Aida Araceli Barrera Castro
Expediente 473/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Aida Araceli Barrera Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Visto el estado de autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han rendido su informe previo, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su 2º numeral, se requiere al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado el destino dado a los oficios 21167/2019 y 21168/2019, dirigidos a las autoridades responsables Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; y, Jefe del Departamento de Nóminas, Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; los cuales fueron depositados en las oficinas de correos el cinco de diciembre de dos mil diecinueve; como se advierte del contenido de la factura relativa, de la cual se envía fotocopia simple, así como deberá remitir los acuses correspondientes que acrediten la recepción de los oficios citados por parte de los destinatarios. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de omisión se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; y, Jefe del Departamento de Nóminas, Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen cuándo recibieron los oficios 21167/2019 y 21168/2019, a los que deberán anexar copia del mismo en el que obre el sello de recepción; con el apercibimiento decretado en el proveído de dos de diciembre del año en curso. Con el propósito de dar un efecto útil a las tecnologías de la información y brindar una justicia pronta y expedita, como lo mandata el numeral 17 Constitucional, se le requiere para que de cumplimiento a lo solicitado vía fax al número telefónico 01-646-175-70-71; o bien, a la cuenta de correo electrónico institucional de este juzgado 8jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. En consecuencia, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha las doce horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veinte.
- Incidental
Visto el estado de autos, de los que se advierte que las autoridades foráneas no han rendido su informe previo y no obra en autos el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha las once horas con veinte minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Notifíquese personalmente
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 473/2019-II-E, promovido por Aida Araceli Barrera Castro, por derecho propio, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2. Jefe del Departamento de Nóminas, Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se integra por duplicado el presente incidente de suspensión del acto reclamado y se procede a su trámite y estudio, tomando en consideración la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. SOLICITUD DE INFORME PREVIO En términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, las cuales deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para el efecto se les remite copia de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá, en lo individual, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260 fracción I, de la Ley de Amparo. FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las doce horas del nueve de diciembre de dos mil diecinueve. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Primeramente, previo a analizar la procedencia o no de la medida cautelar que solicita la parte quejosa, cabe destacar que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión de constitucionalidad planteada; es decir, su objetivo es paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución de lo combatido no se haga. Pues bien, la suspensión es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de amparo cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo. Con ello, se desprende que el objetivo primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto de que se duele le pudiera ocasionar. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, armonizando los elementos que la conforman, con la finalidad de obtener la verdadera intención de la promovente, se desprende que reclama lo siguiente: "a) La retención ilegal, inconstitucional y omisión injustificada del pago de la pensión y/o jubilación que por derecho fundamental nos corresponde relativo a los meses de octubre (2018), noviembre (2018), enero y julio (2019). b) La omisión del pago oportuno y puntual de diversas prestaciones de seguridad social durante los meses de meses de octubre (2018), noviembre (2018), enero y julio (2019)."(sic) Asimismo, la quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: "[.] para que las cosas guarden el estado que persisten a la fecha, lo que implica el no suspender o retener el pago de jubilación y/o pensión a los justiciables por parte de las responsables, pagando la pensión y/o jubilación de manera puntual y oportuna [.] [.] el pago inmediato de la pensión del mes de septiembre que por derecho nos corresponde [.] " Para resolver sobre la suspensión provisional solicitada es necesario en principio atender a la naturaleza del acto reclamado a fin de apreciar si es o no susceptible de suspensión; la violación alegada; y, a la satisfacción de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, que son: I. Que lo solicite la quejosa. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el presente caso, el primero de los requisitos del artículo 128 de la ley de la materia se encuentra satisfecho ya que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión, acreditando su interés suspensional con las documentales consistentes en copias simples de: 1. