Alam Lorena Breton Ochoa

Expediente 1462/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1462/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2016

Partes del expediente

  • Alam Lorena Breton Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito de la parte quejosa ALMA LORENA BRETON OCHOA, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que refiere; en atención a su contenido, y como lo solicita la promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase devolución de las documentales que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal; en el entendido de que el horario para la tramitación de la documentación de la cual solicita la devolución, es de nueve a diez horas treinta minutos de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la resolución de nueve de septiembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene a la parte quejosa haciendo valer el recurso de queja que establece el artículo 97 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en contra de la resolución que refiere. Con fundamento en el párrafo primero del artículo 101 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el recurso de queja en mención, para que en el término de tres días, señalen las constancias que en copia certificada deberán de remitirse al tribunal de alzada para que este resuelva lo que proceda. Hecho lo anterior, se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, agregar a los autos el escrito original de agravios y una vez integrado desglosarlo y enviarlo con las demás constancias necesarias. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista el escrito aclaratorio de demanda de garantías promovida por Alma Lorena Bretón Ochoa, mediante el cual acredita la representación que ostenta respecto de la menor Andrea Irazú Poupard Bretón; por tanto, se provee: Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia que confirma la interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la hoy quejosa, dentro del juicio 32/2016-2, promovido por Rafael Poupard Jiménez. Ahora, mediante interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la hoy quejosa, de los agravios que expuso se advierte que se duele de la veracidad de la firma de su contraparte, manifestando que no existe identidad entre las firmas que aparecen en la demanda inicial de disminución de pensión de alimentos de la menor quejosa, y la del escrito de contestación a la prevención firmada por la parte actora en el juicio de origen Rafael Poupard Jiménez. Con base en lo anterior, tenemos que la consecuencia legal de la interlocutoria que se reclama, es, que se continúe con el procedimiento judicial en la etapa en que se encontraba. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril de ese año, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Tal criterio está contenido en la jurisprudencia: Tesis: P/J 37/2014 (10ª) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 39 Jurisprudencia(Común) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sin que obste a lo anterior, que no estemos ante una resolución que decide un incidente de falta de personalidad o como en el caso "incidente de nulidad de actuaciones" toda vez que se asemeja ya que la quejosa refiere que la persona que firmó el escrito aclaratorio de demanda no es el que estampó su firma en el escrito inicial de demanda, así las cosas, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el hecho de que se confirme el auto que declaró improcedente el incidente planteado, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada genera consecuencias, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el declarar improcedente el incidente de falta de nulidad de actuaciones planteado por el impetrante, sólo incide en derechos intraprocesales, pero no trastoca su derechos sustantivos, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto. No obsta lo anterior, que conforme a la Ley de Amparo abrogada la resolución reclamada, dictada en expediente 32/2016-2, por el cual el Tribunal responsable confirmó la interlocutoria de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la hoy quejosa, dentro del juicio 32/2016-2, promovido por Rafael Poupard Jiménezy ordenó la continuación del procedimiento de mérito, era combatida mediante juicio de amparo indirecto, pues ello no viola el acceso a la justicia. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial que se cita enseguida: Tesis: 2a. XLVIII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009478 1 de 1 Segunda Sala Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Pag. 1070 Tesis Aislada(Constitucional, Común) ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Además la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, pues a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Aunado a que el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, lo que en el caso concreto no acontece, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Sustenta a la anterior determinación la tesis 2a. L/2015 (10a.), cuyo rubro y texto, son los siguientes: Tesis: 2a. L/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009477 1 de 1 Segunda Sala Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Pag. 1069 Tesis Aislada(Constitucional, Común) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Asimismo, la jurisprudencia VI.1o.A.J/10 (10a), es del tenor literal siguiente: Tesis: VI.1o.A. J/10 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006339 2 de 4 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Pág. 1570 Jurisprudencia(Común) ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal. De igual forma, encuentra apoyo en la Tesis 2a. XLIX/2015 (10a.), Segunda Sala, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1078, materia común, que se a continuación se transcribe: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Alma Lorena Bretón Ochoa, por su propio derecho y en representación de la menor Andrea Irazú Poupard Bretón, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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