Aida Lucía Macías Esquivias

Expediente 660/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
660/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Aida Lucía Macías Esquivias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en razón de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que establece: "Recepción y registro de la demanda. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, pues al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, la información requerida. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratorio (manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2), se desprende como antecedentes del acto reclamado: El diez de junio de dos mil cinco, la agraviada y sus hermanas **** y ****, ambas de apellidos ****, comparecieron de manera conjunta ante el Titular de la Notaría Pública número catorce, de esta ciudad, con la finalidad de otorgar poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio a favor de su hermano ****, el cual se formalizó mediante escritura pública número ocho mil seiscientos noventa. El veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento, por el dicho de su hijo, de la demanda que interpuso ****, contra ****, de quien demandó la rendición de cuentas respecto del poder otorgado a favor de éste. Dicho juicio se radicó ante el juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, en esta ciudad, bajo el número ****, en el cual, manifiesta, obra sentencia ejecutoriada. De lo anterior se destaca que, la quejosa conjuntamente con sus hermanas, otorgaron poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio a favor de ****, y que posteriormente, mediante el juicio radicado con el número ****, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido, de esta ciudad, le fue demandado por una de sus hermanas, la rendición de cuentas de la administración de los actos jurídicos celebrados con uso de dicho poder notarial; lo anterior, sin que la aquí quejosa hubiere sido llamada al juicio de origen. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción la fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Acorde con lo anotado, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente porque de las constancias que integran el juicio de amparo ****, del índice de este órgano jurisdiccional -del cual se ordena glosar al presente expediente copia certificada de las sentencia dictada en dicho sumario-, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, así como con apoyo en la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, enero de 1997, página 295, novena época, registro digital 199531, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", se aprecia lo siguiente: Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, **** demandó en la vía ordinaria civil a ****, de quien reclamó la rendición de cuentas de su administración; la devolución de un instrumento público; el pago de la cantidad de ***** así como el pago del interés legal. De dicha demanda, por turno, correspondió conocer al Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, quien por auto de once de julio de dos mil dieciocho, lo registró bajo el número *****; además -previo desahogo de una prevención- admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Seguida la secuela procesal, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la juez de la causa dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para conocer y resolver del presente negocio y la vía ordinaria civil por la que se encausó, fue la adecuada. SEGUNDO.- Bajo la tesitura anotada, al resultar procedente la acción ejercitada por la ciudadana ***** e improcedentes las excepciones opuestas por el ciudadano *****, se condena a este último, a la rendición exacta de cuentas de administración con motivo del mandato que le fue otorgado por la accionante entre otras, al ahora demandado, lo que deberá realizarse en los términos de la presente. TERCERO.- Con respecto a la solicitud de entrega del primer testimonio de la escritura pública número ***** de fecha 10 diez de junio de 2005 dos mil cinco, tirada ante la fe del licenciado *****, notario público número ***** con ejercicio en este partido judicial, en el que se contiene el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio que otorgó en su momento la ciudadana *****, entre otras, en favor del ciudadano *****, una vez que la presente cause ejecutoria, deberá dejarse a su disposición el mismo a favor de la actora, al encontrarse dicho documento en el secreto del juzgado. Lo anterior es así dada la revocación del mandato de su parte y sin perjuicio de las diversas mandantes, en poder solicitar en su caso copia certificada o bien testimonio del citado instrumento ante la notaría correspondiente." En contra de la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación. Del citado medio de impugnación conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el toca número ***** y por resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia apelada. El demandado promovió demanda de amparo directo, de la cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien por resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, negó el amparo solicitado. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la parte actora promovió incidente de ejecución de sentencia, el cual se admitió a trámite el veintitrés siguientes. Por resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, la juez de la causa determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Este tribunal resultó competente para conocer de la presente incidencia y la vía propuesta resultó correcta. SEGUNDO.- De acuerdo a lo resuelto en la presenta, se dejan a salvo los derechos del actor (SIC) para que los ejercite conforme a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. TERCERO.