Alan David Ortíz García

Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
27/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Alan David Ortíz García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto para acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", con salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1 fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por lo anterior, vista la certificación y cuenta que antecede, de la cual se desprende que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer contra el acuerdo de veintiséis de enero pasado, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alán David Ortiz García, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha determinación para todos los efectos legales a que haya lugar, archívese el expediente como totalmente concluido. Tómese nota que si bien de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto se considera susceptible de ser destruible, cierto es que al haberse decretado la suspensión de plano de los actos reclamados, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), aplicado por analogía, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su?????? depuración, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    Vista, la circular SECNO/6/2021, de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto para acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1 fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibidos y agréguense a los autos, para que obren como corresponda los oficios de cuenta, respectivamente de la Directora y Jefe de Custodia Penitenciaria ambos del Centro Penitenciario de Reinserción Social ambos de Nezahualcóyotl, Bordo; lo anterior en razón de que por auto de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, al no haber sido ratificada por directo quejoso Alan David Ortiz García.

  3. Principal

    Vista, la circular SECNO/6/2021, de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto para acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1 fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. En ese tenor, vista la notificación actuarial practicada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que se desprende que al momento de notificar personalmente al quejoso Alan David Ortiz García, el auto de veintitrés de enero del año en curso, en donde se le requirió para que ratificara la demanda de amparo en razón de que fue promovida por el propio agraviado sin que obre su signo de voluntad que en este caso lo constituye la firma autógrafa. Manifestó: ". no es mi deseo ratificar la demanda de amparo por así convenir a mis intereses legales y personales". En tales condiciones, al no ratificar la instancia constitucional, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada las demandas acumuladas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre únicamente como corresponda el oficio enviado por la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl - Bordo, Estado de México, toda vez que el quejoso no ratificó la demanda de amparo.

