Alan Antonio Dorantes Gutierrez

Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Alan Antonio Dorantes Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos en el expediente electrónico del presente juicio de amparo, de los que se advierte que la resolución incidental emitida el veintidós de abril de dos mil veintidós; no obstante de encontrarse integrada al expediente electrónico, no les es posible a las partes su consulta de manera íntegra, se provee. Atento a lo anterior, en concordancia con lo ordenado el veinticinco de abril último y de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, a fin de que la resolución citada pueda ser consultada por las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) de manera íntegra y no únicamente su resolutivos, es imprescindible cuente con firma electrónica; en tales condiciones, en esta data se dispone incorporarla al final del presente proveído, con independencia de la fecha en que fue emitida la misma, lo anterior, únicamente para los efectos de que ésta también pueda ser consultada en el expediente electrónico por las partes de manera íntegra a través del referido sistema integral de seguimiento de expedientes. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual informa que no ha sido integrada al expediente electrónico la resolución de veintidós de abril el presente año dictada dentro de los autos del presente juicio de amparo. Atento al contenido del escrito de cuenta, indíquese a la parte quejosa, que deberá estarse a lo proveído en párrafos que anteceden, con lo cual, las partes podrá tener acceso a dicha resolución incidental de manera íntegra a través de presente auto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese de manera electrónica el presente acuerdo al que a su vez se le incorporó la interlocutoria íntegra de veintidós de abril de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de cumplimiento sustituto abierto a petición de la parte quejosa, el cual deriva del juicio de amparo número 589/2019-VI, de este órgano jurisdiccional; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Trámite del juicio. Por sentencia engrosada el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Asociados Home Depot, sociedad anónima de capital variable, contra el acto reclamado a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, para el efecto de que la autoridad responsable: "a) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 01/268/16-III incluyendo el laudo y, b) Ordene se reponga el procedimiento, se realice el emplazamiento en términos de la ley; y una vez efectuado lo anterior continúe el juicio laboral 01/268/16-III." El treinta de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada por este juzgado; por lo que, en dicho proveído se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al referido fallo protector. SEGUNDO. Ejecución. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó declarar cumplida la sentencia; sin embargo, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, del cual conoció al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, bajo el toca 25/2019, declarándolo fundado en los siguientes términos: "En efecto para volver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación, es necesario que se restituyan los bienes embargados a la moral quejosa, sin embargo, en el caso la responsable no acompañó ni allegó al juicio las constancias que evidenciaran la devolución de los bienes embargados, tampoco existe manifestación de la responsable en el sentido de que exista imposibilidad material o jurídica para efectuar su devolución. En esta tesitura este órgano colegiado estima insuficiente tener por cumplida la ejecutoria, el solo hecho de que la responsable emitiera auto en el que dejó insubsistente el embargo, sino que es necesario su materialización, esto es, que los bienes embargados sean devueltos al quejoso, salvo imposibilidad material o jurídica." En acatamiento a lo anterior, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento a las autoridades responsables en diversas ocasiones. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el treinta de enero de dos mil veinte se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio de la Junta responsable, por el cual remitió copia certificada de la diligencia de devolución a cargo del depositario judicial designado por la parte actora Nicolás Zoulueta Olivares, de la cual se desprende que no pudo desahogarse en sus términos con motivo de que los bienes embargados fueron sustraídos del domicilio de depósito ubicado en calle Batalla 19 de Febrero, número 102, colonia Centro, en Cuautla, Morelos, por lo que previa denuncia, se integró la carpeta de investigación CT-UEDP/3424/2019. La autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el veinte de febrero de dos mil veinte en el expediente 01/268/16-lll, del cual se advierte que concedió a las partes un término de tres días a fin de manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a la imposibilidad de restituir los bienes embargados a la parte demandada -quejosa-, y requirió a la Fiscalía General del Estado de Morelos copia certificada de la carpeta de investigación CT-UEDP/3424/2019. Una vez recibidas las constancias solicitadas, por auto de veintitrés de agosto de dos mil veinte, la junta responsable otorgó un término de tres días a las partes para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a la imposibilidad de restituir los bienes embargados a la demandada (quejosa). Finalmente, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el ocho de septiembre de dos mil veinte en el expediente 01/268/16-lll; advirtiéndose que la junta: 1) Certificó que feneció la vista de veintitrés de agosto de dos mil veinte, así como que las partes no la desahogaron, por lo cual tuvo por perdido el derecho a la demandada -moral quejosa-, para realizar las manifestaciones correspondientes; y 2) Asentó la imposibilidad material para la devolución de los bienes embargados a la parte demandada. 