Aimeé Nicole Pacheco Velázquez y Otros.
Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 33 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Aimeé Nicole Pacheco Velázquez y Otros.
- Aimeé Nicole Pacheco Velázquez
- Nicolas Pacheco Rojas
- Nicolas Pacheco Rojas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
I. Efectivo apercibimiento. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este juzgado a recibir los documentos que allegó a su escrito inicial de demanda, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, por lo que remítanse al archivo junto con el expediente para que sigan su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, serán destruidos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, no obstante que se haya negado la provisional, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva, en su caso la interlocutoria que determina la violación de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del susodicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1 del citado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado de Distrito a recoger el documento certificado que allegó en la tramitación del presente juicio de amparo, previa razón de recibo que se otorgue en autos; apercibida que de no hacerlo, se dejara glosado al expediente y se remitirá al archivo para que siga la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, será destruido. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, no obstante que se haya negado la provisional, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva, en su caso la interlocutoria que determina la violación de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del susodicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1 del citado manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, acuda a este juzgado de Distrito a recoger el documento certificado que allegó en la tramitación del presente juicio de amparo, previa razón de recibo que se otorgue en autos; apercibida que de no hacerlo, se dejara glosado al expediente y se remitirá al archivo para que siga la suerte de éste, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, será destruido. Para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior y hasta en tanto subsistan las condiciones de trabajo determinadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 1/2021, del mismo órgano plenario que reformaron el Acuerdo inicialmente citado únicamente con relación al periodo de vigencia; se deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO PARTES TERCERAS INTERESADAS Y AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 28 DE SEPTEIMBRE DEL AÑO 2021 I. Presentación y datos de la demanda Mediante escrito exhibido ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el dos de febrero de dos mil veintiuno, ***, en representación de su menor hija A. N. P. V., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. DELEGADO ESTATAL del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), del Estado de Durango, ubicado en la Calle Juárez #104, Zona Centro, C.P. 34,000, de esta ciudad de Durango, Dgo. 2. SUB-DELEGADO ESTATAL del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), del Estado de Durango, ubicado en la Calle Bruno Martínez #379, Zona Centro, C.P. 34,000, de esta ciudad de Durango, Dgo. 3. JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), del Estado de Durango, ubicado en la Calle Juárez #104, Zona Centro, C.P. 34,000, de esta ciudad de Durango, Dgo. 4. JEFATURA DE PENSIONES del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.), del Estado de Durango, ubicado en la Calle Bruno Martínez #379, Zona Centro, C.P. 34,000, de esta ciudad de Durango, Dgo" "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE AUTORIDAD SE RECLAME. De las autoridades responsables, les reclamo: a) LA ARBITRARIA RETENCIÓN DE MI PENSIÓN POR ORFANDAD, es decir la decisión de suspender las transferencias mensuales en mi cuenta bancaría de la pensión por orfandad de la que la suscrita soy titular, y que arbitrariamente dejaron de pagarme, que al año 2020 fue de $639.77, y que este año debe contener su aumento anual. b) EL PAGO Y DEPOSITO INMEDIATO DEL RETROACTIVO DE MI PENSIÓN POR ORFANDAD, INCLUYENDO INTERESES LEGALES, desde el mes de enero de 2020, es decir el pago retroactivo a la fecha y los que se acumulen hasta el cumplimiento de la obligación, la cual la fecha asciende a un monto principal de $7,677.24, más lo que se acumule en 2021, con su respectivo aumento anual. c) LA REACTIVACIÓN DEL PAGO Y DEPÓSITO INMEDIATO DE PENSIÓN POR ORFANDAD a partir de esta fecha por la cantidad actualizada al 2021. d) TODAS LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS JURÍDICO-LEGALES, inherentes a la suspensión del pago de mi pensión por orfandad, los cuales generan daños y perjuicios a la suscrita" (Transcripción literal) a. Fijación de la litis. De lo copiado, debe establecerse que lo controvertido en lo substancial, resulta ser: 1. La retención de la pensión por orfandad de la menor quejosa A. N. P. V., así como la suspensión de su pago mensual. 2. Como consecuencia, la reactivación y pago de dicha pensión de manera retroactiva. 