proceda conforme a sus facultades legales, quien determinará si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente; se ordena formar cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas y realizar las anotaciones en el libro de gobierno. Suspensión de plano. No obstante lo anterior, toda vez que el promovente en la demanda de amparo, aduce que los directos agraviados están incomunicados, son objeto de tormentos, palos y azotes, por autoridades con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de incomunicación, palos, tormentos, azotes, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los directos agraviados (el menor de iniciales A.A.M.B., y Alán Maya Velázquez), para que dichos actos CESEN DE INMEDIATO. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, Quinta Época, Tomo LVIII, página 2928, con registro digital 330962, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales." Precisión sobre diversos actos reclamados. Por otra parte, en la demanda de amparo, también se señalan como actos reclamados la demolición del inmueble ubicado en la *********, así como la entrega de un inmueble y del menor a un Juez Familiar; sin embargo, respecto de dichos actos, este Juzgado no tiene competencia legal para proveer respecto de la suspensión, por lo que, de ser el caso, será el Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, que acepte la competencia declinada, quien acordará lo que en derecho proceda. Es así, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Respecto a la tortura. En otro aspecto, con los únicos datos aportados por el promovente en su escrito de cuenta, reclama entre otros actos, tortura física; en cumplimiento estricto a lo establecido por el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se da vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para investigue los hechos relativos a la tortura; para ello, se le autorizan las copias que requiera de este expediente. Se invoca en apoyo la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, Materia(s): Constitucional, Penal, con registro digital 2006483, que establece: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura". Se remite exhorto. Dado que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la plaza 1**********, lugar donde a decir del promovente están incomunicados el menor A. A. M. B. y*******, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se ordena enviar atento exhorto al Juez de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda, proceda a: 1) Certificar la integridad física del quejoso y 2) le notifique el contenido de este proveído. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VII. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. VIII. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. IX. Instruye actuario. Se instruye al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese por lista electrónica; y cúmplase.
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