- No se hace pronunciamiento sobre pago de costas." En contra de la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación. Del anterior medio de impugnación conoció la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el toca número ***** y por resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, resolvió lo siguiente: "PRIMERO: En la forma y términos precisados en el considerando tercero del presente fallo, se confirma la resolución de fecha once de diciembre del dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato dentro del incidente de ejecución de sentencia, formulado por el licenciado Carlos Humberto Contreras Salinas, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre acción de rendición de cuentas de administración y otras prestaciones, accionado por ***** por su propio derecho, en contra de *****, Expediente *****. SEGUNDO: No se realiza condena en costas de esta segunda instancia." Finalmente, contra la anterior determinación, Tomás Macías Esquivias promovió juicio de amparo, el cual fue radicado con el número *****, en este órgano jurisdiccional, y por sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la cual, respecto al acto reclamado con que se relaciona el presente asunto, se resolvió sobreseer. Expuestos los anteriores antecedentes del juicio de origen *****, sobre rendición de cuentas de la administración de **** a favor de su poderdante *****, contradictorio al que pretende la quejosa que sea llamada, se desprende de Así, en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial; el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, al tratarse de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/20071, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso, la promovente se ostenta como tercera extraña al juicio ordinario civil número ***** del índice del juzgado responsable, bajo el argumento de que la omisión de llamarla a juicio viola sus derechos fundamentales, por la razón de que es persona extraña a ese procedimiento, de ahí que reclama su falta de llamamiento. En tal virtud, se considera que la quejosa carece de interés jurídico, para reclamar la falta de emplazamiento al juicio 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 225. natural, debido a que la tramitación del juicio civil sobre rendición de cuentas no afecta su esfera de derechos, ya que se ostenta como tercero extraño al citado juicio sumario del que deriva los actos reclamados. En efecto, la promovente se ostentó tercera extraña a juicio de origen y reclamó la falta de emplazamiento, debe decirse que en ese juicio civil son partes la actora y el demandado; además, son los que tienen la prerrogativa de que el juez les resuelva la controversia en la cual se encuentran inmiscuidos; en esas condiciones, dichos sujetos son los únicos que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley para demostrar su pretensión, y por ende, son las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, en su caso, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, demandando el cese de esa violación. Por lo que, si la parte quejosa es extraña al juicio especial de rendición de cuentas de la administración de un poder, promovido por la poderdante ***** en contra de *****, en el que se condenó a este "a la rendición exacta de cuentas de administración con motivo del mandato que le fue otorgado por la accionante entre otras"; así como a que dejará a disposición de la parte actora el primer testimonio del citado poder "sin perjuicio de las diversas mandantes, en poder solicitar en su caso copia certificada o bien testimonio del citado instrumento ante la notaría correspondiente."; entonces es evidente que, si la parte quejosa es distinta a los sujetos de la controversia que en él se ventila, en la cual se dedujo una acción personal, la falta de llamamiento o emplazamiento a ese procedimiento no le depara perjuicio alguno en su esfera de derechos, pues al no haber sido señalada como demandada en el juicio de origen, ni haberse seguido la litis natural, ni alguna incidencia en su contra, ni condenada a ninguna prestación, como se anticipó, no le ocasiona ninguna afectación personal y directa en su esfera jurídica. En ese tenor, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil natural reclamado en la presente instancia no depara perjuicio alguno en su esfera de derechos -per se- pues al no haberse seguido la litis natural, ni alguna incidencia en su contra, no le ocasiona ninguna afectación personal y directa en su esfera jurídica. Por lo que es inconcuso su falta de interés jurídico, debido a que dichas actuaciones solo vinculan a las partes procesales; de ahí que, en el caso, la falta de emplazamiento que reclama no le causa perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis II.2o.C.T.20 K2 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI 2o.C.J/2543 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece: 2 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre 2000, página 1341. 3 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, página 1513. "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Además de lo anterior, debe señalar que no es impedimento para arribar a la anterior determinación el hecho de que el interés jurídico, en ciertos casos, puede acreditarse hasta el momento de la audiencia constitucional; sin embargo, en el presente caso, aún y cuando se admitiera la demanda y se substancie el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, pues se reitera, la falta de llamamiento al juicio civil de rendición de cuentas de origen no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, al no haber sido demandada en el mismo, ni haberse dirigido mandamiento alguno en su contra ni condena alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2014433, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del libro 43, junio de 2017, tomo II, página 1078, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." De ahí que se itera, el presente juicio de amparo es improcedente, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, la omisión reclamada. En consecuencia, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda."

