Alain Rodjavvulad Álvarez Palomera

Expediente 623/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Alain Rodjavvulad Álvarez Palomera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Alain Rodjavvulad Álvarez Palomera, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del veintiséis de septiembre al siete de octubre del año en curso; con exclusión 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO de los días uno y dos de los corrientes, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 623/2022-III DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda vez que en autos a fojas 4 y 6, obran dos documentos aportados por la parte quejosa, que se ubica dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XVIII1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en términos del párrafo primero, del artículo 212 , del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Por otro lado, toda vez que la entrega del documento requiere la presencia física de quien se entrega, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 y 16/2022, del propio Consejo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que deberá generar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la que se programará el día y la hora en que podrá comparecer ante este órgano jurisdiccional, para la entrega de la documentación requerida. 1 Artículo 3. Glosario. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: [.] XVIII. Documento original: Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO En la inteligencia de que deberá cumplir con las medidas sanitarias enunciadas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 y 16/2022, del propio Consejo, dentro de las que se encuentran, el que deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios siguientes: 1. El oficio 110/06092022/2019, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen; 2. El oficio 110/06092022/2018, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, en representación de ese órgano colegiado; y, 3. El oficio 110/06092022/2017, de la Actuaria de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen. Mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación a su informe, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 921/2016, mientras que las restantes manifestaron que se adhieren a las mismas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las copias certificadas que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, a su oficio de cuenta. 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 623/2022-III 3 de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, Alain Rodjavvulad Álvarez Palomera, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, de acodar su escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, presentado vía buzón electrónico con código de confirmación 98R7ZZ7, en el expediente laboral 921/2016, en el que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación; la subsistencia del amparo promovido en contra del laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte, y en caso de no pagar la 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ subsistencia, requerir de pago y embargo del laudo condenado a las demandadas. Ahora bien, como justificación de su informe la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 921/2016, consistentes en: 1. El laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte (fojas 25 a 27). 2. La sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el amparo directo 389/2022, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que negó a la quejosa Marine Tech, sociedad anónima de capital variable, el amparo y protección de la justicia de la Unión contra el laudo emitido el veintitrés de julio de dos mil veinte, en el juicio laboral 921/2016, por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche (fojas 31 a 54). 3. El escrito de trece de septiembre dos mil veintiuno, signado por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia, apoderado legal de Alain Rojavvulad Álvarez Palomera, por el que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación; la subsistencia del amparo promovido en contra del laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte, y en caso de no pagar la subsistencia, requerir de pago y embargo del laudo condenado a las demandadas (foja 61). 4. El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que proveyó el escrito de trece de septiembre dos mil veintiuno, signado por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia apoderado legal de Alain Rojavvulad Álvarez Palomera, en el sentido de que la tramitación del amparo directo finalizó con la sentencia ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por tanto, dejó de surtir los efectos legales las 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 623/2022-III 5 medidas cautelares respecto del juicio de garantías, por lo que no había lugar a conceder lo solicitado por la parte actora (foja 62). Documentales con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber acordado la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el escrito de la parte quejosa de trece de septiembre dos mil veintiuno, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del diez de octubre de dos mil veintidós. No se soslaya, que en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Marine Tech, sociedad anónima de capital variable, sin que se 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ haya logrado su emplazamiento, como se advierte de la razón actuarial de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio del tercero interesado, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio le irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO ALAIN RODJAVVULAD ALVAREZ PALOMERA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios siguientes: 1. El oficio 110/06092022/2019, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen; 2. El oficio 110/06092022/2018, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, en representación de ese órgano colegiado; y, 3. El oficio 110/06092022/2017, de la Actuaria de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen. Mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación a su informe, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 921/2016, mientras que las restantes manifestaron que se adhieren a las mismas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las copias certificadas que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, a su oficio de cuenta. 