Alan Isaac Luna Vargas
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Alan Isaac Luna Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
I. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que obran agregadas las constancias necesarias para una fijación correcta de la Litis; esto es, la demanda de amparo, de donde se advierte el acto reclamado y el informe justificado rendido por la autoridad responsable Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango; constancias que permiten hacer una fijación precisa del problema jurídico a resolver. a. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías, de la cual se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: 1. La negativa por parte de la autoridad responsable Director Municipal de Seguridad Pública Municipal de Durango, Durango, de proporcionar el acceso al quejoso a los videos de seguridad, tomados por las cámaras ubicadas dentro de los separos de dicha Dirección, correspondientes al trece de mayo de dos mil veintiuno; emitida mediante oficio número DMSP/DJ/4248/2021, de tres de junio de dos mil veintiuno. II. Sobreseimiento fuera de audiencia Revisadas las copias certificadas allegadas con el informe justificado rendido por la juez responsable, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Está pendiente de resolverse recurso de revisión interpuesto contra el acto aquí reclamado. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. El numeral y fracción en comento, establecen la improcedencia del juicio de amparo, cuando esté en trámite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese sentido es pertinente precisar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la actualización de la causa de improcedencia en alusión, es menester la concurrencia de las circunstancias siguientes: a. Sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b. El recurso o medio de defensa se encuentre en trámite cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c. El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto o actos de autoridad señalados como reclamados en el juicio de amparo. En el caso concreto, según se vio, del escrito inicial de demanda se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: La negativa por parte de la autoridad responsable Director Municipal de Seguridad Pública Municipal de Durango, Durango, de proporcionarle el acceso a los videos de seguridad, tomados por las cámaras ubicadas dentro de los separos de dicha Dirección, correspondientes al trece de mayo de dos mil veintiuno; emitida mediante oficio número DMSP/DJ/4248/2021, de tres de junio de dos mil veintiuno. Ahora, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que el promovente interpuso con anterioridad al presente juicio de amparo, recurso de revisión que se tramita ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, contra la misma resolución que le negó el acceso a los videos de seguridad de los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el cual aún se encuentra pendiente de resolver. Pues bien, en el presente caso es preciso citar lo dispuesto por los artículos 5, 24 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, vigente a partir del cuatro de mayo de dos mil dieciséis; los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XXIII. INSTITUTO: El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales" "Artículo 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, candidatos independientes, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, instituciones de educación superior o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado de Durango y los municipios que lo integran. Asimismo, agrupaciones políticas u organismos semejantes reconocidos por las leyes, con registro estatal" "Artículo 147. Las resoluciones del Instituto podrán: I. Desechar o sobreseer el recurso; II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de cinco días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera" Lo transcrito pone de relieve que la resolución que dicte el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la negativa de la autoridad responsable de proporcionar el acceso a los videos reclamados, es susceptible de influir directamente en la existencia del acto en sí mismo. De esta manera, resulta incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y el recurso de revisión pendiente de resolver el cual puede tener como efecto confirmar, modificar o revocar la citada actuación combatida, en virtud de que éste constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado. Sostiene lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo" Así las cosas, al actualizarse el supuesto de inviabilidad en cita, con fundamento en lo establecido en el precepto legal 63, fracción V, de la invocada ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; es decir, las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese el oficio UTIM/200-2021 de la Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información Municipal en esta ciudad; mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de julio, remite las constancias relativas al recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso ****, derivado del expediente RR/203/21. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; hecho lo anterior, provéase lo conducente en derecho. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, no ha rendido su informe justificado; en ese sentido, requiérasele nuevamente para que dentro del término de tres días computados de manera legal, remita a este Juzgado mencionado informe, dado que es necesario para resolver la Litis en el presente juicio de garantías. Asimismo del informe justificado rendido por la autoridad responsable Dirección Municipal de Seguridad Publica se desprende que se interpuso recurso de revisión RR203/21 en contra del acto que reclama el quejoso, en tales condiciones requiérase a la Coordinadora de la Unidad de Transparencia e Información Municipal para que remita a este juzgado las constancias relativas al citado recurso. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la ciudad de México, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de agosto del año en curso. Notifíquese.
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