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, pues al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, la información requerida. Desechamiento de demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la quejosa en su escrito inicial de demanda y aclaratorio (manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°), se desprende como antecedentes del acto reclamado: El diez de junio de dos mil cinco, la agraviada y sus hermanas **** y ****, ambas de apellidos ****, comparecieron de manera conjunta ante el Titular de la Notaría Pública número catorce, de esta ciudad, con la finalidad de otorgar poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio a favor de su hermano ****, el cual se formalizó mediante escritura pública número ocho mil seiscientos noventa. El veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento, por el dicho de su hijo, de la demanda que interpuso ****, contra ****, de quien demandó la rendición de cuentas respecto del poder otorgado a favor de éste. Dicho juicio se radicó ante el juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, en esta ciudad, bajo el número ****, en el cual, manifiesta, obra sentencia ejecutoriada. De lo anterior se destaca que, la quejosa conjuntamente con sus hermanas, otorgaron poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio a favor de ****, y que posteriormente, mediante el juicio radicado con el número ****, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido, de esta ciudad, le fue demandado por una de sus hermanas, la rendición de cuentas de la administración de los actos jurídicos celebrados con uso de dicho poder notarial; lo anterior, sin que la aquí quejosa hubiere sido llamada al juicio de origen. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción la fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos citados se advierte que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico o interés legítimo. Acorde con lo anotado, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente porque de las constancias que integran el juicio de amparo ****, del índice de este órgano jurisdiccional -del cual se ordena glosar al presente expediente copia certificada de las sentencia dictada en dicho sumario-, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, así como con apoyo en la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, enero de 1997, página 295, novena época, registro digital 199531, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", se aprecia lo siguiente: Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, **** demandó en la vía ordinaria civil a ****, de quien reclamó la rendición de cuentas de su administración; la devolución de un instrumento público; el pago de la cantidad de $**** así como el pago del interés legal. De dicha demanda, por turno, correspondió conocer al Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, quien por auto de once de julio de dos mil dieciocho, lo registró bajo el número ****; además -previo desahogo de una prevención- admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Seguida la secuela procesal, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la juez de la causa dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para conocer y resolver del presente negocio y la vía ordinaria civil por la que se encausó, fue la adecuada. SEGUNDO.- Bajo la tesitura anotada, al resultar procedente la acción ejercitada por la ciudadana **** e improcedentes las excepciones opuestas por el ciudadano ****, se condena a este último, a la rendición exacta de cuentas de administración con motivo del mandato que le fue otorgado por la accionante entre otras, al ahora demandado, lo que deberá realizarse en los términos de la presente. TERCERO.- Con respecto a la solicitud de entrega del primer testimonio de la escritura pública número **** de fecha 10 diez de junio de 2005 dos mil cinco, tirada ante la fe del licenciado ****, notario público número **** con ejercicio en este partido judicial, en el que se contiene el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio que otorgó en su momento la ciudadana ****, entre otras, en favor del ciudadano ****, una vez que la presente cause ejecutoria, deberá dejarse a su disposición el mismo a favor de la actora, al encontrarse dicho documento en el secreto del juzgado. Lo anterior es así dada la revocación del mandato de su parte y sin perjuicio de las diversas mandantes, en poder solicitar en su caso copia certificada o bien testimonio del citado instrumento ante la notaría correspondiente. [.]" En contra de la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación. ?Del citado medio de impugnación conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el toca número **** y por resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia apelada. El demandado promovió demanda de amparo directo, de la cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien por resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, negó el amparo solicitado. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la parte actora promovió incidente de ejecución de sentencia, el cual se admitió a trámite el veintitrés siguientes. Por resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, la juez de la causa determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Este tribunal resultó competente para conocer de la presente incidencia y la vía propuesta resultó correcta. SEGUNDO.- De acuerdo a lo resuelto en la presenta, se dejan a salvo los derechos del actor (SIC) para que los ejercite conforme a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio. TERCERO.