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 623/2022-III 3 de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, Alain Rodjavvulad Álvarez Palomera, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, de acodar su escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, presentado vía buzón electrónico con código de confirmación 98R7ZZ7, en el expediente laboral 921/2016, en el que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación; la subsistencia del amparo promovido en contra del laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte, y en caso de no pagar la subsistencia, requerir de pago y embargo del laudo condenado a las demandadas. Ahora bien, como justificación de su informe la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 921/2016, consistentes en: 1. El laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte (fojas 25 a 27). 2. La sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el amparo directo 389/2022, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que negó a la quejosa Marine Tech, sociedad anónima de capital variable, el amparo y protección de la justicia de la Unión contra el laudo emitido el veintitrés de julio de dos mil veinte, en el juicio laboral 921/2016, por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche (fojas 31 a 54). 3. El escrito de trece de septiembre dos mil veintiuno, signado por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia, apoderado legal de Alain Rojavvulad Álvarez Palomera, por el que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación; la subsistencia del amparo promovido en contra del laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte, y en caso de no pagar la subsistencia, requerir de pago y embargo del laudo condenado a las demandadas (foja 61). 4. El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que proveyó el escrito de trece de septiembre dos mil veintiuno, signado por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia apoderado legal de Alain Rojavvulad Álvarez Palomera, en el sentido de que la tramitación del amparo directo finalizó con la sentencia ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por tanto, dejó de surtir los efectos legales las medidas cautelares respecto del juicio de garantías, por lo que no había lugar a conceder lo solicitado por la parte actora (foja 62). Documentales con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber acordado la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el escrito de la parte quejosa de trece de septiembre dos mil veintiuno, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del diez de octubre de dos mil veintidós. No se soslaya, que en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Marine Tech, sociedad anónima de capital variable, sin que se 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ haya logrado su emplazamiento, como se advierte de la razón actuarial de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio del tercero interesado, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio le irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios siguientes: 1. El oficio 110/06092022/2019, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen; 2. El oficio 110/06092022/2018, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, en representación de ese órgano colegiado; y, 3. El oficio 110/06092022/2017, de la Actuaria de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen. Mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por el quejoso. Como justificación a su informe, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, remite copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral 921/2016, mientras que las restantes manifestaron que se adhieren a las mismas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las copias certificadas que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, a su oficio de cuenta. 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 623/2022-III 3 de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, Alain Rodjavvulad Álvarez Palomera, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, de acodar su escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, presentado vía buzón electrónico con código de confirmación 98R7ZZ7, en el expediente laboral 921/2016, en el que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación; la subsistencia del amparo promovido en contra del laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte, y en caso de no pagar la 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ subsistencia, requerir de pago y embargo del laudo condenado a las demandadas. Ahora bien, como justificación de su informe la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 921/2016, consistentes en: 1. El laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte (fojas 25 a 27). 2. La sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, dictada en el amparo directo 389/2022, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que negó a la quejosa Marine Tech, sociedad anónima de capital variable, el amparo y protección de la justicia de la Unión contra el laudo emitido el veintitrés de julio de dos mil veinte, en el juicio laboral 921/2016, por la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche (fojas 31 a 54). 3. El escrito de trece de septiembre dos mil veintiuno, signado por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia, apoderado legal de Alain Rojavvulad Álvarez Palomera, por el que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación; la subsistencia del amparo promovido en contra del laudo de veintitrés de julio de dos mil veinte, y en caso de no pagar la subsistencia, requerir de pago y embargo del laudo condenado a las demandadas (foja 61). 4. El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que proveyó el escrito de trece de septiembre dos mil veintiuno, signado por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia apoderado legal de Alain Rojavvulad Álvarez Palomera, en el sentido de que la tramitación del amparo directo finalizó con la sentencia ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por tanto, dejó de surtir los efectos legales las 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ Juicio de amparo 623/2022-III 5 medidas cautelares respecto del juicio de garantías, por lo que no había lugar a conceder lo solicitado por la parte actora (foja 62). Documentales con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber acordado la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el escrito de la parte quejosa de trece de septiembre dos mil veintiuno, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las diez horas del diez de octubre de dos mil veintidós. No se soslaya, que en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Marine Tech, sociedad anónima de capital variable, sin que se 08/05/24 18:38:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2c.29 GABRIELA HERNANDEZ ALVAREZ haya logrado su emplazamiento, como se advierte de la razón actuarial de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio del tercero interesado, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio le irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen · 2,040 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano