Airamy Oslec Evia Vera
Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Airamy Oslec Evia Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso ********************, interpusiera recurso de revisión contra el auto de tres de abril de dos mil veintitrés, transcurrió del catorce al veintisiete de abril de dos mil veintitrés, con exclusión de los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de abril de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusieran el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de tres de abril de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
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MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por la quejosa. Como justificación de su informe remite copias certificadas del expediente laboral ***. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, en su carácter de apoderado legal de ***, mediante escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra la omisión del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de dar continuidad a la secuela procesal en el juicio laboral ***. Por su parte, la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado toda vez que en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se acordó sobre el convenio de cumplimiento de pago de sentencia que las partes suscribieron, entregándose el cheque 0526201 por la cantidad de ***, por lo que se ordenó el archivo del expediente. Para corroborar su dicho, remitió copias certificadas del expediente laboral ***, de las que se advierte lo siguiente: I. Que la última actuación realizada antes de que se presentara la demanda de amparo, fue el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo al apoderado legal de la parte actora, promoviendo juicio de amparo por la vía directa, se ordenó emplazar al juicio de amparo a las terceras interesadas (i) ***, (ii) ***, (iii) ***, (iv) *** y (v) ***; y se ordenó rendir el informe con justificación respectivo. II. Posteriormente, el tres de marzo de dos mil veintitrés, se emplazó a juicio de amparo directo a las terceras interesadas (i) ***, (ii) ***, (iii) ***, (iv) *** y (v) *** III. En diligencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se hizo constar que la parte actora *** (aquí quejosa) y la parte demandada ***, *** y ***, por conducto de su apoderado legal ***, acudieron de manera voluntaria y espontanea a celebrar convenio para dar cumplimiento a la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós. En esa diligencia, la apoderada legal de la demandada *** (a quien se reconoció como único patrón), exhibió el cheque *** por la cantidad de ***, por ser la que se adeudaba a la actora ***, título de crédito que ésta recibió a su entera satisfacción, dándose por pagada de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada la demandada en la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, solicitando las partes que dicho convenio se elevara a la categoría de cosa juzgada y se enviara el asunto al archivo definitivo. IV. Derivado de lo anterior, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se calificó de legal el convenio que suscribieron las partes actora y demandada, por tanto, se tuvo a la demandada Nutrisa, sociedad anónima de capital variable, dando cumplimiento a la sentencia condenatoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anteriormente expuesto, revela que ha cesado la omisión reclamada al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, pues a partir del tres de marzo de dos mil veintitrés, se continuó con la secuela procesal hasta la conclusión del juicio de origen por convenio de las partes. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la Agente Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA AIRAMY OSLEC EVIA VERA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 208/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR ES DEL TENOR SIGUIENTE: MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado por la quejosa. Como justificación de su informe remite copias certificadas del expediente laboral ***. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que adjunta a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, en su carácter de apoderado legal de ***, mediante escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra la omisión del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, de dar continuidad a la secuela procesal en el juicio laboral ***. Por su parte, la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado toda vez que en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se acordó sobre el convenio de cumplimiento de pago de sentencia que las partes suscribieron, entregándose el cheque 0526201 por la cantidad de ***, por lo que se ordenó el archivo del expediente. Para corroborar su dicho, remitió copias certificadas del expediente laboral ***, de las que se advierte lo siguiente: I. Que la última actuación realizada antes de que se presentara la demanda de amparo, fue el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo al apoderado legal de la parte actora, promoviendo juicio de amparo por la vía directa, se ordenó emplazar al juicio de amparo a las terceras interesadas (i) ***, (ii) ***, (iii) ***, (iv) *** y (v) ***; y se ordenó rendir el informe con justificación respectivo. II. Posteriormente, el tres de marzo de dos mil veintitrés, se emplazó a juicio de amparo directo a las terceras interesadas (i) ***, (ii) ***, (iii) ***, (iv) *** y (v) *** III. En diligencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se hizo constar que la parte actora *** (aquí quejosa) y la parte demandada ***, *** y ***, por conducto de su apoderado legal ***, acudieron de manera voluntaria y espontanea a celebrar convenio para dar cumplimiento a la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós. En esa diligencia, la apoderada legal de la demandada *** (a quien se reconoció como único patrón), exhibió el cheque *** por la cantidad de ***, por ser la que se adeudaba a la actora ***, título de crédito que ésta recibió a su entera satisfacción, dándose por pagada de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenada la demandada en la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, solicitando las partes que dicho convenio se elevara a la categoría de cosa juzgada y se enviara el asunto al archivo definitivo. IV. Derivado de lo anterior, en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se calificó de legal el convenio que suscribieron las partes actora y demandada, por tanto, se tuvo a la demandada Nutrisa, sociedad anónima de capital variable, dando cumplimiento a la sentencia condenatoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anteriormente expuesto, revela que ha cesado la omisión reclamada al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, pues a partir del tres de marzo de dos mil veintitrés, se continuó con la secuela procesal hasta la conclusión del juicio de origen por convenio de las partes. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la Agente Público de la Federación adscrita y a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solis Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
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MESA V "... Ciudad del Carmen, Campeche, siete de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de ***, contra actos del Juzgado Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y otra autoridad; radíquese como expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a su demanda de amparo copia simple del proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, relativa al expediente laboral ***, de la que se advierte que el promovente ***, tiene reconocida ante la autoridad responsable el carácter de apoderado legal de la parte actora ***, aquí quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado legal con el que se ostenta. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de ***, contra actos del Juzgado Laboral del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas, legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Fecha que se fija atendiendo a las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito y porque cuenta con una plantilla limitada de personal para la tramitación de los asuntos. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO No ha lugar a tener con el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Así, del análisis integro de la demanda, se advierte que el quejoso se duele de la negativa de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la admisión de la demanda promovida en el juicio de origen; de ahí que no se le reconozca el carácter de tercero interesado a persona alguna. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *** NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los nombre de usuario *** CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al quejoso, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario ***, al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que los referidos autorizados, tengan acceso al expediente electrónico y puedan consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporciona el quejoso como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Finalmente, toda vez que el promovente manifestó su oposición a la publicación del nombre de la quejosa y de las personas mencionadas en el presente asunto, por tanto, las resoluciones que se dicten deberán publicarse con supresión de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; vía electrónica a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
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