- No se hace pronunciamiento sobre pago de costas." En contra de la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación. Del anterior medio de impugnación conoció la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el toca número **** y por resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, resolvió lo siguiente: ".PRIMERO: En la forma y términos precisados en el considerando tercero del presente fallo, se confirma la resolución de fecha once de diciembre del dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato dentro del incidente de ejecución de sentencia, formulado por el licenciado Carlos Humberto Contreras Salinas, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre acción de rendición de cuentas de administración y otras prestaciones, accionado por **** por su propio derecho, en contra de ****, Expediente ****. SEGUNDO: No se realiza condena en costas de esta segunda instancia." Finalmente, contra la anterior determinación, Tomás Macías Esquivias promovió juicio de amparo, el cual fue radicado con el número ****, en este órgano jurisdiccional, y por sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en la cual, respecto al acto reclamado con que se relaciona el presente asunto, se resolvió sobreseer. Expuestos los anteriores antecedentes del juicio de origen ****, sobre rendición de cuentas de la administración de **** a favor de su poderdante ****, contradictorio al que pretende la quejosa que sea llamada, se desprende de Así, en el interés jurídico, que es lo que aquí nos interesa al provenir el acto reclamado de una autoridad judicial; el derecho protegido se encuentra dentro de la esfera jurídica del sujeto (derecho subjetivo) por encontrarse en una situación de derecho concreta. En ese orden de ideas, al tratarse de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, como sucede en el caso, para la procedencia del amparo se requiere que la parte quejosa, al momento de su presentación, cuente con interés jurídico, entendido este como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la justicia federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En síntesis, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado le cause un perjuicio, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/20071, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En el caso, la promovente se ostenta como tercera extraña al juicio ordinario civil número **** del índice del juzgado responsable, bajo el argumento de que la omisión de llamarla a juicio viola sus derechos fundamentales, por la razón de que es persona extraña a ese procedimiento, de ahí que reclama su falta de llamamiento. En tal virtud, se considera que la quejosa carece de interés jurídico, para reclamar la falta de emplazamiento al juicio 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 225. natural, debido a que la tramitación del juicio civil sobre rendición de cuentas no afecta su esfera de derechos, ya que se ostenta como tercero extraño al citado juicio sumario del que deriva los actos reclamados. En efecto, la promovente se ostentó tercera extraña a juicio de origen y reclamó la falta de emplazamiento, debe decirse que en ese juicio civil son partes la actora y el demandado; además, son los que tienen la prerrogativa de que el juez les resuelva la controversia en la cual se encuentran inmiscuidos; en esas condiciones, dichos sujetos son los únicos que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley para demostrar su pretensión, y por ende, son las únicas facultadas para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, en su caso, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, demandando el cese de esa violación. Por lo que, si la parte quejosa es extraña al juicio especial de rendición de cuentas de la administración de un poder, promovido por la poderdante **** en contra de ****, en el que se condenó a este "a la rendición exacta de cuentas de administración con motivo del mandato que le fue otorgado por la accionante entre otras."; así como a que dejará a disposición de la parte actora el primer testimonio del citado poder "sin perjuicio de las diversas mandantes, en poder solicitar en su caso copia certificada o bien testimonio del citado instrumento ante la notaría correspondiente."; entonces es evidente que, si la parte quejosa es distinta a los sujetos de la controversia que en él se ventila, en la cual se dedujo una acción personal, la falta de llamamiento o emplazamiento a ese procedimiento no le depara perjuicio alguno en su esfera de derechos, pues al no haber sido señalada como demandada en el juicio de origen, ni haberse seguido la litis natural, ni alguna incidencia en su contra, ni condenada a ninguna prestación, como se anticipó, no le ocasiona ninguna afectación personal y directa en su esfera jurídica. En ese tenor, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil natural reclamado en la presente instancia no depara perjuicio alguno en su esfera de derechos -per se- pues al no haberse seguido la litis natural, ni alguna incidencia en su contra, no le ocasiona ninguna afectación personal y directa en su esfera jurídica. Por lo que es inconcuso su falta de interés jurídico, debido a que dichas actuaciones solo vinculan a las partes procesales; de ahí que, en el caso, la falta de emplazamiento que reclama no le causa perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis II.2º.C.T.20 K2 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI 2°.C.J/2543 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece: 2 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Diciembre 2000, página 1341. 3 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, página 1513. "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Además de lo anterior, debe señalar que no es impedimento para arribar a la anterior determinación el hecho de que el interés jurídico, en ciertos casos, puede acreditarse hasta el momento de la audiencia constitucional; sin embargo, en el presente caso, aún y cuando se admitiera la demanda y se substancie el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, pues se reitera, la falta de llamamiento al juicio civil de rendición de cuentas de origen no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, al no haber sido demandada en el mismo, ni haberse dirigido mandamiento alguno en su contra ni condena alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2014433, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del libro 43, junio de 2017, tomo II, página 1078, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." De ahí que se itera, el presente juicio de amparo es improcedente, pues no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, la omisión reclamada. En consecuencia, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda.

