Agustina Rivera Castro
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Agustina Rivera Castro
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/3281/2022 de once de julio de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José en atención a su contenido se provee: Como lo solicita el justiciable y como se advierte de la certificación de cuenta que el licenciado*, sí tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, téngase al mismo como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. En escrito de demanda la parte quejosa ***, en representación de su hijo de identidad reservada, conforme con lo dispuesto en la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, "Reglas de Beijing"; Capítulo II, denominado "Conceptos y Principios", punto 2 relativo a los "Principios Generales", primer párrafo, incisos a), último párrafo, e), f) y g), así como del capítulo III, relativo a las "Reglas de Actuación Generales" punto 10, denominado "Medidas para proteger la Intimidad y el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes", primer párrafo, inciso a), todos del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de febrero de dos mil doce, de iniciales J.L.M.R., promovió la acción constitucional respecto de los actos reclamados, consistentes en la omisión de incluirlos en la política nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2 para la prevención de Covid en México. Junto con su demanda, la parte quejosa exhibió impresión del acta de nacimiento del niño, con data de nacimiento cuatro de noviembre de enero de dos mil doce, por lo que se desprende que cuenta con nueve años de edad. Asimismo, de los informes de suspensión de plano que obran en este expediente, se desprende que al día de hoy, no existe constancia de que se le haya aplicado inoculación alguna. Ahora bien, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la suscrita advierte la actualización de una causa de improcedencia, que debe analizarse de oficio, al ser de orden público. I. Hipótesis a demostrar. En esa medida, este juzgado advierte que atento a la edad con la que actualmente cuenta el menor quejoso de identidad reservada, de nueve años de edad, como se advierte de los documentos que obran en este sumario, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado, por los motivos que a continuación se precisan. II. Marco legal. Tal dispositivo en su texto establece: "Artículo.61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha fracción debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Dicho en otras palabras, se entiende que cesan dichos efectos, cuando el acto es revocado o modificado, o simplemente porque se colma el objeto por el cual se emitió, por lo que, al acontecer alguna de esas circunstancias se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad y, en consecuencia, el juicio de amparo carece de litis sobre la cual deba existir pronunciamiento de fondo. Apoya tal consideración, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, febrero de 1998, página 210, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". También es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." III. Caso concreto. A efecto de establecer si en el caso se actualiza la hipótesis invocada es necesario partir de la naturaleza de los actos reclamados, para luego establecer si la pretensión de la parte quejosa está satisfecha con los actos desplegados muto propio por las autoridades responsables. Como se ha indicado, en lo medular, la parte accionante del amparo reclama la falta de inclusión dentro del grupo al que pertenece el quejoso, niño de nueve años, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2; y, en vía de consecuencia, la inaplicación de tal vacuna. Visto lo de cuenta, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado, pues constituye un hecho notorio, para la suscrita que se anunció por el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha anunciado el trece de junio de esta anualidad, el inicio de la fase siete del programa de vacunación contra el COVID-19, el cual iniciará a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, data en la cual inicia el registro para la vacunación de niños de cinco a once años, sin comorbilidades. Información que se corrobora, en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la que se advierte que se puede registrar para la obtención de la vacuna a los menores de doce años en adelante sin comorbilidades, dentro de la población en la que se encuentra la parte quejosa. En ese panorama, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad aludido, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables las cosas quedaron tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, esto, al incluirse en el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV2 a los menores de cinco a once años, rango de edad en el que se encuentra el quejoso, lo que torna improcedente su estudio por esta vía, pues durante el trámite del juicio, se modificó la política pública impugnada en beneficio del menor inconforme y se autorizó la aplicación de la vacuna solicitada, por lo que la pretensión por la que acudió a la presente instancia se encuentra satisfecha. Consecuentemente, al resultar evidente que la omisión de incluir a la parte quejosa -menores de cinco a once años- dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser beneficiario al acceso a las dosis de inoculación contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, restituyéndose en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de las responsables. En cuanto a la omisión de aplicar la vacuna, se debe entender que no se está reclamando de manera independiente sino en vía de consecuencia de la diversa omisión normativa que se reclama; esto es, que el hecho de no incluir al grupo etario de que se trata entre los objetivos de vacunación, tiene como resultado la no vacunación de la parte quejosa; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a la política de vacunación nacional, la improcedencia también recae sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. Decisión. De esta forma, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el oficio que más adelante se provee. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en autos del presente juicio de amparo. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por ****, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de San Luis Potosí, téngasele informando las gestiones para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos y que se fijaron las trece horas del siete de julio de dos mil veintidós, para que el menor de edad aquí quejoso sea vacunado en el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc 255, Colonia Moderna en esta ciudad. Requerimiento a la parte quejosa. En tal virtud, requiérase al promovente del amparo en que se actúa, para que de manera puntual haga presente al menor de edad aquí quejoso en el lugar indicado con anterioridad, acompañado de su madre, padre o tutor, a efecto de que sea valorado y vacunado en seguimiento a lo requerido en la suspensión de plano decretada en el presente asunto, para su mejor conocimiento remítasele copia del oficio de cuenta.
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