Aida Lina Rodriguez Gomez

Expediente 1132/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1132/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Aida Lina Rodriguez Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de dieciocho de noviembre anterior, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra el acto que reclama del Superintendente Suministro Básico, Zona Mérida, de la empresa productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y otra autoridad, consistente en el cambio de medidor con número de servicio 771170801004, número de medidor G644MF, R.M.U 97138, respecto del predio identificado con el número trescientos setenta y tres, de la calle dieciocho, letra "B", del Fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad de Mérida; y por ende, el inminente corte de suministro de energía eléctrica. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1132/2020-IV, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que los actos que se reclaman, no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, en virtud de que no derivan de una relación de supra a subordinación, sino de una relación entre particulares. Primeramente, es importante destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional no fue emitido en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad de carácter contractual de suministro de energía eléctrica entre la parte quejosa y las autoridades responsables; por lo tanto, no les reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa esencialmente se duele del cambio de medidor con número de servicio 771170801004, número de medidor G644MF, R.M.U 97138, respecto del predio identificado con el número trescientos setenta y tres, de la calle dieciocho, letra "B", del Fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad de Mérida; así como el inminente corte de suministro de energía eléctrica, siendo que respecto a la materia de dichos actos reclamados, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 156/2017, se pronunció como se verá más adelante. En el caso, para mayor comprensión del asunto, resulta pertinente precisar lo siguiente: El once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica que surtió efectos a partir del día siguiente, la cual abrogó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual entró en vigor el diecisiete de febrero de dos mil quince, cuando inició sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuestión que será precisada con mayor amplitud con posterioridad. El doce de enero de dos mil dieciocho se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 156/2017, citada líneas arriba, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), materia común, civil de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, cuya obligatoriedad es a partir del lunes quince de enero de dos mil dieciocho, con número de registro 2015944, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio transcrito líneas arriba, se advierte que la Sala consideró lo siguiente: "La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio".La demanda de amparo promovida en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y Comisión Federal de Electricidad Distribución, ambas con sede en esta ciudad, se presentó el trece de noviembre del año en curso , esto es, cuando ya se encontraba vigente la referida jurisprudencia número 156/2017, en materia energética. Establecido lo anterior, y de conformidad con la jurisprudencia citada párrafos precedentes se advierte, que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Esto es así, pues del contenido del artículo 75 del Código de Comercio se advierte, que la ley reputa actos de comercio, las empresas de abastecimientos y suministros; y que las controversias que se deriven de los actos comerciales se ventilarán y decidirán en la vía mercantil. De la interpretación armónica de lo previsto en dichos preceptos legales se entiende, que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo establece el citado numeral 1049 de la ley mercantil. En acatamiento al criterio obligatorio ya citado, la Comisión Federal de Electricidad, al actuar en un plano de igualdad respecto a la parte quejosa, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, la nueva normatividad, obliga a analizar si en la actualidad, las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél, sino que entra en un régimen de libre competencia comercial. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la cual entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, establecen lo siguiente: "Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.Artículo 4. El suministro eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; Ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta Ley; Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta ley;Cumplir con las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y Ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las reglas del mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE.Artículo 5. El Gobierno Federal, los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios calificados participantes del mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, los numerales 1, 2, 3, 4 párrafo segundo, 7, 82 y 118, así como el artículo primero y tercero transitorio, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, publicada el once de agosto de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, disponen: Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del transitorio vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; Remuneraciones; Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; Bienes; Responsabilidades; Dividendo estatal; Presupuesto, y Deuda. "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero.Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética.Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero. Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto. PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes.TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. En relación con la entrada en vigor de dicha ley, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Energía realizó la siguiente declaratoria: ARTÍCULO ÚNICO.- La Secretaría de Energía declara que se encuentra en funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y están en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que prevé la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De los artículos transcritos, los cuales, se encuentran vigentes a partir del diecisiete de febrero de dos mil quince, fecha en que entró en vigor el acuerdo por el que inicia sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone: Artículo 51. Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados. Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, no puede afirmarse que los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, máxime que como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, en esa virtud no resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 167/2011, con número de registro 159944, del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]). Precisado lo anterior, conviene traer a colación lo que establecen los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, anteriormente transcritos, de los que se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. La precisión anterior es importante para evidenciar que las normas en cita no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley en consulta, el cual establece: OCTAVO. Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. La Comisión Federal de Electricidad deberá tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos. Dicho transitorio se refiere al aspecto sustantivo de los actos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mismo que subsistirán en los términos pactados, lo que se traduce únicamente en que los derechos y obligaciones ahí pactados seguirán rigiendo la relación contractual con independencia del cambio de naturaleza jurídica de la citada comisión. Por tal motivo, resulta válido afirmar que los conflictos que deriven de los actos descritos en la norma invocada se rigen por la legislación vigente al momento de entablar el juicio o procedimiento necesario para dirimirlos. En esas condiciones, el usuario cuenta con la vía ordinaria mercantil para hacer valer sus derechos, según lo establecido por los artículos 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, y 3, primer párrafo y 118 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, la nueva regulación en cuanto a los actos derivados del servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en que ya no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5º, fracción II, de la citada ley. Consecuentemente, contrariamente a lo alegado por la parte inconforme, su pretensión es inviable, pues se estima que se trata de actos de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en la nueva legislación que regula la materia de energía eléctrica (Ley de la Industria Eléctrica). Al caso se invoca también, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Dicho criterio jurisprudencial establece que a la Comisión Federal de Electricidad, no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio. En parte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, la Sala consideró lo siguiente: En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No resulta inadvertido que la Sala consideró que existe la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sobre la base de tales consideraciones, es dable sostener que en el presente asunto, la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos y otra autoridad, respecto de los actos que se les imputa, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo, debido a que no actúa en un plano de supra a subordinación sino en un vínculo de coordinación, lo que actualiza la causa de improcedencia previamente invocada. En esas condiciones, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por AIDA LINA RODRÍGUEZ GÓMEZ, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia antes invocada. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo, y como sus autorizados con las facultades expresamente señaladas a las personas que menciona. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que se autorice para la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo que nos ocupa, al nombre de usuario "lupas71". Al respecto, dígasele a la promovente que se accede a su petición, para el efecto de que con dicho nombre de usuario "lupas71", pueda consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente. Por otro lado, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico lupas71@hotmail.com, relativo al usuario, "lupas71", el cual se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la que se constató que se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Por otra parte, dígasele a la impetrante de amparo, que no ha lugar a otorgar la suspensión de plano que solicita respecto de los actos que por esta vía reclama, en tanto que en el caso, no se está en presencia de un peligro inminente que ponga en riesgo la vida; y por ende, no se trata de actos de carácter urgente, esto es, que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, bajo lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que de la lectura integral de su demanda de amparo, se desprende que los actos que por esta vía reclama, consisten medularmente en el cambio de medidor con número de servicio 771170801004, número de medidor G644MF, R.M.U 97138, respecto del predio identificado con el número trescientos setenta y tres, de la calle dieciocho, letra "B", del Fraccionamiento Altabrisa, de esta ciudad de Mérida; y por ende, el inminente corte de suministro de energía eléctrica; de lo que se sigue que tales actos no encuadran en ninguna de las hipótesis a que hace referencia en el citado numeral 22 Constitucional, y el 15 de la Ley de la Materia, de ahí que no sea dable pronunciarse respecto de la suspensión que solicita. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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