Alan David Ortiz García
Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alan David Ortiz García
Actuaciones
- Principal
Por lo anterior, vista la certificación y cuenta que antecede, de la cual se desprende que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer contra el acuerdo de veintiséis de enero pasado, en el que se tuvo por no presentada las demandas de amparo acumuladas promovida por Alán David Ortiz García, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha determinación para todos los efectos legales a que haya lugar, archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que si bien de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto se considera susceptible de ser destruible, cierto es que al haberse decretado la suspensión de plano de los actos reclamados, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), aplicado por analogía, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su depuración, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en relación a diversos Circuitos, entre ellos este Segundo Circuito, entre la que destacan las marcadas con los números 15 y 16, que indica: "15. Para efectos del personal jurisdiccional, el 16 y 17 de febrero de 2021 son días inhábiles pero laborales, por lo que la asistencia en los órganos jurisdiccionales se regirá conforme a las reglas del Capítulo IV del AG 21/020. 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020". Así, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica al expediente en que se actúa, se continúa con su procedimiento en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado electrónicamente por César Antonio Cortes Bolaños, autorizado del quejoso; atento a su contenido, dígase que por auto de veinticuatro de enero del año en curso, emitido en este juicio de derechos 30/2021-V, al que se acumularon las diversas demandas radicadas bajo los números de juicios 31/2021, 32/2021 y 33/2021, se autorizó el acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario "cesarbolanos", "oscar3063", "juliorva", -perteneciente a -César Antonio Cortés Bolaños, Oscar Gutiérrez Gómez y Julio Ortiz Valdez - respectivamente, por cumplir con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico. Por lo cual, todos los acuerdos emitidos en relación con los acumulados, se deberán consultar y notificar en el expediente al rubro indicado.
- Principal
Vista la circular SECNO/06/2021, de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, cuyo artículo 1, fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos, por lo que se continúa con su trámite. Ahora bien, vista la razón signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, por la que hace constar que el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, al constituirse en el Hospital General Gustavo Baz Prada, en busca del directo quejoso Alán David Ortiz García, este de manera expresa expuso "no ratifico la demanda de amparo, pues sí recibí la atención médica que requiero por parte de las autoridades del Hospital Gustavo Baz Prada y me encuentro internado" En ese orden, con fundamento en el tercer párrafo del ordinal 15 de la Ley de Amparo, se tienen por no presentadas las demandas acumuladas; y se dejan sin efectos las providencias dictadas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Sin necesidad de notificar esta determinación a las autoridades responsables, pues no fueron notificadas de la suspensión de plano otorgada mediante los oficios 1168/2021, 1169/2021, 1170/2021, 1171/2021 y 1172/2021, en vista de la diversa razón de imposibilidad suscrita por la fedataria judicial de la adscripción para entregar dichos comunicados, por el motivo señalado en párrafos que preceden, por tanto, únicamente agréguense para que obren como correspondan. Por último, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, y dígasele que lo que ahora solicita se acordó favorablemente en proveído de veinticuatro del mes y año en curso, por lo que debe estarse a lo ahí ordenado.
- Principal
Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la cual se obtiene la promoción de juicios de amparo vía electrónica promovidas por Alán David Ortiz García, por derecho propio, en las que se hizo consistir básicamente como acto reclamado la negativa al derecho a la salud aún cuando se encuentra en estado grave y por ende poner en riesgo su vida y la negativa de informar a los familiares el estado de salud. Por consiguiente, atento a la certificación secretarial que antecede y ante la identidad de autoridades responsables y actos reclamados, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se decreta la acumulación de las demandas de amparo 31/2021, 32/2021 y 33/2021, a la diversa 30/2021-V, por ser éste el más antiguo en su presentación, las cuales se tramitarán bajo este último número. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE» Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 30/2021-II, y sus acumulados 31/2021, 32/2021 y 33/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En ese sentido, de los escritos de demanda se advierte que si bien reclama actos del artículo 15 de la Ley de Amparo, también es cierto que eso no lo exime que firme de manera autógrafa la demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 115, 117 y 126, de la Ley de Amparo, se reserva su admisión hasta en tanto, sea ratificada por el directo quejoso Alán David Ortiz García, en razón de que como ya se dijo esta fue promovida por el propio agraviado sin que obre su signo de voluntad que en este caso lo constituye la firma autógrafa. Previo pronunciamiento sobre la admisión de la presente demanda, se provee lo siguiente: Tomando en consideración que los actos que por esta vía se reclama, lo es, la negativa al derecho a la salud aún cuando se encuentra en estado grave y por ende poner en riesgo su vida y la negativa de informar a los familiares el estado de salud, lo que evidencia que el acto reclamado se subsume en los supuestos para proveer sobre la suspensión de oficio y de plano previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de proveer sobre la suspensión de plano de oficio, conviene señalar que el