  4. Principal

    Vista, la circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en la que se determinó que durante el periodo comprendido del diecinueve al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la cual se obtiene la promoción de juicios de amparo vía electrónica respectivamente por Alán David Ortiz García, por derecho propio, que hace consistir básicamente en la negativa al derecho a la salud aun cuando se encuentra en estado grave poniendo en riesgo su vida; la tortura, incomunicación y segregación. Por consiguiente, atento a la certificación secretarial que antecede y ante la identidad de autoridades responsables y actos reclamados, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se decreta la acumulación de las demandas de amparo 28/2021 y 29/2021, a la diversa 27/2021-II, por ser éste el más antiguo en su presentación, las cuales se tramitarán bajo este último número. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE» Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 27/2021-II, y sus acumulados 28/2021, 29/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En ese sentido, de los escritos de demanda se advierte que si bien reclama actos del artículo 15 de la Ley de Amparo, también es cierto que eso no lo exime que firme de manera autógrafa la demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 115, 117 y 126, de la Ley de Amparo, se reserva su admisión hasta en tanto, sea ratificada por el directo quejoso Alán David Ortiz García, en razón de que como ya se dijo esta fue promovida por el propio agraviado sin que obre su signo de voluntad que en este caso lo constituye la firma autógrafa. Previo pronunciamiento sobre la admisión de la presente demanda, se provee lo siguiente: Dada la naturaleza de los actos que reclama, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los que hizo consistir en la tortura, incomunicación y/o segregación de que puede ser objeto Alán David Ortiz García, para el efecto de que cesen de inmediato los mismos y cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional, que afecte o pudiera afectar su integridad personal, debiendo acatar esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, quienes deberán informar en el término de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento dado a la suspensión. Se ordena notificar la suspensión que se concede al encargado del lugar en que se dice se encuentra el agraviado o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento lo represente o se sustituya en sus funciones. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación o incumplimiento a este mandato dará lugar a las sanciones que dispone el arábigo 262 fracción III, de la Ley de Amparo; asimismo, la suspensión de plano que se concede al agraviado del acto reclamado, es para los efectos precisados en párrafos que anteceden. Ahora bien, dada la naturaleza del presente proveído y en el entendido, de que el referido agraviado, se encuentra incomunicado en las instalaciones del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo, Estado de México, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos al juzgado, para que se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro de reclusión, donde se aduce se encuentra incomunicado el directo quejoso, a efecto que dé fe de su incomunicación que dice es víctima y cuál es la autoridad responsable que realiza la referida conducta, así como de su estado físico; asimismo, le haga de su conocimiento en forma personal, el contenido íntegro de este auto, le requiera para que en el momento de la diligencia, ratifique la demanda promovida, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En el entendido que si el quejoso se encuentra segregado en una celda de castigo, con motivo de una infracción al Reglamento de Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, deberá permanecer el tiempo que así se haya determinado por la autoridad sancionadora; en ese sentido, el impetrante quedará a disposición de este juzgado de Distrito, únicamente por cuanto hace a su libertad personal. Asimismo, respecto al diverso acto que por esta vía reclama, consistente negarle el derecho a la salud aun cuando se encuentra en estado grave y se pone en riesgo su vida, se evidencia que el acto reclamado se subsume en los supuestos para proveer sobre la suspensión de oficio y de plano previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Por tanto, conviene señalar que el artículo 1° constitucional consagra el principio pro persona, el cual establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados. A su vez, que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin, lo que se desprende del análisis sistemático de las disposiciones relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, así como los demás instrumentos internacionales relacionados con tal temática. Así, se estima necesario reiterar que los actos reclamados impactan el derecho a la salud e incluso en el derecho a la vida de los quejosos, por ello se acordará de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte solicitante del amparo, se duele también de actos omisivos, esto es, actos que el quejoso considera que las autoridades responsables deparan un perjuicio en su salud; actos que por sí no conllevan una ejecución; sin embargo, sí son susceptibles de suspenderse. Lo anterior es así, toda vez que la doctrina constitucional ha venido evolucionando en beneficio de los derechos humanos, y considera que los actos omisivos sí pueden suspenderse, con la finalidad de salvaguardar esos derechos, siempre y cuando se actualicen la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues se deben analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro siguiente: «SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA». Atento a ello, cabe mencionar que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección a la salud, en los términos siguientes: «Artículo 4º. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.» De la transcripción que antecede se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general. Así, en el texto constitucional reproducido en párrafos anteriores, por una parte se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece lo siguiente: «Artículo 12 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad». Por su parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: «Artículo 10. Derecho a la salud Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables». De los instrumentos normativos preinsertos, se pone de relieve que el derecho a la protección a la salud es reconocido incluso en el ámbito internacional, por lo que es obligación de los Estados garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Así, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, y lo señalado por los artículos 1º y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la tesis P. XVI/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, página 29 de rubro: «DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN»; se concede la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables Director, Jefe Titular o Encargado de Enfermería, Jefe de Custodios y Custodios de Turno, todos adscritos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo, tomen las medidas necesarias para la atención medica que salvaguarde la salud del quejoso Alán David Ortiz García, debiendo en el término de veinticuatro horas contado a partir de que queden legalmente notificados del presente proveído, informar a este juzgado de Distrito de manera pormenorizada sobre la suspensión de plano concedida y el tratamiento que en su caso se le proporcione; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, en términos del numeral 237, fracción I, en relación con los diverso 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y entrando en vigor al día siguiente). Se hace del conocimiento que en caso de optar la remisión de su informe de ley, en documento digitalizado vía correo electrónico oficial de este juzgado de Distrito, a la siguiente dirección 5jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, cuya confirmación podrá realizarse por la citada vía. Ahora bien, podrán tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario: "cesarbolanos", "oscar3063", "juliorva", -perteneciente a - César Antonio Cortés Bolaños, Oscar Gutiérrez Gómez y Julio Ortiz Valdez - respectivamente, toda vez que cumplen con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; dejando el actuario judicial constancia de la consulta realizada, la cual, será digitalizada para el expediente electrónico y otra se agregará al presente expediente como constancia de notificación. Téjanse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, César Antonio Cortés Bolaños, por acreditar tener registrada su cedula profesional, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos a las diversas personas que menciona por no contar con dicho registro. Tocante al número telefónico que se proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 constitucional y 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que resulten necesarias en este asunto. Por otra parte, en cuanto a su petición de que se dé vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, con las manifestaciones que vierte, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, quedando a salvo sus derechos, a efecto de que los haga valer en la vía y ante la autoridad que estime pertinentes. Finalmente, mediante atento oficio, remítanse a la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, las demandas que nos ocupa, para que por su conducto la registre con la finalidad de nivelar las cargas de trabajo.

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