Aida Janett Martínez López

Expediente 109/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
109/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Aida Janett Martínez López
  • Juez Segundo del Ramo Penal En San Luis Potosi
  • AIDA JANETT MARTÍNEZ LÓPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el nueve de marzo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con cincuenta minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de los autos, entre los que se encuentran: el escrito inicial de demanda; el auto en el que se admitió a trámite este juicio; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y los alegatos ministeriales 76 y 89 formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho por el que se ordenó de oficio separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, continuándose con el trámite de la demanda de amparo únicamente en lo que atiende a la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, atribuidos a los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; y Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que no obran pruebas qué relacionar ni pendientes de desahogo, por lo que se declara cerrado el periodo probatorio. Acto seguido, se abre el de alegatos, en el que se hace constar que las partes no los ofrecieron, por tanto, se declara cerrada dicha etapa. Finalmente, téngase presentado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se declaran vistos los autos para dictar resolución VISTOS, los autos para resolver los autos del juicio de amparo 109/2018-IV, promovido por Aída Janett Martínez López, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de febrero dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada al siguiente día hábil a este Juzgado Aída Janett Martínez López por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, Juana María Castillo Ortega, Ranulgo Rodrigo Cano Vargas, Dora Irma Carrizales Gallegos, Felipe Aurelio Torres Zúñiga y Javier Pérez Contreras; y Juez Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, como autoridades ordenadoras; Procurador General de Justicia del Estado y Dirección de la Policía Ministerial del Estado, como autoridades ejecutoras, a quienes les reclamó los actos que hizo consistir en: "[.] IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLMAE. (SIC) "ACTOS RECLAMADOS" - - - A las autoridades responsables ordenadoras se les reclama: p).- La orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, dictada en mi contra. [.] A las autoridades responsables ejecutoras se les reclama: - - - q).- La cumplimentación que pretenden llevar a cabo de la orden de aprehensión, detención, presentación o de comparecencia antes reclamada, mediante la cual me pretenden poder (sic) a disposición de la autoridad ordenadora responsable que la giro." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó de oficio separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, continuándose con el trámite de la presente demanda de amparo únicamente en lo que atiende a la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, atribuidos a los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; y Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí; señalándose nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional a impugnar las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto giradas en su contra y su ejecución. TERCERO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables, por las cuales se continuó el trámite de la presente demanda de amparo al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe. DIANA EN _____________________________ NOTIFIQUÉ LA ANTERIOR RESOLUCIÓN A LAS PARTES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR MEDIO DE LISTA AUTORIZADA QUE SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS A PRIMERA HORA DE DESPACHO. ART. 26 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. ACTUARIO JUDICIAL SISE LIBROS VISTOS, los autos para resolver los autos del juicio de amparo 109/2018-IV, promovido por Aída Janett Martínez López, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de febrero dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada al siguiente día hábil a este Juzgado Aída Janett Martínez López por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, Juana María Castillo Ortega, Ranulgo Rodrigo Cano Vargas, Dora Irma Carrizales Gallegos, Felipe Aurelio Torres Zúñiga y Javier Pérez Contreras; y Juez Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, como autoridades ordenadoras; Procurador General de Justicia del Estado y Dirección de la Policía Ministerial del Estado, como autoridades ejecutoras, a quienes les reclamó los actos que hizo consistir en: "[.] IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIONES QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLMAE. (SIC) "ACTOS RECLAMADOS" - - - A las autoridades responsables ordenadoras se les reclama: p).- La orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, dictada en mi contra. [.] A las autoridades responsables ejecutoras se les reclama: - - - q).- La cumplimentación que pretenden llevar a cabo de la orden de aprehensión, detención, presentación o de comparecencia antes reclamada, mediante la cual me pretenden poder (sic) a disposición de la autoridad ordenadora responsable que la giro." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó de oficio separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, continuándose con el trámite de la presente demanda de amparo únicamente en lo que atiende a la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, atribuidos a los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; y Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí; señalándose nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional a impugnar las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto giradas en su contra y su ejecución. TERCERO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables, por las cuales se continuó el trámite de la presente demanda de amparo al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin que esas negativas se encuentren desvirtuadas con prueba alguna en contrario. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero del Ramo Familiar, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por el cual en atención al requerimiento formulado en interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, informa que, la quejosa no dio cumplimiento al requisito impuesto para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que le fue concedido, a fin de que diera cumplimiento, a dicho requisito, consistente en que la quejosa de cumplimiento con lo ordenado por la entonces Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad en proveído de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, emitido en la controversia familiar de origen, es decir, que se abstenga de obstaculizar el ejercicio de la guarda y custodia otorgada al señor Anthony Daniel Orendain Arriaga. Por tanto, al no haber dado cumplimiento a la medida establecida en la interlocutoria de mérito, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la suspensión otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado los requisitos impuestos en la resolución correspondiente, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación." Notifíquese.

  4. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; y como lo solicita, remítasele copia certificada de las constancias que refiere, incluyendo copia de los informes previos rendidos por las responsables; asimismo, se hace de su conocimiento que con fecha diecinueve de febrero del año en curso, se ordenó, de oficio, separar los autos del juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, dando origen a dos demandas. En la primera, lo reclamado es la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, atribuidas a los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; y Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí, los cuales emanan de un procedimiento de orden penal. En la segunda, la orden de arresto por doce horas, dictada dentro del expediente 1437/217, relativo al juicio de controversia familiar por guardia y custodia promovido por Anthony Daniel Orendain Arriaga, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar en esta ciudad, el cual proviene de un procedimiento de orden civil. Continuándose con el trámite de la presente demanda de amparo en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, únicamente en lo atinente a la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto, atribuidas a los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal en esta ciudad; y Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí. Notifíquese.

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