Aida Isela Moguel Gonzalez

Expediente 449/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
449/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Aida Isela Moguel Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigor, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías el catorce de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompañó, mediante los cuales informa que mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, dictado en autos del juicio laboral 760/2012 del índice de dicha Junta responsable dio contestación al escrito signado por la parte quejosa de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete y presentado ante la responsable el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, respecto al auto de requerimiento de pago y embargo relativo a la resolución incidental de liquidación de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclama en el presente juicio de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, es la negativa de acordar y proveer por parte de la autoridad responsable, el escrito presentado ante la autoridad responsable en autos del juicio de origen. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, se aprecia que en fecha cuatro de mayo del año en curso en autos del juicio laboral 760/2012, dictó un acuerdo en el cual, acordó respecto al auto de requerimiento de pago y embargo relativo a la resolución incidental de liquidación de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete. En este orden de ideas, ya que el cuatro de mayo del año en curso dictó el acuerdo correspondiente al juicio laboral del origen; y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del referido acuerdo, documental a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó la inactividad del expediente laboral 760/2012, al no pronunciarse la responsable respecto a su escrito presentado ante la autoridad responsable en autos del juicio de origen; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por el solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. No es obstáculo para concluir lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 219/2006-SS, de la que emanaron las jurisprudencias cuyos rubros se transcriben a continuación: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS"; y, "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". A partir su publicación, y durante algún tiempo, las jurisprudencias invocadas rigieron la forma de resolver los juicios de amparo en que se reclamaran omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, que infringieran el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ello, porque la suprema instancia resolvió que, respecto de dichas omisiones y dilaciones, no cesaban los efectos ni se consuman irreparablemente las violaciones cometidas cuando la autoridad dejaba de ser omisa y actuaba, porque éstas afectaban también a los actos subsecuentes al estar concatenados dentro de una secuela procedimental. Por ello, resolvió que las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no eran actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, era ineludible que ya no se desarrollaría con prontitud. De igual manera, la suprema instancia estableció que el efecto de las ejecutorias de amparo, en los casos mencionados, no debía limitarse a las omisiones o dilaciones en que hubiera incurrido la autoridad responsable, sino que debía otorgarse el amparo para que procediera, con prontitud, a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y, en su oportunidad, emitir también con prontitud la resolución definitiva correspondiente, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que el derecho fundamental en cuestión exige. Sin embargo, el criterio sustentado en la primera de las jurisprudencias mencionadas (2a./J. 45/2007), fue abandonado expresamente por la propia Segunda Sala del más alto tribunal del País, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/20013. En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión sobre el tema del amparo contra dilaciones y omisiones en procedimientos laborales, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de trabajo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, puede corroborarse con el contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también afecta a lo establecido en la diversa 2a./J. 44/2007, aunque no se haya abandonado expresamente lo que en ella se precisó, en atención a que la esencia de lo resuelto en el recurso de inconformidad 282/20013 de que se habla, radica en que los efectos de la sentencia de amparo deben concretarse a los actos reclamados y a la etapa del procedimiento laboral correspondiente, lo que imposibilita que la autoridad de amparo se ocupe de los actos futuros o de las nuevas violaciones que puedan cometerse. Además, lo que rige a las jurisprudencias, como tesis, es lo establecido en la ejecutoria de la que emanan y, en el caso, tanto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 como la 2a./J. 45/2007, surgieron de la mima contradicción de tesis, a saber: 219/2006-SS, por lo que es posible concluir que la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe interpretarse o entenderse de forma integral a la referida contradicción de criterios y no únicamente a una de las tesis que de ahí se elaboraron. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA. En el caso que del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierta que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano jurisdiccional se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En consecuencia, por seguridad jurídica debe corregirse la tesis y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad". De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta a quien le pueda recaer el carácter de tercero interesado, y que haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el pedimento 280/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, como se solicita en el pedimento de mérito, entréguese copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido que hasta la presente fecha el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social por conducto de quien legalmente lo represente, no cumplió con la prevención que se le hizo en proveído de diecisiete de abril del año en curso, en el sentido de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, hágase al referido tercero interesado, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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