  4. Principal

    Pronunciamiento con relación a la competencia planteada por conocimiento previo Por recibido el oficio signado por la juez Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que adjuntó el original del juicio de amparo ********************de su estadística, promovido por ********************; lo anterior, al considerar que la competencia para seguir conociendo del referido juicio de amparo recae sobre este órgano jurisdiccional actuante, atento a que con anterioridad, se tramitó ante este tribunal federal el diverso juicio de amparo ********************, promovido por ********************, y se tuvo como tercera interesada a la citada quejosa, contra actos derivados del expediente número C-********************, del índice del Juzgado Tercero Civil de este Partido Judicial, del cual deriva el acto reclamado en esta instancia. Así, una vez expuesto lo anterior y vistos los autos del aludido juicio de amparo ******************** del índice de este órgano judicial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 fracciones I y II y 46 fracción V del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, con que se formó el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; acúsese recibo. Dese aviso a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, para efectos de la compensación en las cargas de trabajo. Recepción de demanda Vista la demanda de amparo signada por ********************, contra actos del juez Tercero Civil de Partido Judicial de Celaya, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número ********************, y continúese con la tramitación del juicio de amparo. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, en los términos siguientes: Dado que de forma destacada señala como acto reclamado la falta de llamamiento dentro del expediente C-********************, del índice del Juzgado Tercero de este Partido Judicial, y manifiesta que el procedimiento y sentencia dictada dentro de dicho juicio le acarrea consecuencias a su esfera jurídica, deberá precisar en qué consisten esas consecuencias, así como si conoce el sentido de la sentencia, así como la etapa procesal en que se encuentra el citado juicio. Lo anterior, se estima necesario, en virtud de que la propia quejosa refiere que en dicho procedimiento se pidió la rendición de cuentas respecto de un poder que otorgó, en conjunto, con una de sus hermanas; acción que se estima versa sobre una acción personal que se ejercita con el objeto de que la parte demandada rinda cuentas del desempeño del poder que le fue otorgado, de tal manera que en ese caso, el objeto del juicio interesa a las partes, pues la sentencia que en éste se dicte, exclusivamente surte efectos entre ellas; de ahí que sea necesario que precise las consecuencias que aduce afectan su esfera jurídica. En virtud de que aduce tuvo conocimiento el veintiuno de agosto del presente año, la existencia del juicio al que pretende ser llamada, es necesario que precise, de forma clara y concreta, quien le informó de la existencia de dicho juicio o por qué medio se enteró, así como le fue informada la etapa en que se encuentra el juicio y los efectos de la sentencia emitida en el mismo. En la inteligencia que, del escrito aclaratorio, deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción descrita por el artículo 110 de la Ley de Amparo; una para las autoridades que señala como responsables; una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; una por cada tercero interesado que menciona y dos más para los cuadernillos del incidente de suspensión del acto reclamado que solicita. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por la persona que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Apercibimiento. Apercibida la quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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