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de la quejosa; 2. Talón de cheque emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a nombre de la parte quejosa; 3. Credencial de afiliación al hospital de Ensenada, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a nombre de la parte quejosa. Documentales de las que se obtiene presuntivamente que la quejosa, es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), lo que le otorga interés en gestionar la medida. Sirve de apoyo la tesis , que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular del algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no se surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracción I y III de la Ley de Amparo; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." El segundo de los requisitos aludidos, se reúne igualmente, ya que el acto se hace consistir en el retraso injustificado en el pago de su pensión. En esa tesitura, se advierte que con la suspensión del acto reclamado que se pide no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no encuadra en los supuestos del numeral 129 de la ley de la materia. En ese sentido, es importante resaltar que la suspensión solicitada no afecta el interés social ni el orden público, dado que la aquí quejosa demuestra presuntivamente que es pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y que con anterioridad se le efectuaba el pago de su pensión; por el contrario, de seguir ejecutándose dichos actos se causarían daños y perjuicios a la quejosa de difícil reparación; además, en el caso la retención de su pensión no se puede considerar un acto consumado, ya que en realidad se trata de un acto de tracto sucesivo, cuyo acto y consecuencias seguirán materializándose de momento a momento; por lo que dada la naturaleza del acto, aunque se trate de una omisión por parte de las responsables, sí puede ser suspendido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a Aida Araceli Barrera Castro, para el efecto de que las autoridades responsables paralicen la retención de la pensión que se siga generando, con efecto de que la parte quejosa siga percibiendo su pago, en tiempo y forma que fueron establecidos por la autoridad de Seguridad Social responsable. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia, del tenor literal siguiente : "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA. La retención del salario de un trabajador activo -no cesado o suspendido temporalmente como sanción-, de una corporación policial, dictada fuera de o durante el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra, es un acto de tracto sucesivo para efectos de la suspensión, respecto del cual la medida cautelar es procedente. Ello, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el salario y que se mantenga en poder de la autoridad, porque se realiza en forma consecutiva, atento a que el salario se genera día con día. De ahí que se trate de actos que, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse. Desde luego sin dejar de observar que la medida cautelar no opera sobre los actos ya realizados, sino solamente para efecto de que se paralice la retención del salario que se siga generando a partir de que se provee sobre la suspensión, con efecto de que el quejoso siga percibiendo su salario, siempre que se encuentren satisfechos los requisitos legales previstos para su concesión." Asimismo, apoya la anterior determinación, la tesis aislada cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes : "PENSIONES DE RETIRO, SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LAS. Contra la orden administrativa que mande suspender las pensiones de retiro, procede conceder la suspensión, sin requisito alguno, en cualquier momento en que dicha suspensión sea solicitada, por tratarse de actos de tracto sucesivo, y por la razón de que con aquélla no se causa daño o perjuicio a la sociedad o al Estado, y de ejecutarse la orden, se ocasionarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación." De igual forma, fortalece a lo expuesto la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito , de rubro y texto siguientes: "RETENCIÓN DEL SALARIO. POR SER DE NATURALEZA DE TRACTO SUCESIVO Y NO CONSUMADO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis de rubro: "ACTOS CONSUMADOS", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVIII, materia civil, página 151; registro: 345249, ha establecido que la sola circunstancia de que el acto reclamado se haya ejecutado, no significa que sea un acto consumado para los efectos de la suspensión, si sus efectos o consecuencias no se han ejecutado en su totalidad, toda vez que estos últimos sí son susceptibles de ser suspendidos. En ese tenor, la retención en el pago correspondiente, constituye una sucesión de hechos entre cuya realización media un intervalo, ya que el acto se materializa en la suspensión de pago de cada quincena; de ahí que si la retención del salario del quejoso se materializa de momento a momento, entonces se trata de un acto que, por su naturaleza de tracto sucesivo, sí puede ser suspendido. En la inteligencia de que la medida cautelar que se concede, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, surtirá efectos desde este momento y hasta en tanto reciban las autoridades responsables, notificación respecto de lo que se resuelva en la suspensión definitiva. Sin que haya lugar a exigir garantía para que surta efectos la medida cautelar concedida; lo anterior, en virtud de que sus efectos no causarían daños y perjuicios a terceras personas. De la misma forma, la suspensión que se concede no surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo o de diversas autoridades de las señaladas como responsables. Por otra parte, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Privada Roble 3 número 3232, fraccionamiento Terrazas del Gallo, en esta ciudad, y por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Ricardo Ávalos Romero, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del segundo párrafo del artículo en mención a Erick Ricardo Ávalos Reynaga, por haberlo solicitado expresamente la quejosa. Lo anterior no obstante, de que la parte quejosa fue omisa en señalar en qué términos del numeral en cita autorizó a los citados profesionistas, a saber, amplios o restringidos, sin embargo sí se logra advertir dicha voluntad dado que hace la distinción entre cada uno de los autorizados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y 63, ambos de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio y la sentencia que se dicte no se ocupará de ellas.
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