Aide Martínez Herrera
Expediente 1715/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1715/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Aide Martínez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En doce de noviembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintisiete de octubre al diez de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra la resolución dictada el veintidós de octubre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1715/2015, promovido por Aidé Martínez Herrera.- DOY FE. En la misma fecha, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la resolución de veintidós de octubre del año en curso, por la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que este Juzgado considera que el presente expediente no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en autos del juicio de amparo 1715/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente; de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la audiencia constitucional y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, procediendo a su celebración. Enseguida, se da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo anterior; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que obran en el expediente en que se actúa. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, en la que se da cuenta con las documentales que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 342/2013, así como las diversas que remitió como anexos a su oficio TCA/1559/2015, éste último recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el quince de octubre de dos mil quince. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas citadas en el anterior párrafo. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra la etapa de pruebas. En el cual con apoyo en lo dispuesto en el numeral en cita, se tienen por formulados los que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación, en su pedimento recibido en este Juzgado Federal en esta misma fecha. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se da por concluida la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1715/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, AIDE MARTÍNEZ HERRERA, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra el acto y autoridad señalados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa al respecto, adujo como acto reclamado lo que a continuación se transcribe: "La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 342/2013" 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías que nos ocupa fue turnada para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil quince, se ordenó su admisión y su registro bajo el expediente 1715/2015; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional misma que se celebró al tenor del acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderán los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consisten en: "La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 342/2013" II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, aduciendo al respecto que los autos del expediente laboral 342/2013 se encontraban en estudio para la elaboración del laudo correspondiente; circunstancia que aconteció el nueve de octubre de dos mil quince, pues mediante oficio TCA/1559/2015 la responsable en cita remitió a este Juzgado de Distrito reproducción certificada del laudo que dictó en el expediente laboral 342/2013 en la data antes indicada, documental a la que en virtud a su naturaleza le corresponde valor probatorio pleno. Al respecto, es aplicable el contenido de las tesis del rubro y texto siguientes. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer una causal de improcedencia, sin embargo, este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, constata su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora bien, el suscrito Juez de Amparo advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, debe acotarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Luego, la cesación de los efectos es la extinción de las consecuencias o del fin que tuvo una acción. En relación con dicha causa de improcedencia, cabe mencionar que para que se actualice, es necesario que la autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de garantías, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos queden destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Ahora, de la demanda de garantías se advierte que la quejosa AIDE MARTÍNEZ HERRERA, reclama de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, la omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 342/2013. Lo anterior se trae a cuenta, toda vez que del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante su oficio registrado en este Juzgado con el número de control interno 20485, en alcance a su informe justificado, remitió copia debidamente certificada del laudo que emitió el nueve de octubre de dos mil quince, en los autos del expediente laboral 342/2013. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que la omisión de dictar laudo en el juicio antes aludido desapareció al emitirse el mismo el nueve de octubre de dos mil quince; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por otra parte, resulta innecesario emitir pronunciamiento sustancial respecto al pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, pues se considera que sus manifestaciones han quedado contestadas con los argumentos precisados en párrafos que anteceden. En esas condiciones, al quedar materializada la causa de improcedencia estatuida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: UNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por AIDE MARTÍNEZ HERRERA, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando II, de este fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AYUNTAMIENTO TERCERO INTERESADO. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo.- DOY FE.
- Principal
En dieciséis de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 20485 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; por medio del cual remite copia certificada del laudo de nueve de octubre de dos mil quince, solicitando que en razón a que su dictado constituye la omisión señalada como acto reclamado, se decrete el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo; al respecto, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica la documental de referencia, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS (POR CONDUCTO DE SU MAGISTRADA PRESIDENTA); con su contenido y con los anexos que adjunta, dese vista a las partes para que se imponga del contenido de dicho informe y manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, téngase como pruebas de dicha autoridad las documentales que anexa a su ocurso, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 342/2012, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.L/F/R.
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