artículo 1° constitucional consagra el principio pro persona, el cual establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados. A su vez, que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin, lo que se desprende del análisis sistemático de las disposiciones relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, así como los demás instrumentos internacionales relacionados con tal temática. Así, se estima necesario reiterar que los actos reclamados impactan el derecho a la salud e incluso en el derecho a la vida de los quejosos, por ello se acordará de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte solicitante del amparo, se duele también de actos omisivos, esto es, actos que el quejoso considera que las autoridades responsables deparan un perjuicio en su salud; actos que por sí no conllevan una ejecución; sin embargo, sí son susceptibles de suspenderse. Lo anterior es así, toda vez que la doctrina constitucional ha venido evolucionando en beneficio de los derechos humanos, y considera que los actos omisivos sí pueden suspenderse, con la finalidad de salvaguardar esos derechos, siempre y cuando se actualicen la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues se deben analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro siguiente: «SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA». Atento a ello, cabe mencionar que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección a la salud, en los términos siguientes: «Artículo 4º. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.» De la transcripción que antecede se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general. Así, en el texto constitucional reproducido en párrafos anteriores, por una parte se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece lo siguiente: «Artículo 12 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad». Por su parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: «Artículo 10. Derecho a la salud Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables». De los instrumentos normativos preinsertos, se pone de relieve que el derecho a la protección a la salud es reconocido incluso en el ámbito internacional, por lo que es obligación de los Estados garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Así, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, y lo señalado por los artículos 1º y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la tesis P. XVI/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, página 29 de rubro: «DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN»; se concede la suspensión de plano de los actos reclamados por lo que se requiere al Director, Subdirector, Encargado del Área de Urgencias, Encargado del Área de Hospitalización y Encargado del Área de Trabajo Social, todos del Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, para el efecto que se le otorgue al promovente Alán David Ortiz García la atención médica inmediata que resulte necesaria para la enfermedad que presenta, así como, se le proporcionen de inmediato los medicamentos e insumos requeridos para el diagnóstico y tratamiento de sus padecimientos e informen de forma inmediata a sus familiares del quejoso su estado de salud. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y estado de salud, quedando bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, acatar en sus términos esta medida cautelar. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el derecho a la protección de la salud, consistente en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios, a fin de que todos los mexicanos, tuvieran acceso a los servicios de salud que comprenderían entre otros, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, la obligación de proporcionar el Estado a todas las personas inscritas o no, en un régimen, al derecho a recibir la protección a su salud que consagra el citado artículo de la Constitución Federal, entendido como un estado de bienestar físico y mental. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 486, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL». Asimismo, cobra vigencia la jurisprudencia P./J. 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 61, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL». En ese sentido, dada la naturaleza de los actos reclamados, así como de la medida cautelar concedida al promovente, se previene a las autoridades responsables para que en un tiempo de veinticuatro horas acrediten el debido cumplimiento a la medida suspensional, en la inteligencia que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el precepto 262 de la ley en la materia, por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos legales a que hubiere lugar. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, en términos del numeral 237, fracción I, en relación con los diverso 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y entrando en vigor al día siguiente), Se hace del conocimiento que en caso de optar la remisión de su informe de ley, en documento digitalizado vía correo electrónico oficial de este juzgado de Distrito, a la siguiente dirección 5jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, cuya confirmación podrá realizarse por la citada vía. Ahora bien, podrán tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario: "cesarbolanos", "oscar3063", "juliorva", -perteneciente a - César Antonio Cortés Bolaños, Oscar Gutiérrez Gómez y Julio Ortiz Valdez - respectivamente, toda vez que cumplen con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; dejando el actuario judicial constancia de la consulta realizada, la cual, será digitalizada para el expediente electrónico y otra se agregará al presente expediente como constancia de notificación. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, César Antonio Cortés Bolaños, por acreditar tener registrada su cedula profesional, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos a las diversas personas que menciona por no contar con dicho registro. Tocante al número telefónico que se proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario.
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