Aida Valeria Yanza Yanza
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Aida Valeria Yanza Yanza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El catorce de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del seis al diecinueve de julio del año en curso; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado dentro del juicio de derechos en que se actúa; No se tramitó incidente de suspensión, toda vez que la misma se concedió de plano. No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto dictado en este juicio en el que se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia constitucional; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano, el presente asunto debe considerarse como DEPURABLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con un sobre devuelto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la pieza postal que devuelve el Administrador Local de Correos, en la que se contiene el oficio 21482 dirigido al Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal (Estación Migratoria Las Agujas), con sede en la ciudad de México, que contiene el auto de veintiocho de junio del presente año, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional dictado en el presente asunto, en el cual se asentó la leyenda que dice: "Reusado por la Oficialía de Partes la autoridad que cita no existe como tal en el domicilio", en consecuencia, reenvíese dicho comunicado a la citada autoridad al domicilio ubicado en Calle Agujas Esquina con Jacarandas S/N, Colonia El Vergel, Iztapalapa, Código Postal 09880, Ciudad de México, para que se imponga de su contenido. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El veintiocho de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 12795. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la promoción de cuenta signada por el jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en autos, remite las constancias que le fueron solicitadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que las quejosas Aida Valeria Yanza Yanza y Jenny Maritsa Gutiérrez López, reclamaron: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de todas las autoridades responsables señaladas: Del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en la Ciudad de México se reclama: La orden de deportación o expulsión emitida o apunto de emitirse en contra de las quejosas MARÍA BELÉN ESPINOZA MATUTE Y MALENA MARYLIN MORALES, por la autoridad responsable. La detención y/o privación de la libertad de las quejosas de nombres MARÍA BELÉN ESPINOZA MATUTE Y MALENA MARYLIN MORALES, de nacionalidad Ecuatoriana, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la Calle Agujas esquina con Jacarandas S/N Colonia el Vergel Iztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de México. La incomunicación total de la que ha sido objeto las quejosas MARÍA BELÉN ESPINOZA MATUTE Y MALENA MARYLIN MORALES, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la Calle Agujas esquina con Jacarandas S/N Colonia el Vergel Iztapalapa, C.P. 09880, Ciudad de México. El primer acto de aplicación del artículo 99, primer y segundo párrafos, 106 primer párrafo, de la Ley de Migración (por el alojamiento temporal y sus efectos privativos de la libertad), en perjuicio de las quejosas MARÍA BELÉN ESPINOZA MATUTE Y MALENA MARYLIN MORALES. De la Cámara de Senadoras, Cámara de Diputados y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: La creación, expedición, promulgación y publicación del artículo 99, primer y segundo párrafos, 106 primer párrafo, de la Ley de Migración (por el alojamiento temporal y sus efectos privativos de la libertad), cuyo texto sirvió como fundamento del primer acto de aplicación en perjuicio de las quejosas de nombres MARÍA BELÉN ESPINOZA MATUTE Y MALENA MARYLIN MORALES. La omisión de crear, expedir, promulgar y publicar en la Ley de Migración, medios de control de detención judicial para evitar que la autoridad migratoria funda como Juez y parte en el procedimiento administrativo de migración relativo a la presentación de extranjeros en las estancias migratorias. Es decir, el suscrito reclamo de las autoridades responsables, entre ellas el ahora Director de la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en el Estado de Zacatecas: La orden de deportación o expulsión que hubiera emitido o estuviera a punto de emitirse en contra de las quejosas. La detención y/o privación de la libertad de las quejosas dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, de acuerdo a la información que arrojan las constancias procesales del presente juicio de garantías. La incomunicación de la que son objeto las quejosas dentro de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas. El primer acto de aplicación del artículo 99, primer y segundo párrafos, 106 primer párrafo, de la Ley de Migración (por el alojamiento temporal y sus efectos privativos de la libertad) en contra de las quejosas." De lo expuesto tenemos que, las quejosas primordialmente reclaman su detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias. Sin que sea inadvertido que las quejosas también reclamaron su "inminente" traslado o deportación; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por las quejosas como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el uno de marzo del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de las quejosas Aida Valeria Yanza Yanza y Jenny Maritsa Gutiérrez López, con la única condición de acudir a firma los días y horas ahí precisados, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se les hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por las quejosas, en razón a que el uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó el egreso de las quejosas de referencia, a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad. Asimismo, el veinticinco de mayo de este año, el jefe de departamento de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, delegación Estatal Zacatecas, puso fin a los procedimientos migratorios instaurados en contra de Aida Valeria Yanza Yanza y Jenny Maritsa Gutiérrez López, por los motivos ahí expresados. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a las amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el uno de marzo de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el veintiocho de enero del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias, si éstos ya fueron puestos en libertad y, posteriormente, se dieron por concluidos los procedimientos administrativos correspondientes. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA con relación a los actos reclamados por las quejosas Aida Valeria Yanza Yanza y Jenny Maritsa Gutiérrez López, precisados en esta determinación. En virtud de lo anterior, tomando en cuenta que los actos atribuidos al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, consistentes, respectivamente, en: La creación, expedición, promulgación y publicación del artículo 99, primer y segundo párrafos, 106 primer párrafo, de la Ley de Migración (por el alojamiento temporal y sus efectos privativos de la libertad), cuyo texto sirvió como fundamento del primer acto de aplicación en perjuicio de las quejosas; Así como la omisión de crear, expedir, promulgar y publicar en la Ley de Migración, medios de control de detención judicial para evitar que la autoridad migratoria funda como Juez y parte en el procedimiento administrativo de migración relativo a la presentación de extranjeros en las estancias migratorias. Actos que fueron reclamados en esta vía, por considerar que su primer acto de aplicación se dio con la orden en la que se haya determinado el alojamiento de las quejosas dentro de la Estación Migratoria de esta ciudad; entonces, el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a éstos actos, de acuerdo al criterio contenido en las siguientes jurisprudencias, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su Jose Evaristo aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar al acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c), que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación." Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de los sus derechos constitucionales, esto es así acatando la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto; sin embargo, y toda vez que resultan necesarias las constancias relativas al acto reclamado para la emisión de la resolución respectiva, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la ley que rige el juicio constitucional, requiérase a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, remita a este órgano jurisdiccional las constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio instaurado contra los quejosos Aida Valeria Yanza Yanza y Jenny Maritsa Gutiérrez López completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, o bien, copias fotostáticas certificadas de ellas, asimismo, deberá informar el estado procesal que guarda dicho procedimiento administrativo, en específico si ya dictó sentencia en el mismo y de ser así remitir copia certificada de dicha determinación, en virtud de ser necesarias para resolver el fondo del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones, en la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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