3) Ordenó notificar personalmente a las partes la determinación descrita. Derivado de lo anterior, se estimó que la sentencia de amparo no había quedado cumplida, requiriéndose a la autoridad responsable remitiera copia certificada de diversas gestiones tendientes y eficaces para que la actora restituyera los bienes embargados a la demandada -quejosa-, debiendo dar cumplimiento al fallo de amparo, en los términos expuestos por el Tribunal Colegiado, bajo diversos apercibimientos y en reiteradas ocasiones. TERCERO. Trámite del incidente. Mediante escrito presentado en este juzgado el quince de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa promovió, en la vía incidental, el cumplimiento sustituto de la sentencia. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se ordenó la tramitación del incidente sustituto, en los términos siguientes: ".Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual solicita se tramite incidente de cumplimiento sustituto, por los motivos expuestos; el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 66, 67, 204 y 205 de la Ley de Amparo, se ordena la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto. En consecuencia, dese vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Por otra parte, del escrito de cuenta se advierte que el promovente ofrece los siguientes medios probatorios:  LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En relatadas circunstancias, por cuanto a la pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, se tienen por anunciadas las que se desahogan por su propia y especial naturaleza." Posteriormente, en auto veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en atención al oficio de la autoridad responsable, se proveyó: "Se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de abril del año en curso, rinde el informe relativo al incidente de cumplimiento sustituto, promovido por la parte quejosa; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Por otra parte, del escrito de cuenta se advierte que la autoridad oficiante ofrece los siguientes medios probatorios:  LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE LABORAL DE ORIGEN. En relatadas circunstancias, por cuanto a la pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones y documental exhibida, se tienen por anunciadas las que se desahogan por su propia y especial naturaleza." En proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, visto el estado de autos a efecto de sustanciar el incidente de cumplimiento sustituto a la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional advirtió la necesidad de contar con un experto en materia de valuación a fin de determinar el monto al que ascienden los bienes embargados a la parte demandada -hoy quejosa- en el juicio laboral 01/268/16-III, y sustraídos al depositario judicial Nicolás Zoulueta Olivares señalado por la parte actora -aquí tercera interesada- del domicilio ubicado en calle Batalla 19 de Febrero, número 102, colonia Centro, en Cuautla, Morelos que para tal efecto se señaló como depósito; luego, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 189 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicitó un profesionista que pudiera fungir como perito oficial ante este juzgado en materia de valuación a diversas autoridades. En comparecencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, José Isabel Cervantes Flores, perito en materia de valuación adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos aceptó y protestó el cargo de perito oficial en materia de valuación, concediéndole un término de diez días para que emitiera su dictamen pericial. A fin de poder elaborar el dictamen en valuación, y previa vista a la quejosa con la información y descripción de los productos embargados referidos en el "anexo I", el seis de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista al referido perito oficial con la diligencia de embargo de origen al contener la descripción de los bienes embargados. Finalmente, el siete de marzo de dos mil veintidós, fue recepcionado por este juzgado el dictamen del perito en materia de valuación concerniente al valor de los bienes embargados, el cual fue ratificado debidamente. Dado el estado de autos, con las pruebas ofrecidas por las partes y con el desahogo de la pericial en valuación, se señaló hora y día para la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró en términos del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución incidental. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente incidente de cumplimiento sustituto derivado del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo 589/2019-VI, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67, 204 y 205 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Análisis de la procedencia del cumplimiento sustituto. En principio cabe destacar que la disposición constitucional atinente al cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, está contenida en el artículo 107, fracción XVI, tercer y cuarto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. XVI. [.]. