Alan Gabriel García Viñas o Alan García Viñas
Expediente 213/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alan Gabriel García Viñas o Alan García Viñas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
# pral 213/2016 mesa 2 A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Incorpórese a los autos el oficio 30682/2016 suscrito por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; atento a su contenido, dígasele que el quince de febrero de dos mil dieciséis (fojas 8-11 vta.), a través del oficio 924, se le comunicó que se aceptó la competencia respecto del juicio 228/2016 de su índice; y se acusó de recibido, como se desprende de la constancia de notificación que existe en autos (foja 17); por ello, mediante el oficio que al efecto se le gire, hágase del conocimiento lo anterior a la autoridad oficiante y adjúntese copia simple de la constancia de notificación relativa al oficio 924, para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Alejandro Ruiz Korsi, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
*pral. 213/2016 mesa amp. 2-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Como se desprende de autos; y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 21-23 vta.), que sobreseyó en el juicio, promovido por ALAN GABRIEL GARCÍA VIÑAS O ALAN GARCÍA VIÑAS, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción IV, y vigésimo quinto, del 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA 2 B PRAL. 1341/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Dada cuenta con el estado que guardan los autos, se advierte que mediante oficio número CJO/OPC-M/0613/2016, y copia del diverso CJO/OPC-M/0613/2016, la encargada de la Oficialía de Partes Común de Miahuatlán, Oaxaca, informó que el despacho con número de orden 256/2016 y de origen 256/2016, fue turnado al juez Segundo Mixto de Primera Instancia de ese distrito judicial, enviado con el objeto de notificar al quejoso EDGAR PORRAS MONGE el proveído de veintidós de enero último (fojas 98-99); por tanto, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad judicial citada, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, de no tener impedimento legal o material alguno devuelva el aludido despacho; en el entendido que de no cumplir con lo anterior o, de no expresar el impedimento legal o material que tuviere para ello, se le impondrá en su perjuicio multa de 2 cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención a que en proveído de siete de octubre de dos mil quince (foja 46 vta.) se reservó proveer sobre las pruebas a) testimoniales, y b) la llamada telefónica (foja 8 vta.), hasta en tanto obraran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo que ya aconteció; por lo que, se provee: El quejoso EDGAR PORRAS MONGE, en su demanda de amparo anunció, entre otras pruebas, las que a continuación se describen (foja 9): ".6ª.(requiera a las responsables) copia certificada del registro de mis 2 llamadas extraordinarias que he realizado y de las llamadas locales ordinarias que realice después de cada una de ellas donde se vea si estas últimas las realice(sic) o no a mi familia". A efecto de proveer sobre su admisión, requiérase al aludido quejoso, en los siguientes términos: I De qué fecha son los registros de llamadas extraordinarias. II De qué fecha son los registros de las llamadas locales ordinarias. Apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, no se tendrá por realizada esa manifestación. Respecto a lo que solicita el quejoso en el sentido de que se solicite a las autoridades responsables, la documental consistente en copia certificada de: "la papeleta del mes de febrero (2015) y/o petición, donde se vea porque yo haya 3 firmado aceptando que den de baja mi número telefónico sin mi autorización" (foja 9); con fundamento en el numeral 121 de la Ley de Amparo, dígasele que se encuentra en aptitud de ejercer su derecho de petición ante la autoridad correspondiente, y sólo para el supuesto de que exista negativa de su parte, este tribunal intervendrá para su obtención. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio con los siguientes datos de localización: Décima Época Registro: 2010788 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E.41 K (10a.) Página: 3397 PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA QUE UNA COPIA O DOCUMENTO SEA EXPEDIDO AL SOLICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBA REQUERIRLO, ES PRECISO QUE LA PETICIÓN SE HAYA FORMULADO A LA AUTORIDAD QUE JURÍDICAMENTE PUEDA DISPONER DE ÉL Y QUE ÉSTE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE PERTINENCIA E IDONEIDAD PARA SU ADMISIÓN. Del sentido literal del primer enunciado del citado numeral de la Ley de Amparo, que establece: "A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado.", podría considerarse que alude a todos los servidores públicos y, genéricamente, a todos los documentos y copias que sean objeto de solicitud; sin embargo, esa interpretación llevaría a posturas inadmisibles, algunas desde el punto de vista lógico, y otras desde el sistema normativo del que el precepto forma parte, lo que da lugar a que el operador jurídico, al establecer los términos en que habrá de entenderse y aplicarse, deba tener presentes otras disposiciones del ordenamiento jurídico, como ocurre con los requisitos que condicionan la admisibilidad de las pruebas y el principio de máxima apertura en su recepción, en términos del artículo 119 de la ley mencionada, o con las limitaciones por razones de reserva o confidencialidad previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así, ante la pretensión de que una autoridad expida copias o documentos que no tiene a su alcance, por no guardar relación con su elaboración ni con su resguardo o custodia, resulte inadmisible imponerle esa obligación. Por tanto, para que una copia o documento sea expedido al solicitante en términos del 4 artículo 121 mencionado y el Juez de Distrito deba requerirlo, es preciso que la petición se haya formulado a la autoridad que jurídicamente pueda disponer de él y que éste cumpla con los principios de pertinencia e idoneidad para su admisión como prueba en el amparo indirecto. Finalmente, respecto de las pruebas testimoniales que anunció la parte quejosa (foja 9), se reserva proveer lo conducente, hasta que obre en autos el despacho diligenciado, que se genere con este acuerdo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga lugar a las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. En tales condiciones, a fin de que el quejoso EDGAR PORRAS MONGE tenga conocimiento de los informes y del contenido de las constancias enviadas para respaldar el sentido de aquéllos, y tomando en consideración que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Federal número Trece "CPS OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, a efecto de notificar este proveído al aludido quejoso, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, en auxilio de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda se haga presente en el Centro Federal número Trece "CPS OAXACA", con sede en ese municipio, y se sirva notificar este proveído, y hacer entrega de la copia autorizada del mismo al quejoso EDGAR PORRAS MONGE. 5 Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe, vía fax el despacho de mérito que contiene este auto, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fueron recibidos. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia número 1ª./J.27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". NOTIFÍQUESE.
- Principal
´´PRAL 1718/2014 Y SUS ACOMULADOS 1724/2014 Y 1733/2014 MESA 3 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del proveído dictado el veintiséis de enero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo 1718/2014 y acumulados 1724/2014 y 1733/2014, promovido, el primero, por Adrián Cruz Reyes, Odilón Guillermo López López, Horacio Chávez Hernández, Fermina Hernández, Genaro López Chávez, Lucila Sebastiana López Chávez y Elodia López Chávez, el segundo por Regina Cruz Ávila y el tercero por Rosa Feliciana Ortiz Hernández, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la sentencia, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del distrito cuarenta y seis, la copia certificada de las constancias relacionadas con los actos reclamados, que remitió por oficios TUA46/UAJ/596/2015, TUA46/UAJ/23/2016 y TUA46/UAJ/22/016 (fojas 493, 660 y 722), mismos que obran en dos tomos por separado. Notifíquese.
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