3. El pago de intereses legales de lo que dejó de percibir. II. Sobresee fuera de audiencia Revisados los informes y las constancias allegadas por las autoridades responsables en la tramitación del presente juicio, se advierte que han sobrevenido causas de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Cesación de efectos Tocante a los actos reclamados en esta vía, consistentes en la retención de la pensión por orfandad de la menor quejosa ***., la suspensión de su pago mensual y, como consecuencia, la reactivación y erogación de dicha pensión de manera retroactiva, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de derechos fundamentales que el acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de tales derechos que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso, como ya se mencionó, los precisados actos reclamados son, esencialmente, la retención de la pensión por orfandad de la menor quejosa A. N. P. V., la suspensión de su pago mensual y, como consecuencia, la reactivación y erogación de dicha pensión de manera retroactiva. Luego, de los informes y de los diversos comunicados rendidos por las autoridades responsables, así como de las constancias que en copia certificada acompañaron a dichos oficios, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Representante Legal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Durango del Instituto Mexicano del Seguro Social, expidió la ficha técnica para el pago e inclusión de laudo o convenio a nómina, por el periodo comprendido del uno de febrero al treinta de noviembre de dos mil veinte. También obra el acta administrativa de entrega del cheque al representante de la menor quejosa, de diez de junio de dos mil veintiuno, por el cual éste acepta la cantidad que se le entregó por concepto del pago retroactivo de la pensión por orfandad, por el periodo antes mencionado. Asimismo, se cuenta con la resolución 21/152791, para el otorgamiento de pensión de viudez y orfandad de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por la cual se reactiva la vigencia y entrega de dicha pensión. Finalmente, está agregado el informe de pago al representante de la menor quejosa, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, correspondiente a la pensión por orfandad por el periodo del uno de diciembre de dos mil veinte al treinta de agosto del año en curso. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, los actos de que se duele la quejosa en su demanda de garantías, fueron cubiertos con la reactivación de la pensión por orfandad y con el pago retroactivo de las cantidades retenidas por concepto de dicha pensión, así como con la erogación de las subsecuentes, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por las autoridades responsables extingue los actos originalmente reclamados y que motivaron la promoción del presente juicio de amparo. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado al Delegado Estatal, al Subdelegado Estatal, a la Jefatura de Servicios Jurídicos y a la Jefatura de Pensiones, adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el pago de intereses legales, derivado de la retención de la pensión por orfandad de la menor quejosa, se actualiza la causa de inviabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que se explica a continuación: El primer dispositivo mencionado estatuye la inviabilidad de la acción de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. Los diversos prevén que el juicio de amparo procede contra toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se considera autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" De lo anterior, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien, de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas en perjuicio del gobernado. Ahora, para que un acto realizado por un particulares pueda ser considerado como de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Aclarado el tema, en la especie, los actos reclamados por la quejosa a las autoridades responsables únicamente se ubican dentro de los denominados de coordinación. Para entenderlo, conviene explicar la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, el cual establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se instauran entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoridad que viole las prerrogativas de la parte quejosa en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho (o un particular) sea considerado como autoridad, debe establecerse, como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. En ese sentido, es importante precisar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y, como órgano asegurador frente a los asegurados o sus beneficiarios, por lo que cuando resuelve cuestiones planteadas por un beneficiario, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación). De tal suerte que, el Instituto, como ente asegurador, es un organismo descentralizado sometido a la jurisdicción laboral que actúa en igualdad como todo particular, por lo que, en el caso en estudio, el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Tan es así que todos los conflictos en materia de seguridad social, encuentran regulación especial en los artículos 295 de la Ley del Seguro Social, así como 899-A a 899-G de la Ley Federal del Trabajo, en los cuales se prevé que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre seguridad social, que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto, porque dichos procedimientos tienen la amplitud de competencia y conocimiento que se dilucidan con mayor eficacia ante la jurisdicción ordinaria, en materia de legalidad y probatoria, que no tiene el juicio de amparo en la medida que éste es una instancia subsidiaria de protección de los derechos humanos. Por tanto, toda vez que las funciones de las autoridades responsables no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consistente en el pago de intereses legales, derivado de la retención de la pensión por orfandad de la menor quejosa, no puede considerarse como actos reclamados a una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino actos de particulares. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo" Así las cosas, al actualizarse los supuestos de inviabilidad en cita, con fundamento en lo establecido en el precepto legal 63, fracción V, de la invocada ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
Quedan 29 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- Aida Anabel Aramburo Campos219/2015
- Aida Anabel Aramburo Campos424/2015
- Aida Avitia López933/2021
- Aida Guadalupe Martell García1205/2019
- Aida Leticia Hernandez Aguirre477/2017
- Aida Lizette Pérez Calderon858/2017
- Alan Armando Reyes Hernández567/2020
- Alan Betancourt Ibarra1284/2018
- Alan Isaac Luna Vargas814/2018
- Alan Isaac Luna Vargas773/2021
- Alan Isaac Luna Vargas898/2021
- Alan Israel De Oliveira y Otros.207/2023