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.". Conforme a esta disposición, existen tres supuestos en los cuales se puede decretar el cumplimiento de la sentencia de amparo de una manera diversa a la consignada en la resolución, a saber, que: 1. La parte quejosa solicite el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo; 2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decrete de oficio; y, 3. Las partes acuerden mediante convenio el cumplimiento. La razón de esta institución procesal es que las sentencias de amparo se deben cumplir siempre, pero precisamente ante la inconveniencia de ello o la imposibilidad, se previó esta figura a través de la cual se puede cumplir la ejecutoria de una forma distinta. La disposición constitucional establece dos formas a través de las cuales se podrá cumplir una ejecutoria de amparo, de manera diversa a la ordenada en el fallo, a saber: 1. El pago de daños y perjuicios al quejoso; o, 2. El cumplimiento del convenio acordado entre el quejoso y la autoridad responsable, el que deberá ser sancionado por el órgano jurisdiccional de amparo. De este modo, cuando se solicite el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo, el mecanismo a seguir está previsto en el citado artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso". "Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos mandará archivar el expediente". De la interpretación de los citados preceptos, se desprende que tratándose del incidente de cumplimiento sustituto a petición de cualquiera de las partes (como ocurre en el caso), la promoción respectiva deberá presentarse ante el juzgado de Distrito que conoció de la primera instancia del amparo respectivo. Dicho órgano es quien deberá sustanciar el procedimiento, por lo que, previo análisis de la naturaleza del acto reclamado y de los requisitos constitucionales previstos, en caso de estimarlo procedente, resolverá lo conducente con efectos vinculantes. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el cumplimiento sustituto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos vulnerados en los términos que derivan de las propias ejecutorias. Así, la opción del cumplimiento sustituto es la excepción o un mecanismo excepcional y no la regla, en razón de las dificultades que en ocasiones surgen en los procedimientos de ejecución, para obtener el cumplimiento del fallo en cuestión, salvaguardando de esta manera los derechos de la parte quejosa, quien ante situaciones de complejidad, podría quedar en estado de indefensión de no ordenarse el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. De ahí, la finalidad del cumplimiento sustituto es que no quede sin ejecutarse la sentencia protectora, buscándose una alternativa al cumplimiento original ante las dificultades presentadas en la práctica para ejecutar la sentencia en sus términos. Sin que lo anterior implique la autorización para inobservar o transgredir los fallos en los cuales se concede el amparo, ni tampoco se deteriore la fuerza de las ejecutorias a sacrificio de los derechos que deben ser restituidos en razón de los fallos en cuestión, pues no debe olvidarse la finalidad del cumplimiento sustituto, la cual no es una imposición que obligue a la parte quejosa a renunciar a las prerrogativas obtenidas con motivo de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo es una derivación de la propia sentencia, por lo que el acatamiento de ésta, debe tener plena eficacia, contando con los mismos procedimientos previstos en la Constitución Federal y la Ley de Amparo para la total ejecución, cuando así se haya decretado. En resumen, debe decirse que para determinar la procedencia o no del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo es menester la satisfacción de los requisitos y presupuestos de procedencia, esto es, que: 1. Haya sido solicitado por alguna de las partes, o bien sea decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. La autoridad responsable haya expresado inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en los términos, por cualquiera de los siguientes supuestos: a) Se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa; b) Sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia; o, c) El cumplimiento sea desproporcionalmente gravoso. Es aplicable la tesis P. IV/2016 (10a.) , cuyo rubro y texto señalan: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado." En el presente caso, la parte quejosa promovió el incidente relativo, por lo que se surte la hipótesis señalada en el artículo 205 de la Ley de Amparo, y a la vez se satisface el primero de los requisitos señalados. En cuanto a la segunda exigencia señalada, luego del requerimiento por parte de este juzgado a la responsable para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, la autoridad manifestó su imposibilidad material para acatar el cumplimiento, al decretar la imposibilidad material para la devolución de los bienes embargados a la demandada, aquí quejosa, en el expediente laboral 01/268/16-lll, a raíz de que aquéllos fueron sustraídos del domicilio de depósito, lo cual dio lugar a la carpeta de investigación CTUEDP/3424/2019. Luego en el caso se estima actualizada la hipótesis de que la autoridad responsable haya expresado inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos, por resultar materialmente imposible, lo cual hace procedente el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo. De ahí que al actualizarse las hipótesis constitucionales y legales precisadas, se declara procedente el incidente de cumplimiento sustituto promovido por la sociedad quejosa. TERCERO. Estudio del cumplimiento sustituto. En el presente asunto, la sentencia de amparo se concedió esencialmente para que la junta responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 01/268/16-III, repusiera el procedimiento y ordenara el emplazamiento de la demandada en términos de ley, hecho lo anterior, continuara con el juicio. Luego, del procedimiento de ejecución destaca que la quejosa interpuso recurso de inconformidad el cual se declaró fundado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en lo que aquí interesa, al estimar insuficiente para tener por cumplida la ejecutoria el hecho de que la responsable emitiera auto en el cual dejara insubsistente el embargo, pues estimó necesaria su materialización de devolver a la parte quejosa los bienes embargados, salvo imposibilidad material y jurídica. Ahora, toda vez que los bienes embargados a la demandada -aquí quejosa- en el juicio laboral de origen, descritos en la diligencia de embargo de treinta de