Aida Olvera Ledezma

Expediente 632/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
632/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Aida Olvera Ledezma

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que se desechó la demanda que motivó el presente cuaderno, sin que se haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda de cuenta presentada por *********** y ***********, en contra de actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado Guanajuato; fórmese el expediente físico y digital bajo el número 632/2022-III. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y al escrito aclaratorio, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. A fin de clarificar lo anterior, se enuncian los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y diversas constancias que integran el juicio de amparo *********** del índice de este Juzgado, que se invocan como hecho notorio: a) Los promoventes se ostentan accionistas de la persona ***********. b) Con motivo de diversas irregularidades efectuadas por quienes señalan como terceros interesados "a mediados del año 2017 se formuló" denuncia por hechos que la ley considera como delito de fraude. c) La carpeta fue tramitada ante la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común 01 de Comonfort, Guanajuato, bajo el número ***********. d) El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se determinó el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. e) Esa resolución fue impugnada ante el juez de Control correspondiente, quien "confirmó la resolución del ministerio público". f) Inconforme con lo anterior, uno de los dos quejosos (***********), presentó juicio de amparo indirecto, del que conoció este Juzgado Octavo de Distrito bajo el número ***********. g) En sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección federal, a fin de que: - El juez responsable deje insubsistente la resolución de doce de mayo del dos mil veintiuno, dictada en el cuadernillo administrativo ***********, de su índice. - Fije nueva fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual deberá convocar de nueva cuenta a las partes. - En su desahogo, pida a las partes las aclaraciones necesarias, a fin de que al momento de resolver pueda atender los argumentos especificados en esta ejecutoria, identificados bajo los números arábigos 1 a 4 del considerando quinto, debiendo ceñirse a las consideraciones plasmadas en cuanto a esos temas por este juzgado federal en ese propio considerando. - Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. h) En dicho sumario constitucional, se emitió un auto el veintinueve de marzo pasado, en el que se declaró cumplida la ejecutoria bajo las siguientes consideraciones: "En cumplimiento a la ejecutoria, el encargado de Sala del Juzgado Único Penal de Oralidad de la Región I del Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende, base San José Iturbide, mediante oficio ***********, remitió un disco versátil digital (D.V.D.) con el contenido de la audiencia de dos de marzo del año en curso, del que se advierte que el juez natural: Dejó sin efecto la resolución pronunciada el doce de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el expediente ***********. Con la presencia de las partes en dicha audiencia, se abordaron los temas sujetos a aclaración. (.) Una vez escuchadas las partes, el juez responsable con libertad de jurisdicción, revocó el no ejercicio de la acción penal, para el efecto de que la fiscalía reaperture la carpeta de investigación, y se allegue de los elementos que esclarezca los puntos anteriores." a) A la fecha de la presentación de la demanda que motiva este acuerdo, el fiscal ha sido omiso en concluir la carpeta de investigación ejercitando la acción penal o, como dice la quejosa, judicializándola. Éste es el acto reclamado. Si bien, los peticionarios aluden a una orden que ha recibido la fiscalía a fin de no culminar la investigación y reclaman expresamente ese mandato, lo cierto es que del contenido íntegro de la demanda se desprende que ese supuesto mandato es debido a que no se ejercitará acción penal "hasta no tener la información necesaria o que la información no puede solicitarse en la investigación complementaria y por tanto que espere unos meses o unos años, hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conteste"; inclusive señalan que la responsable se niegan "tácitamente a ejercitar la acción penal" es decir, se desprende que la queja versa, en lo sustancial, en torno a la falta de actuación por parte del fiscal. Precisión de actos que también encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así, este juzgado federal advierte que es improcedente el presente juicio de amparo, respecto del aludido acto reclamado, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de amparo, toda vez que en presente asunto no se cumplió con el principio de definitividad, como enseguida se evidenciará. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Como se puede apreciar, la hipótesis contenida en esta fracción también se refiere al principio de definitividad aunque la distinción con la fracción XVIII1 estriba en que, en aquella, el acto emana de autoridad jurisdiccional, en tanto que en este supuesto se regulan los actos dictados por autoridades administrativas y precisamente por ello existen marcadas diferencias con los requisitos que se deben exigir a la parte quejosa antes de solicitar la protección constitucional. Claramente se advierte en esta fracción, la improcedencia del juicio de derechos fundamentales al no agotarse por la parte quejosa 1 Artículo 61° Ley de Amparo [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) los recursos ordinarios o medios de impugnación contemplados en la ley que rige el acto emitido por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo antes del promover el juicio de derechos fundamentales. Dicho dispositivo también establece los casos de excepción al citado principio, siendo estos: cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones a la Constitución o, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre dentro de un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior tiene como fin el de preservar al juicio constitucional, como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse solo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio, que se alegue, causó la actuación u omisión de la autoridad. Ahora, en la especie se tiene que los agraviados se duelen de la omisión del Ministerio Público de proveer de conformidad sobre la integración de la carpeta de investigación generada con motivo de los hechos denunciados; empero, con relación a dicha omisión cuentan con el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo, atendiendo al principio de definitividad. Para corroborar este aserto, resulta necesario señalar que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del tenor siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del precepto transcrito, se desprende que si en opinión del denunciante, querellante o imputado, determinada carpeta de investigación en la que sea parte procesal, se emiten actos contrarios a las obligaciones de indagar por parte de la fiscalía, tiene expedito el derecho de acudir ante el juez de control en contra de esa conducta del agente del Ministerio Público encargado de su integración, a efecto de que se pronuncie sobre la alegación efectuada por la parte inconforme. Por lo que, si en el caso, la parte quejosa estima que la representación social que integra la carpeta de investigación de la que derivan las omisiones reclamadas, incurrió en una actitud procesal injustificada, debió agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que el juez de Control, luego de revisar tanto la carpeta como los motivos de inconformidad, determinara si resulta válido el actuar, o la omisión, de la Fiscalía. Así, el juez de Control estaría en aptitud de resolver si en el caso particular, le asistía la razón a la inconforme y, por ende, conminar a la Fiscalía para que provea de conformidad lo solicitado por los aquí quejosos. Por lo que al emitir la decisión correspondiente, y de ser desfavorable a sus intereses, los inconformes se encuentran en aptitud de acudir, entonces sí, al juicio de amparo. Bajo esa premisa, previamente a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso o medio de defensa ordinario que se encontraba a su alcance, ante un juez de Control. Resultan aplicables al caso concreto, las jurisprudencias por contradicción de tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.)2, de rubro y contenido siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, 2 Aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y publicadas el veinticuatro siguiente PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, los peticionarios debieron agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo antes citado, en observancia al principio de definitividad. Determinación judicial. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda constitucional, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con la facultades limitadas del precepto en cita a la diversa persona que menciona por no encontrarse en ese supuesto. Domicilio. ANTONIO GUIZA CABRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1b.68 29/03/23 13:05:49 Se tiene señalando domicilio donde oir y recibir notificaciones el ubicado en ***********. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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