abril de dos mil diecinueve, desahogada por la Actuaria adscrita a la Junta responsable, fueron sustraidos del domicilio del depósito y, de hecho, se inició una investigación sobre el particular, se estimó procedente el incidente de cumplimiento sustituto. En ese orden, este órgano jurisdiccional advirtió la necesidad de contar con un experto en materia de valuación a fin de determinar el monto al que ascienden los bienes embargados por la parte actora -aquí tercera interesada-, por lo cual se desahogó una pericial en valuación al tenor del dictamen emitido por el especialista oficial. Sobre dicha probanza, conviene tener en cuenta que su objetivo es que diversas personas especializadas en una ciencia, técnica o arte ilustren a la persona juzgadora, en forma detallada, el alcance de determinada materia, su contenido, así como el significado de los conceptos y principios con los que se relacione. El dictamen en que se expresen las opiniones adoptadas debe pormenorizar los razonamientos en que el especialista basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios del arte o ciencia de la cual es experto y que lo llevaron a emitir su dictamen, pues tales elementos permiten a la persona juzgadora constatar la veracidad de la conclusión alcanzada, en tanto que sus opiniones, por sí mismas, no obligan a aquél por ser perito de peritos. El dictamen de mérito se valora en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de él se advierte que en cuanto al valor del mercado de los muebles embargados, el perito estableció que es el precio expresado en términos monetarios asignado a un objeto con base al valor que se le da en el momento del apoderamiento y en un mercado específico. De igual forma, estableció la metodología de su opinión técnica, consistente en a) descriptiva, b) de investigación y c) analítico, describiendo en qué consisten cada uno de éstos conceptos. A partir de ello, desarrolló su dictamen en el cual realizó una descripción de cada objeto (bien embargado), refiriendo sus características y cualidades, y con base en el estudio de mercado y la apreciación con que fueron afectados los bienes embargados, conforme a su conocimiento científicos determinó el valor de mercado de cada bien a escrutinio. En efecto, se advierte que expuso las características de los bienes en comento, sus características, cualidades, descripción y la metodología empleada; por lo que, dicha opinión técnica, a juicio de esta juzgadora, le genera suficiente convicción para el fin perseguido, dado que en forma razonada y convincente, el perito expuso el valor de los muebles afectos al presente asunto, obteniendo una cantidad por cada uno de ellos, así como el monto total de su valor comercial que ascendió a $196,483.5 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 5/100 moneda nacional). En consecuencia, se estima que el dictamen del perito oficial, además de que no fue objetado, es idóneo y suficiente para tener un monto cierto a partir del cual, en forma sustituta, se cumpla la sentencia constitucional. Por consiguiente, se determina que la forma de restituir a la parte quejosa de la afectación por cuanto a los bienes embargados, los cuales le fueron sustraídos al depositario judicial Nicolás Zoulueta Olivares nombrado por la actora -aquí tercero interesado-, en el domicilio señalado como depósito ubicado en calle Batalla 19 de Febrero, número 102, colonia Centro, en Cuautla, Morelos, lo cual, tornó materialmente imposible su devolución; es a través del pago de $196,483.5 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 5/100 moneda nacional), obtenida del referido dictamen de valuación emitido por perito oficial. Por lo cual, las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán requerir el pago de la cantidad indicada referente al valor comercial valuado en el dictamen emitido por perito oficial, a la contraparte de la aquí quejosa en el juicio laboral de origen. En otras palabras, a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables deberán realizar las todas gestiones tendientes y eficaces para lograr que se cubra al ahora quejoso el referido monto, requerir el cumplimiento de las obligaciones del depositario judicial y hacer efectivas la penas en las que incurren los depositarios infieles, la cuales fueron hechas saber en la propia diligencia de embargo, a través de la Actuaria adscrita quien la desahogó en acatamiento a lo ordenado por la Junta responsable, e incluso, vincular a quien resulte solidariamente responsable. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Es procedente el incidente de cumplimiento sustituto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Se determina que la forma del cumplimiento sustituto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, consiste en el pago del valor comercial de los bienes embargados a la parte quejosa en el momento del apoderamiento, en diligencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, esto es, el pago de $196,483.5 (ciento noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 5/100 moneda nacional). Se determina que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectivas atribuciones, deben requerir el pago del valor comercial indicado a la contraparte del aquí quejoso en el juicio laboral de origen, realizar todas las gestiones tendientes y eficaces para lograrlo, proceder a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del depositario judicial y hacer efectivas las penas en las que incurren los depositarios infieles, lo cual la Actuaria adscrita en cumplimiento a lo ordenado por la Junta responsable les hizo saber en la diligencia de embargo en alusión, e incluso, vincular a quien resulte solidariamente responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que da fe, hasta hoy veintidós de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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